Nanette Liberona Concha (Universidad de Tarapacáe, responsable del proyecto Fondecyt 1210602)
Camila Pérez Gallo (miembro del equipo del proyecto Fondecyt 1210602 y colaboradora de AMPRO Tarapacá)
La población venezolana, producto de su masivo éxodo contemporáneo, ha sido racializada en las distintas localidades por las que ha atravesado buscando sobrevivir a la mayor crisis multidimensional de su país. El drama humano que ha vivenciado esta población, tanto en cantidad de personas involucradas como en la crudeza de los hechos, es comparable a otros vergonzosos episodios de la historia de la humanidad en los que el racismo se ha expresado violentamente mediante la humillación, la segregación, la exclusión y la muerte.
Chile ha sido uno de los países en Latinoamérica donde ha llegado esta migración buscando un refugio, un lugar donde perpetuar la vida. Algo que parece tan básico se les ha negado en la mayoría de los países y particularmente en Chile, donde, en lugar de aplicar la ley de refugio y otorgar protección internacional, se irregulariza a esta población mediante la imposición de visas consulares, y se criminaliza, por cruzar las fronteras cerradas en pandemia.
La racialización vivida por esta población ha dado pie para que, en el norte de Chile, en Iquique, una ciudad próxima a la frontera, se produzca un nuevo marcador social/racial que permita su reconocimiento público y su control, dejando la posibilidad de ser atacada, tanto por el Estado como por la ciudadanía. El albergue de Lobito, concebido como refugio para la población expulsada de la ciudad, es el lugar donde se gesta este marcador.
Los ataques de odio hacia la población migrante vienen produciéndose desde septiembre de 2021 en Iquique, un día después de la ejecución del violento desalojo de un campamento improvisado en una plaza pública de la ciudad. La plaza “Brasil” fue ocupada durante nueve meses por numerosas familias migrantes venezolanas que transitaban por la ciudad en búsqueda de regularización, trabajo, salud y reunificación familiar. Al momento del desalojo realizado por el gobierno, en el que la Policía junto a la Municipalidad de Iquique desterraron las carpas, destruyendo sus pocas pertenencias y alimentos, habitaban ahí aproximadamente unas 200 personas, la mitad niños, niñas y adolescentes. Al día siguiente se convocó a una marcha ciudadana antimigrantes que, con toda la violencia avalada por el Estado, imitó el actuar de las autoridades persiguiendo y desterrando campamentos improvisados en distintos puntos de la ciudad, llegando a quemar carpas, colchones, ropa y juguetes pertenecientes a migrantes en situación de calle.
Este triste episodio no fue el único, pues se dio otro ejemplo por parte de las autoridades: el lienzo del Gobernador de Tarapacá. El 25 de enero pasado, el edificio de la Gobernación regional amaneció con un gran lienzo en su frontis que decía: “Crisis migratoria, inseguridad y delincuencia nunca antes vivida en Tarapacá. Gracias presidente Piñera por el legado.”
A través de esta frase se da pie forzado a interpretar que existe una relación directa entre delincuencia y migración, cuestión que no se evidencia en los datos (Daniel Quinteros en Twitter, 4 de febrero de 2022). No obstante, este mensaje respaldó otras manifestaciones xenófobas que llegaron hasta paralizar la ciudad, incluyendo el cierre parcial del comercio y total del aeropuerto. Es así como el 31 de enero, grupos reducidos de nacionalistas cortaron los principales accesos y rutas de Iquique, con barricadas y banderas negras, atacando nuevamente a la población migrante venezolana. En lugar de reprimirlos, fueron custodiados por Carabineros de Chile. Estos hechos han sido acompañados de una campaña comunicacional de odio a través de fake news por RRSS. Deliberadamente se ha inculpado a venezolanos por desórdenes en la vía pública, actos delictivos e incluso una toma de rehenes en una clínica, a través de la manipulación de fotografías y videos, cuya falsedad ha sido demostrada y desmentida por la Policía y medios locales. Estas acciones mediáticas, no hacen más que encender el odio, la violencia y la sensación de caos en la región.
Lobito es un albergue financiado por ACNUR, ubicado a 22 km al sur de la ciudad de Iquique, en el desierto costero del norte de Chile. Cabe recordar las condiciones de aridez extrema del paisaje y del clima desértico, con una alta radiación diaria y bajas temperaturas nocturnas, que dificultan la habitabilidad. Sólo se puede llegar al sector del albergue en vehículo particular, pues no hay transporte público en esa dirección que lleva, coincidentemente, al aeropuerto en el que se han ejecutado varios operativos de deportación de migrantes. De acuerdo a información entregada por personal a cargo, actualmente habrían 140 hombres, 78 mujeres, 15 lactantes y 77 niños/as dentro del recinto y 47 hombres, 24 mujeres, 11 lactantes y 25 niños/as acampando afuera. Personas que han debido huir de la ciudad tras las últimas manifestaciones de odio de las que han sido víctimas.
