Noda México
(In)movilidades en las Américas
Ciudad Juárez, Chihuahua, 8 de abril de 2023
Desde hace más de 15 años, las organizaciones defensoras de las personas en situación de movilidad forzada han denunciado las deplorables condiciones de detención en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) en México, como lo muestran múltiples informes.[1] Estos espacios de detención son considerados como espacios de tortura por sus condiciones de hacinamiento, aislamiento, maltratos, falta de alimentación en tiempo y forma, falta de productos de aseo personal, imposibilidad para las personas detenidas de comunicarse con sus familiares, extorsiones por parte de agentes federales, robo de pertenencias, despojo de documentos de identidad, muerte. Además, en la paradoja que vive México entre la protección y la contención, sabemos que en la detención migratoria se niega frecuentemente el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Las violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas en las instalaciones del INM son conocidas, denunciadas y condenadas tanto por las organizaciones de la Sociedad Civil como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En los últimos dos años, la CNDH ha emitido 48 recomendaciones al INM por violaciones a los derechos humanos en contra de más de 600 personas migrantes. Muchas de estas recomendaciones aún no han sido atendidas por el Estado. La indolencia del gobierno de México no solamente desatiende las recomendaciones y obligaciones que tiene con relación al trato digno de las personas migrantes, sino que impone una narrativa oficial cargada de eufemismos que las criminalizan y las despoja de toda capacidad de agencia, llamando “rescates” a los operativos de detención migratoria y “albergue” a un centro de detención que priva de libertad a las personas, quienes están bajo la tutela del INM.
Los acontecimientos del lunes, 27 de marzo de 2023, en la Estancia Provisional del INM de Ciudad Juárez, Chihuahua, son una prueba más de la excepcionalidad como forma de operar la política migratoria en México. Se intenta desviar la atención al incendio, criminalizando una vez más a las personas migrantes, pero no se reconocen las violaciones de los derechos humanos que son sistemáticas en los centros de detención del INM.
Antes del incendio, organizaciones de defensa de los derechos de las personas en movilidad forzada pudieron ser testigos de las pésimas condiciones a las que estaban sometidas decenas de personas detenidas en esa Estancia Provisional de Ciudad Juárez.
El espacio de detención estaba dividido en dos partes cerradas con rejas y llaves: mujeres y hombres. El espacio para las mujeres se dividía en dos celdas de aproximadamente 10 metros cuadrados y dos metros de ancho. Cada una contaba con su área de baño sin ninguna puerta, sin ninguna privacidad. Los espacios para mujeres tenían unas pocas literas que resultaban insuficientes, pues el número de personas encarceladas en cada celda era de 15, el cual rebasaba totalmente la capacidad del espacio de detención. En entrevistas, las mujeres denunciaron el poco acceso a papel de baño y a toallas sanitarias en la Estancia Provisional. Además, no se les permitía tener acceso a un cambio de ropa durante su encarcelamiento: debían reusar la misma ropa después de bañarse.
El espacio para la detención de los hombres estaba en condiciones similares, con la excepción de que no había literas, sino solamente colchonetas, que tampoco eran suficientes para el número de detenidos. Los encarcelados no tenían cobijas, sino mantas térmicas, que no resolvían en absoluto las condiciones climáticas dentro de las instalaciones del INM —condiciones comunes en varios centros de detención del INM, denunciadas en informes de la CNDH en años anteriores y que siguen sin mejora—.
Legalmente, las detenciones en este tipo de centros no pueden pasar de 36 horas. Sin embargo, las organizaciones de defensa de derechos de las personas en situación de movilidad forzada en Ciudad Juárez pudieron comprobar que las personas solían pasar entre tres y cinco días en la Estancia Provisional de la localidad. En ningún momento, durante su detención, se les permitía hacer una llamada a sus familiares para avisarles de su paradero. Tampoco se les proporcionaba información sobre el motivo de su detención, su proceso, su traslado hacia otro lugar, etcétera. Organizaciones civiles locales reportan que el INM en Ciudad Juárez separaba a las familias sin anunciar a las personas dónde estaban sus familiares, si se encontraban en detención o no, y en dónde. A las mujeres embarazadas y/o con niños/as no las encarcelaban, sólo detenían a sus parejas, y no se les informaba sobre la situación de sus familiares, el motivo y lugar de detención o de traslado, etcétera. En Ciudad Juárez, los casos que canalizaron las organizaciones de defensa de las personas migrantes al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), para poner un amparo y tratar de impedir el traslado de las parejas detenidas, terminaron, muchas veces, sin resultado positivo: solían pasar entre tres y cuatro días antes de que el juez emitiera una resolución y notificara al INM. Al llegar la notificación, en varias ocasiones el INM respondió que la persona ya no se encontraba en la Estancia Provisional, pero sin revelar su paradero.
