I
Lo que viví no fue un exceso aislado de violencia, sino la manifestación organizada de un poder que autoriza la muerte, disuelve la responsabilidad y convierte el terror en método político. En ese intervalo en el que el cuerpo es reducido a un objetivo y la subjetividad se suspende para sobrevivir, comprendí que la deshumanización no es un efecto colateral, sino una tecnología de gobierno. Este texto nace de ese umbral —entre la vida preservada por el azar y la muerte socialmente administrada— como gesto de memoria, denuncia y rechazo al silencio. No hablo en nombre de abstracciones, sino desde una experiencia concreta atravesada por la dictadura, el exilio y la disputa permanente por la voz. Defender la democracia y los derechos humanos exige enfrentar todas las dictaduras, sin relativizaciones.
Escribo desde el exilio, reconociendo, como Ángel Rama, que la palabra del escritor latinoamericano desplazado nace de una posición estructuralmente tensionada, porque se habla a varios públicos sin pertenecer plenamente a ninguno de ellos. En contextos polarizados, ese lugar es particularmente riesgoso, pues toda enunciación es inmediatamente capturada por disputas políticas y morales. A cada una de las sociedades a las que me dirijo les tendría mucho más que decir; este texto es el límite común posible entre ellas. Asumo, así, el exilio no como neutralidad, sino como un entre-lugar productivo, cercano al habitar fronterizo pensado por Gloria Anzaldúa, en el cual la escritura de las fronteras que habitamos persiste como responsabilidad ética de construcción de nuevos sentidos —aun estando dentro de las prohibiciones de la hegemonía.
No vengan a hablar de aquello que no comprenden. Escuchar a los propios venezolanos es una exigencia ética mínima. La democracia y los derechos humanos no se defienden de forma selectiva, oportunista o instrumental. Se defienden de manera radical, consecuente y ética. Todo lo que se aparta de ello no es defensa de la democracia ni de los derechos fundamentales, sino cálculo político disfrazado de discurso progresista.
Muchos de quienes hoy se presentan como preocupados por el pueblo venezolano jamás acompañaron directamente las consecuencias de la dictadura sobre nuestras vidas. Lo que se observa con frecuencia es la movilización del sufrimiento venezolano sólo cuando sirve como recurso retórico, capital simbólico o instrumento para disputas políticas que no nos incluyen. Cuando hay visibilidad, se intenta hablar por nosotros.
No existe contradicción alguna en denunciar simultáneamente la dictadura venezolana y figuras autoritarias como Trump. Por el contrario, es políticamente necesario hacerlo. Ambos recurren a la ilegalidad, a la violencia institucional y a la producción sistemática de la muerte como estrategia de gobierno y dominación. La negativa a posicionarse contra la dictadura venezolana no deriva de una lectura más sofisticada o responsable del imperialismo estadounidense, sino de la incapacidad —o de la negativa— a enfrentar contradicciones políticas fundamentales.
Denunciar dictaduras no implica abdicar de la crítica al imperialismo, sino rechazar que esa crítica sea utilizada para encubrir la violencia estatal.
Asumir una postura contra una dictadura no significa adherirse automáticamente a cualquier discurso instrumentalizado sobre ella. Se trata, más bien, de cualificar el debate a partir de un hecho político objetivo, reconociendo la existencia de regímenes que violan sistemáticamente derechos, libertades y garantías fundamentales. Negar ese reconocimiento no fortalece posiciones críticas o progresistas latinoamericanas, sino que empobrece el análisis y debilita la capacidad de respuesta ética e institucional frente a estas realidades.
Además, esta posición puede y debe sostener movilizaciones orientadas a la adecuación y al fortalecimiento del marco jurídico internacional, de modo que existan vías legales claras y legitimadas para abordar situaciones de dictadura en cualquier parte del mundo. La ausencia de estos mecanismos crea un vacío normativo que con frecuencia es ocupado por soluciones unilaterales o intervenciones arbitrarias, lo que refuerza lógicas imperialistas y selectivas. El desafío, por lo tanto, no es silenciar la crítica a las dictaduras, sino construir prerrogativas para acciones multilaterales, basadas en el derecho internacional, que no dependan de la voluntad aislada de un actor hegemónico para ser activadas, en situaciones en las que el pueblo pierde su soberanía y es reprimido severamente por la fuerza excesiva y desproporcionada de un gobierno autoritario que, además de desconocer las determinaciones del pueblo mediante el voto, encarcela, mata y vulnera toda garantía democrática e institucional.
