El Programa de Movilidad Segura (PMS) fue implementado por el gobierno de los Estados Unidos como parte de las medidas anunciadas el 28 de abril de 2023 en el marco del Acuerdo de Los Ángeles para gestionar la migración regional. Su objetivo principal era ampliar las vías legales para que personas refugiadas y migrantes globales en Sudamérica y Centroamérica pudieran acceder de manera regular a Estados Unidos. El PMS hacía parte de los Centros Regionales de Procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés) establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional en Colombia, Costa Rica, Ecuador y posteriormente en Guatemala.
El PMS se concibe como una estrategia regional de externalización de fronteras, orientada a limitar, regular y ordenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos. En este marco, el discurso humanitario se despliega como una herramienta de control migratorio en territorio latinoamericano, bajo la lógica de la protección internacional. Tal como argumentan Janneth Clavijo y Andrés Pereira (2022), el humanitarismo no sólo responde a las necesidades de la población migrante, sino que también cumple una función en la gestión del “caos migratorio” desde la perspectiva estatal. En este contexto, varios países han accedido a externalizar sus fronteras a cambio de recibir asistencia humanitaria, preservar relaciones diplomáticas favorables con Estados Unidos y evitar represalias económicas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
El programa fue liderado por dos agencias internacionales: el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Cada una gestionaba uno de sus dos componentes principales. ACNUR estaba a cargo de la “Vía de reasentamiento”, que permitía el ingreso a Estados Unidos en calidad de refugiadx. Las personas aceptadas en esta ruta recibían apoyos, como tiquetes aéreos y asistencia económica para los primeros meses. Por su parte, la OIM lideraba la línea de “Otras vías legales”, dirigida a migrantxs con perfil económico. Su objetivo era socializar información sobre opciones legales de ingreso como lo son el Parol Humanitario para Cubanos, Haitianos, Nicaragüenses y Venezolanos (CHNV) y Vías de Reunificación familiar. Sin embargo, según testimonios de personas vinculadas al programa, esta ruta resultó desgastante, poco efectiva y costosa, lo que derivó en una baja participación hacia el final de su implementación.
El PMS inició operaciones en agosto de 2023 y permitió que miles de migrantxs, principalmente venezolanxs, accedieran a aquellas “vías”, especialmente a la de reasentamiento. Con el tiempo, se difundió ampliamente que la línea de “Otras vías legales” no ofrecía beneficios reales y demandaba gastos de tiempo y dinero innecesarios, como lo era pedir permisos y asumir los transportes con la finalidad de asistir a las sesiones informativas, todo para que les brindaran información que estaba disponible en internet. Esto motivó a que, a través de redes sociales como TikTok y Facebook, circularan videos orientando a las personas para responder los formularios y enfrentar las entrevistas con el fin de ingresar por la “Vía de reasentamiento”.
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, la gobernanza migratoria en la región se radicalizó, cruzando límites éticos y legales en su afán por frenar la migración irregularizada latinoamericana. Como parte de este giro, el gobierno estadounidense redujo drásticamente la asistencia humanitaria y canceló todos los programas de reasentamiento con enfoque humanitario.
Estas decisiones se implementaron de forma abrupta, dejando a miles de familias con procesos en curso suspendidos, incluso en etapas avanzadas. En algunos casos, los viajes fueron cancelados días u horas antes de concretarse. Esto provocó situaciones críticas: familias que habían vendido o regalado sus bienes quedaron sin recursos y otras personas perdieron el Permiso de Protección Temporal —pues, algunos casos, les habían exigido renunciar a él como condición para viajar—, quedando en situación de irregularidad migratoria en diversos países latinoamericanos, convertidos en lugares de espera. Hasta la fecha, ni el gobierno estadounidense, como financiador del PMS, ni ACNUR u OIM como agencias líderes del programa, han ofrecido respuestas o reparaciones ante esas situaciones. Por el contrario, la información brindada a los participantes ha sido mínima y confusa, dejándolos sometidos a un régimen de espera que, como se mostrará con la historia de Claudia, una migranta venezolana, no sólo genera incertidumbre sobre el futuro, sino que también impide vivir la cotidianidad en el presente con claridad.