De la misma manera, los traslados desde Ciudad Juárez a otros lugares de la República, generalmente en el sur del país, son comunes y se realizan sin proporcionar ninguna información, tanto a las personas trasladadas como a sus familiares. Sólo reciben un Oficio de Salida del País, que indica que deben dejar el territorio nacional por la frontera sur. Del mismo modo, el trabajo de asesoría legal (sobre el proceso de solicitud de refugio en México, los amparos, etcétera), que intentan brindar organizaciones de defensa de las personas en situación de movilidad forzada, se ha visto, muchas veces, impedido por oficiales de la estancia migratoria, que interrumpen las sesiones informativas e implementan la desinformación dando falsas informaciones —todo con el objetivo de desanimar a las personas a solicitar el refugio o poner algún tipo de amparo—.
Por último, el trabajo de búsqueda de personas migrantes desaparecidas por parte de familiares y organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes está obstaculizado por el INM, ya que no atienden llamadas, ni dan respuestas a solicitudes de información. Al no reconocer la detención como tal, los encarcelados no son parte de un registro censal y, en un país con más de 90 mil personas desaparecidas, la búsqueda en vida las primeras 72 horas es fundamental y, en muchas ocasiones, el INM no colabora en esta importante labor.
Este trato viola los derechos humanos de las personas en situación de movilidad y es recurrente para las organizaciones civiles que brindan atención en los centros de detención del INM. A pesar de las recomendaciones de la CNDH, las condiciones no mejoran, todo lo contrario. En su última visita a la Estancia Provisional, el viernes, 24 de marzo de este año, tan sólo tres días antes de la tragedia, un equipo de atención en Ciudad Juárez presenció maltratos hacia las personas migrantes: empujones, comunicación violenta y demás violaciones a sus derechos humanos. La Comisión también señaló la llegada al centro de un grupo de hombres deportados de los Estados Unidos y la de un grupo de mujeres. Muchos y muchas iban a ser trasladados hacia otros lugares de la República el día del incendio.
Estos actos se derivan de la implementación del Título 42 en Estados Unidos, que significa la deportación exprés de personas de nacionalidades procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Este marco jurídico niega la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos, y el gobierno mexicano, bajo una justificación “humanitaria”, ha aceptado e implementado una maquinaria de deportación como forma de política de contención migratoria impuesta desde Estados Unidos. Todo este contexto derivó en una tragedia, anunciada por las mismas personas migrantes junto con organizaciones defensoras de derechos humanos.
El domingo, 26 de marzo, la tensión era palpable en el centro de Ciudad Juárez. Había muchas personas en situación de movilidad en la plaza, frente a la catedral Nuestra Señora de Guadalupe, intentando conseguir algo de dinero para pagar alojamiento y comida. El lunes llegaron noticias de redadas en el centro de Ciudad Juárez —policías y agentes del INM habían arrestado a decenas de personas que se encontraban en las calles del centro y también en las cercanías de hoteles de la zona—. Todos y todas fueron enviados a la Estancia Provisional del INM; se había superado la capacidad al interior del centro de detención. La mayoría iban a ser trasladados y expulsados al día siguiente.
En la tragedia que se veía venir, el incendio del 27 de marzo, hasta ahora han fallecido 40 hombres y hay 27 más heridos de gravedad. Habían sido detenidos el mismo día o días anteriores; eran de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia; la mayoría tenía entre 20 y 40 años. Todos soñaban con una mejor vida, una vida en un lugar de paz, con condiciones dignas. Al interior del centro de detención había 68 hombres y 15 mujeres, en un espacio con capacidad para 60 personas.
