El 11 de septiembre de 2001, el mundo miró con estupor, a través de la televisión y en tiempo real, el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York, a raíz del cual Estados Unidos inició una “guerra contra el terrorismo” e invadió Afganistán e Irak. La reconfiguración del sistema internacional que siguió a los inusitados ataques en suelo estadounidense trajo consigo un fortalecimiento de los sistemas de control y vigilancia, el endurecimiento de las fronteras y un aumento de los crímenes de odio, tanto a los musulmanes en particular, como a las minorías en general. No queda duda de que ese ataque a la cuna del capitalismo inauguró el nuevo siglo y desestabilizó el mundo, cambiándolo para peor.
En una efeméride muy anterior y mucho menos difundida, el 11 de septiembre de 1973, los chilenos vivieron el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende por un golpe de Estado militar, llevado a cabo con el apoyo de Estados Unidos y con la intervención explícita de la CIA. El presidente legítimo no sobrevivió al asalto al Palacio de la Moneda. Con su muerte y la toma del poder, el dictador Augusto Pinochet destruyó la “vía chilena al socialismo”, impulsada por Allende y la Unidad Popular, e instauró lo que se considera el primer laboratorio neoliberal del mundo. Con el respaldo de los llamados “Chicago Boys”, reformó la economía bajo la doctrina del “libre mercado” y proyectó ese modelo internacionalmente. El golpe en Chile, al igual que muchos otros perpetrados contra gobiernos legítimos en América Latina, ilustra el modus operandi con el que, a lo largo del siglo XX, Estados Unidos aseguró su poder “imperial” al sur del río Bravo, ya sea en connivencia con los sectores dominantes de la región o mediante el despliegue de su manu militari.
El 11 de septiembre de este 2025, los brasileños siguieron, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, la culminación del juicio que condenó a los miembros del denominado “núcleo crucial” de la trama golpista gestada en el país desde 2021 y que tuvo su desenlace en el atentado contra la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Definido por el tribunal como “jefe de la organización criminal” que pretendió desestabilizar y tomar el país, el expresidente Jair Messias Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por cinco crímenes: golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra patrimonio público. Los demás siete reos que lo acompañaron recibieron condenas de entre 16 y 26 años, con excepción del coronel Mauro Cid, ayudante de órdenes de Bolsonaro, que recibió solamente dos años, debido a su colaboración con los magistrados.
El mismo 11 de septiembre, al ser informado sobre la condena de Bolsonaro, Marco Rubio, secretario de Estado de los EE. UU., declaró ante los medios que su país respondería “adecuadamente” a lo que Donald Trump calificó de “cacería de brujas” del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva contra el expresidente de Brasil. No obstante, el mismo Trump, entrevistado ese día, curiosamente no hizo ninguna nueva amenaza al gobierno brasileño. Se limitó a señalar que con Bolsonaro habían hecho lo mismo que habían intentado hacer con él, y añadió que conocía personalmente al brasileño, que había sido un buen presidente y que le parecía un buen hombre.
El día anterior, sin embargo, Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca amenazó directamente a Brasil, no sólo con la emisión de aranceles, sino con su poderío militar. Leavitt enfatizó que su gobierno no teme recurrir a su fuerza económica y militar con el fin de “proteger la libertad de expresión en todo el mundo”. Sin embargo, el actual despliegue naval estadounidense en aguas del Caribe, en las inmediaciones marítimas de Venezuela, no parece una defensa de la libertad de expresión, y más bien configura un factor de tensión para toda Latinoamérica. Tampoco puede considerarse defensa de la libertad de expresión la intromisión de Trump en los mecanismos adoptados por el gobierno brasileño para responsabilizar a las plataformas digitales en la difusión de contenidos vinculados al terrorismo, la incitación a la muerte, el racismo o las violaciones al Estado democrático de derecho. Las big techs han respaldado al gobierno de Trump, no por una supuesta protección de la libertad de expresión, sino porque son plataformas de negocios cuyas ganancias rehúyen cualquier forma de control. El apoyo de Google, Microsoft, Meta, entre otras, al presidente republicano se sustenta, pues, en el mantenimiento de un círculo vicioso entre intereses económicos, tácticas de dominación y guerra cultural. En reciprocidad, Trump actúa a su favor, defendiendo su margen de acción sin controles en todo el mundo.
