Antonio, de 30 años y originario de Angola, conversa con nosotrxs amablemente en la terminal de autobuses de Los Chiles, ciudad fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Él estaba a la espera hasta reiniciar su tránsito a los EUA, una larga travesía transcontinental que le ha llevado de su país natal, ubicado en África Central, hasta América Central pasando por múltiples países sudamericanos. Antonio forma parte de las más de 1’130 000 personas que han ingresado a Panamá por el mal llamado Tapón del Darién desde 2010, provenientes de más de 90 países del mundo.
Según el relato de Antonio, quién comenta con toda certeza que “nunca vio el Darién cerrado”, su paso por la selva no fue tan complicado. Cuando transitó por allí, no había llovido mucho, los senderos estaban bien definidos y los obstáculos presentes en la ruta —deslizamientos de tierra, caídas por el resbaloso suelo o el peligro a ser asaltado— no le impidieron seguir. Las imágenes que circularon en los medios donde podían verse las barreras de alambres de púas puestas por el Gobierno de Panamá, con el apoyo directo del gobierno de EUA en julio de este año, le son ajenas —no vio ninguna de esas barreras—. La experiencia de Antonio, recogida en su propio testimonio a partir de un largo diálogo con él la noche del 23 de septiembre de 2024, contrasta abiertamente con los vientos políticos que han soplado en la prensa regional y en los espacios del gobierno panameño este año.
En abril de 2024 el electo y actual presidente de Panamá volvió pública una idea recurrente en los últimos años: “Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos”. Esta promesa-amenaza política ha marcado frecuentemente la agenda de los gobiernos de turno y el imaginario colectivo como una de las posibles “soluciones” al tránsito de personas irregularizadas por esta región. Esta declaración se da en el marco de “intervenciones” hemisféricas —muchas de ellas auspiciadas por el gobierno de EUA, como parte de su política de control de movilidades migrantes no deseadas—, así como de encuentros multilaterales que remarcan la necesidad de combatir el tráfico de migrantes y de la propia política actual de ese gobierno.
¿Cómo podría un gobierno nacional “cerrar” un espacio natural tan amplio, tan enrevesado y con una carga histórica de incesante circulación de personas, mercancías y capital? ¿Cómo, si esa circulación incesante es precisamente lo que lo define?
El uso de la palabra “tapón” cuando se habla del Darién es relativamente reciente, pero desde que se impuso, en la década de 1960, ha venido cumpliendo la función de borrar una historia de flujo, convivencia y apropiación por diferentes grupos sociales, dentro de los que se incluyen comunidades indígenas guna dule, wounaan y emberá, comunidades afrodescendientes, colonos, campesinos, neorrurales, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, quienes no se articulan en la zona a partir de las obstrucciones, sino más bien de las posibilidades de conexión. Como afirma Julia Velásquez Runk (2020: 59), esta región “no es el lugar prístino que comúnmente se dibuja, sino un sitio habitado desde hace mucho tiempo, y frecuentemente transitado”. Desde el siglo XVII, el Darién aparece como una región geoestratégica con inagotables riquezas que potencias coloniales como Inglaterra y España competían por controlar.
El término “tapón” es más bien la marca de la frustración de un impulso desarrollista, pues ingenieros ingleses, norteamericanos, colombianos y panameños han fallado en el proyecto de construir la carretera panamericana sobre las corrientes de agua y serranías que componen la geografía de la región. Con la independencia de Panamá de Colombia en 1903, la provincia del Darién quedó aparentemente partida por la frontera entre las dos naciones. En la práctica, se trató de una línea ficticia trazada en el mapa sobre un relieve quebrado, cubierto por espeso bosque, lo que creó diferencias en ambos espacios. Aunque extremadamente lento, el avance de la carretera panamericana ha continuado, a ambos lados de la frontera. Sin embargo, mientras el lado panameño ha estado de forma más directa bajo la tutela de una “red global de naciones y entidades privadas” (Velásquez 2020: 59), en el lado colombiano han tenido mayor fuerza grupos armados ilegales.
Este espacio selvático entre Colombia y Panamá ha sido además un histórico conector global en los tránsitos migratorios por el corredor Región Andina-Centroamérica. Este espacio transnacional, desigual y altamente cambiante, empezó a tomar forma en la década de 1970 cuando iniciaron los tránsitos desde los Andes a EUA. El desplazamiento de colombianos a Panamá en búsqueda de refugio en el pico del conflicto armado, durante la década de 1990, también lo fue moldeando, lo mismo que el de migrantes asiáticos, caribeños y africanos que cruzaban las fronteras andinas como primera parada en ruta al país norteamericano a partir de los 2000s. En la última década, y sobre todo en el tiempo pandémico y post-pandémico, ese corredor se ha terminado de consolidar, marcado por una innegable novedad: la magnitud del flujo, la diversidad de quienes encarnan esos tránsitos y su imbricación en las dinámicas políticas, económicas y sociales, tanto locales como regionales.