Una vida en pausa
Claudia es una mujer venezolana que llegó a Colombia hace siete años junto a su esposo e hijos, luego de verse obligada a abandonar su país por razones de seguridad y salud familiar. Como millones de venezolanxs, enfrentó múltiples barreras administrativas para establecerse y reconstruir su vida en Colombia. En sus primeros años en el país, accedió a una cédula de extranjería gracias a una visa de trabajo, lo que le permitió acceder a servicios y derechos en condiciones similares a lxs ciudadanxs colombianxs.
Sin embargo, al vencer la visa, no pudo renovarla, a pesar de contar con empleo formal. Se vio entonces obligada a acogerse al Permiso por Protección Temporal de Colombia (PPT), un instrumento implementado por el gobierno colombiano para regularizar a la población venezolana. Aunque el PPT prometía garantizar acceso a derechos y servicios, en la práctica ha tomado años en ser acogido por las instituciones colombianas y tiene carácter temporal e incierto. Aunque la normativa establece una vigencia de diez años, el decreto que lo reglamenta señala que el Gobierno Nacional podrá prorrogar o dar por terminado su efecto en cualquier momento, lo que deja a sus beneficiarios en un marco de discrecionalidad legal e incertidumbre permanente sobre su estatus migratorio.
Este carácter temporal ha sido también un obstáculo en el acceso a servicios financieros. Muchas entidades privadas, especialmente del sector bancario, han rechazado incluir el PPT como documento válido en sus sistemas, argumentando los altos costos de actualización para un documento cuya validez podría cesar en cualquier momento. En el caso de Claudia, esto ha significado no poder acceder a servicios como créditos o seguros, limitando su proyecto de vida, como el sueño de tener vivienda propia. Una situación muy distinta a la que vivió con su cédula de extranjería, cuando —según sus palabras— “me llamaban de los bancos para ofrecerme créditos”.
A esto se suma el hecho de la transición documental entre la cédula de extranjería y el PPT, su licencia de conducir sigue asociada al documento anterior, mientras el resto de sus identificaciones corresponden al nuevo permiso. Esta incoherencia le ha generado múltiples dificultades con firmas y trámites, profundizando la sensación de inestabilidad.
Ante la dificultad de progresar económicamente en Colombia, Claudia comenzó a explorar opciones para migrar nuevamente en busca de mejores oportunidades económicas para su familia. Fue así como, navegando por internet en abril del 2024, conoció el Programa Movilidad Segura y lo identificó como una oportunidad concreta para hacer realidad su sueño de rehacer su vida en los Estados Unidos.
Luego de completar el formulario digital de inscripción en abril del 2024, fue citada a entrevistas con ACNUR, exámenes médicos, charlas culturales y una entrevista con la USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos). Tras superar todos estos filtros, recibió en diciembre del 2024 un correo electrónico informándole que había sido aprobada provisionalmente y que su viaje sería gestionado en un plazo máximo de cuatro meses.
La noticia transformó sus prioridades. Claudia usó sus ahorros para reunir a su familia en Colombia durante las fiestas navideñas, conscientes de que, de concretarse el viaje, podrían pasar años antes de volver a verse. Dado que ser reconocida como refugiada implica restricciones para salir de Estados Unidos o regresar al país de origen, también tomó decisiones estructurales: vendió algunos enseres, no inscribió a sus hijos en el colegio —pues pronto abandonarían el país— y pagó un mes adicional de arriendo como medida preventiva, previendo que la llamada para el viaje podría llegar en cualquier momento.
Por eso, cuando en enero de 2025 le informaron que el programa había sido suspendido, Claudia entró en estado de shock. Los planes que había trazado con tanto esfuerzo se derrumbaron. A esto se sumó el aumento de discursos de odio hacia la población venezolana y el endurecimiento de las políticas de deportación, lo que agravó aún más su incertidumbre. La comunicación por parte de ACNUR y OIM ha sido escasa, y en la página oficial ha encontrado poca información actualizada.