El Palacio de Itamaraty contestó duramente al gobierno estadounidense, y Lula se ha posicionado mundialmente como un estadista que no se deja someter por el discurso amenazante de Trump. Ha conquistado el apoyo de muchos jefes de Estado y logrado sortear gran parte de los aranceles de 50% que Trump impuso a Brasil, encontrando nuevos mercados y ampliando sus ventas a China. Así, la estrategia que el presidente estadounidense decidió adoptar para evitar el ocaso de su país ha encontrado en Lula da Silva un duro oponente.
Sin embargo, en el ámbito interno, la bandera de la defensa de la soberanía que el presidente brasileño levantó legítimamente tras los ataques de Trump no ha sido capaz de conquistar los corazones y mentes de los seguidores de Bolsonaro y movilizarlos hacia una agenda nacional común. Pese a todos los problemas que los aranceles han generado a Brasil y a la imperdonable intromisión de Trump en sus asuntos internos, ese sector de la población (cerca de 30%, según algunas encuestas) ignora las acciones del gobierno de Lula y sigue defendiendo a Bolsonaro. Un hecho tan ilegal como ilegítimo no alcanza a modificar la convicción de esa parcela de la población, cuyos miembros continúan creyendo que el expresidente, su familia y sus actos encarnan la fe depositada en el slogan del bolsonarismo: “Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos”, síntesis de una agenda cristiana moralmente conservadora y un nacionalismo retórico, ramplón y miope.
Ni siquiera cuando uno de los hijos del expresidente abandonó el país —sin renunciar a su cargo ni a su salario como diputado federal— para instalarse en Estados Unidos y, desde allí, instar al gobierno de Trump a radicalizar la presión contra las instituciones judiciales, el gobierno y la economía brasileña, los bolsonaristas retiraron el apoyo a su líder.
Evidentemente, el “fenómeno Bolsonaro” no puede analizarse como un proceso sociopolítico meramente local. El ascenso de líderes extremistas a puestos de gobierno es mundial, al igual que la expansión de movimientos de extrema derecha, fascistas y neonazistas. Tampoco es posible aceptar que Trump justifique sus inaceptables intentos de interferir en la política y la estructura judicial de Brasil bajo el pretexto de proteger a un “buen hombre” de la persecución de un “gobierno izquierdista”. Es evidente que detrás de esa estrategia existen motivaciones geopolíticas mucho más profundas.
En el clima de inestabilidad e incertidumbre que domina el mundo contemporáneo, la crisis del neoliberalismo hegemónico no desemboca en su superación, sino en una reconfiguración constante que alimenta nuevas disputas. En ese marco, Estados Unidos ha visto debilitada su fuerza como potencia económica y política, mientras enfrenta la irrupción —y reaparición— de otros actores globales.
Ese escenario estimula, por una parte, el avance de un multilateralismo que cuestiona y desafía la hegemonía de Estados Unidos, cuyo ejemplo más significativo son los BRICS, actualmente presididos por Brasil. Por otra parte, genera las condiciones propicias para la intensificación de fuerzas reaccionarias, el ascenso vertiginoso de la extrema derecha y la adopción descarada de la retórica intervencionista en el continente. Ese caldo de cultivo ha favorecido la proliferación de una atmósfera de violencia e intolerancia generalizadas, así como la expansión de los discursos de odio que atraviesan tanto el ámbito político como el social.
El juicio a Bolsonaro y la defensa de la democracia
El juicio al “núcleo crucial” de la trama golpista constituye innegablemente un parteaguas en la historia de Brasil ya que, por primera vez, un expresidente es declarado culpable por el delito de golpe de Estado. Asimismo, es la primera vez que militares son juzgados y condenados por la Justicia común, pues siempre tuvieron la prerrogativa del juicio por pares, en el Ministerio Público Militar y el Supremo Tribunal Militar.
