El actual presidente estadounidense ha impulsado una serie de órdenes ejecutivas que buscan restringir la migración irregular y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y que han tenido un fuerte impacto en la vida de las personas migrantes y sus familias. En este contexto, mujeres migrantes, académicas y activistas del canal de encuentro de la colectiva “Narrativas de Fronteras desde los feminismos”,[1] escribimos aquí sobre cuáles son los cambios y continuidades de las políticas antimigrantes estadounidenses, cómo están reaccionando los gobiernos latinoamericanos y cómo se organizan las luchas y resistencias migrantes.
Presentador y productor del mundo del espectáculo, Trump es un magnate —uno de los hombres más ricos de Estados Unidos y del mundo, de hecho— cuya fortuna ronda los siete mil millones de dólares (Cameron, 2025). En 2017 fue el primer presidente en la historia de Estados Unidos sin experiencia política institucional previa. Y actualmente ocupa el cargo como el primer presidente con juicios y procesos penales abiertos en cortes estadounidenses.[2]
Su primer mandato (2017-2021) se caracterizó por una marcada política antimigrante y de “tolerancia cero” hacia la migración irregular, que ha continuado en su actual gobierno. A continuación, un recuento de las primeras semanas de su segunda administración, en términos de materia migratoria.
Las órdenes ejecutivas de Trump en materia migratoria: entre odios, miedos e incertidumbres
Hasta el 12 de febrero de 2025, Donald Trump ha firmado más de sesenta órdenes ejecutivas, un récord en cuarenta años, como destaca Soledad Álvarez (Discusión Colectiva, 2025). Una orden ejecutiva es una directiva presidencial que no necesita pasar por controles de otros poderes de gobierno, pero que también puede ser —como algunas de ellas lo están siendo—, frenada en tribunales. Más de la mitad de las órdenes emitidas por Trump están dirigidas a restringir la inmigración y los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el presidente se refiere continuamente a las personas migrantes irregulares o solicitantes de asilo como una “amenaza” a la seguridad nacional, palabras que son el reflejo de una política antimigrante basada en la criminalización, securitización y militarización.
Tan sólo el día 20 de enero de 2025, Trump firmó al menos seis órdenes ejecutivas relacionadas con la migración y con lo que denomina “seguridad fronteriza”. Soledad Álvarez (Discusión Colectiva, 2025) resume que declaró en “emergencia nacional” su frontera con México, desplegó 1,500 efectivos policiacos y restableció el programa “Quédate en México” —también conocido como Migrant Protection Protocols (MPP)—, que había operado ya en 2019 e implica que las personas solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos sean devueltas a México mientras esperan la resolución de sus casos en las cortes migratorias estadounidenses.
El mandatario eliminó también la aplicación CBP One, que era el medio de las personas solicitantes de asilo para programar una cita y ser recibidas en los puertos fronterizos entre EE. UU. y México. Esta acción anuló miles de citas programadas y dejó a las personas con necesidad de protección y en situación de migración varadas en cruces fronterizos y ciudades de México. Además, suspendió el reasentamiento de refugiados y amplió operaciones fronterizas sin orden judicial en territorio estadounidense, dejando así también a miles de personas refugiadas en la incertidumbre. Cabe resaltar que en las operaciones fronterizas ha permitido la deportación de inmigrantes sin debido proceso.
Por medio de tales órdenes ejecutivas, también canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para las personas venezolanas y redujo el plazo de las protecciones migratorias para personas haitianas hasta agosto de 2025. Se estima que al menos 600,000 personas venezolanas y 500,000 personas haitianas habían recibido esta protección del TPS. Esas personas quedaron ahora bajo el riesgo de deportación, con incertidumbre laboral y/o mayor explotación laboral sin sus permisos de trabajo, ello sumado a los problemas que podrían derivarse de volver a Venezuela, que también criminaliza la migración.
Este gobierno estadounidense, abiertamente odiante de las migraciones de personas excluidas y empobrecidas, elevó también las cuotas mínimas de arrestos y deportaciones para la policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y clasificó como organizaciones terroristas a diversos grupos que denomina “criminales”, incluidos cárteles mexicanos y venezolanos. Así, al tiempo que justifica la eliminación del TPS, legitima el ejercicio de agencias policiales estadounidenses en territorio mexicano.
