Entre 31 de marzo y la tarde del primero de abril de este 2025, autoridades de la Ciudad de México desalojaron el campamento migrante instalado en la Plaza de la Soledad, en el barrio de La Merced, pese a que existía un amparo indirecto promovido por el Instituto Federal de la Defensoría Pública que protegía el espacio y a sus ocupantes. El operativo no fue un hecho aislado: se inscribe en la campaña de reubicación forzada Ni un migrante más en las calles, anunciada por la Jefatura de Gobierno con la supuesta intención de garantizar la vida digna y abrir albergues para esa población afincada en la capital mexicana.
En ese marco, este texto aspira a mostrar cómo es que el gobierno de la Ciudad de México desaloja de manera forzada a las personas migrantes en la Plaza de la Soledad por medio de estrategias discursivas, de nuevos despojos justificados por circunstancias coyunturales y de una gobernabilidad ilegal. De tal suerte, primero, bajo un discurso de dignificación y recuperación del espacio público, se realiza una limpieza social con lógicas de organización territorial. En segundo lugar, y en el marco de diversas celebraciones (como la Semana Santa o el Día del Niño), se despoja a las personas migrantes de los espacios asignados por las propias autoridades, que ya las habían desplazado anteriormente. De tal suerte, la habitabilidad de estas personas migrantes es gobernada de formas que representan un incumplimiento de la ley —puesto que se ha violado lo dispuesto en el amparo—, en parte con el apoyo de actores difusos, como los denominados “vecinos”.
La Ciudad de México como espacio de espera
En 2015, el padre Benito Javier Torres fue designado como sacerdote de la Iglesia de la Soledad. A quince días de su llegada, empezó a ofrecer raciones de comida a personas en situación de calle mediante la creación de la Asociación Civil Saciando al Pobre, A. C. En octubre de 2018, se implementó el programa Dormir a los pies de Jesús y de María para personas en situación de calle que lo necesitaran por la temporada de frío. En entrevista, el padre Torres comenta que, desde antes de la pandemia de Covid-19, ya se ayudaba a migrantes con estos mismos programas de manera discreta. Para diciembre de 2019, comienza a haber registros de personas provenientes de Honduras, Nicaragua y Panamá.
Los acuerdos entre México y Estados Unidos de junio 2019 lograron frenar la revocación de beneficios económicos o un incremento arancelario, a cambio de mayor control migratorio provisto por el gobierno mexicano. Esto convirtió al país en una frontera vertical. El incremento de vigilancia migratoria, militar y policial tendría efectos en todo el país: al sur, Tapachula, Chiapas, se convertiría en la llamada Ciudad Cárcel o “Atrapachula”. En el norte, se formarían campamentos migrantes de personas en proceso de espera en el Chaparral y en Ciudad Juárez, a causa de las nuevas medidas de control fronterizo ejercido por Estados Unidos. En la Ciudad de México, la concentración burocrática produjo albergues temporales descentralizados en la Alcaldía Tláhuac y campamentos en vía pública, como la Plaza Giordano Bruno.
“En misa, el padre preguntó si dábamos permiso de que los migrantes se quedaran en la Plaza, porque dentro [de la Iglesia] ya no cabían.” Eso comentó Jaime, una comerciante que tiene más de 30 años trabajando alrededor de la Plaza de la Soledad, en la Merced, con quien tuve la oportunidad de tener una entrevista en marzo de 2025.
La Plaza de la Soledad es un espacio históricamente marginalizado, en el cual sobreviven diferentes prácticas de economías populares, como el trabajo sexual, pero también economías criminales diversas. Las personas migrantes empezaron a instalarse allí con casas de campaña que después se convertirían en construcciones improvisadas con lonas, maderas y cartones alrededor de la iglesia. En 2022, la Arquidiócesis Primada de México registró que en el campamento de la Plaza de la Soledad había personas provenientes de Afganistán, de toda África, de Venezuela, Honduras y Haití. En 2024, una migrante que habitaba allí, logró ganar una demanda de amparo indirecto interpuesto por el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Para 2024 y 2025, ya contaban, dentro del campamento, con electricidad, barberías, comercios de comida y venta de café, cigarros y/o dulces. Aunque los servicios como los baños, el agua, la electricidad eran precarios, ya había un asentamiento más estable que sólo casas de acampar.