Quienes se presentan como defensores de la democracia y de los derechos humanos, quizá nunca se posicionaron de manera coherente frente a las violaciones sistemáticas cometidas por la dictadura venezolana, ampliamente documentadas en informes de la ONU, de Amnistía Internacional y de otros organismos independientes. Estas alertas no son recientes ni genéricas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ya había establecido la existencia de un patrón reiterado de represión estatal que incluye detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución política, prácticas que la propia Misión calificó de crímenes de lesa humanidad. Aun así, tales constataciones permanecieron al margen del debate público y del ámbito político internacional, sin generar respuestas proporcionales a la gravedad de los hechos. Es allí donde se evidencia la selectividad que denuncian nuestros cuerpos.
Más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reforzó y profundizó este diagnóstico al demostrar que, en el contexto electoral de 2024, el régimen venezolano implementó una estrategia represiva en tres fases articuladas con el objetivo explícito de perpetuarse en el poder. En el período preelectoral, el Estado utilizó la captura institucional del Ministerio Público, de la Contraloría y del Tribunal Supremo de Justicia para impedir la participación de la oposición, criminalizar liderazgos políticos, sociales y defensores de derechos humanos e instaurar un clima de intimidación generalizada. El día de la elección presidencial, la suspensión de la divulgación de los resultados y la negativa a publicar las actas electorales, a pesar de que la oposición había reunido más del 80 % de las actas con comprobación de su autenticidad, evidenciaron una ruptura deliberada con los principios mínimos de transparencia y legalidad electoral. En el período poselectoral, la represión se intensificó de forma abierta y violenta, con cientos de manifestaciones reprimidas, al menos 25 muertes, más de dos mil detenciones arbitrarias, además de denuncias consistentes de tortura, desapariciones forzadas y allanamientos sin orden judicial, en el marco de operaciones estatales que la CIDH describe como prácticas de terrorismo de Estado, de las cuales es ejemplar el caso de Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos, mantenida durante meses en El Helicoide bajo acusaciones fabricadas y recientemente liberada tras intensa presión internacional.
Estos datos no dejan margen para relativizaciones. Indican la consolidación de un régimen autoritario sostenido por la cooptación de los poderes públicos, la corrupción estructural de las instituciones y la impunidad sistemática de los agentes estatales, lo que se traduce en una alteración del orden constitucional y en la pérdida de toda legitimidad democrática del proceso electoral. El hecho de que estas conclusiones hayan sido presentadas públicamente por organismos internacionales con mandato específico para la protección de los derechos humanos, y aun así hayan sido ampliamente ignoradas por quienes ahora dicen estar alarmados, expone una selectividad política difícil de justificar.
El silencio ante la violencia estatal desproporcionada no es prudencia política, sino que parece conveniencia ideológica. Cuando la denuncia de las violaciones no servía a intereses geopolíticos inmediatos, fue tolerada, minimizada o tratada como un detalle incómodo. La indignación tardía, activada sólo cuando Venezuela pasó a ser intervenida, no expresa compromiso con la democracia ni con los derechos humanos, sino que revela un uso oportunista de estos principios, y los vacía de su sentido ético y político.
Estamos inmersos en una sociedad profundamente polarizada, en la que la complejidad de la realidad venezolana se reduce a una elección forzada entre campos supuestamente homogéneos. Estas lecturas ideologizadas empobrecen el debate público, debilitan los vínculos sociales y producen identidades políticas defensivas y ofensivas, en las que la lealtad al campo se sobrepone al análisis crítico y a la responsabilidad ética.