Otra orden que ha tenido un hondo impacto en las comunidades migrantes en lucha por la vida y el derecho al tránsito ha sido el recorte de fondos para la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que financiaba proyectos humanitarios, algunos de ellos centrados en atender poblaciones migrantes irregulares en tránsito. Además, Trump también intentó revocar la ciudadanía por nacimiento, orden que fue frenada de inmediato por jueces federales, debido a su inconstitucionalidad.
Además, es relevante mencionar que la xenofobia y el racismo se intersectan con otros pánicos morales, como la transfobia: dentro de las órdenes ejecutivas del presidente estadounidense, hay algunas dirigidas hacia la comunidad LGBTIQ+, especialmente hacia las personas trans*, no binaries e intersex. Su primer orden ejecutiva al respecto busca “proteger” a las mujeres “biológicas” y “restaurar la verdad bio-científica”. Estas directrices del mandatario coexisten con un dato preocupante: en el 2024, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas registró un incremento de asesinatos de personas trans* en territorio estadounidense.
Frente a estos hechos es vital hacer evidente que las acciones de Trump y de la derecha estadounidense son también un performance basado en el odio y el espectáculo mediático. En ese sentido, no sabemos cuál será la correlación entre la reproducción masiva de las narrativas de odio y lo que efectivamente será ejecutado sin interpelación del poder jurídico y legislativo. Incluso al día de hoy no tenemos claridad sobre cuántas órdenes ejecutivas se aplicarán realmente y cuáles serán sus alcances.
Contexto de la maquinaria jurídica, política e ideológica migratoria en Estados Unidos
Las políticas estadounidenses de detención, encarcelamiento y deportación no comenzaron con Donald Trump. En Estados Unidos ha habido una política histórica de criminalización de las personas empobrecidas y racializadas que migran al margen de los violentos sistemas de visados y de asilo para las personas provenientes de los sures globales. Tan es así que ya hablamos de una “crimigración” en la maquinaria jurídica, política e ideológica migratoria en Estados Unidos. Este contexto ha facilitado que los discursos antimigrantes y antiderechos, así como las órdenes ejecutivas explicadas anteriormente, ganen fuerza y sean posibles.
La crimigración
es una hibridación casi imposible de deshacer entre las leyes penales y las leyes migratorias. Este ha sido un proceso que las administraciones de EE. UU. han llevado a lo largo de décadas. Esto no empieza con Trump ni con el primer mandato de Trump […] Está situado al inicio de los ochentas cuando se dio, en 1986, la famosa amnistía; parte de una ley migratoria que, si bien permitió la regularización de miles de personas, empezó a criminalizar a quienes contrataban a personas migrantes sin documentos. Ese fue el inicio. Y así se fueron acumulando a lo largo de las décadas diferentes legislaciones.
(Aguilar, 2025).
La detención de personas migrantes ha sido una herramienta clave en la política de criminalización de la migración. Para ilustrar lo anterior, está el caso del uso de Guantánamo, base naval estadounidense en Cuba, para la intercepción y encarcelamiento de personas migrantes, sobre todo haitianas y cubanas. En los ochenta, la administración de Reagan utilizaría esta base para la Operación de Interdicción de Migrantes Haitianos (CIDH, 1997). Luego, en 1994, durante el mandato de Bill Clinton, la base alcanzó su punto máximo, con el confinamiento de alrededor de doce mil personas (NIJC y FWD, 2021).
En este proceso de fusión de leyes migratorias y penales fue crucial la aprobación de la ley IIRIRA (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) en 1996. Esta ley restrictiva y punitiva endureció las políticas de detención y deportación acelerada de personas migrantes. Con esa ley se redujeron las oportunidades de apelación y judicialización de casos migratorios o de asilo. Reforzó además las barreras fronterizas y provocó una expansión de los centros de detención, consolidando un sistema de encarcelamiento masivo de personas racializadas y migrantes. También, por medio de esta ley, “se extiende el número de delitos por los cuales una persona migrante puede ser puesta bajo un proceso penal”; entre ellos se encuentran: manejar sin licencia de conducir, el reingreso sin documentos a territorio estadounidense y los castigos para quienes viven de manera indocumentada (Aguilar, 2025).
