Perspectivas
Enrique Guerra Manzo (UAM-Xochimilco)
Para una mejor comprensión de tres acontecimientos que han sacudido a Michoacán y a la opinión pública del país entre el 19 de octubre y el 9 de noviembre de 2025 (asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, el Plan Michoacán), es necesario dar cuenta de las peculiaridades del reciente ciclo de violencia que vive la entidad desde junio de 2023, el cual a su vez hunde sus raíces en otros que le precedieron.
Los ciclos de violencia en Michoacán
Entre 1997 y 2012, las tasas de homicidios dolosos en Michoacán casi siempre estuvieron por debajo de la media nacional. Pero a partir de 2013 su tendencia fue la de superarla, tanto que incluso en ocasiones llegaron a duplicarla (Guerra, 2022). Ello se ha expresado de manera diferenciada en cada región del estado. Uruapan y Apatzingán se han mantenido como los municipios más violentos de la entidad, pero han dado lugar a expresiones sociales diferentes.
La Tierra Caliente del Valle de Apatzingán ha sido cuna de los principales grupos y líderes del crimen organizado michoacano: Los Valencia, el Cartel del Milenio, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y los Viagras. El Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se originó también en la región (su líder, “El Mencho”, es de Aguililla).
Asimismo, Tierra Caliente ha sido cuna de la resistencia social más fuerte que hasta ahora ha enfrentado al crimen organizado: el movimiento de autodefensas de febrero de 2013, movimiento que fue desvirtuado y utilizado por el emisario del gobierno de Enrique Peña Nieto, Alfredo Castillo: gracias a aquél movimiento de autodefensas, Castillo logró en corto tiempo descabezar a Los Caballeros Templarios, pero a la vez permitió que grupos del crimen organizado lo infiltraran, mientras paralelamente se deshacía de sus líderes más genuinos (como Hipólito Mora y José Manuel Mireles).
La violencia que ha asolado a Michoacán, interrumpida por breves treguas entre los grupos criminales, ha traído su respectiva cuota de barbarie (secuestros, asesinatos, abusos, extorsiones…). El período en que dominó La Familia Michoacana (2006-2010) y luego Los Caballeros Templarios (2010-2012) fue brutal. La población vivió tiempos oscuros, pero había una certeza: se sabía quién era el jefe de plaza y con quién se debería acudir para resolver cualquier problema. Eran los nuevos narcocaciques que desplazaron a los caciques tradicionales que dominaban el campo desde la época de la reforma agraria.
Los ciclos de violencia que se abren a partir de la derrota de las autodefensas en 2014 se caracterizan por la ausencia de un grupo criminal monopólico que imponga el orden territorial (una “paz negativa”)[1], más aún por la fragmentación (proceso de escisiones) y los realineamientos incesantes, lo cual implica mayor ferocidad en la lucha por territorios. Durante tales ciclos de violencia, la población es sometida a períodos de incertidumbre y zozobra al no saber a qué atenerse con cada grupo, pues, si se alinea con uno, se vengan luego los contrarios. De allí que en esos momentos sean frecuentes las oleadas de desplazamiento forzado interno (DFI).
Las relaciones entre crimen organizado y población no siempre fueron así de tirantes. Entre 1940 y 2000, predominaron las relaciones simbióticas. El cura local solía bendecir sus cultivos de enervantes. Los “contrabandistas” —como se les llamaba en Tierra Caliente— eran gente querida y estimada. Daban empleo, pagaban buenos salarios, realizaban obras de beneficencia social. Competían por el cariño de la gente y hacían fiestas para todo el pueblo. Cuando había enfrentamientos entre ellos no se metían con la población. Todo eso cambió con la llegada de los Zetas a Michoacán al iniciar el siglo XXI: su negocio no sólo eran las drogas tradicionales o sintéticas, sino que empezaron a exprimir el territorio y las cadenas productivas con el cobro de cuotas (modelo que luego impusieron en otras entidades), (Guerra, 2022). Aprovechando el terror generado en la sociedad, La Familia Michoacana rompió con los Zetas en 2006 (ello quedó evidenciado el 6 de diciembre de ese año, cuando en una discoteca de Uruapan arrojaron cinco cabezas de miembros del cartel rival). Fue entonces que La Familia pidió ayuda a la población para sacudirse el yugo Zeta. Al principio las cuotas eran voluntarias, pero luego se volvieron obligatorias. Sus líderes “se volvieron igual de malos que los Zetas” decía el dueño de una gasolinera (Grillo, 2012).