En 2023, transitaron más de 500 000 personas por la región. Y hasta marzo de 2024, según el último reporte del Servicio Nacional de Panamá, sumaban ya 110 000 en este año, c. Aunque la mayoría de migrantes transita desde Venezuela, Ecuador, y Haití, otros vienen desde diversos países de África, Asia, y el Caribe. Así, al cierre del primer cuarto del siglo XXI, la selva del Darién es un espacio de conexión entre las migraciones de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, e incluso ha redefinido los límites geográficos y políticos de estas subregiones y de los contornos que configuran los corredores migratorios que conectan de múltiples maneras a la Región Andina con Centroamérica (Álvarez Velasco, 2022).
La amenaza de “cerrar el Darién” resulta un elemento más del discurso y lasprácticas securitistas regionales. Del lado panameño, los últimos años han estado marcados por episodios de redoble de presencia policial y militar fronteriza, sobre todo durante los tiempos pandémicos. A eso se suma la multiplicación de esquemas de visados impuestos a ciudadanos de países del Sur Global que viajan a EUA, además de detenciones en ruta y deportaciones, que EUA no sólo realiza a ciudadanos de México, sino también a ciertos países centroamericanos, incluyendo Panamá. En agosto de 2024, esta última nación se inauguró como país de deportación con el apoyo directo de EUA.
Ante los flujos masivos y estrategias recursivas, la imposición securitista regional ha terminando confinando a los migrantes en tránsito a la irregularidad y los obliga a cruzar por caminos terrestres, fluviales y marítimos agrestes. En esas rutas fronterizas circula todo tipo de contrabando. Por ejemplo, en las fronteras amazónicas entre Ecuador y Colombia, hay tráfico de gas, gasolina, drogas y armas, mientras que en las fronteras entre Colombia y Panamá, existe contrabando de mercancías y tráfico de personas. Por esas rutas el control a la movilidad migrante es inestable y cambiante. Se yuxtaponen instituciones estatales, de ayuda humanitaria, y grupos criminales, unos más organizados que otros, siendo el Clan del Golfo, del lado colombiano, uno de los más articulados y con un poder que se extiende a otras zonas de este país. Los actores ilegales operan muchas veces de manera coludida con autoridades locales. Son esas dinámicas de control a la movilidad, junto con la multiplicación de tránsitos migrantes, lo que ha provocado cambios espaciales en ciudades fronterizas como Necoclí, Capurganá, Metetí, Ciudad David o Los Chiles, pequeños enclaves urbanos nodales, en ese corredor migratorio, que históricamente han estado desatendidas por los gobiernos centrales de Colombia, Panamá y Costa Rica, respectivamente. La actual presencia migrante en esas ciudades de hecho ha dinamizado las economías informales e ilegales dejando enormes réditos económicos locales.
Los vientos políticos que ilusamente buscan “cerrar” el Darién responden a una retórica anti-migrante que alimenta el discurso de la derecha y la extrema derecha, el cual ha ganado terreno en varios gobiernos de las Américas, particularmente en EUA, donde el más visible efecto es la reciente victoria electoral de Donald Trump. La miopía de las autoridades de turno les impide ver que el incremento en los controles ha hecho que los migrantes no vean otra alternativa que depender de los actores armados para gestionar sus trayectos, multiplicando la irregularidad migrante y los riesgos de ser objeto de violencia en ruta. En lugar de persistir en un proyecto condenado al fracaso —cerrar un espacio que por naturaleza es un conector de vida y que históricamente ha estado marcado por múltiples movilidades—, deberían reconocer la complejidad del fenómeno, y ampliar las formas de proteger las vidas migrantes, ya que su lucha constituye un pilar fundamental para las Américas. No obstante, en tiempos de racismo y nacionalismo exacerbado, atentar contras las vidas históricamente marginalizadas es un gesto recurrente. Por eso hoy más que nunca resulta fundamental amplificar las experiencias vividas de migrantes en tránsito por el corredor Región Andina-Centroamérica, a fin de dar cuenta de cómo su movimiento dinamiza espacios locales, al tiempo que incrementa el riesgo para sus vidas. Su lucha en movimiento no cesará, como no ha cesado históricamente, siempre desafiando controles y vientos reaccionarios.
Referencias
Álvarez Velasco, S. (2022). “En búsqueda de un lugar: tránsitos irregularizados por las Américas”. María Guadalupe Liliana Rivera Sánchez, Gioconda Herrera Mosquera y Eduardo Enrique Domenech (coords). Movilidades, control fronterizo y luchas migrantes. CLACSO-Siglo XXI.
Velásquez Runk, Julia. (2021). Los wounaan y la construcción de su paisaje: Identidad, arte y gobernanza ambiental en la frontera Panamá-Colombia. ICANH.