La política de Puertas Abiertas de la SECIHTI no es ingobernabilidad
Una crítica situada y feminista desde la observación participante
Desde el nombramiento de Rosaura Ruiz como titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología (SECIHTI), se han modificado algunas formas y procesos institucionales protocolarios que, aunque parecen menores, tienen implicaciones profundas en la manera en que se gobiernan los Centros Públicos de Investigación (CPI). Antes de continuar, me parece pertinente iniciar con una nota aclaratoria. Este texto no busca hacer una evaluación integral de la actual gestión de la SECIHTI —me parece todavía temprano para ello—, ni pretende defender acríticamente la actual política científica y tecnológica del país, que es claramente mucho más amplia y compleja de lo que discuto aquí. Sin embargo, sí me interesa reconocer aquello que está funcionando, particularmente cuando introduce cambios pertinentes en prácticas institucionales históricamente cerradas. Uno de esos cambios es la política de Puertas Abiertas que la SECIHTI ha implementado con respecto a los Consejos Directivos de los centros públicos.
¿Qué es un Consejo Directivo y por qué importa?
Para quienes no estén familiarizadas con el funcionamiento de los CPI, vale la pena explicar brevemente qué son los centros y cómo operan sus Consejos Directivos (CD), el principal órgano colegiado. Los veinticuatro centros coordinados por la SECIHTI son instituciones dedicadas a la investigación y a la docencia de nivel superior, con cuatro funciones sustantivas (SECIHTI, s.f.):
- Divulgar conocimiento,
- Desarrollar investigación científica (básica o aplicada),
- Impartir programas educativos de nivel superior, y
- Vincular a la sociedad, la academia y el sector productivo para resolver problemas nacionales.
Cada uno cuenta con un Consejo Directivo, en algunos casos denominado Órgano de Gobierno o Junta de Gobierno. Este órgano tiene incidencia sobre el desarrollo de estas cuatro funciones sustantivas de los centros.
De acuerdo con las disciplinas que investiga e imparte cada centro público, cambian el número y la procedencia de algunos integrantes de su Consejo Directivo. Por ejemplo, en el caso del CIDE, este consejo incluye, entre otros, a los titulares de las secretarías de Economía, de Energía, del Banco de México y de otras instituciones académicas como el Colegio de México (COLMEX) y el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). En total son catorce representantes, y siempre asiste la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno con voz, pero sin voto (Estatuto General del CIDE, última reforma: 27 de octubre 2021).
El consejo del CIDE, al igual que el de todos los centros públicos, sesiona de manera ordinaria dos veces al año —generalmente cada seis meses— para analizar, y, en su caso, aprobar informes de desempeño y financieros, programas institucionales, y otros asuntos relevantes sobre la operación interna. Además, emite recomendaciones estratégicas para avanzar objetivos del Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (2025-2030) y, por lo tanto, del Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Formalmente, se trata de un espacio sustantivo de monitoreo, evaluación, deliberación y rendición de cuentas. Sin embargo, en la práctica no siempre ha sido así.
Del “antes” al “después”: de consejos cerrados y unanimidades rituales a puertas abiertas y voz para la comunidad
Antes de la llegada de Rosaura Ruiz a la SECIHTI, no era posible asistir a las sesiones de Consejo Directivo, salvo que existiera una invitación expresa del director general del centro público o del propio consejo. Las sesiones, en general, eran altamente protocolarias y en la abrumadora mayoría de los casos los puntos de acuerdo se aprobaban por unanimidad. Esto no lo digo desde fuera, pues fui directora de Evaluación Académica del CIDE entre 2017 y 2021, periodo durante el cual debía organizar, en coordinación con el entonces Conahcyt (hoy SECIHTI), la logística y la entrega de información al CD. Ello me permitía observar no sólo las decisiones que se tomaban, sino también las dinámicas internas que las acompañaban. Desde ese lugar, conocí de primera mano cómo funcionaban los consejos directivos, en particular el del CIDE.
En ese “antes”, el Consejo Directivo del CIDE funcionaba más en la práctica como un espacio de ratificación que de evaluación crítica. Aunque sus integrantes siempre realizaron cuestionamientos relevantes —y a veces incluso rudos— a la dirección general, lo cierto es que los acuerdos se aprobaban sistemáticamente por unanimidad. Esta ausencia de conflicto plantea un problema institucional importante: ¿cómo evaluar la calidad de la democracia si las votaciones se resuelven invariablemente por unanimidad? En otras palabras, ¿cómo distinguir entre consensos sustantivos, consensos producidos por asimetrías de poder y simulaciones deliberativas?
Esta dinámica comenzó a modificarse cuando la actual titular de la SECIHTI implementó una política de Puertas Abiertas que permitió —por primera vez— la asistencia del personal de los CPI a las sesiones de sus propios consejos directivos. En el caso del CIDE, en la primera sesión ordinaria, el 9 de julio del 2025, asistieron de manera virtual 30 personas, mientras que en la más reciente, el 12 de diciembre del 2025, cerca de 80.
