Con la promesa de atender a los pobres en una nación donde representaban casi la mitad de la población, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió la presidencia de México en diciembre de 2018. Ese fue el centro de su campaña: el compromiso de transformar socialmente el país; de gobernar para todos, pero priorizando a los más empobrecidos y vulnerables. Por ello, a partir de su llegada a la presidencia, anunció y puso en marcha una serie de políticas y programas destinados a reducir la pobreza y la desigualdad, mejorar el acceso a servicios públicos y promover la inclusión social. En realidad, su ecuación social era más compleja; y si bien su lema era “Por el bien de todos, primero los pobres”, en la estrategia para ponerlo en práctica se invocaron dimensiones múltiples e interconectadas: la económica, la social, la política, la institucional, la cultural y la infraestructural.
Ha pasado un mes desde las elecciones presidenciales del 2 de junio y nos encontramos a tres meses de la toma de posesión de una nueva presidencia, el 1 de octubre: es decir, el sexenio prácticamente ha culminado. Llegados a este punto, existen elementos para adelantar algunos balances del gobierno saliente. Con ello en mente, indago, en este ensayo, distintas aristas del saldo social del gobierno de AMLO.
Las políticas y los programas
Los programas sociales son parte de la política social de los gobiernos para llevar a cabo tareas redistributivas, reducir la desigualdad, fortalecer la cohesión social, generar oportunidades económicas y asegurar la protección universal. El gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” se caracterizó por la formulación e implementación prioritaria de programas de bienestar social. Uno de los principales ejemplos es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que buscó mejorar las condiciones sociales de ese grupo poblacional, reduciendo su vulnerabilidad económica. Del mismo modo, Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido que miles de personas se integren al mercado laboral por medio de capacitaciones en empresas, brindándoles una beca mensual y disminuyendo, con ello, el desempleo juvenil. Sembrando Vida es un programa que busca la reforestación y, al mismo tiempo, generar empleo en comunidades rurales. En el ámbito educativo, las Becas para el Bienestar han sido un instrumento para proporcionar apoyo económico a estudiantes y reducir, así, la deserción escolar. La creación de una nueva universidad pública, las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, buscó ampliar la cobertura educativa, especialmente en regiones marginadas, a fin de facilitar el acceso a la educación superior. En el sector salud, se instituyó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con el objetivo de ofrecer servicios de salud gratuitos y de calidad a toda la población sin seguridad social. Más tarde, la política pública de salud reculó y este programa fue sustituido por el de IMSS Bienestar.
Como ramificación de varios de los programas sociales, el Banco del Bienestar —por medio del cual se dispersan los apoyos monetarios del gobierno federal— ha resultado ser un instrumento de especial relevancia para promover el acceso de población vulnerable a servicios financieros y elevar los niveles de bancarización.
En un país con marcados rezagos socio-económicos, el ámbito laboral desempeña un papel central para atender la ‘cuestión social’. El gobierno saliente implementó reformas significativas para mejorar las condiciones laborales y fortalecer los derechos de los trabajadores. Las políticas laborales más importantes incluyeron la regulación del outsourcing, los incrementos de salario mínimo, la obligatoriedad del pago de utilidades, la reforma de ‘vacaciones dignas’ y la democratización sindical.
De la misma forma, se llevaron a cabo acciones en materia de infraestructura social; tal es el caso del programa de caminos rurales y artesanales que buscan facilitar el acceso a servicios y mercados. Además, la política de vivienda ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
El saldo en cifras
Métricas habituales, como las cifras de pobreza y desigualdad, los indicadores del mercado laboral e incluso el crecimiento económico, ayudan a identificar el saldo social de una manera comprehensiva y concreta. Uno de los logros más destacados del gobierno de AMLO fue la reducción de la pobreza por ingreso y de la pobreza multidimensional entre 2018 y 2022, a pesar de los significativos incrementos en 2020, suscitados por la pandemia.
Hay que recordar que México es pionero en la medición de la pobreza multidimensional, la cual se constituyó en el país a partir de 2009. Este es un enfoque que utiliza una aproximación basada en los derechos sociales universales. La evaluación de la política social mediante esta estrategia utiliza una perspectiva doble: presenta colateralmente una medida de pobreza por ingreso además de cuantificar las carencias sociales. Adicionalmente, se lleva un registro de la pobreza laboral, indicador que da seguimiento a la evolución del ingreso y su relación con el costo de la canasta alimentaria.
La pobreza multidimensional pasó de 41.9% a 36.3% entre 2018 y 2022, lo que equivale a una reducción de 51.9 a 46.8 millones de personas (una diferencia de 5.1 millones). Esto significa que, para 2022, 3.6 de cada 10 personas presentaban al menos una privación social y tenían un ingreso insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios. Por otro lado, la pobreza por ingreso pasó de 49.9% a 43.5%, lo cual indica que el número de personas en esta situación pasó de 61.8 a 56.1 millones (son 5.7 millones de personas menos) entre 2018 y 2022. De igual manera, el porcentaje de pobreza extrema por ingreso disminuyó de 14.0% a 12.1%, lo que significó una reducción de 17.3 a 15.5 millones de personas.
