Kelly Johana Henao Castrillón
En las últimas décadas hemos sido testigxs de un incremento de la biometría en la administración de asuntos políticos y económicos. Hasta en nuestra cotidianidad, la descarga y uso de una aplicación digital requiere la captura del bordeado de nuestro rostro y la colocación de nuestras huellas digitales. El concepto de “biometría” está formado por las palabras latinas bio, ‘vida’ y metría,‘medida’. Así, los sistemas biométricos miden e identifican características físicas únicas y de comportamiento de los seres humanos (Marín, Rodríguez y Olivares, 2008).
La biometría se ha constituido como un instrumento clave en el gobierno global de las migraciones. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el principal organismo internacional en temas de migración, considera esencial la identificación de personas para una migración segura, ordenada y regular. Esta prescripción quedó establecida en el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018 (a partir de ahora, le llamaré solamente “Pacto”). En él se plantea la necesidad de “recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base en evidencia empírica” (Objetivo 1) y “aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación” (Objetivo 12). En virtud de lo anterior, cada vez más gobiernos, tanto del norte como del sur global, compran e instalan —en puertos, aeropuertos y puestos de control terrestres a lo largo y ancho del territorio— sofisticados equipos para identificar a quienes cruzan fronteras, transitan o llegan a sus territorios.
¿Pero qué usos políticos se le dan a esas representaciones digitales de nuestros cuerpos? Básicamente, sirven para la elaboración y verificación de perfiles migratorios destinados a prevenir el ingreso de personas que en determinadas circunstancias espacio-temporales se consideran indeseables.
Posterior a los ataques del 11 de septiembre de 2001, paneles de expertos en el Congreso de Estados Unidos concluyeron que, si se hubieran implementado elaboración de perfiles y técnicas de vigilancia antes del ingreso, este acontecimiento se habría predicho y evitado (Amoore, 2006). Pero, el uso de la biometría requiere de un ejercicio de externalización fronteriza del país de destino (en este caso EE.UU.) en terceros países de origen y de tránsito, con procedimientos de control que permitan clasificar a las personas antes de la llegada. Estas actividades extraterritoriales se materializan mediante el entrenamiento de lxs agentes de migración, la dotación de equipos tecnológicos, el establecimiento de campamentos migratorios de espera, el financiamiento en forma de cooperación para el desarrollo, entre otras.
De igual manera, los objetivos establecidos en el Pacto y en la agenda política exterior estadounidense se concretan mediante operaciones de minería de datos a gran escala (como la extracción y el análisis de información sociodemográfica y sobre rutas migratorias), llevadas a cabo en distintos puntos del tránsito migratorio, cuya ubicación estratégica es posibilitada por la cartografía que organismos gubernamentales y no gubernamentales hacen de las rutas que utilizan las personas migrantes. Todo ello con el fin de administrar y filtrar los flujos migratorios cuantitativa y cualitativamente.
Al respecto, la Operación Flujo Controlado en el Tapón del Darién es un caso paradigmático para analizar la administración de datos de las personas en contexto de movilidad por las Américas como parte de la externalización fronteriza desplegada por Estados Unidos.
Minería de datos en la Operación Flujo Controlado de Panamá en la selva del Darién
La selva del Darién se extiende por 575.000 hectáreas y contiene la línea fronteriza que divide a Colombia de Panamá. Densa, impenetrable y biodiversa, históricamente se ha caracterizado como un lugar de tránsito difícil, por las constantes lluvias, el clima húmedo, los ríos caudalosos y los cerros montañosos que superan los 1.100 metros de altura.
A pesar de los peligros naturales que entraña el tránsito por este punto geográfico, que ha sido considerado como el equivalente en las Américas del Mar Mediterráneo (Miraglia, 2016), el Tapón del Darién se ha convertido en un cuello de botella por el que transitan personas de todo el mundo con el objetivo de llegar a México, Estados Unidos y Canadá.
Así, este lugar geográfico ha sido instrumentalizado para llevar a cabo un filtro de las personas en contexto de movilidad por las Américas mediante el uso de la biometría, la cual forma parte del giro hacia las tecnologías de datos y de la información en la gestión de fronteras, giro financiado e impulsado por Estados Unidos, mediante el cual se crean y contrastan perfiles migratorios, con tal de definir quiénes son los “no deseados” que deberán ser deportados por el propio gobierno panameño.
Desde hace años, el gobierno de Panamá realiza deportaciones a personas migrantes que ingresan por la selva del Darién y que tienen antecedentes penales o sobre quienes se han emitido alertas de la Interpol. No obstante, desde la suscripción del Memorando de Entendimiento entre Panamá y Estados Unidos sobre Asistencia y Cooperación en Asuntos Inmigratorios, en julio de 2024, las deportaciones comenzaron a ser aleatorias; es decir, también se deportaron a personas sin antecedentes ni alertas migratorias.
En las zonas de Metetí, en la provincia del Darién y de Lajas Blancas, en la Comarca Emberá- Wounaan, se instalaron en 2020 las Estaciones de Recepción Migratorias (ERM), en las cuales se canalizan a las personas migrantes que ingresan por la frontera colombo-panameña. A pesar de que existen controles del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional de Migración (SNM) desde la comunidades indígenas que se encuentran dentro de la selva del Darién (Bajo Chiquito y Canaán Membrillo), todo flujo migratorio, sin excepciones, se considera irregular. Esto significa que, aunque hay un registro y una verificación biométrica, el tránsito se irregulariza.
