El pasado miércoles 8 de enero campesinos y trabajadores de todos los ramos—desde burócratas del sector bancario hasta operadores de transporte de carga—salieron a las calles en India para protestar en contra de las medidas económicas y políticas del gobierno de Narendra Modi. Bajo la nieve en las regiones montañosas del norte y en el intenso calor de las costas del sur, decenas de millones salieron a las calles y campos del país paralizando importantes vías de comunicación, campos agrícolas y empresas, cerrando bancos, oficinas y tiendas. Según datos de la Central Sindical India (CITU), afiliada al Partido Comunista, en la huelga participaron casi 200 organizaciones campesinas y sindicales regionales y los diez sindicatos regionales más importantes.
La movilización, que tuvo especial repercusión en las regiones de Bengala Occidental, Kerala y las grandes ciudades del país como Delhi, Calcutta y Chennai, representa la culminación de un mes de intensas protestas desarrolladas a lo largo y ancho del país en contra de las destructivas políticas económicas y sociales del gobierno de Narendra Modi. La principal causa de indignación que nutre la movilización popular es el contenido de la reciente Acta de Enmienda a la Ley de Ciudadanía (CAA, por sus siglas en inglés), propuesta por el partido de Modi a principios de diciembre pasado. Esta enmienda constitucional, que cambia los parámetros para la obtención de ciudadanía en relación a las poblaciones minoritarias y migrantes, ha sido vista como una iniciativa fundamentalmente “anti-musulmana”. A la luz del controversial funcionamiento del Registro Nacional de Ciudadanía, que en la región fronteriza de Assam ha despojado de su ciudadanía a casi dos millones de musulmanes, y de la abierta ofensiva en contra de las comunidades musulmanas en distintas regiones de India durante los últimos años, estos miedos parecieran estar justificados.
La CAA se suma a una larga lista de ataques velados en contra de los musulmanes indios perpetrada por el gobierno y organizaciones afines a su agenda en los últimos años. En especial, resalta la derogación del artículo 370 constitucional impulsada en agosto de 2019 por Amit Shah, el Ministro del Interior del gobierno de Modi. Esta medida transformó radicalmente el estatus especial que desde 1949 había definido la relación de la estratégica región de Jammu & Kashmir con la República India. Al derogar una serie de privilegios de la población mayoritariamente musulmana de Kashmir y contribuir a la militarización de la históricamente violentada región, esta medida ha contribuido a promover el temor de la voluntad férrea del gobierno de implantar un nuevo modelo de nación en India, alejado del pluralismo y la tolerancia encabezadas por figuras como Jawaharlal Nehru y M. K. Gandhi durante décadas.
La iniciativa de enmienda constitucional encendió una ola de protestas que han recibido poca atención en los medios masivos de comunicación. En universidades, plazas públicas y calles de todo el país, millones de personas se han movilizado para protestar en contra de lo que se percibe como un ataque directo al secularismo defendido por el gobierno indio desde su fundación en 1947. A la inversa, a los ojos de la derecha hindú encabezada por el Primer Ministro Modi, las protestas y la oposición al gobierno y a su nueva aproximación a la ley son catalogadas como parte de una agenda “anti-india” y “anti-nacional”. Estas claras diferencias reflejan una profunda polarización de la sociedad y la creciente tendencia del actual gobierno a actuar no en pos del bien común sino consistentemente en contra de los intereses de las minorías.
Hay indicios de que las políticas del gobierno están dando lugar a nuevas formas de oposición y protesta. Un importante rasgo de las protestas que se han esparcido por India durante el último mes es la activa y masiva participación de la comunidad musulmana. A pesar de representar a la segunda población musulmana más grande del mundo, esta comunidad rara vez había salido a manifestarse en conjunto en la arena política. Sin embargo, la agenda anti-musulmana de la derecha hindú ha logrado cristalizar la indignación, y el miedo, de esta comunidad lo cual ha generado una nueva serie de posibilidades políticas para el futuro del país.
Por otro lado, las protestas han sido acompañadas por una clara respuesta institucional y partidista a las políticas de Modi. Los líderes del Partido del Congreso, de capa caída en tiempos recientes y debilitados electoralmente desde hace años, se han unido a las proclamas de importantes partidos de izquierda, como el Partido Comunista Indio (CPI), el Frente Progresista (Forward Bloc) y el Partido Socialista Revolucionario (RSP). Después de dos elecciones nacionales—2014 y 2019—en las que el BJP de Modi arrasó con la mayoría absoluta de los votos en la elección del Parlamento, estas incipientes alianzas podrían anunciar también nuevas avenidas de acción para la oposición en India.
Sin embargo, no parece que el gobierno de Modi tenga la intención de dar marcha atrás o alterar su agenda de confrontación política, polarización económica y marginalización de las minorías. Al contrario, cada vez está más claro que la estrategia de los sectores cercanos al régimen seguirá estando basada en la agresión por encima de la conciliación. El pasado 5 de enero un grupo de decenas de encapuchados arribó a las instalaciones de la Universidad Nacional Jawaharlal Nehru—la institución educativa más prestigiosa en el país y un espacio reconocido de activismo y organización estudiantil—con la intención de romper una huelga de estudiantes que protestaban en contra de las medidas del gobierno. Armados con palos y tubos, agredieron a los presentes, mandando a más de 25 personas al hospital, incluyendo a varios líderes del sindicato de estudiantes. Tras dispersar a los estudiantes violentamente, los agresores entraron a la Universidad y durante más de tres horas—periodo durante el cual la policía nunca apareció—se dedicaron a destruir y vandalizar las instalaciones. Los agresores han sido identificados como miembros de la Akhil Bharatiya Vidyathi Parishad (AVBP), una organización estudiantil de ultra-derecha asociada con grupos culturales y políticos cercanos al gobierno de India y al Primer Ministro Modi.
Desde hace años ha sido claro el deterioro de la vida democrática y las condiciones del secularismo Indio. A partir del triunfo de Modi en 2014, los impulsos violentos, autoritarios y excluyentes de los sectores más radicales que apoyan al nuevo régimen se han hecho evidentes tanto en la política militar, económica y social del gobierno, así como en el actuar cotidiano de sus miembros y simpatizantes. En palabras de Arundhati Roy, todo esto pareciera ser la “insinuación del final” de una etapa histórica en la India y el inicio de un nuevo momento más oscuro e incierto.
El pesimismo de Roy es comprensible. Sin embargo, el empuje de la protesta en el que se reúnen las energías de trabajadores, campesinos, estudiantes que representan a amplios sectores de la población aún puede generar alternativas para la revitalización de agendas progresistas en India, el país que encabezó durante décadas el movimiento mundial por la descolonización y el antimperialismo y en el que se patentaron las principales técnicas de desobediencia civil.
La huelga de hace unos días revivió ecos de la gran huelga nacional de 2016, en la que más de 180 millones de personas salieron a la calle a protestar el constante deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y campesinos de India y la erosión de los derechos sindicales que han resultado de las políticas de liberalización de la economía India iniciadas hace mas de dos décadas. Esta fue catalogada como la huelga más grande de la historia. La derecha hindú parece estar ganando la partida, por el momento, pero estos deslumbres de organización y activismo nos permiten pensar que hay otras posibilidades para el futuro de India y en especial para el 2020. Hay que estar pendientes.