¿Cuál ha sido la matriz histórica profunda que ha propiciado que el Valle de Apatzingán sea la cuna de los grupos criminales michoacanos? En mi libro Territorios violentos en México: el caso de la Tierra Caliente de Michoacán, intenté responder a ello, mediante la investigación del largo período que va de 1910 a 2020. La explicación es multidimensional. Encuentro seis grandes factores entrelazados: 1) Un Estado con presencia histórica débil en la zona (“gobierna, pero no reina” dice la población). 2) Imperio de caciques opresivos más que de líderes de masas con legitimidad. 3) Un desarrollo agropecuario exportador vertiginoso, pero excluyente, con la Cuenca del Tepalcatepec a partir de 1947 (y luego la del Balsas), lo cual suscitó un acelerado crecimiento demográfico (la población, atraída por el desarrollo, se triplicó entre 1947 y 1970). 4) Al no haber empleo para todos, se agudizan las oleadas delincuenciales (abigeato, secuestros, robos) cometidas por numerosas gavillas de bandoleros. 5) Persistencia del pistolerismo y de habitus agresivos ligados a una cultura del honor y la vendetta. 6) Crecimiento del músculo del crimen organizado, originalmente ligado al trasiego de enervantes y luego a diversas actividades. Al iniciar el siglo XXI, se transforma su tradicional vínculo filantrópico con la población y adquiere un carácter más expoliador; se somete a las autoridades locales (ampliando las zonas grises de complicidades entre delincuencia organizada, gobierno y mercados ilícitos). Es en esta matriz compleja en el que deben situarse las peculiaridades de la violencia y la criminalidad contemporánea en Michoacán.
El ciclo de violencia actual y el asesinato de Bernardo Bravo
En agosto de 2019 se unieron todos los grupos michoacanos, bajo las siglas de Carteles Unidos (CU), para enfrentar al CJNG. Esa alianza se rompió a mediados de 2023. Viagras y Blancos de Troya se adhieren al CNJG y ello da lugar a una nueva oleada de violencia que se expresará no sólo en frecuentes fenómenos de DFI, sino también en el asesinato de figuras locales importantes a manos del crimen organizado, entre las que destacan Hipólito Mora, Bernardo Bravo y Carlos Manzo.
Esta nueva fase se caracteriza no sólo por el creciente ascenso del CJNG y sus aliados, sino también por una mayor barbarie en las disputas por el territorio: siembra de minas explosivas (que han cobrado ya numerosas víctimas civiles y militares); empleo de drones para vigilar el territorio y lanzar explosivos (con severos daños a la población rural que queda en medio de los enfrentamientos); además de la utilización de diversas armas de alto poder. Ello ha llevado no sólo a someter por terror a las poblaciones, sino también al asesinato de figuras que se atreven a denunciar las tropelías del crimen organizado (los casos de Mora o Bravo son un ejemplo) o de presidentes municipales reacios a alinearse, como Manzo.
Desde junio de 2023 se han incrementado los desplazamientos masivos de personas desplazadas por violencia (Guerra y Franco, 2025). Pueblos enteros han quedado atrapados en el fuego cruzado entre grupos rivales. A pesar de que en algunos de ellos existe presencia de una Base de Operaciones Interinstitucional (BOI), las fuerzas armadas se muestran pasivas. Su argumento es que mientras no se dispare contra ellas, no tienen autorizado intervenir. Ello genera un sentimiento de impotencia y desamparo entre los habitantes de Tierra Caliente.
La economía calentana depende sobre todo del cultivo del limón y en los últimos años ha estado en recesión. Pese a ello se han agudizado las extorsiones a empresarios limoneros, jornaleros y empacadoras. Bernardo Bravo (líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán) fue asesinado el 19 de octubre de 2025 por denunciar esos hechos y por promover un tianguis limonero que evitara el coyotaje de los intermediarios. Hasta ahora se ha atribuido su asesinato al “Bótox”, líder de Los Blancos de Troya (brazo armado de los Viagras).
Para sobrevivir en un clima de violencia crónica, las actitudes de los terracalentanos van desde aplicar el principio de “ver, oír y callar”, pasando por la esperanza de que uno de los grupos gane la guerra e imponga la paz (aunque sea una “paz negativa”, pues el establecimiento de un Estado de derecho lo ven lejano)[2], hacer escuchar su voz pese a los riesgos (figuras como Mora o Bravo), y, por supuesto, la salida (el DFI).