En contraste con esta disminución, resulta procupante que, aunque el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional extrema mostró tasas similares —7.0% en 2018 y 7.1% en 2022—, lo anterior, traducido en número de personas, significó un aumento de 8.7 a 9.1 millones; es decir, que para 2022 hubo un incremento de 400 mil personas en pobreza extrema. En ese sentido, aunque hay menos personas en pobreza extrema por ingresos, hay más personas que son vulnerables en cuanto al ejercicio de algunos de sus derechos sociales. Los rubros más afectados fueron salud y educación, mientras que mejoraron la seguridad social, la calidad y los espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos, y la alimentación nutritiva y con calidad.
La información y cifras que sirvieron de base para la estimación de la pobreza en 2022 habían apuntado de manera previa hacia una disminución de la desigualdad entre el inicio del sexenio y 2022. Tocará en un futuro muy próximo estimar la desigualdad y la pobreza correspondiente a 2024 para conocer de forma más precisa y consistente los resultados sociales en lo que toca a pobreza y desigualdad en el país.
En materia laboral, el avance más significativo se relaciona con el salario mínimo, el cual tuvo un incremento inédito de 113% entre 2018 y 2024 (a partir del 1 de enero de este año, el salario mínimo se fijó en 248.93 pesos diarios, mientras que era de 88 pesos al inicio del sexenio). Cabe señalar que la pobreza laboral ha mostrado una tendencia a la baja en estos seis años, posiblemente relacionada con este tipo de políticas laborales.
Asimismo, durante el primer trimestre de 2024, se registró una tasa de desempleo de 2.7%, la más baja en el continente. Aquí es importante señalar que, si bien el mercado laboral mexicano consolidó una recuperación en la creación de empleos, especialmente después de la pandemia —mejora que se ha dado tanto en el sector formal como en el informal—, aun la mitad de los trabajadores en el país se encuentra en algún esquema de informalidad.
Resulta esperanzador que, en materia de empleo e ingresos monetarios, los proyectos estratégicos de construcción de infraestructura en el país, especialmente en el sur y sureste, parecen haber contribuido a mejorar la cuestión social. Cabe recordar que entre los estados que más redujeron la pobreza entre 2018 y 2022 se incluyen Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Queda la tarea de consolidar tales proyectos (la Refinería Dos Bocas, el tren Maya, el corredor interoceánico y el aeropuerto Felipe Ángeles), para el beneficio sostenido de la población local.
Por último, en el escenario que presentan estas métricas de bienestar social, un reto para la nueva administración será enfrentar el saldo en crecimiento económico, el cual promedia apenas 1.1%. La pandemia representó, sin duda, una anomalía que afectó la trayectoria del crecimiento nacional, y local en muchos casos; sin embargo, los distintos componentes de la demanda agregada (consumo privado, inversión, gasto gubernamental y comercio exterior neto) deberán mejorar sus perspectivas, pues su trayectoria se vincula con varias de las métricas en materia social.
Fuente: Elaboración propia con cifras del Banco Mundial
Conclusión
Las acciones del gobierno en materia social han generado opiniones divididas desde el inicio del sexenio. La administración —marcada por una serie de políticas y programas enfocados en la justicia social y la redistribución de recursos— ha recibido tanto elogios como críticas. Como se ha mostrado, el saldo social del gobierno de AMLO presenta un panorama de claroscuros. Por un lado, los programas de bienestar, las becas educativas y las iniciativas en materia laboral e infraestructural han tenido impactos positivos, mejorando las perspectivas de vida de varios sectores vulnerables de la población. Por otro lado, la implementación de estas políticas ha enfrentado serios desafíos, y no han faltado los debates sobre sus efectos contradictorios (por ejemplo, un bajo desempleo versus un significativo numero de pobres extremos). Al día de hoy, hay casi 47 millones de personas en situación de pobreza en el país, lo cual sigue implicando un problema social fundamental. Pero el reto central lo representan los 9 millones de habitantes que permanecen en pobreza extrema. Un país que se precie de una mínima justicia social no puede mantener en tales condiciones a su población. Asimismo, otro desafío será mostrar cuán sostenible y duradero es el crecimiento económico posterior a la pandemia.
En la antesala de un nuevo gobierno que dará cierta continuidad programática al que está finalizando, será un enorme desafío demostrar y consolidar los avances, mejorar la ejecución de los programas vigentes y, en su caso, rectificar lo que haga falta, pero sobre todo llevar a cabo acciones que aseguren beneficios para todos los sectores de la sociedad de manera sostenida, primordialmente para los pobres extremos, a fin de que abandonen esa condición.
En última instancia, el saldo social refleja inmensas áreas de mejora. La administración actual ha sentado bases importantes, pero la consolidación de logros y la resolución de los desafíos existentes serán cruciales para el bienestar de la sociedad mexicana.