“Se siente como si estuviéramos en el fin de una era”, me dijo Bárbara Sepúlveda el 12 de octubre de 2021. Sepúlveda es militante del Partido Comunista y una de las convencionales del proceso constituyente en Chile. Esta era a la que se refiere Sepúlveda es la del general Augusto Pinochet, quien dirigió el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 1973, derrocando al Gobierno popularmente electo del presidente Salvador Allende. Durante la era de Pinochet, los militares actuaron con impunidad, y la izquierda fue asesinada y enviada al exilio, mientras que las grandes empresas (tanto chilenas como extranjeras) recibieron todas las bendiciones de la dictadura. Esa es la era que se ha ido apagando poco a poco, desde la destitución de Pinochet en 1990 y el voto del pueblo chileno para acabar con la Constitución dictatorial de 1980 y redactar una nueva.
El neoliberalismo nació en Chile y morirá en Chile, dice un eslogan popular, que parece haberse hecho realidad con el fin de la era Pinochet.
Pero Sepúlveda no está segura de lo que vendrá después. “Lo que todos y todas sabemos es que todo es incierto”, dice con franqueza. “Es una oportunidad para empezar una nueva era”. La primera década y media tras la destitución de Pinochet pareció transcurrir entre las sombras. Luego, en 2006, un ciclo de protestas sacudió el país. Fueron lideradas por jóvenes estudiantes, cuyos uniformes blancos y negros identificaron el ciclo: la Revolución Pingüina. Los y las jóvenes exigían un nuevo plan de estudios nacional, así como una reducción de las tarifas de transporte público y gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), entre otros puntos. Durante 2011-2013, ante las insatisfactorias respuestas del Gobierno, se activó un segundo ciclo de movilizaciones, con las mismas exigencias. Las personas que lideraban estas protestas –entre quienes estaban Camila Vallejo, del Partido Comunista, y Giorgio Jackson, de Revolución Democrática– son ahora figuras importantes del proyecto de la izquierda en Chile. Una vez más, en 2011-2013, los y las estudiantes se encontraron con una barrera inmóvil: la Constitución de 1980 se levantaba como una barricada contra sus ambiciones.
A principios de octubre de 2019 se inició un tercer ciclo de protestas estudiantiles a raíz de un alza en las tarifas del transporte público. Las y los “pingüinos” lideraron una campaña de evasión del pago del metro (bajo el lema “¡Evade!”). Las personas que se manifestaron fueron recibidas con una dura campaña de represión que incluyó violentos enfrentamientos con la policía chilena. El 18 de octubre, el Gobierno de derecha, encabezado por el presidente Sebastián Piñera, decretó el estado de excepción durante dos semanas, autorizando el despliegue del ejército chileno contra las protestas, que no hicieron más que intensificarse. La violencia empleada para reprimir posicionó el lema “Piñera Asesino” entre las personas que se manifestaban.
Sobre la revuelta de 2019, Sepúlveda dice que el punto de ruptura del “18 de octubre movió el eje [de la política chilena] más a la izquierda”. Aunque el tercer ciclo de protestas había sido inicialmente una respuesta al alza de las tarifas de transporte, la reacción del Gobierno dejó claro que el país se enfrentaba a problemas estructurales subyacentes mucho más profundos, incluyendo, según Sepúlveda, una “desigualdad abrumadora” y la corrupción. Sepúlveda, abogada cofundadora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM) en 2018 y directora ejecutiva de la misma asociación durante las protestas de 2019, vio en ese momento que no se podían cambiar estos problemas estructurales desde el sistema existente: como mínimo, el país necesitaba una nueva constitución y un Gobierno más progresista. La protesta se amplió para incluir las demandas del movimiento feminista y del movimiento indígena, presionando por cambios económicos y sociales más amplios para abordar la desigualdad de raíz.
