El pasado 15 de noviembre, en varias ciudades del país —pero sobre todo en la Ciudad de México— se convocó a una movilización de la llamada “Generación Z” que, según sus asistentes, buscaba protestar contra la violencia que atraviesa nuestro país. Más allá de la urgencia de discutir de fondo dicha problemática —tema que he tratado de abordar previamente en esta revista en una serie de tres artículos—, resulta relevante situar esta movilización en una clave regional y compararla con episodios similares ocurridos en otros gobiernos progresistas de América Latina. Me refiero, en particular, a las “guarimbas” en Venezuela y a los acontecimientos de Bolivia en 2019 que culminaron en un golpe de Estado contra Evo Morales. Aunque cada caso tiene particularidades, comparten patrones y dinámicas que vale la pena analizar con detenimiento.
La movilización del 15 de noviembre fue convocada principal, aunque no exclusivamente, por figuras vinculadas a la derecha mexicana que, bajo el pretexto de estar “hartas de la violencia”, llamaron a tomar las calles para confrontar al gobierno en turno. En ese contexto, TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, ofreció una cobertura inusualmente amplia para una protesta que, por su escala, no habría sido catalogada como “histórica defensa de la democracia”. Entre las personas asistentes, muchas de ellas influencers —que ahora afirman que sus vidas corren peligro—, se repetía la consigna “ni de izquierda ni de derecha, mexicanos”, mientras que algunas pancartas pedían la intervención de Estados Unidos y acusaban al Ejecutivo federal de ser un “narcogobierno”. La jornada concluyó con un enfrentamiento con la policía y con poco más de una decena de detenciones. De inmediato, una narrativa de “represión policiaca” se posicionó en redes sociales y derivó en una campaña mediática extraordinaria —incluida la intervención del New York Times—, acompañada de la convocatoria a una nueva movilización. En ese ambiente, Salinas Pliego difundió uno de sus videos habituales, presentándose como un outsider cansado de los partidos políticos y preocupado por “el futuro del país”, rematando con la frase “cuando uno maneja un barco, más vale tener un capitán que no sea pendejo”, insinuando que él sí sería capaz de conducir a México en medio de la crisis.
Algo similar ocurrió en Venezuela. En 2014 y, nuevamente, en 2017, se desarrollaron las llamadas “guarimbas”; es decir, acciones de bloqueo de calles mediante barricadas que dejaron un saldo de 43 muertos la primera vez y de cerca de 100 la segunda. Las protestas exigían el “cese de la delincuencia y la violencia urbana” y denunciaban una supuesta “dictadura”. Fueron convocadas y respaldadas por figuras opositoras como María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma, mientras que Globovisión —medio abiertamente opositor— transmitía minuto a minuto, construyendo un relato de “defensa de la democracia”. En esos episodios se registraron expresiones extremas de violencia: francotiradores, alambres de púas colocados en barricadas —que provocaron la decapitación de al menos una persona que transitaba en motocicleta— y el asesinato de Orlando Figueroa, militante chavista rociado con gasolina, apuñalado y quemado vivo.
En pleno desarrollo de estas acciones, María Corina Machado —hoy galardonada con el Premio Nobel de la Paz— las justificaba como necesarias para derrotar la “estructura criminal” del “régimen” de Maduro. La violencia, los bloqueos y los ataques a simpatizantes del chavismo fueron acompañados de campañas mediáticas internas y externas que presentaban al gobierno como la fuente exclusiva del conflicto, ocultando los componentes insurreccionales de la derecha venezolana.
Por su parte, Bolivia vivió en 2019 un proceso que compartió varios de estos patrones, aunque con dinámicas propias ancladas en su historia política reciente. Tras las elecciones de octubre —en las que Evo Morales obtuvo la ventaja necesaria para evitar una segunda vuelta, en un clima ya de por sí tenso por debates sobre la reelección—, la oposición denunció “fraude electoral” sin presentar pruebas concluyentes. Estas acusaciones fueron amplificadas de manera decisiva por un informe preliminar de la OEA, publicado con apresuramiento y con graves inconsistencias metodológicas, que sirvió de detonante de un ciclo de movilización convocado por actores opositores como Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Bajo la consigna de “defender la democracia”, se sucedieron paros cívicos, bloqueos y marchas que rápidamente derivaron en episodios de violencia: quema de casas de autoridades vinculadas al MAS, agresiones contra familiares de funcionarios, ataques a sedes partidarias y presiones directas sobre miembros del gobierno.
A medida que el conflicto escalaba, la policía se amotinó y las Fuerzas Armadas “sugirieron” la renuncia de Morales, consumando así un golpe de Estado que sectores mediáticos nacionales e internacionales, como Unitel o Red Uno, presentaron como una transición democrática inevitable. En este escenario emergió la figura de Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta sin quorum legislativo, sosteniéndose en un discurso que atribuía al MAS la responsabilidad absoluta del conflicto y repetía, sin verificar, la narrativa del “fraude”. Esta narrativa, desmentida posteriormente por diversas investigaciones independientes, sirvió de legitimación moral para interrumpir un gobierno democráticamente electo. A la par, los medios internacionales difundían imágenes de las movilizaciones como expresiones “espontáneas” del pueblo boliviano, minimizando o invisibilizando las violencias ejercidas por grupos opositores y el papel de las fuerzas armadas en la ruptura institucional.
Al observar los casos de México, Venezuela y Bolivia, aparece con claridad una serie de patrones comunes: la construcción de climas emocionales alimentados por la indignación, en los que el descontento legítimo es rápidamente capitalizado por actores opositores; la emergencia de figuras que se presentan como outsiders ajenos a los partidos, pero estrechamente vinculados a élites económicas; la amplificación mediática nacional e internacional que encuadra las protestas como luchas por la democracia sin atender sus dimensiones violentas ni a sus actores reales; y la fabricación de narrativas unificadoras —“fraude”, “dictadura”, “narcogobierno”— que funcionan como dispositivos de sentido para dotar de legitimidad a procesos orientados a desestabilizar o interrumpir gobiernos progresistas.
Sin negar el malestar social ni las violencias que atraviesan nuestras sociedades, se trata de entender cómo estos conflictos son leídos, reinterpretados y movilizados en una disputa mayor por el sentido de la democracia y la dirección política de los países. La oposición no está acabada ni, como suele referirse, la derecha ha sido derrotada moralmente: opera desde intereses de clase bien definidos, no desde convicciones democráticas, y activa sus recursos mediáticos, económicos y simbólicos cada vez que ve una oportunidad de revertir proyectos progresistas.
Las movilizaciones presentadas como apartidistas, las consignas dirigidas a interpelar a la juventud y las narrativas que buscan instalar la idea de un “levantamiento ciudadano” funcionan, una y otra vez, como mecanismos cuidadosamente diseñados para erosionar gobiernos que no se subordinan a los intereses de las élites económicas, mediáticas e internacionales o que tienen conflictos con ellas.
Frente a estos intentos de desestabilización, no basta con posicionamientos públicos ni con respuestas institucionales que se limitan a gestionar la crisis. La única fuerza capaz de contener estas ofensivas es la organización popular. Sólo un pueblo consciente y organizado puede anticipar las embestidas, reconocer los guiones que buscan fracturarlo y sostener, en la práctica, la continuidad de los procesos democráticos que las derechas intentan interrumpir cada vez que sus privilegios se ven amenazados.