Sábado 18 de abril de 2020. 7:20 pm. El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, da su reporte diario de la situación de la epidemia de COVID-19. Es habitual su tono pedagógico: explica, ofrece ejemplos, algunas cifras. Sin embargo, hay algo que desentona en sus conferencias. Esas digresiones, acostumbra a hacerlas en la ronda de preguntas y respuestas en las que atiende las dudas de los reporteros. En esta ocasión se ha adelantado para explicar algunas características de la neumonía, como si no lo hubiera hecho antes. Evidentemente está haciendo tiempo para el apercibimiento que Secretaría de Gobernación haría en esos minutos en su cuenta de Twitter.
El destinatario, como muchos ya están enterados, fue Televisión Azteca por el llamado a desobedecer las indicaciones de este mismo subsecretario durante la emergencia sanitaria. Veamos algunos de los significados de este apercibimiento. En primer lugar, no es un hecho histórico o sin precedentes, como muchas personas lo expresaron en sus redes sociales. A nivel federal, las administraciones recientes han sido más cuidadosas al decidir en qué momento aplican estos mecanismos de control, en qué momentos los hacen públicos y sobre todo el sustento legal que hay detrás de ellos. No estoy hablando del acoso hacia ciertas voces periodísticas, como José Gutiérrez Vivó, Carmen Aristegui o Lydia Cacho, los más conocidos, aunque no los únicos.
Va un antecedente. Hace tres años, en enero de 2017, luego de que un alumno de nivel básico del Colegio Americano, en Monterrey, atentara con un arma de fuego contra varios de sus compañeros, una maestra y después se suicidara, diversos medios de comunicación comenzaron a difundir imágenes de los cadáveres y un video en el que se mostraban el momento de la agresión. Esa misma tarde, la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un llamado público a los directivos y dueños de los medios a no reproducir esas imágenes. Para los entendidos se trató de una orden. El sustento ético y legal era irrebatible, y la totalidad de los medios la acató.
Pero volvamos al 2020. Días antes de este apercibimiento a TV Azteca, el gobierno federal anunció sanciones a dos diarios de Chihuahua: El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua. El motivo fue la publicación –sin el rigor periodístico de la verificación– de fotografías de cadáveres con la indicación de que se encontraban en hospitales de esta entidad. Para ellos no hubo mensaje amistoso por parte de la Presidencia.
Con las particularidades de cada caso, estos hechos comparten el haber tenido un motivo de interés público y general, tuvieron sustento legal, y en estricto sentido se trataron de actos de censura. ¿Somos verdaderamente conscientes del llamado que muchos usuarios de redes sociales hicieron sobre el retiro de concesión a TV Azteca? Este acto de censura, motivado por un cuestionable llamado a desobedecer los lineamientos de la autoridad sanitaria y la avaricia, es un precedente que podría abrir en un futuro el debate entre interés público y libertad de expresión.
La noche del lunes 20 de abril, durante el noticiero Hechos de la noche vimos la respuesta de esta televisora al apercibimiento de Segob. Se trató de una breve entrevista con el subsecretario de Salud en la que privó la cordialidad y la comprensión por parte del conductor con el funcionario. La entrevista a un personaje anteriormente desfavorecido en una cobertura o comentario editorial es una de las estrategias más comunes utilizadas por los medios para mitigar o matizar mensajes anteriores. Después vino la editorialización. Minutos después de esta entrevista, el mismo conductor hizo un llamado a “no vivir con miedo” y presentó en su barra noticiosa la historia de un hojalatero que ante la contingencia sanitaria ha visto reducidos los menguados ingresos con los que vive él y su nieta. Imposible no conmoverse por la precariedad de esta familia; reprobable la musicalización y la dramatización habitual en este noticiero.
El mensaje: “Ahí muere. Tú ganas. Pero no cambiamos nuestra postura”. En estricto sentido están en su derecho a mantener sus coberturas dramáticas y alarmistas, como los televidentes tienen el derecho a buscar otras opciones que satisfagan sus exigencias informativas.
Hay quienes han reflexionado sobre la censura. Una de las conclusiones a las que se puede llegar de la lectura de Censores trabajando, del historiador Robert Darnton –quien en su juventud fue reportero de The New York Times antes de dedicarse a los estudios históricos sobre el mundo editorial y su control gubernamental– es que la mayoría de los gobiernos cuenta con un aparato burocrático que le permite ejercer la censura, una actividad que se ha ido regulando con el paso de los años y la consolidación de instituciones democráticas.
Podemos entender las razones de estas llamadas de atención hechas por la autoridad pero debemos ser cuidadosos con aplaudirlos. No pueden convertirse en regla en la relación del gobierno con la prensa. De esto también hay una alta responsabilidad en los mismos medios. La exhibición poco aseada de los hechos y las editorializaciones irresponsables dan pie a reacciones de este tipo y a la reprobación de lectores más exigentes con la veracidad y la ecuanimidad.
En muchos medios abunda un manoseo informativo, señalado oportunamente por los lectores; pero no podemos dejar de largo que existe un manoseo de información fomentado lo mismo por ex funcionarios ávidos de sembrar cizaña y por aquellos que, desde el oficialismo, tienen otros datos.