La falta de información no es nueva, según relata Claudia. Desde el inicio del proceso, la comunicación fue mínima y, cuando existía, solía implicar acciones inmediatas que alteraban su rutina cotidiana. El último mensaje oficial que recibió en febrero del 2025 indicaba que el programa entraba en suspensión por noventa días y que debía estar pendiente de actualizaciones. Ese plazo, según sus cuentas, se cumpliría a finales de abril. Por ahora, mantiene la esperanza de recibir una llamada que reactive su proceso y le permita, al fin, concretar el viaje que tanto ha esperado.
Las consecuencias de la cancelación: una espera inagotable y un proyecto de vida en pausa
La suspensión del programa y los cambios en la política migratoria del gobierno de Estados Unidos han generado confusión, desilusión y frustración en Claudia y su familia. Estaban a punto de lograr su sueño de una nueva vida en Estados Unidos, pero frente a esta nueva realidad, ven cómo esa posibilidad se diluye. La falta de información clara sobre su futuro los ha sumido en un régimen de espera e incertidumbre, con impactos concretos en su cotidianidad.
Cuando se le pregunta por su futuro en el programa, Claudia afirma que aún está en Colombia a la espera de recibir noticias. Por correo, le informaron que el programa estaba suspendido hasta el 26 de abril 2025, por lo que guarda la esperanza de ser notificada en los próximos días. Esto contrasta con los comunicados del gobierno de Estados Unidos, en los que se menciona la suspensión definitiva del Programa Movilidad Segura y de otros mecanismos de reasentamiento. Aun así, en la página oficial de ACNUR, se insta a las personas a seguir pendientes de actualizaciones, lo cual refuerza la ambigüedad informativa.
Esa dualidad deja a Claudia en una encrucijada. Por ello, ha evitado adquirir nuevamente los bienes que vendió y ha estado posponiendo cualquier intento de establecerse plenamente en Colombia. Acciones tan simples como decorar su casa o comprar muebles pierden sentido. Según sus palabras, “el momento más difícil es empacar la maleta, tener que dejar todo y elegir sólo lo imprescindible… pero es difícil empacar la vida en una maleta”. En consecuencia, prefiere no arraigarse en un país que no siente como suyo, y en el que no sabe cuánto tiempo permanecerá.
Esta tensión entre la pertenencia y la extrañeza que viven lxs migrantxs, ampliamente abordada por Sayad, se magnifica en programas como Movilidad Segura, donde la administración del tiempo, por tanto de la espera, y la limitación de información colocan a las personas en un escenario prolongado de incertidumbre. La falta de autonomía y la imposibilidad de tomar decisiones propias convierten la espera en un modo de vida gobernado por las decisiones de otros, bajo la promesa de protección y un futuro mejor.
El régimen de espera en el Programa Movilidad Segura
La espera y la desinformación fueron mecanismos recurrentes durante la implementación del Programa Movilidad Segura. Algunas personas migrantes entrevistadas —además de Claudia— que participaron en el PMS, denunciaron la forma en que el programa administraba los tiempos y las implicaciones que esto tenía en sus vidas cotidianas. Estas experiencias evidencian cómo la espera funcionó como un mecanismo de filtrado dentro del programa, en los términos de lo que Carlos Martínez (2023) denomina “necrotemporalidad”. Es decir, un sistema de administración del tiempo que, mediante prácticas como la espera prolongada, la burocracia y los trámites opacos, sumerge a los migrantes en un estado de espera largo e incluso indeterminado.
Durante este tiempo, las personas migrantes se enfrentan a diversos procesos de precarización derivados de la imposibilidad de proyectarse hacia el futuro y de vivir en permanente incertidumbre. Este sistema de necrotemporalidad, en muchos casos, resulta insoportable para las familias migrantes, quienes, al no encontrar respuestas claras o tiempos definidos, terminan abandonando los trámites burocráticos y optando por rutas irregulares para continuar su tránsito. En ese proceso, arriesgan sus vidas al atravesar territorios controlados por redes de trata, narcotráfico y grupos armados ilegales.