En una sociedad clasista y racista como la brasileña, con una población acostumbrada a sufrir los atropellos de los de arriba y a pensar que la ley sólo existe para castigar a los de abajo, es la primera vez que el Supremo Tribunal Federal (STF), la instancia máxima del poder judicial, sanciona en la proporción correcta tanto a los ejecutores como a los mandantes de un golpe de Estado que pudo haber puesto fin al periodo democrático más largo de la convulsa historia republicana del país.
Una serie de acuerdos y complots entre las élites, la presencia indeleble de las fuerzas armadas en la política nacional —desde la misma proclamación de la República, en 1899, que fue fruto de una iniciativa militar—, una sucesión de intentos de golpes de Estado, golpes consumados y dictaduras —la última, cívico-militar, se prolongó durante 21 años— han impedido que la justicia se haga de manera imparcial y universal. Varios factores han contribuido a modificar este panorama: la Constitución de 1988, conocida significativamente como “Constitución ciudadana”, que amplió y garantizó derechos sociales y políticos; las políticas sociales de inclusión que disminuyeron la brecha económica y sociopolítica característica de una sociedad tan desigual; el fortalecimiento y la autonomía de instituciones como la Policía Federal y el Ministerio Público; y, finalmente, la mayor proyección y visibilidad del propio STF, cuyas decisiones han pasado a ocupar un lugar protagónico en el escenario nacional.
Lo inédito de esta decisión también tiene el efecto de redimir al propio STF que, a lo largo de su historia, ha sido omiso o responsable de sentencias arbitrarias en varias ocasiones. Entre muchos ejemplos, pueden señalarse dos. El primero ocurrió en 2010, cuando el STF resolvió mantener la Ley de Amnistía de 1979, que garantizó la impunidad a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura de 1964. Así, a diferencia de lo sucedido en Argentina, en Brasil no fue —y sigue sin ser— posible juzgar y castigar a los torturadores, pese a que el artículo sexto de la Constitución establece que la tortura constituye un crimen imprescriptible y no sujeto a amnistía. A partir de ese precedente, la extrema derecha reforzó su convicción de que los regímenes autoritarios pueden actuar sin límites, pues al final siempre serán perdonados. El segundo ejemplo tuvo lugar en 2016, cuando, a pesar de que existían razones claras para no tipificar la conducta financiera de Dilma Rousseff como un crimen de responsabilidad, el STF optó por la omisión. Esa decisión permitió que el Congreso aprobara la destitución de la presidenta y consumara un golpe judicial-parlamentario, en articulación con el vicepresidente Michel Temer y con el respaldo de los medios de comunicación y de los sectores económicamente dominantes. La llegada de Temer a la presidencia abrió el camino a la irrupción de la extrema derecha en el poder. Conviene recordar, además, que antes del golpe Rousseff había vetado un aumento salarial del 40% para el poder judicial, lo que también ayuda a explicar dicha omisión.
El proceso conducido por el ministro Alexandre de Moraes, del STF, en calidad de relator, se desarrolló con apego al principio jurídico del debido proceso. Se sustentó en los interrogatorios de acusados y testigos, así como en el análisis de pruebas documentales que incluían incluso un bosquejo del golpe detallado paso a paso. Los abogados defensores tuvieron pleno espacio para ejercer su trabajo sin obstáculos. La tarea de Moraes culminó con la lectura de los votos de los cinco ministros convocados a esa función, entre el 2 y el 11 de septiembre. Las sesiones, transmitidas en vivo por los medios de comunicación y redes sociales, captaron la atención de todo el país.
Los condenados ocuparon cargos de alto nivel en el gobierno de Bolsonaro: el general Walter Braga Netto fue ministro de Defensa y de Gobernación, además de candidato a la vicepresidencia en 2022; el general Paulo Sérgio Nogueira fue ministro de Defensa; el general Augusto Heleno encabezó el Gabinete de Seguridad Institucional; el almirante Almir Garnier comandó la Marina; Anderson Torres fue ministro de Justicia y Alexandre Ramagem dirigió a la Agencia Brasileña de Inteligencia (estos dos últimos no estaban vinculados a las Fuerzas Armadas, pero provenían de la Policía Federal).