El mismo gobierno gestiona la logística para que buses particulares transporten a las personas migrantes desde las dos ERM en el sur del Darién (Lajas Blancas y San Vicente) hasta la Estación Migratoria Sur (Emisur) en el Cantón de Corredores, Provincia Puntarenas, Costa Rica.
Aunque el establecimiento de las ERM se legitima con fines humanitarios, allí el gobierno panameño y organizaciones internacionales como el UNICEF y la OIM, adquieren datos personales e itinerarios de las rutas que usan las personas migrantes. Sabemos que el trabajo de estas organizaciones es esencial, porque ayudan a mitigar los impactos negativos en las personas migrantes, pues ofrecen servicios de albergue, alimentación, acompañamiento psicosocial, infraestructura de agua, higiene y saneamiento, así como ayuda en retornos voluntarios, pero el caso del Tapón del Darién pone sobre la mesa el nexo entre securitización y humanitarismo, donde se justifica el despliegue de prácticas para el control de las migraciones con el objetivo de reducir el sufrimiento humano.
Las estrategias de control se llevan a cabo desde dos frentes. Por un lado, el Estado panameño, por medio de capturas biométricas de huellas dactilares, iris ocular y fotografías, envía información a bases de datos que proporciona el gobierno de Estados Unidos, a fin de verificar si las personas tienen alertas o requerimientos legales, y si ese es el caso, realizar deportaciones. De tal suerte, no solamente contrastan información, sino que también alimentan servidores con los datos biométricos de las personas que ingresan por el Darién —datos a su vez compartidos con Estados Unidos.
Por otro lado, instituciones como la OIM, por medio de encuestas sociodemográficas aplicadas a las personas migrantes, logra conocer su edad, género, nacionalidad, el nivel educativo, país de residencia, perfil laboral, ruta, costo del viaje y destino migratorio.
Por ejemplo, Aurora, un Chatbot diseñado por el UNICEF y ¡MMAP para la población migrante en el noroccidente de Colombia (la que forma parte de la región del Darién), Panamá y Costa Rica, brinda información sobre ayuda humanitaria a la que se puede acceder en la ruta, así como cuentos infantiles y recomendaciones de autocuidado. No obstante, mientras las personas migrantes en tránsito interactúan con la aplicación digital, Aurora recaba datos para la caracterización de los movimientos migratorios y mapea los lugares desde los cuales las personas migrantes acceden al Chatbot (3iSolution, s/f).
La recolección de datos que realizan las organizaciones internacionales posibilita la creación de un conocimiento experto sobre la magnitud, características y tendencias de los flujos y rutas migratorias, información que es compartida con los gobiernos para la formulación de políticas públicas, las cuales se avalan bajo la premisa de cubrir las necesidades de atención de las personas en contexto de movilidad, pero también favorecen reconfiguraciones del control migratorio al dar a conocer tácticas de movilidad que luego son explotadas por agentes migratorios para tomar decisiones, por ejemplo, para determinar la ubicación de los centros de control y las tecnologías de vigilancia (Cobarrubias, 2019), que a su vez terminan provocando que lxs migrantes deban cambiar las rutas y estrategias de circulación (Basualdo, Domenech y Pereira, 2022).
Así, se podría deducir que lo que cohesiona a organizaciones internacionales como el UNICEF o la OIM y al gobierno de Panamá es el despliegue de intervenciones humanitarias que se justifican con el objetivo de atender a las personas migrantes en tránsito, pero cuyas razones humanitarias están íntimamente imbricadas con el giro punitivo que caracteriza el gobierno global de las migraciones, mediante el cual se busca controlar/gobernar, seleccionar y predecir las migraciones, obteniendo datos en masa sobre quiénes y cuántos están migrando.
Es decir, se invierten miles de recursos para el montaje de una infraestructura humanitaria, para el desarrollo de aplicaciones que les explican a las personas que padecen los peligros del Tapón del Darién cómo, por ejemplo, se potabiliza el agua de los ríos en la selva, pero no se problematiza por qué miles de personas están cruzando por este espacio geográfico; no se hace nada por poner en cuestión el grado de violencia y arbitrariedad de las políticas migratorias que terminan orillando a las personas a elegir este peligroso camino para buscar sus destinos deseados. Tampoco se dice nada sobre por qué, después de los reiterativos registros gubernamentales e institucionales que se realizan tras el paso por el Darién, se les sigue considerando en situación administrativa irregular.
Por último, no debe perderse de vista cómo la representación humanitaria de los campamentos migratorios instalados en el Darién panameño encubre una externalización de la frontera estadounidense, la cual le permite al país del norte categorizar el flujo migratorio, negando desde ese punto geográfico la continuación del tránsito a personas o grupos poblacionales que considera indeseables: personas con antecedentes penales o bajo sospechas de pertenecer a grupos terroristas, de trata de personas o narcotráfico. Como ya se ha dicho, eso se logra mediante el suministro de equipo tecnológico, como computadores y servidores; de financiamiento para deportaciones; y de capacitación y entrenamiento a lxs agentes de migración.