Históricamente, el extractivismo ha ocupado un lugar central en las economías de América Latina y el Caribe. De manera violenta y desde los procesos coloniales, la región se especializó en la exportación de recursos naturales a precios baratos y en la internalización de altos costos sociales y ambientales.
Actualmente, hay cuatro procesos que cabe tener en cuenta para caracterizar las cualidades, dimensiones e impactos del extractivismo en curso. En primer lugar, la extracción se desarrolla en un contexto de condiciones ambientales y climáticas cada vez más adversas (p. ej. sequías más duraderas, inviernos más crudos, épocas de calor más intensas). Hay un consenso científico de que nos encontramos frente a condiciones sin precedentes que permiten asegurar que el planeta ha transitado a una nueva era geológica denominada Antropoceno donde el motor de cambio es el ser humano y para ser más precisos el capitalismo (Capitaloceno) (Islas, 2017).
En segundo lugar, enfrentamos un agotamiento de las fuentes de energía y materia de “fácil” acceso geológico y geopolítico. Lo que implica que el extractivismo se torna sumamente destructivo ya sea porque recurre a tecnologías cada vez más intrusivas, como son la minería a cielo abierto o la fractura hidráulica (fracking), o porque las condiciones del sistema planetario están sumamente degradadas.
En tercer lugar, pese a la emergencia climática, hay un fortalecimiento del extractivismo asociado a los combustibles fósiles. Las inversiones en la extracción de hidrocarburos no han disminuido, por el contrario, están a la alza. Para ejemplificar, 35 bancos de Canadá, China, Europa, Japón y Estados Unidos han canalizado 2,7 billones de dólares en combustibles fósiles en los cuatro años desde que se adoptó el Acuerdo de París (2016-2019) (Rainforest Action Network, 2020: 3). Hay una enorme resistencia sistémica a abandonar los hidrocarburos, tanto por su rentabilidad como porque es la única fuente cuya tasa de retorno energético es capaz de mantener el ritmo acelerado de la economía actual y los modelos de consumo que ésta incentiva.
En cuarto lugar, hay un empuje del extractivismo vinculado a las energías renovables. La política hegemónica plantea, al menos discursivamente, la necesidad de descarbonizar a las economías a través de una transición energética. Esto requiere, entre otras cosas, de metales y minerales críticos como son el litio, el cobre, el cobalto, el níquel y el vanadio, en un contexto de declive de estos recursos y de condiciones socialmente conflictivas. Con estas consideraciones en mente, a continuación, se exponen algunas claves para delinear los desafíos que supone el extractivismo en tiempos de emergencia climática.
Lo persistente
Diversos autores coinciden en que para definir al extractivismo es importante considerar que es un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de la naturaleza (Islas, 2021). Siguiendo a Alberto Acosta:
El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años […] determinada desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir de bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan Naturaleza, las segundas la importan (Acosta, 2012).
Pese a las diferencias y nuevas tendencias del extractivismo contemporáneo, existen dinámicas persistentes, entre las que se pueden enunciar las siguientes:
- El extractivismo se da en una escala ampliada y expansiva. Territorios que antes no se consideraban rentables, debido al agotamiento de los recursos o a las “innovaciones” tecnológicas se tornan económicamente atractivos.
- La transferencia de afectaciones sociales y ambientales a los sectores más empobrecidos y vulnerados (p. ej. contaminación, daños a la salud, destrucción de ecosistemas).
- La violencia asociada a los proyectos extractivos. La violencia estructural se suma a la intimidación, la represión, la estigmatización y el asesinato de personas defensoras de los territorios. En 2020, por ejemplo, la organización Global Witness registró en el mundo 227 asesinatos de ambientalistas. De los diez países con mayor número de ataques letales identificados, siete fueron latinoamericanos: Colombia (65 asesinatos), México (30 asesinatos), Brasil (20 asesinatos), Honduras (17 asesinatos), Guatemala (13 asesinatos), Nicaragua (12 asesinatos) y Perú (6 asesinatos).
- La repatriarcalización de los territorios. Al respecto se ha documentado cómo en los espacios intervenidos por actividades extractivas, la toma de decisiones se masculiniza, se refuerzan las estructuras laborales que profundizan los estereotipos sexistas que relegan a las mujeres al ámbito del trabajo no remunerado, al mismo tiempo que aumenta la violencia machista tanto en los espacios público y doméstico (Colectivo Miradas Críticas del Territorio, 2018).
- La percepción de los territorios como espacios vaciables y sacrificables social, cultural, histórica, ecológica y paisajísticamente.
Lo insostenible y lo irreparable
El límite a la expansión económica no sólo se encuentra en el agotamiento de los recursos sino en la capacidad de los ecosistemas de absorber los desechos. En el caso del petróleo, por ejemplo, no sólo debería preocuparnos el cenit y la disminución de los yacimientos (peak oil), sino los efectos que trae consigo su quema (p. ej. el cambio climático y el calentamiento global).
En la región latinoamericana, la nacionalización de los recursos ha sido considerada un paso importante para alcanzar la soberanía política y económica. Si bien esto sigue siendo cierto, dado el contexto actual, habría que reformular la meta de la soberanía en función de la preservación de los territorios, los espacios comunes y las comunidades que los habitan. La lógica de acumulación infinita de ganancias que exige crecimiento económico ilimitado y con ello la sobreexplotación de la naturaleza y de millones de seres humanos, además de injusta, es social y ambientalmente insostenible.