Quedaron atrapados por el incendio y las rejas que deliberadamente dejaron cerradas los agentes del INM y el personal de una empresa de seguridad privada que labora en la Estancia Provisional, como se puede ver en el video de las cámaras de vigilancia que ha salido en varios medios de comunicación. Los detenidos no pudieron salir y la mayoría de los fallecidos murieron por asfixia. Una gran parte de la noche se escucharon sirenas de ambulancias en toda la ciudad.
Las mujeres, que habían sido detenidas junto a sus parejas, hermanos y primos, salieron a tiempo. Explican que, después de que todo el personal de la Estancia Provisional abandonara su puesto a causa del incendio, una guardia regresó con las llaves y les abrió la reja para que pudieran salir. Luego, todas fueron trasladadas a otro lugar de la ciudad por el INM. Si bien ninguna está físicamente herida, todas se encuentran en un estado de estrés postraumático, pues son familiares de las víctimas directas que murieron en la noche del 27.
Los testimonios de las mujeres sobrevivientes hablan sobre el trato que recibieron por parte del INM después del incendio y confirman, una vez más, que la violencia se ejerce desde esta institución hacia las personas en situación de movilidad forzada. En vez de recibir información sobre sus familiares, su estado de salud, un listado con los nombres de los fallecidos, los heridos graves, los lesionados y el lugar donde se encuentran, lo único que recibieron del INM fueron parte de sus pertenencias que les habían quitado al ser detenidas, sin ningún tipo de registro o etiquetado. No supieron nada sobre sus esposos, hermanos, primos. El INM les comunicó que tardarían alrededor de dos días para entregarles información sobre sus familiares. Sin embargo, desde la noche del 28 de marzo andaba circulando un listado del INM con información no actualizada sobre el estado de los hombres que se encontraban detenidos la noche del 27 —creando angustia y desesperación entre los familiares—. Desde entonces, los teléfonos de las organizaciones locales de defensa de personas en situación de movilidad forzada no paran de sonar: sea desde México o desde los países de origen, familiares llaman a las oficinas en búsqueda de alguna información. Hasta ahora, las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes han tratado de confirmar y actualizar este listado, tarea ardua por la omisión de las autoridades en los dos primeros días.
Los recientes acontecimientos en Ciudad Juárez, como otros casos anteriores de violación de derechos humanos que derivaron en la muerte de personas en situación de movilidad en instalaciones del INM, son el resultado de la política migratoria que se está implementando en toda la región por parte de los Estados Unidos con la colaboración y la complicidad, en este caso, del gobierno de México. No se trata de políticas para garantizar una migración “segura, ordenada y regular”, como claman los países del Norte Global, las agencias humanitarias internacionales y algunos países del Sur Global que las aplican. Son políticas violentas, cuyo único objetivo es impedir el derecho a la migración, impedir el derecho a solicitar el refugio o el asilo, impedir la llegada de las personas que buscan protección en las zonas fronterizas norteñas. Son políticas que violan de manera grave y sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad, y en donde se dejan ver claramente el racismo, la xenofobia, la aporofobia, la deshumanización de las personas que están en situación de movilidad y la violencia como modo de gestión cotidiana de la migración. Son crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados implicados.
Urge cambiar estas políticas migratorias. Urge cambiar el paradigma que las rige. Urge cerrar las estaciones migratorias y las estancias provisionales del INM que son cárceles y de ninguna manera son “centros de acogida” o “albergues”. Urge implementar políticas migratorias que respeten los derechos humanos y reconozcan el valor de la vida de todas las personas, independientemente de su condición migratoria.
Ante el incendio en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, exigimos una investigación independiente que haga un análisis de las cadenas de mando que permitieron esta tragedia y la condena de los responsables en todos los niveles, exigimos la no impunidad. Exigimos también el cierre de las estaciones migratorias, de las estancias provisionales o de cualquier instalación del INM dedicada a la detención de las personas en movilidad. Exigimos que México se niegue de una buena vez a ser la frontera externalizada de los Estados Unidos.
Notas
[1] Ver, entre otros informes, los elaborados por Sin Fronteras o por el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México.