Lobito está en un terreno descampado, sin agua ni instalaciones sanitarias básicas, perteneciente a la Universidad Estatal Arturo Prat. Cuando fue propuesto para la instalación de un albergue, tanto organizaciones sociales como académicos/as nos opusimos, argumentando que era el lugar propicio para transformarse en un centro de detención de migrantes, previo a deportaciones. Asimismo, planteamos que sería muy complejo estar en un lugar tan lejos de las fuentes de trabajo, así como de difícil acceso para las organizaciones sociales y personas que solidariamente colaboran con alimentación, agua, atenciones y derivaciones de salud y otros insumos básicos para la subsistencia de cientos de migrantes. A pesar de la oposición y advertencias, el Delegado Presidencial de Tarapacá (representante designado por el gobierno central) tomó la decisión de privatizar la administración del albergue, entregando el financiamiento a la productora “370 Limitada”, por un monto de M$ 564.012.698 (700.000 USD aprox.) a través de la licitación pública N°3458/21.
A pocos días de su apertura, se identificó que las personas recibían como alimento únicamente una caja de jugo y una galleta de avena diaria. Esto, considerando la alta presencia de niños y niñas, así como el estado de desnutrición en el que se encuentran sobre todo mujeres en período de lactancia y gestación. Como no pueden trabajar en el lugar, caminan hasta 4 horas para llegar a Iquique y tratar de conseguir algo que les permita llevar a sus familias comida y agua. Asimismo, rápidamente se identificaron unos 50 contagios de COVID-19 debido al hacinamiento, así como afecciones gastrointestinales producidas por la mala calidad del agua dispuesta para consumo.
Al alertar sobre esta situación, la productora tuvo que aumentar sus gastos en alimentación. Sin embargo, el tratamiento que actualmente está recibiendo la población albergada es comparable a la de un centro de detención, pues se ha impuesto un sistema de identificación que nos recuerda a los marcadores sociales utilizados en el Holocausto: una pulsera de plástico. La pulsera funciona como controlador de la población, de sus movimientos y de su comportamiento. No se la pueden quitar cuando salen del recinto, pues sólo se quita rompiéndola, por lo que las personas que salen a trabajar deben llevarla puesta, distinguiéndose claramente su identidad asociada a la delincuencia.
Esta pulsera otorga el derecho a recibir tres comidas diarias: a las 7 am un snack y una botella de agua, a las 4 pm y a las 11 pm una comida principalmente basada en carbohidratos. La absurdidad es tal que no abastecen de agua, pero entregan leche en polvo para dos tazas diarias por infante. Si alguien no está presente al momento de la repartición de los alimentos, no los pueden recibir, pues no se permite guardar ni compartir las raciones. Internamente, se ha establecido un sistema brutalmente antiético de premios y castigos al respecto, ya que la administración del albergue premia con mayores y mejores raciones de comida a quienes presentan un “buen comportamiento” dentro del recinto y castiga a través de la privación a quienes considera que no están “portándose bien”.
La licitación a través de la cual la productora recibe los fondos internacionales para la gestión de esta población menciona algunas condiciones para el buen uso de los recursos, aclarando las multas por incumplimiento. No obstante, ¿quién fiscaliza que se cumpla con el “servicio”? Sólo la Delegación Presidencial autoriza el ingreso al recinto y no lo ha permitido a organizaciones de apoyo a migrantes. Entonces, ¿quién actúa como observador y garante del resguardo de los derechos humanos de las personas erradicadas de Iquique y recluidas en Lobitos? La institución que debería asumir este rol, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no ha estado presente.
Es así como nos encontramos frente al despliegue de una política de control de las migraciones, tal como ha sido diseñada y aplicada a nivel global, la migration management de la OIM y otros organismos de las Naciones Unidas. López-Sala y Godenau enumeran cuatro tendencias globales respecto al “control de la migración irregular”, entre las cuales señalan “la ampliación de las redes de esta política, con un incremento de la participación de diversos tipos de actores públicos y privados” (López-Sala y Godenau, 2017, p. 6). Podemos asombrarnos de que, ante una de las mayores crisis humanitarias de las últimas décadas, el gobierno de Chile delegue la responsabilidad de los derechos fundamentales de las personas migrantes a una empresa con fines de lucro, sin embargo, también podemos darnos cuenta de que eso es parte de la nueva forma de gestionar a esta población, vulnerando el derecho a la movilidad de las personas, incluso cuando se trata de migraciones forzadas.
El odio y la violencia xenofóbica manifestada en las marchas antimigrantes entre septiembre 2021 y febrero 2022 (“unas 6 mil personas se manifestaron en Iquique contra la migración irregular: hubo ataque a carpas”, El Mostrador, 30 enero 2022), que se han realizado en Iquique y en otras ciudades del norte de Chile, nos pone frente a un alarmante escenario respecto a la creciente llegada de personas desde Venezuela y otros países latinoamericanos. En la presente coyuntura política y la asunción del presidente electo, Gabriel Boric, esto significa sin duda uno de los desafíos del nuevo gobierno y de la nueva Constitución, generar una política migratoria que entienda la movilidad como un derecho, dirigida también a transformar una cultura del racismo tristemente arraigada en Chile.
Referencias
López-Sala, Ana y Godenau, Dirk (coords.), Estados de contención, estados de detención: el control de la inmigración irregular en España, Anthropos, Barcelona, 2017, p. 6
Esta columna se realiza en el marco del proyecto Fondecyt 1210602 “Refugio en Chile: producción de corporalidades e impacto en la salud de los cuerpos en movilidad”, en colaboración con AMPRO Tarapacá.