Más allá del número de asistentes, lo relevante ocurrió cuando, en el punto de acuerdo relativo al análisis y, en su caso, aprobación del informe de autoevaluación semestral —el cual incluía un plan de trabajo para el 2026 elaborado por el Dr. Romero Tellaeche, hasta hace poco director del CIDE, plan que no fue presentado previamente a la comunidad ni discutido con ella—, se abrió el micrófono para permitir la intervención de sus integrantes. El carácter protocolario del CD no desapareció (no se esperaba que lo hiciera), pero sí se transformó sustantivamente su funcionamiento político.
La palabra importa
Solicitamos la palabra como Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismo (SIMGF), y nos fue concedida. Lo que no se nombra, no existe; por ello, la palabra importa. Como representante del SIMGF señalé dos cuestiones. Primero, que el Dr. Romero Tellaeche no se ha desistido de la demanda civil contra nuestra compañera, la profesora Catherine Andrews, y que históricamente el aparato judicial ha sido utilizado para perseguir a mujeres que han denunciado violencia, acoso laboral e incumplimiento a la normatividad. Segundo, que ciertas decisiones del director general han obstaculizado activamente procesos necesarios para atender y reducir la violencia y la discriminación al interior del CIDE, como, por ejemplo, la no implementación del curso obligatorio sobre violencia y casos de discriminación para estudiantes de nuevo ingreso o reinscritos.
No fui la única en intervenir. Tomaron la palabra representantes del estudiantado, del sindicato de profesores, de algunas direcciones de división, de la sede Región Centro, ubicado en Aguascalientes, del personal académico externo y del Consejo Académico. Desde distintos lugares, la mayoría de las intervenciones coincidieron en un llamado en común: que se atendieran temas críticos y urgentes para la institución. Derivada de esta participación colectiva, las distintas representaciones elaboramos y difundimos un comunicado conjunto en el que dejamos constancia de nuestras intervenciones y de las preocupaciones expresadas durante la sesión (Comunicado, 13 de diciembre del 2025).
Durante la discusión de este punto de acuerdo, el Consejo Directivo decidió no aprobar el informe de autoevaluación semestral del Dr. Romero Tellaeche, ya que el documento no había pasado por la deliberación ni la discusión del Consejo Académico, máximo órgano colegiado interno del CIDE, con integrantes de todas las divisiones académicas. Asimismo, el CD estableció como criterio necesario que este trabajo previo con el Consejo Académico fuera una condición para su aprobación futura. El informe fue únicamente dado por conocido.
Esto puede parecer un detalle menor— aprobado versus dado por conocido —, pero no lo es. En órganos altamente protocolarios donde históricamente los informes se han aprobado por unanimidad, el cambio semántico manda una señal clara: el programa institucional, los informes de autoevaluación y financieros, así como la documentación que integra la carpeta del Consejo Directivo, no pueden seguir produciéndose al margen de su comunidad, y deben discutirse previamente con sus órganos colegiados internos, en particular con el Consejo Académico.
La palabra importa.
¿Eso es ingobernabilidad?
Al cierre de la sesión de Consejo Directivo, el Dr. Romero Tellaeche afirmó que la nueva política de Puertas Abiertas generaría ingobernabilidad. Me parece importante subrayar que, al igual que la propia secretaria Ruiz, estoy en completo desacuerdo con esta afirmación. Lo que observé fue un Consejo Directivo que no se limitó a protocolizar decisiones ya tomadas, sino que ejerció de manera efectiva sus funciones de deliberación y evaluación. Antes también se deliberaba, pero es necesario reconocer que, al abrirse este espacio a la participación de la comunidad, fue la primera vez que presencié que un informe no se aprobara por inercia.
Eso no es ingobernabilidad.
Es gobierno.
Me parece útil recuperar a Chantal Mouffe ([1993], 1999), quien, en su libro El retorno de lo político, ha señalado que uno de los principales problemas de la democracia liberal es su intento por eliminar el antagonismo en nombre del individualismo, la racionalidad o el universalismo. Para Mouffe ([1993], 1999: 3), la democracia liberal está en crisis porque busca borrar aquello que define lo político: el conflicto. Desde esta perspectiva, cuando el Dr. Romero habló de ingobernabilidad no estaba describiendo un problema administrativo, sino expresando una concepción de gobernanza en la que el conflicto aparece como una anomalía. Así, lo que algunos llaman ingobernabilidad fue, en realidad, la pérdida de la narrativa unilateral del conflicto.
La política de Puertas Abiertas no es fácil; con toda seguridad, es más exigente e incómoda. Pero también es más democrática. Lo que se vivió en la sesión de diciembre del 2025 en el Consejo Directivo del CIDE fue un ejemplo concreto de cómo se puede gobernar el conflicto, no de cómo se pierde el control. Porque, si eso es ingobernabilidad, quizás el problema no sea la política de Puertas Abiertas, sino una idea de autoridad que se sostiene en la obediencia y el silencio. Ojalá esta política logre institucionalizarse en los estatutos generales de los CPI para que no dependa de quién encabeza la SECIHTI.