Es necesario leer los acontecimientos desde una perspectiva compleja que, sostengo, ha quedado fuera de las dinámicas del dualismo ideológico propuesto en la polarización actual. No niego que vimos cierta “justicia” en el hecho de la detención, aunque sepamos de la ilegalidad del acto y de los riesgos que conlleva, incluida la posibilidad de años —o décadas— de inestabilidad política. Esta lectura se matiza por el hecho de haber agotado las vías constitucionales y buscado procesos multilaterales en el ámbito de la OEA. Lo más justo habría sido que nuestras propias movilizaciones hubieran puesto fin a la dictadura. Veo a gran parte del pueblo venezolano celebrar porque el dictador ya no está allí, aunque su grupo siga instalado en el poder. Al mismo tiempo, algunos sentimos cierta impotencia por el hecho de que haya sido Trump quien lo haya retirado.
Hay sufrimiento entre los familiares de los militares que murieron en la intervención, así como entre quienes tuvieron parientes presos y torturados en El Helicoide, posiblemente por parte de esos mismos militares. ¿Qué llamado estoy haciendo? Es un llamado ético. Convoco a mirar desde la perspectiva de la población venezolana, ampliamente afectada por toda la situación histórica; independientemente de las propuestas ideológicas, el llamado es a una humanización del análisis que tenga alcance más allá de derechas e izquierdas y a un compromiso genuino con los hechos que atravesaron nuestros cuerpos.
Necesitamos otorgar estatuto histórico tanto a la celebración por la caída de una dictadura de 26 años como al terror provocado por la exhibición de bombas, dirigidas no sólo a un “enemigo” interno, sino también como mensaje de dominación al mundo, que debe ser contundentemente repudiado. Las primeras personas no pueden ser consideradas alienadas, ni las segundas como sujetos sometidos a un orden que las condujo a una cierta desesperanza aprendida frente a la dictadura.
Sin duda, esto conduce a una constatación incómoda para todos los lados. No hay un único culpable ni una variable explicativa soberana. El colapso político, económico y social emerge de la interacción entre factores internos —como las formas de ejercicio desproporcionado y abusivo del poder, la captura institucional, la cultura política y la dependencia rentista— y factores externos —como las sanciones de 2014 y 2017, la geopolítica, el mercado internacional y las omisiones regionales—. Quien insiste en un eje causal único está, consciente o inconscientemente, haciendo propaganda, no análisis de hechos. Pensar a Venezuela exige soportar la complejidad, rechazar la comodidad de las explicaciones ideológicas totalizantes y poner los hechos por encima de las ideas.
No se trata, por lo tanto, de elegir héroes ni de celebrar victorias circunstanciales entre quienes disputan el poder. La única victoria legítima es la que devuelve al pueblo aquello que le fue arrebatado: su soberanía, su voz y su capacidad de decidir su propio destino. Mientras se posponen transiciones y se absolutizan narrativas, el pueblo continúa —silencioso para algunos, invisible para muchos— en permanente resistencia. Ignorar esto es prolongar la violencia; reconocerlo es el único camino hacia una salida verdaderamente democrática.
II
Ninguno de ustedes tiene derecho a atacarme ni a atacar a cualquier venezolano que expresa alivio, alegría y esperanza ante la salida de un dictador que afectó directamente nuestras vidas, nuestros vínculos, nuestros proyectos y nuestros cuerpos. Ese ataque dice más de ustedes que de nosotros.
Desde que llegué a Brasil, en 2018, en el contexto de las elecciones presidenciales de este país, he sido reiteradamente convocado a hablar sobre Venezuela, pero casi nunca desde un lugar real de escucha. La palabra del migrante parece autorizada sólo cuando confirma expectativas previas y se ajusta al encuadre ideológico de quien pregunta. Cualquier disenso pasa a ser percibido como un exceso, como arrogancia o como un desplazamiento indebido del lugar que nos fue asignado. La disidencia, en este escenario, no es acogida: es interdicta.
El refugio —y también la migración, que debería ser un espacio de protección— se convierte muchas veces en un espacio de silenciamiento, en el que el sujeto es invitado a adaptarse, agradecer y callar. Disentir se vuelve un riesgo concreto, un gesto pasible de sanción simbólica, algo que simplemente no nos está permitido. Existe una pedagogía implícita que enseña que éste no es nuestro lugar cuando osamos sostener una lectura propia de la realidad, ya sea sobre Venezuela o sobre el país que nos acoge. En nombre de la democracia se exige silencio; en nombre de la hospitalidad se niega la palabra.