De seguir como hasta ahora, se corre el riesgo de desencadenar procesos de degradación ambiental cuyas afectaciones serán abruptas e irreversibles. Actualmente sabemos que no es posible revertir el estado climático del planeta, al menos no en una escala de tiempo comparable a aquella en la que ocurrieron los cambios, de modo que el cambio climático es inexorable. Por ello, la tarea que se tiene por delante tiene que ver con reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de limitar las consecuencias e impactos del cambio climático. Pero esto no será posible únicamente a partir de un cambio tecnológico como a veces se pregona, sino que requiere una transformación de los principios y lógicas a partir de los cuales opera la economía actual, principalmente su compulsiva necesidad de crecer económicamente, lo que a su vez explica su adicción a los hidrocarburos.
En el ámbito de lo irreparable, la fractura de comunidades, los asesinatos de personas defensoras de los territorios, la destrucción de ecosistemas y la pérdida de especies son parte de las dinámicas que han acompañado la expansión del extractivismo y que hasta el momento no ha habido acciones encaminadas a resarcir los daños.
Lo impostergable
En este contexto, frenar la destrucción de la naturaleza y detener la violencia contra quienes preservan y defienden al ambiente resulta impostergable. Esto implicará, uno, poner a discusión el extractivismo fósil, pero también aquel asociado a las energías renovables; y dos, promover una democracia ambiental que permita influir en la toma de decisiones sobre los territorios en función de las necesidades sociales, así como de las dinámicas ecosistémicas.
Discutir el contenido y los retos de la democracia ambiental resulta vital por tres razones: uno, porque es importante preparar a la sociedad para las tensiones que causarán los impactos ya en curso de la destrucción ambiental y climática; dos, porque para tener una oportunidad de una sociedad política y ambientalmente justa es necesario frenar las acciones y a los actores motores de la destrucción ambiental y social; y tres, para reducir la injusticia socioambiental que acompaña a las decisiones en materia ambiental. Tal y como señalan Claus Leggewie y Harald Welzer (2008), “la reestructuración de la sociedad sólo funciona si se concibe como un proyecto en el que los miembros de la sociedad puedan inscribirse identitariamente, es decir, entenderlo como SU proyecto”.
Un paso importante en esa dirección puede verse en la reciente aprobación y ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Éste es un tratado que obliga a los Estados a proteger y promover los derechos de las personas en asuntos ambientales, para ello se asegura de brindar tres derechos de acceso: el derecho a ser informados, el derecho a ser escuchados, el derecho a acceder a la justicia ya sea para apelar un proyecto o para exigir una compensación por algún daño.
El Acuerdo busca, según lo establecido en su artículo 1°:
Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Hasta la fecha, 13 de los 33 países de la región lo han ratificado (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay).
Asimismo, otro instrumento que se ha venido incorporado en la región tiene que ver con el litigio climático, el cual incluye demandas y acciones colectivas o individuales ante las consecuencias locales del cambio climático o ante la responsabilidad y la falta de acción de los gobiernos y empresas ante el fenómeno (Le Clercq, 2021). Actualmente, existen 50 casos documentados de litigio climático en países latinoamericanos, la mayoría de ellos han sido promovidos por colectivos de jóvenes, organizaciones no gubernamentales ambientalistas, así como por pueblos indígenas en contra de gobiernos en relación con actividades que agravan la crisis climática (Plataforma de Litigio Climático; Islas, 2022).
Si bien la vía legal no es el único camino ni el más efectivo para la defensa de los derechos humanos y ambientales, la adopción del Acuerdo de Escazú y el uso de litigio climático son estrategias que pueden sumarse al abanico de acciones (p. ej. la acción directa, la desobediencia civil pacífica, el ciberactivismo) implementadas por los movimientos en defensa de la vida y el territorio.
La crisis ambiental y climática actual es un punto de bifurcación en el que existen por lo menos dos posibilidades: por un lado, un escenario distópico en el que se agravan las problemáticas sociales y ambientales actuales, por otro, la oportunidad de encaminarnos hacia un proyecto social y ambientalmente justo. La disputa sobre qué opción prevalecerá está abierta.
Referencias
Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. Ecoportal.
Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. (2018). (Re)patriarcalización de los territorios. La lucha de las mujeres y los megaproyectos extractivos. En Ecología Política, núm. 54.
Global witness. Última línea de defensa. Las industrias que causan la crisis climática y los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Global witness, 2021.
Islas Vargas, M. (2017) La interpretación empresarial del antropoceno. En Ecología Política, núm. 53. ISSN 1130-6378.
Islas Vargas, M. Extractivismo en tiempos de corporaciones gigantes. En Cambio ambiental global, metabolismo social local, gobernanza y alternativas: la biodiversidad y los ecosistemas en el debate, coordinación general de Urphy Vasquez Baca y Antonio De Lisio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2021.
Islas Vargas, M. ¿Por qué hablar de litigio climático en América Latina y el Caribe? Cambio ambiental global, metabolismo social local, gobernanza y alternativas: la biodiversidad y los ecosistemas en el debate, coordinación general de Urphy Vasquez Baca y Antonio De Lisio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022.
Le Clercq, J. A. Tipos de justicia ambiental. En Léxico de la crisis ambiental.
Leggewie, C. y Harald, W. (2017) Can Democracies Cope with Climate Change?. En Transit, núm. 36.
Naciones Unidas. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Santiago: Naciones Unidas, 2018.
Plataforma de Litigio climático para América Latina y el Caribe.
Rainforest Action Network, Banking on climate change. Fossil fuel finance report, 2020.