Con esta maquinaria política, judicial e ideológica, la retórica de Trump cumple las estrategias de control de la opinión y percepción pública sobre la migración, generando miedo y discriminación entre y hacia poblaciones migrantes. Y no sólo tiene efectos en la población migrante, sino también en los gobiernos de la región.
Las reacciones de gobiernos latinoamericanos a las exigencias de Trump
Es importante resaltar las respuestas vinculadas a la cooperación internacional con Estados Unidos en materia migratoria de algunos gobiernos latinoamericanos que se han “comprometido” a “recibir” a personas deportadas —de sus propias naciones o de otras—, situación que fortalece las narrativas de odio, la xenofobia, la securitización, la militarización de las fronteras y la criminalización de las personas migrantes.
Mediante su cooperación con EE. UU., varios países de Centroamérica han alineado sus intereses en los procesos de deportación y detención migratoria. Fernanda Vaca (Discusión Colectiva, 2025), señala que Guatemala se comprometió en aumentar un 40% la recepción de vuelos de deportación, y no sólo de guatemaltecos, sino incluso de personas migrantes de terceros países. El Salvador puso a disposición de EE. UU. sus “mega cárceles” para albergar deportados, incluidos miembros del Tren de Aragua. A su vez, Panamá reiteró su afán de redoblar el control en la zona fronteriza de la selva del Darién y continuar con las deportaciones de migrantes regionales y extracontinentales. Costa Rica también sirve ahora como puente al recibir personas migrantes de otras nacionalidades deportadas por Estados Unidos para su repatriación. Asimismo, Honduras finalmente ha accedido a operar como punto de tránsito para personas deportadas extranjeras, por lo cual recibió ya, en una base militar conjunta de Estados Unidos y Honduras, a personas venezolanas provenientes de Guantánamo, que luego serán trasladadas a Venezuela, acción que el gobierno hondureño ha intentado publicitar como la construcción de un “puente humanitario” (Janetsky and Córdoba, 2025). Por otro lado, Guantánamo, en Cuba, fue reafirmado como centro de detención extraterritorial para migrantes, prolongando una política vigente desde hace sesenta años. El país caribeño, con su compleja relación con Estados Unidos, ha continuado recibiendo vuelos de deportación. En su caso, ambos países acordaron desde 2017 que las deportaciones serían selectivas y con un proceso de evaluación caso por caso, que sigue vigente.
Así, en estos más de cincuenta días de gobierno, el presidente Donald Trump ha consolidado acuerdos para reforzar la política de larga data de externalizar regionalmente la frontera sur de Estados Unidos. En el marco de la compleja disputa tarifaria, con permanentes amenazas de aumento de aranceles, México acordó desplegar diez mil tropas adicionales en su frontera norte y sostener la numerosa práctica de detenciones migratorias. Al mismo tiempo, Amarela Varela (2025) explica que el gobierno mexicano sólo se está enfocando en atender a las personas mexicanas deportadas, mostrando así la falta de interés en apoyar a las personas migrantes de otros países varadas en México (Discusión Colectiva, 2025).
Aunado a estas medidas, se prevé que Trump busque acuerdos binacionales con Guatemala y México para convertirlos en “tercer país seguro”, lo cual implica, como dice Fernanda, que Estados Unidos puede rechazar solicitudes de asilo de personas que hayan pasado previamente por esos países (Discusión Colectiva, 2025). Estados Unidos recurre a este mecanismo, sustentado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, para evadir responsabilidades en torno al derecho al asilo, orillando a los países involucrados a implementar medidas migratorias de contención, a fin de evitar que las personas migrantes lleguen a sus países y a los Estados Unidos.
Mientras que países como El Salvador, Guatemala, Panamá y México, han aceptado ser el cuello de botella para frenar la migración hacia Estados Unidos, los presidentes de Brasil, Bolivia y Colombia han exigido y promovido un trato digno para sus connacionales deportados, evitando la espectacularización de su retorno. En este contexto, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organismo internacional integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, anunció que los ciudadanos de esos países podrán recibir orientación y asesoría en temas migratorios, deportación y situaciones de vulnerabilidad en cualquiera de sus oficinas consulares (El Universo, 2025).