Así, quienes no logran soportar el sistema de espera son empujados hacia un escenario necropolítico, donde sólo quienes resisten tienen la posibilidad de avanzar en el proceso y acceder a mecanismos de protección, mientras el resto queda expuesto a situaciones extremas, a menudo mortales. Este uso intencionado del tiempo, en la práctica, obliga a los migrantes a tomar decisiones bajo presión que comprometen su bienestar, su estabilidad y, en muchos casos, su propia vida.
Alejandra, otra migrante venezolana entrevistada, expresó que “esperar era un privilegio que no todos podían darse”. Su hijo mayor, aunque fue admitido en el segundo filtro de la ruta de reasentamiento, terminó desistiendo del PMS y migrando de forma irregular a Chile porque no podía soportar los seis meses —o más— de espera, dadas sus condiciones de vulnerabilidad.
Este desgaste temporal no sólo implica consecuencias físicas, sino también emocionales y morales. El poder sobre el tiempo se convierte en una herramienta de desgaste progresivo, que disuade o debilita el deseo de migrar. Así, la espera se transforma en una forma de control silenciosa, pero profundamente efectiva.
¿Qué sigue?
En medio de este escenario de incertidumbre y cambios, Claudia no sabe con claridad qué pasará con su vida. A pesar de las dudas y del temor que le generan las nuevas políticas antiinmigratorias, sostiene que, si se le presenta la oportunidad de viajar, lo haría, siempre y cuando tenga la posibilidad de trabajar. Para ella, ésa sigue siendo su mejor opción. En Estados Unidos, dice, su esfuerzo podría traducirse en progreso; en cambio, en Colombia, trabajar no garantiza mejores condiciones de vida. Esta visión reafirma el contraste entre un país que percibe como un horizonte de futuro y otro donde la movilidad social parece bloqueada, sin importar cuánto se esfuerce.
Sin embargo, su vida continúa en pausa. La falta de información clara, la ambigüedad institucional y la gestión fragmentada del Programa Movilidad Segura han derivado en un estado de espera indefinido. Esta situación afecta no sólo su cotidianidad, sino su capacidad para proyectar un futuro con certezas.
Su caso evidencia que la espera se ha convertido en una condición estructural de los dispositivos de control migratorio. No se trata de un efecto secundario o una demora logística, sino de una herramienta deliberada en la gestión del tiempo. El Programa Movilidad Segura no sólo ofreció una promesa de movilidad regular, también impuso un régimen de tiempo incierto y desigual, donde los cuerpos y los proyectos de vida quedan suspendidos en función de decisiones externas e inestables.
Esta gestión del tiempo migratorio —marcada por el silencio institucional, la ambigüedad informativa y la dilación constante— produce la necrotemporalidad, el control político a través del tiempo, que desgasta física, emocional y moralmente a quienes esperan. La espera prolongada, sin garantías ni información suficiente, no sólo debilita a quienes atraviesan estos procesos, también actúa como un filtro que desincentiva la participación y somete a las personas a escenarios de riesgo.
En definitiva, el caso de Claudia nos recuerda que el tiempo es una dimensión política. La forma en que se administra dice mucho sobre quién tiene el poder de decidir, quién debe esperar y bajo qué condiciones. Mientras no se reconozcan las implicaciones humanas de estas políticas y no se implementen mecanismos responsables de cierre o reparación, muchas vidas seguirán transcurriendo en pausa. Vidas sostenidas entre la esperanza y el abandono.
Referencias
Pereira, A., y Clavijo, J. (2022). “La excepción evidencia la regla: humanitarismo y securitización en las políticas migratorias argentinas (2015-2019)” Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos, 22(1), 139-163.
Martinez, C. (2023). Waiting in Captivity: Slow Borders, Predatory Bureaucracies, and the Necrotemporality of Asylum Deterrence. Refuge, 39(2), 1–17.