El asesinato de Carlos Manzo
El camino de Uruapan ante el problema de la violencia ha sido diferente al del Valle de Apatzingán. En esa rica ciudad de más de 350 mil habitantes y corazón de la economía agroexportadora del aguacate michoacano, no se abrieron al movimiento de autodefensas (de hecho, Alfredo Castillo no lo dejó penetrar ahí). No sería sino hasta septiembre de 2024, con la llegada a la presidencia municipal del Movimiento del Sombrero (MS), encabezado por Carlos Manzo, cuando se trató de hacerle frente de manera frontal a la delincuencia organizada. En su breve paso por la presidencia (catorce meses) no se cansó de encabezar operativos de manera personal para cuidar las calles de su ciudad. Le encantaban las cámaras e hizo filmar a algunos de ellos. Trató de limpiar y disciplinar a la policía municipal para evitar abusos sobre la ciudanía y llegó a capturar con sus limitadas fuerzas (la policía municipal posee armas inferiores a las del crimen organizado) a un reconocido operador local del CJNG (El Rino). Su detención se llevó a cabo el 27 de agosto de 2025. Tras ello tuvo que soportar una ola de violencia como respuesta del CJNG. Además de suspender las fiestas del 15 de septiembre por el día de la Independencia, decidió pedir ayuda al gobierno federal.
Los municipios que hasta ahora han logrado expulsar de su territorio al crimen organizado son pocos. Han sido aquellos que cuentan con un fuerte respaldo organizado de la sociedad civil. Quizá los casos más destacados sean Cherán y Tancítaro. El primero gracias a sus policías comunitarias. El segundo —un municipio mestizo y dominado por rancheros aguacateros— mediante una doble combinación de una policía de élite (el Cuerpo de Seguridad Pública de Tancítaro) y barricadas barriales que surgieron del movimiento de autodefensas. Pero en Uruapan el MS contaba sólo con su policía municipal (350 elementos de los 643 que establece la ley para alcanzar la cuota de 1.8 por cada mil habitantes). Había respaldo entusiasta de su ciudadanía, pero sin una estructura orgánica y sin armas con las cuales oponer resistencia. De ahí su desesperado llamado al gobierno federal (y también al estatal). Ambos gobiernos sí le brindaron ayuda en octubre: llegaron 250 elementos del ejército mexicano y de Guardia Nacional, 130 elementos de la Guardia Civil (policía estatal) y más de 50 unidades motorizadas (Zepeda, 2025). Pero todo ello fue insuficiente para abatir al crimen organizado.
Si bien el asesinato de Bernardo Bravo agitó las aguas del agravio michoacano ante las crecientes expoliaciones sufridas a manos de la delincuencia organizada, no fue en la escala que lo hizo el de Carlos Manzo. Eran figuras diferentes. Manzo era más carismático y con un estilo confrontacionista (más de Sheriff que de Alcalde) con el crimen organizado. Su trágica muerte suscitó un sentimiento de agravio largamente larvado dentro y fuera de la entidad. Su carisma y las circunstancias de su muerte le dan una dimensión simbólica mayúscula, pues lastima lo que entendemos por vida civilizada: en una concurrida fiesta pública de noche de muertos con mucha cobertura por los medios; a los pocos minutos de traer a su pequeño hijo en brazos; y por el hecho de que el sicario sea un menor de edad. Todo ello —aunado, a mi parecer, al eficaz uso de redes del MS— provocó una conmoción social que sigue teniendo fuertes resonancias y cuya ola ha tratado de ser aprovechada también por la oposición al gobierno de la 4T. De ahí la rápida respuesta en Palacio Nacional con el Plan Michoacán. Aún no está terminada la investigación del asesinato de Manzo, pero todo parece apuntar al crimen organizado.
La orientación del MS, pese al coqueteo de la derecha con ese movimiento, está sesgada hacia la izquierda. No es casual que Manzo haya sido diputado federal por el partido MORENA antes de llegar a la presidencia municipal de Uruapan. En todo caso, se trata de un movimiento que expresa a una orgullosa sociedad ranchera aguacatera, que, gracias al estilo personal de su líder y a su capacidad de penetración social, atrajo un gran apoyo de la sociedad civil. Manzo, además de valiente, era muy querido y ello se expresa en las multitudinarias manifestaciones que siguieron a su muerte. Su impacto en otras partes de Michoacán y a escala nacional muestran que el problema de la inseguridad sigue siendo una de las principales fuentes de agravio de la sociedad mexicana.
El plan Michoacán
Como rápida respuesta a la enorme reacción social en torno al MS que generó el asesinato de Manzo y a la presión de los medios, el 9 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual orbita en torno a tres grandes ejes: seguridad (envío de alrededor de 12 mil elementos de las fuerzas armadas); economía (respaldo a agricultores para evitar que sean extorsionados, así como programas de infraestructura y conectividad); y la dimensión sociocultural (educación, becas, entre otras cosas que ataquen de raíz el reclutamiento de niños y jóvenes en las filas de la criminalidad). El plan contempla una inversión de alrededor de 57 mil millones de pesos.