Dos focos de lucha
La búsqueda de la nueva era en Chile tiene dos vías importantes: la redacción de la nueva Constitución, que es lo que están haciendo los y las 155 convencionales, y la elección presidencial que se celebrará el 21 de noviembre de 2021.
La convención comenzó a trabajar en julio de 2021 eligiendo a su presidenta (Elisa Loncón) y vicepresidente (Jaime Bassa); tanto Loncón como Bassa se inclinan hacia la izquierda. Hasta ahora, la convención ha redactado su reglamento, lo que – dice Sepúlveda – es más de la mitad del trabajo. La discusión de los temas sustanciales comenzó en la fecha simbólica del 18 de octubre de 2021, dos años después del punto de inflexión de la tercera ola de protestas. Sepúlveda confía en que los acuerdos sobre derechos sociales – para los temas de género y medio ambiente – se produzcan. Dice que “los cambios sociales de este tipo son inevitables”, aunque la derecha calcificada luche por bloquearlos. La verdadera disputa tendrá lugar en torno a un nuevo modelo de desarrollo. ¿Logrará la nueva Constitución hacer retroceder el programa de austeridad estructural que el período post-pinochetista no ha podido socavar hasta ahora?
El 14 de octubre, pasé unas horas con Giorgio Jackson, uno de los líderes estudiantiles de las protestas de 2011-2013, quien es miembro de la Cámara de Diputados de Chile y un asesor cercano a la campaña presidencial de Gabriel Boric. Boric, líder del partido Frente Amplio –que hace parte de la coalición Apruebo Dignidad–, es el candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales de noviembre. Jackson compartió conmigo algunos elementos de un nuevo modelo de desarrollo que adoptaría un Gobierno de Boric, si éste ganara las elecciones presidenciales. En el primer año de la próxima presidencia, se tendría que seguir el presupuesto de Piñera, por lo que sólo se pueden hacer pequeños cambios. Desde el principio, me dijo Jackson, una prioridad para el Gobierno de Boric sería impulsar la reforma de los sistemas de salud y de pensiones, dos ámbitos de gran angustia para los y las chilenas. La construcción de sistemas públicos sólidos de salud y pensiones requerirá recursos, que un Gobierno de izquierda recaudaría de las regalías de la extracción de cobre y asegurando una mejor prevención de la evasión fiscal. Esta agenda profundizará el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo, dijo Jackson.
Pero, admite Jackson, la gente se siente incómoda con la idea de tener una provisión pública de bienes. Daniel Jadue, dirigente comunista y alcalde de Recoleta, coincide en que la verdadera disputa será por la política económica y social. Me dice que las respuestas a los problemas de Chile podrían surgir de una estrecha cooperación entre los municipios. Si la gente tiene una experiencia positiva con la provisión pública local de bienes sociales, podría cambiar el sentimiento general de sospecha que rodea la expansión de los sistemas públicos de salud y pensiones en el país, señaló. La labor de alcaldes como Jadue es crucial para el proyecto general de construcción de un nuevo modelo de desarrollo.
En cuanto a las próximas elecciones presidenciales, Piñera no puede presentarse a la reelección (además, es profundamente impopular). El candidato de la derecha – José Antonio Kast, un fascista declarado – es popular, pero está siendo desafiado por la candidata de centro-derecha Yasna Provoste por los votos de la derecha. Mientras tanto, los capitales han empezado a huir de Chile en previsión de la introducción de una constitución más progresista y la posible entrada en escena de Boric como presidente, tras las elecciones de noviembre.
En un rincón de la sala de Bárbara Sepúlveda se encuentra su colección de cubos de rubik, de diferente dificultad. Es una genia del rubik. Sepúlveda coge uno y juega con él. “Este es más fácil de hacer”, dice de un cubo que parece imposible de desenredar. El cubo es un gran símbolo para Chile. Si personas como Sepúlveda, Jadue, Jackson y Boric pueden encontrar la manera de resolver los rompecabezas que tienen ante sí, entonces quizás habrá una mayor claridad para la nueva era de Chile.