En este punto conviene hacer una precisión. Como he dicho ya, la participación de la comunidad del CIDE en el Consejo Directivo no es ingobernabilidad; al contrario, es una condición necesaria para la democracia. Sin embargo, la ausencia de mecanismos institucionales claros para procesar las demandas que emergen de esa participación sí genera tensiones reales. Cuando no existen los espacios colegiados intermedios —como un programa institucional discutido con la comunidad o por lo menos con Consejo Académico, o la creación y operación de órganos de deliberación tal como la Asamblea del Personal del Centro Público, prevista en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y aprobada en 2023 (art. 98 y 99)— el conflicto tiende a concentrarse en el Consejo Directivo, que no está diseñado para formular propuestas colectivas concretas. En ese sentido, el problema no son las Puertas Abiertas, sino la implementación incompleta de la ley por parte de las autoridades del CIDE.
Nuevos rumbos: cuando gobernar el conflicto implica decidir con responsabilidad
Dado que este texto lo escribo desde una posición situada y con observación participante, no puedo hablar de lo sucedido esta semana. Cuando el pasado lunes 26 de enero llegó a nosotros la inesperada noticia de la remoción del Dr. Romero Tellaeche la recibimos con alivio y alegría. Nos enteramos en el comedor del CIDE y, de manera espontánea, aplaudimos y gritamos de felicidad.
La decisión de la Dra. Rosaura Ruiz de remover al Dr. José Antonio Romero Tellaeche confirma una idea central de este texto: gobernar el conflicto no significa negarlo, silenciarlo, sino asumir decisiones con responsabilidad. Significa ejercer autoridad frente al conflicto. Si bien la remoción no borra los problemas estructurales, ni sustituye la necesidad de construir mecanismos institucionales duraderos más justos, sí me parece que marca un punto de inflexión.
Desde el SIMGF respaldamos plenamente el nombramiento de la Dra. Lucero Ibarra Rojas como nueva DirectorA General interina del CIDE. Su trayectoria habla por sí misma. Después de la fundadora Trinidad Martínez Tárrago, es la primera mujer en dirigir la institución. Es doctora en sociología jurídica, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad de Milán. La compañera Lucero ha desarrollado una práctica consistente de abogacía militante desde el colectivo Emancipaciones, trabajando con compañeras de comunidades de pueblos originarios para avanzar temas críticos de justicia, derechos y autonomía.
La conozco de cerca. Cerquita. La entrevistamos en el podcast Un micrófono propio: mujeres y feminismos, donde nos compartió su trabajo y su concepción del derecho como herramienta política situada. En su propia división, de la mano con la compañera Tatiana Alfonso, ha impulsado la recuperación de la clínica jurídica de interés público como un espacio para asumir una posición activa frente a las desigualdades estructurales, y no como un ejercicio técnico o neutral. Es una persona que trabaja por la comunidad, que construye comunidad.
Uno de los siguientes pasos indispensables es abrir la discusión del Programa Institucional del CIDE (2025-2030) de manera participativa y con sus órganos colegiados. Este documento es clave para dar sentido, horizonte y dirección y, como siempre lo ha ordenado la ley, debe estar alineado con el Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología, y por lo tanto con el Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030). Tengo entendido que a la fecha el CIDE es el único CPI que no ha presentado avances ni discutido este programa ante su Consejo Directivo. Lo reitero: este documento es fundamental porque su contenido define objetivos, metas, análisis presupuestario e indicadores. Es donde se define el rumbo.
Desde la libertad académica, como mexicana feminista, aquí conviene decirlo con claridad: el CIDE no es neutral frente a las desigualdades estructurales. Ninguna institución pública lo es. Reconocer esto no debilita a la institución; al contrario, me parece que la vuelve más honesta y democrática. La remoción de una persona no agota el trabajo por hacer —de hecho, hay mucho trabajo por delante—, pero sí abre la posibilidad de construir colectivamente una institución que no le tema al conflicto y asuma con responsabilidad su papel público.
Al momento en el que termino de escribir este texto, la demanda civil contra la profesora de la División de Historia del CIDE, la Dra. Catherine Andrews, no ha sido retirada por parte del Dr. José Antonio Romero Tellaeche, a pesar de haber afirmado públicamente que se desistiría de ella, en un comunicado en conjunto con la SECIHTI (Comunicado, 27 de noviembre 2025). Este hecho, por sí solo, pinta de cuerpo completo una forma de gobernar que contradice cualquier llamado a la descolonización de las ciencias sociales. Por ello, más que preguntarnos si hubo ingobernabilidad, la pregunta que permanece abierta para quien lea este texto es: ¿qué tipo de autoridad se ejerce cuando el conflicto se responde con demandas civiles y no con rendición de cuentas?