De tal suerte, las personas migrantes no sólo lo habitaban: también habían producido un proceso de identificación con el espacio. Algunos medios denominaron a estas construcciones como “los ranchitos”. Otros medios los llamarían “ciudad carpita” o “barrio venezolano”. Sin embargo, desde mis primeras visitas a campo noté que personas locales y migrantes les llamaban “casitas”.
“Ni un migrante más en las calles”
A inicios de 2025 el gobierno capitalino designó a Temístocles Villanueva como encargado de la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana en la Ciudad de México, con la intención de liderar el programa “Ni un migrante más en las calles” . En ese marco, la nueva coordinación avisó, con un mes de anticipación, a los migrantes de la Plaza de la Soledad sobre la reubicación del campamento. El día previo a la reubicación forzada, B., migrante de Congo de 30 años, me dijo que les moverían a otro lugar: “Nous ne serons plus ici. Il y a un mois, on nous a dit qu’on devait nous déplacer… Mous allons nous déplacer, on verra bien où.” (Ya no estaremos aquí. Hace un mes nos dijeron que debíamos movernos. Nos vamos a mover, ya veremos adónde)
La noche del 31 de marzo de 2025. las autoridades capitalinas comenzarían con sus trabajos de limpieza social, que no obstante, según insistieron las autoridades, respondieron a “lógicas de dignificación de las personas migrantes” y de la recuperación del espacio. Se calcula que cuatrocientas familias —es decir, unas mil personas— fueron desalojadas. De estas mil, sólo cuatrocientas aceptaron recurrir a los albergues brindados por las autoridades capitalinas.
Sobre los albergues, Jorge González, venezolano de 57 años, declaró para la revista Expansión: “Los albergues son inhumanos, es como estar preso, pero con libertad.” (…) Ir a un albergue es como ser un mantenido más, la idea es buscar cada quien su responsabilidad, cada quien querer vivir mejor. La mayoría trabajamos, las mujeres y los hombres, los niños están en la escuela, están recibiendo educación mexicana”.
“No sé por qué los quitaron si con o sin ellos vendemos igual”
Este y otros desalojos posteriores, se dieronen el marco de ciertas celebraciones, como una estrategia para quitar los campamentos migrantes. Desde hace años, se coloca un mercado de venta de palmas tejidas por artesanos de Puebla y Toluca durante la Semana Santa. Esta fue una de las justificaciones que usó el gobierno para el desalojo de la Plaza de la Soledad.
“No sé por qué los quitaron si con o sin ellos vendemos igual”comentó una de artesana de palma proveniente de Toluca el día 6 de abril de 2025. Además, en nuestras conversaciones informales, los comerciantes también afirmaron comprender la situación de las personas migrantes, pues sentían cierta empatía, porque también las personas artesanas venían de lejos y dormían en las bodegas de los alrededores de la plaza. Incluso, según me contaron, a veces hasta se sentían acompañadas por los migrantes.
Es en este marco que, para marzo de 2025, muchas personas migrantes desplazadas de la Soledad habían empezado a hacer sus nuevas casitas en la Plaza del Caballito, a unas cuadras de la Plaza de la Soledad, cerca del metro Candelaria y de avenida Congreso de la Unión. Una semana después del desalojo forzado, me encontré a J., migrante de Angola de sesenta años, en las calles que van de la Plaza de la Soledad a la Plaza del Caballito, y me dijo en portuñol: “Bom dia, amigo! Estamos com a casita nova; ali tá a B. Você já viu a B.?”
“Vecinos” y el despojo migrante
A casi un mes del primer desalojo, el 2 de mayo, personas que se identificaron como “vecinos” retiraron la mayoría de las casitas en la Plaza del Caballito, incluida la de B. y J., provocando un nuevo desplazamiento de personas migrantes. La justificación fue la realización de una celebración de la Confederación de Comercio Popular, A. C., prevista para el 4 de mayo de 2025 y anunciada con carteles por el Día del Niño. Posteriormente, con apoyo del gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza y de personal de limpieza del Gobierno de la Ciudad de México, se usaron grúas para retirar las casitas restantes.
La historia de la Plaza de la Soledad no terminó con el operativo: empezó otra, escrita en letra muerta. Los vacíos legales volvieron el amparo un papel sin fuerza, rebasado por presiones políticas y xenófobas, mientras que nuevos actores que se presentaron también como “vecinos” habilitaron reubicaciones forzadas, una y otra vez. El gobierno capitalino no sólo reorganizó un espacio: produjo despojo, que se entiende como un proceso de apropiación injusta de derechos, viviendas y tierras.