El plan se presentó en Palacio Nacional y se apoyó en una breve consulta a alcaldes, al gobierno de Michoacán y a diversos sectores sociales. Empero, se dejó fuera a muchas comunidades y a toda una red de colectivos, como el Observatorio de Seguridad Humana Regional de Apatzingán (OSHRA), Desaparecidos de la Costa y Feminicidios (DECOFEM), entre otros, que desde hace varios años se han mostrado críticos con los gobiernos, pero que han realizado un trabajo muy importante de acompañamiento a víctimas y para visualizar el flagelo de la violencia en las regiones más lastimadas de la entidad (Sierra, Tierra Caliente y Costa). Sobre la marcha, si se pretende alcanzar un mayor grado de eficacia, el plan debe abrirse a estos sectores, además de ajustarse a cada región y de perfeccionarse.
Los poderes fácticos de los grupos de la delincuencia organizada tienen presencia en los 113 municipios de la entidad.[3] Pero los municipios en los que con mayor ferocidad se dan las disputas territoriales entre esos grupos son Apatzingán (donde tienen presencia ocho organizaciones criminales), Uruapan, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro y Tumbiscatío (en cada uno de ellos, seis organizaciones rivalizan por hacerse del monopolio territorial). No es casual que Hipólito Mora, Bernardo Bravo y Carlos Manzo, las tres figuras más relevantes que han sido asesinados recientemente, pertenezcan a esas localidades.
De funcionar bien el Plan Michoacán, podría convertirse en un modelo a replicar en otras entidades para impulsar una mayor pacificación de los territorios más asolados por la criminalidad organizada. Para lograrlo, se requiere una comprensión profunda de las peculiaridades de los sistemas criminales regionales en cada entidad. Sólo así se pueden aplicar de mejor manera planes robustos de pacificación. El actual en Michoacán no parece haber hecho la tarea completa en ese sentido, dado el escaso tiempo de que se dispuso para su diseño y consulta a la sociedad. Pero puede ser perfectible.
Gran parte del éxito o fracaso del plan pasará por la voluntad política del gobierno federal para intentar extirpar las zonas grises de colusión entre autoridades locales y criminalidad organizada, pues sin ellas ésta última no podría operar. Es decir, es preciso revisar y limpiar el entramado institucional en todos los niveles de gobierno, lo cual no será una tarea sencilla. Sin esa voluntad de combatir las zonas grises, por más fuerza militar desplegada y recursos económicos invertidos para impulsar el desarrollo en todos los planos de la sociedad michoacana, los planes se quedarán atorados una y otra vez, como ha ocurrido con los del pasado.
Un último reto que enfrenta el plan es diseñar una estrategia para desmantelar las 17 organizaciones criminales que operan en la entidad, una que incluya labores de inteligencia, el rastreo de los flujos de dinero ligados a los mercados ilícitos y el combate frontal a esos grupos. Si en cambio la estrategia se limita a tener mayor presencia militar “disuasiva”, como ocurrió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, será poco eficaz para pacificar Michoacán y abatir a la delincuencia organizada.
Referencias
Brewer, John. (2010). Peace Processes: A Sociological Approach. Polity.
Ernst, Falko. (5 de junio de 2019). “Michoacán. Una Guerra con mil cabezas”. Proceso.
Grillo, Ioan. (2012). El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana. Tendencias Editores.
Guerra, Enrique. (2022). Territorios violentos en México: El caso de Tierra Caliente, Michoacán. Terracota/UAM-X.
Guerra, Enrique y Julio Franco. (2025). “Territorios abandonados y desplazamiento forzado en el Valle de Apatzingán: miradas institucionales y no institucionales (2018-2023)”. En Guillermo Castillo y Kelly Muñoz (coords.), Desplazamiento interno forzado en México. UNAM.
Sánchez, Víctor. (11 de noviembre de 2025). “Radiografía del crimen organizado en Michoacán”.
Zepeda, Raúl. (8 de octubre de 2025). “Mantiene Guardia Nacional y Ejército despliegue de más de 250 elementos en Uruapan”, Noventa Grados.
Notas
[1] Se trata de una paz mafiosa (o negativa), pero es paz, al fin y al cabo. El Estado no ha podido brindar en la región una paz positiva. Para ambos conceptos de paz, véase Brewer (2010).
[2] Esa es la opinión de varias personas entrevistadas en Guerra (2022).
[3] Al respecto, véase el recuento que hacen Sánchez Valdés (2025) y Ernst (2019).