Venezuela respondió condenando las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos y anunciando el apoyo, por parte de sus embajadas y consulados. Sin embargo, esta ayuda es insuficiente para las personas venezolanas que solicitan repatriación, ya que las solicitudes de pasaporte son costosas y muy tardadas.
Mientras tanto, la Republica Dominicana, Argentina y Chile tienen sus propios planes para reforzar controles de sus fronteras políticas, así como para facilitar deportaciones y restringir el acceso a servicios públicos para ciertos migrantes, por ejemplo, en salud y educación. El gobierno de República Dominicana anunció, que ampliará entre diez y doce kilómetros el muro en su frontera con Haití y que continuará con las deportaciones de personas haitianas en situación migratoria irregular. En el caso de Chile, Pilar Ortiz explica que las políticas de ese estilo en el país están relacionadas con un creciente racismo y xenofobia contra las personas migrantes empobrecidas y las personas afrodescendientes, los cuales reproducen la narrativa norteamericana de la migración irregular como una amenaza (Discusión Colectiva, 2025). Hasta la fecha, no sabemos de declaraciones oficiales del gobierno haitiano, paraguayo y uruguayo en respuesta a las órdenes ejecutivas de Trump relacionadas con políticas migratorias.
Luchas y resistencias a las políticas y narrativas antimigrantes
Si bien la historia de la crimigración es larga y persistente, igual de persistentes son las resistencias y las diversas formas de lucha en las comunidades migrantes y la sociedad civil, las cuales también deben ser consideradas dentro del análisis de estos procesos.
Las personas migrantes irregulares en EE. UU. han visto su vida cotidiana profundamente afectada; algunas viven con miedo de salir a trabajar, de salir a hacer compras o de llevar a sus hijxs a las escuelas y allí ser detenidas. Pero, al mismo tiempo, el miedo, la rabia y la dignidad se han conjugado. Estamos viendo una reactivación y diferentes expresiones de luchas migrantes históricas contra las narrativas y prácticas antimigrantes.
Hay personas —sobre todo jóvenes de origen latino y grupos de pueblos originarios norteamericanos— que se han organizado en sus comunidades y en redes sociales para salir a tomar las calles en movilizaciones y marchas. Ellas, ellos y elles están protestando, expresando con dignidad “¡aquí estamos y no somos criminales!”. También organizaron una movilización nacional denominada “#Un día sin Inmigrantes”. Durante estas protestas, se han visto pancartas combativas, palabras de lucha y dignidad, más el uso del baile y la música que celebra las diversidades, el multilingüismo, la multiculturalidad y la solidaridad que caracteriza a Abya Yala. Están produciendo así narrativas alternativas a las del odio.
Julia Ferreira destaca que hay también otras formas de resistencia que son espontáneas, como lo sucedido con las personas en un vuelo de deportación hacia Brasil el pasado 24 de enero (Discusión Colectiva, 2025). Este avión sufrió fallas técnicas por lo que hizo dos escalas; una en Panamá y otra en Manaus. Las personas migrantes que viajaban en ese vuelo, sin aire acondicionado y esposadas, decidieron rebelarse en Manaus contra las autoridades estadunidenses encargadas del vuelo. Con ello, explica Ferreira, lograron no sólo salir del avión, sino también hacer reaccionar a las autoridades brasileñas y hablar por sí mismas, produciendo así potentes imágenes de protesta, en lugar de permanecer como un grupo de personas caminando esposadas y cabizbajas.
Exigencias nuestras: latir en colectivo y terminar con la externalización de las fronteras estadounidenses
En estos tiempos oscuros, con las derechas afirmándose en diversos países, con la multiplicación de violencias, miedos y narrativas odiantes, necesitamos latir en colectivo. Esto significa fortalecer las luchas migrantes que están sucediendo dentro y fuera de Estados Unidos, y sumarnos a las organizaciones locales e internacionales que respondan al embate de estas violencias. Exigimos una política migratoria conjunta entre los países latinoamericanos y caribeños. Como dice Amarela Varela (Discusión Colectiva, 2025), se necesitan políticas migratorias basada en el principio pro-persona, lo que significa el mayor respeto, promoción y protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Además, nos sumamos a la exigencia del fin de la externalización de las fronteras estadounidenses. Estas políticas antimigrantes, basadas en la criminalización, securitización y militarización, sólo generan que las personas migrantes en busca de un mejor futuro tomen rutas cada vez más peligrosas y costosas.