Cuatro miembros de la Corte —Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin— presentaron sus votos sin recurrir a protagonismos ni a excesos retóricos, sustentándolos en hechos, pruebas y fundamentos legales. La única excepción fue Luiz Fux. En más de diez horas de lectura, y sin permitir la intervención de sus colegas, Fux no sólo absolvió a Bolsonaro, sino que también votó por la anulación del proceso, cuestionando la competencia del propio STF para juzgar a los mandantes del golpe.
Ese voto resultó contradictorio con la conocida conducta punitivista del juez, quien en la primera etapa del largo proceso había sido implacable al condenar a los manifestantes que destruyeron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Fux castigó con rigor a los ejecutores, pero eximió de responsabilidad a los autores intelectuales del golpe, abriendo un precedente que los bolsonaristas seguramente aprovecharán para reforzar su campaña —ya en marcha— por la amnistía a los condenados.
Aunque no alteró el veredicto, el voto de Fux ilustra las dificultades que los brasileños enfrentarán para que lo que hoy se percibe como un soplo de justicia no termine diluyéndose en la vieja y nociva “arte” de contemporizar practicada históricamente por los sectores dominantes. Para asegurar la plena vigencia del Estado democrático de derecho en el país, resulta imprescindible la ejecución efectiva de las sentencias que condenan a Bolsonaro y a sus colaboradores.
El proceso no ha impulsado cambios significativos en las instituciones nacionales. El Congreso más reaccionario desde el fin de la dictadura, dominado por una derecha y una extrema derecha clientelistas y oportunistas, continúa presionando al gobierno y boicoteando sus proyectos de transformación social y económica. Hasta ahora, por ejemplo, no se ha votado la iniciativa que propone eximir del pago de impuestos a quienes perciben menos de 950 dólares mensuales, una medida clave para reducir la extrema desigualdad del país. La prensa hegemónica mantiene su férrea oposición al gobierno, fiel a los grandes intereses del capital nacional e internacional. Los militares, por su parte, siguen aferrados a la idea de su protagonismo en el destino del país y difícilmente aceptarán someterse al control del poder civil. Creen que les toca actuar como el “poder moderador de la República”, aunque no exista ninguna ley que lo justifique. A la vez, los bolsonaristas permanecen ciegos frente al verdadero perfil de sus líderes. Con un discurso cínicamente antisistema y un lenguaje procaz, Bolsonaro —como tantos demiurgos del atraso— consiguió despertar en amplios sectores de la sociedad brasileña viejos resentimientos y un rencor que sólo hallan desahogo en la descalificación de la crítica, la duda y el diálogo, así como en la búsqueda constante de un enemigo al que culpar.
En este escenario, Lula seguirá enfrentando enormes desafíos externos, pero sobre todo internos, manteniéndose como la única alternativa viable frente a un eventual regreso de la extrema derecha al poder en las próximas elecciones presidenciales. En Brasil, donde las élites suelen actuar únicamente en beneficio propio y rechazan someterse a las leyes porque no se sienten parte del país, las dificultades para un gobierno de centroizquierda como el actual son inmensas. Las acciones de esas élites contra el país, así como su sistemático descrédito y boicot a cualquier proyecto nacional, explican buena parte de los obstáculos que enfrenta el gobierno para implementar sus políticas sociales y económicas. También ayudan a comprender la profusión de banderas de Estados Unidos e Israel en las manifestaciones bolsonaristas, en las que una clase media resentida —al sentirse excluida de los programas sociales oficiales— interpreta como “avance del comunismo” cualquier intento de redistribución o inclusión social.
La defensa de la democracia no puede descansar en procesos de pacificación sustentados en el olvido. No es posible poner en duda la legitimidad del juicio a los líderes de un intento de golpe, a un grupo derrotado en las urnas que, sin embargo, buscó perpetuarse en el poder por la fuerza. Bolsonaro y sus seguidores pretendieron destruir el Estado de derecho, pero este fue preservado mediante el cumplimiento estricto de sus reglas, por primera vez sin la mácula de acuerdos o alianzas espurias.
Aunque el futuro permanecerá incierto en un contexto tan inestable como el actual, es necesario celebrar ese juicio y conmemorar el 11 de septiembre brasileño no como el recuerdo de una tragedia, sino como un paso fundamental hacia el sostenimiento y el perfeccionamiento de su democracia.