Al pensar en lo que significa que una dictadura intente aniquilar la disidencia, me parece coherente con el objetivo de su proyecto totalitario: mantener el dominio completo del poder. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme qué democracia es ésta del Estado-nación que me pide lo mismo que la dictadura: mantenerme al margen de la elección y del debate público, incluso cuando se trata de mis derechos y de nuestra humanidad. Si queremos Estados más democráticos, tendremos que atender a los mecanismos de participación social y política de todos, especialmente de las minorías. ¿En qué se diferencia esto de la dictadura, en la que no podemos decir ni elegir? Según esta lógica, cargada de colonialidad, podemos ser objeto de discurso, pero no sujetos de enunciación.
Se espera de nosotros que seamos “buenos” migrantes, migrantes dóciles, agradecidos y silenciosos, verdaderos migrantes de compañía. Se espera que aceptemos la tutela moral y política porque no estamos en nuestro país. Se trata de un encuadre epistemológico violento, que condiciona nuestra legitimidad a la obediencia y al silencio, y que sólo reconoce nuestra palabra cuando confirma narrativas previamente establecidas. Esa comodidad para atacarnos, corregirnos y encuadrarnos nace de una racionalidad colonial que jerarquiza vidas, saberes y experiencias, definiendo quién puede hablar, sobre qué y en qué términos.
Si celebramos, dicen que apoyamos la intervención. Si no celebramos, dicen que apoyamos la dictadura. Ustedes llegan con su moralidad descontextualizada para imponer una supuesta coherencia política a cuerpos que, cotidianamente, producen supervivencia, resistencia y reconstrucción de la vida en el exilio. Esta exigencia de una supuesta coherencia ignora deliberadamente las condiciones materiales, históricas y afectivas que atraviesan nuestras existencias y funciona como un mecanismo de control discursivo y de silenciamiento político, muy similar al asimilacionismo y a otras formas de colonización.
Menos juicio y moralización y más acompañamiento real. ¿Se han detenido a pensar que, debido a esta postura soberbia, distante y performativa, muchas personas venezolanas han encontrado más escucha, paradójicamente, en figuras políticas que, al mismo tiempo, sostienen discursos autoritarios, xenófobos e incluso de apoyo a la propia dictadura? Esto dice menos sobre una supuesta confusión política de los migrantes y mucho más sobre el abandono, la hipocresía y el vacío práctico de quienes afirman defender la democracia y los derechos humanos, pero no están dispuestos a sostener ese compromiso cuando las voces que hablan son las nuestras.
Nuestras posiciones son frecuentemente individualizadas, psicologizadas y tratadas como desahogos emocionales, como si no existieran el pensamiento, la elaboración crítica y la historia implicados en nuestras palabras. Esta operación desplaza el debate del campo político al de la supuesta irracionalidad o de la patología, negándonos la condición de sujetos históricos y políticos. Al mismo tiempo, nuestras experiencias son leídas de forma fragmentada e instrumental, reconocidas sólo cuando sirven para legitimar ideologías ajenas, en un movimiento típico de la colonialidad del saber, que extrae partes convenientes de la experiencia migrante y descarta el todo. Rechazamos este encuadre, esta racionalidad colonial, donde la experiencia vivida no es reconocida como fuente de conocimiento y la palabra migrante es sistemáticamente descalificada como parcial, interesada o irracional. Nuestra palabra no es catarsis, sino denuncia, memoria y producción de conocimiento situado, forjado en la experiencia concreta del autoritarismo, de la violencia estatal y del exilio forzado, aunque incomode.
No aceptaremos ser silenciados en nombre de una supuesta coherencia moral que nunca se aplicó a nuestros cuerpos ni legitimó nuestras denuncias de violaciones de derechos humanos. No aceptaremos que se nos nieguen lugar de enunciación, existencia política y legitimidad. Defender la democracia exige coraje para enfrentar todas las dictaduras, sin excepción, y una disposición real para acompañar a quienes resisten. Lo demás es retórica vacía y no volveremos a ser utilizados para sostenerla.