Referencias
Aguilar Román, C. [CLACSO TV] (19 de febrero de 2025). ¿Trump rediseña el mapa mundial? Info CLACSO en vivo.
Cameron, H. (2025). Trump Bumped Off Top Billionaires List Amid Post-Inauguration Stock Slide.
CIDH. (1997). Informe N° 51/96 Decisión de la Comisión en cuanto al mérito del caso 10.675 Estados Unidos.
Discusión Colectiva. 2025. Realizado por Amarela Varela Huerta, Elisa Robbe, Indi-Carolina Kryg, Julia Ferreira Scavitti, Juliana Vanessa Maldonado Macedo, María Fernanda Vaca García, Meixi Batista Méndez, Pilar Ortiz, Soledad Álvarez Velasco y Victoria Ríos-Infante. Zoom, 10.02.2025. Manuscrito no publicado.
El Universo (2025). Ciudadanos de la CAN recibirán asistencia consular en cualquier oficina de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Janetsky, M. y Córdoba, J. (2025): Facing pressure from Trump, Costa Rica and Honduras join Panama as stopovers for foreign deportees. AP.
O’Kruk, A. y Merrill, C. (2025). Donald Trump’s criminal cases, in one place.
NIJC y FWD (2021). Pushing Back Protection: How Offshoring and Externalization Imperil the Right to Asylum.
Notas
* Este artículo se basa en una discusión colectiva entre Amarela Varela Huerta, Elisa Robbe, Indi-Carolina Kryg, Julia Ferreira Scavitti, Vanessa Maldonado Macedo, María Fernanda Vaca García, Meixi Batista Méndez, Pilar Ortiz, Soledad Álvarez Velasco y Victoria Ríos-Infante. Una versión más corta de este texto se publicó en alemán, en la edición de marzo de la revista Lateinamerika Nachrichten.
[1] El Canal de Encuentro de la Colectiva Narrativas de Fronteras desde los Feminismos está conformado por más de cien investigadoras, activistas, migrantes, defensoras y cronistas de las fronteras y migraciones en diecisiete países, mayormente de la Abya Yala. Creamos este espacio para reflexionar sobre nuestras luchas, estudios, trabajos de campo, acompañamientos y proyectos en torno a las migraciones contemporáneas. Síguenos en @NarrativasdeFronteras
[2] Algunos de los procesos que enfrenta Trump son los siguientes. 1) Fraude financiero y manipulación contable, proceso aún en curso, impulsado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. 2) Manipulación de resultados de las elecciones presidenciales en 2020, caso que está siendo investigado por diversas autoridades, entre ellas funcionarias estatales, el Departamento de Justicia y el Comité Selecto de la Cámara de Representantes estadounidense. 3) Incitación de los ataques al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, cargo presentado por el Departamento de Justicia. En 2023 fue formalmente procesado por ello. 4) Entre 2019 y 2023 fue acusado por diversas mujeres por acoso y abuso sexual, entre ellas E. Jean Carroll, quien afirmó que Trump la agredió sexualmente en la década de 1990. En 2023, un tribunal federal falló a favor de Carroll en un caso de difamación, otorgándole una compensación económica; sin embargo, no hubo sentencia sobre la acusación de agresión sexual. 5) En 2023 fue acusado de 34 cargos de falsificación de documentos comerciales en relación con pagos/sobornos, entre ellos uno realizado a Stormy Daniels, actriz de películas porno, con quien Trump mantuvo una relación extramarital. Daniels recibió un pago de 130,000 dólares en 2016 con el fin de llegar a un acuerdo de confidencialidad. Otro soborno que se comprobó fue el realizado a Karen McDougal, exmodelo de Playboy, a quien también le pagó para no hablar de su relación. 6) Igual en 2023 Trump fue acusado formalmente de retención de documentos “clasificados y sensibles”, incluyendo material relacionado con la seguridad nacional. La Fiscalía Especial en el caso argumentó que Trump no cooperó con las autoridades para devolver los documentos y que intentó obstruir la investigación.