Después de leer Fabricación, libro del periodista Ricardo Raphael, publicado recientemente, no se sabe cómo calificar las historias de los principales involucrados y el género al que podrían pertenecer. Por un lado, encontramos rasgos de una no-ficción kafkiana en la cual un grupo de personas es encarcelado gracias a una serie de invenciones provenientes de una mente delirante; también tenemos características de una crónica de un proceso judicial-gore, en la cual el monstruo se regodea torturando a sus víctimas; por último, atestiguamos, con no poca incredulidad, la trama absurda que surgió de un asesinato. Quizás lo único real fue la serie de complicidades entre el poder político y una organización de la llamada sociedad civil que sigue teniendo influencia hoy.
El último tramo de la administración de Vicente Fox (2000-2006) es recordado por la crisis de seguridad en el país, particularmente en la Ciudad de México. El 28 de junio de 2004, una marcha multitudinaria recorrió Paseo de la Reforma para pedir al gobierno de la ciudad —entonces a cargo de Andrés Manuel López Obrador— un alto a los delitos de alto impacto, como el secuestro. Poco después, en 2005, la noticia estelar en los medios involucraba un secuestro —después convertido en asesinato— y la cacería de los responsables protagonizada por la madre de la víctima. Varios espectaculares ofrecían una recompensa y un teléfono para denunciar a los delincuentes. Los asesinos fueron cayendo uno por uno e Isabel Miranda de Wallace —madre de Hugo Alberto, la víctima asesinada y descuartizada cruelmente en un pequeño departamento de la calle Perugino, en la colonia Extremadura Insurgentes— se volvió una heroína ciudadana, una mujer que había encontrado a los asesinos de su hijo además de poner en su lugar a las deslegitimadas autoridades encargadas de impartir justicia.
Veinte años después, el llamado “Caso Wallace” parece desmoronarse definitivamente, aunque una buena parte de la prensa nacional, locutores y periodistas sigan respaldando —sin pruebas— la versión oficial. Ricardo Raphael sigue la línea de investigaciones de otros periodistas como Guadalupe Lizárraga y reconstruye de forma minuciosa el origen del Caso Wallace para revelar cada una de las partes del montaje. Por medio de entrevistas, la lectura del expediente y notas de prensa, el autor demuestra que no hubo un asesinato en el 2005. Gracias a sus relaciones y, por supuesto, a su dinero, Isabel Miranda de Wallace creó una ficción que pronto fue prioritaria para los altos cargos del gobierno de Vicente Fox y su sucesor, Felipe Calderón. Hay de todo en la investigación y la cacería de los supuestos responsables del crimen: pruebas circunstanciales, linchamiento mediático, testimonios falsos, pruebas sembradas, coacciones, intentos de asesinato, corrupción y, por último, la creación de un personaje, la señora Wallace, que se transformó —por medio de su organización Alto al Secuestro— en la portavoz de una ciudadanía agraviada por los criminales y su colusión con las autoridades.
Se podrán discutir o ahondar en los detalles del Caso Wallace y, por supuesto, el fallecimiento de la protagonista de Fabricación. Hay una lectura, sin embargo, que trasciende la coyuntura y que tiene que ver, justamente, con la simulación. En el 2005, poco antes de la irrupción de las redes sociales, se llevó a cabo la construcción de una ficción que sacrificó a varias personas —convertidas en delincuentes por los medios—, con la alianza del poder político de entonces. Hay que recordar algo que convierte esta historia en algo aún más escabroso: en el 2012 Isabel Miranda fue destapada por el PAN como su candidata al gobierno del entonces aún Distrito Federal. La elección la ganaría, como muchos recuerdan, Miguel Ángel Mancera. Quizás el personaje que construyó Isabel Miranda de Wallace fue primera irrupción —al menos a gran escala por el puesto que estaba en juego— de lo “ciudadano” como aire fresco a los partidos políticos tradicionales. Ahora convertido en una marca obsoleta de tanto uso, lo “ciudadano” significó una especie de concesión democrática a los habitantes de la CDMX. La legitimidad de Wallace radicaba en su cruzada para detener a los asesinos de su hijo, aunque desde entonces ya había pruebas —ignoradas por las instancias judiciales, sometidas a la presión de Felipe Calderón— de que la supuesta víctima seguía viva. En un escenario alternativo futuro, Wallace habría sido jefa de gobierno y su carrera política, arropada felizmente por la derecha, hubiera aspirado a mucho más. Atrás de este empoderamiento ciudadano, sin embargo, existía una fabricación que llevó a la cárcel a personas inocentes y arruinó muchas vidas en el camino.
Otro fenómeno que rodeó el Caso Wallace y que, con el paso de los años, se hizo cada vez más popular, es el punitivismo como medida para desahogar los temores de una ciudadanía agobiada por la violencia y, también, por el amarillismo de los medios, en aquel entonces la televisión. La cacería de los supuestos criminales fue, ante todo, una puesta en escena, pero también un linchamiento público por medio de espectaculares en varias zonas de la ciudad. Una de las imágenes mostraba el rostro de un secuestrador y, abajo, una leyenda: “Se busca. $250,000. A quien lo entregue”. Nadie —o al menos no lo hicieron los periodistas más mediáticos de aquellos años— objetó la acusación pública que se hacía sin tener ninguna prueba contra las personas exhibidas en un circo que satisfizo a la gente, pues hizo suya la revancha de una mujer víctima de la violencia, aunque, como se supo después, ella fue la principal violentadora para proteger a su hijo, una historia que podrá descubrir el lector mientras se acerca al final de Fabricación.
