Primera parte
Ecuador transita por uno de los ciclos de protesta social más intensos de su historia, desde que el gobierno de Lenin Moreno anunciara la implementación de un paquete de medidas de austeridad, como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) negociado a inicios de este año. Aunque las cifras no están todavía consolidadas, la Defensoría del Pueblo y organizaciones nacionales de derechos humanos hablan de al menos ocho muertos y más de mil detenidos, muchos de ellos sometidos a distintas vejaciones, que han ido desde golpizas, incomunicación, restricción de acceso a la defensa hasta un debido proceso judicial. Se trata de uno de los peores episodios de represión al menos desde el periodo de la dictadura militar entre 1976 y 1979 o el gobierno derechista de León Febres Cordero entre 1984 y 1988, ambos históricamente señalados por graves violaciones de derechos humanos.
La naturaleza del paquete de medidas es típicamente neoliberal, parte del recetario prescrito por el FMI desde hace décadas, en el cual los costos de las crisis capitalistas son trasladados a la mayoría de la población. Se trata no solamente de la eliminación de subsidios a varios tipos de combustibles que son utilizados en el transporte urbano, el de carga y actividades de pesca —lo cual tiene un impacto directo en la elevación del costo de la vida por vía de un alza de los pasajes e inflación en los precios—; sino también de un proyecto de reforma laboral que “liberaliza” las condiciones de contratación, reduce salarios en un 20% a trabajadores públicos y obliga a contribuir con 12 días de salario al año, reduciéndose además el periodo de vacaciones a la mitad. Más aún, el paquete incluye sendos incentivos para el sector privado empresarial, como exención de impuestos y otros estímulos.
Desde que inició la implementación de las medidas neoliberales y el acuerdo, más de 23 mil empleados públicos han sido despedidos aumentando los índices de desempleo y empobrecimiento entre la población. Según datos oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, entre junio del 2018 y junio del año en curso, 232 019 personas cayeron en la pobreza en Ecuador y 115 872 entraron en extrema pobreza. El gobierno señala que se trata de una crisis heredada por el periodo anterior del expresidente Rafael Correa, pero en el último año el sector bancario en Ecuador tuvo ganancias por más de 554 mil millones de dólares y el gobierno perdonó alrededor de 4 295 mil millones en impuestos al sector empresarial. No extraña, por tanto, que cientos de miles de personas pertenecientes sobre todo a las clases populares consideren el paquete de medidas como una auténtica declaración de guerra.
Sin embargo, la historia de estos últimos días echa sus raíces mucho tiempo atrás y es necesario remontarse al bloqueo que impusieron la izquierda, los movimientos sociales ecuatorianos -sobre todo el indígena- y sectores populares, a la aplicación de paquetes de medidas similares durante la década de 1990. Este bloqueo, en medio de la mayor crisis económica en la historia del país producto de la aplicación de medidas de austeridad, derivó en el derrocamiento de los presidentes Abdalá Bucaram en 1997 y Jamil Mahuad en el 2000, tras fuertes movilizaciones populares. Existe un acumulado histórico de luchas sociales anti neoliberales en Ecuador, que permite comprender no solamente el amplio rechazo actual a las medidas, sino también otros hechos precedentes, como la llegada al poder de Rafael Correa en el año 2007, quien embanderó un discurso antineoliberal y muchas de las reivindicaciones presentes en el programa de lucha de la izquierda y los movimientos sociales, prometiendo además la completa refundación del país.
En un primer momento, Correa impulsó un proceso reformista cuyo punto más alto fue el establecimiento de una asamblea nacional constituyente, la cual contó con el respaldo de la izquierda y los movimientos sociales. Aparte de múltiples avances en la Constitución promulgada en el año 2008 —como los derechos de la naturaleza, el derecho a la resistencia y los principios para otro modelo de desarrollo con preeminencia de la soberanía económica—, se produjeron varios mandatos constitucionales en materia laboral, como la eliminación de la tercerización de servicios y la prohibición de la contratación por horas. A pesar de dichos avances, en un segundo momento que inicia alrededor del año 2009, Correa entra claramente en una deriva regresiva, desacoplándose paulatinamente de la plataforma política original que le llevó al poder y entrando a su vez en abierta confrontación con gran parte de la izquierda y los movimientos sociales.
El actual presidente Lenin Moreno sirvió como vicepresidente de Correa hasta el 2013, año en que se retiró a un encargo diplomático como enviado especial de las Naciones Unidas para discapacidad en Ginebra. En el mismo año, Correa fue reelegido para un periodo adicional nombrando como vicepresidente al ex ministro Jorge Glas, quien, al cabo de cuatro años, volvería a ser compañero de fórmula esta vez del propio Lenin Moreno para las elecciones generales del 2017. Durante los últimos cuatro años del periodo de Correa, el giro político hacia políticas de derecha fue patente. Dado que entre el 2000 y el 2014 existían altos precios de commodities como el petróleo en el mercado mundial —recurso del cual depende en gran medida la economía ecuatoriana—, Correa aumentó no solamente el ritmo de la extracción petrolera, sino que también abrió el país a la minería industrial a gran escala, lo que provocó serios impactos sociales. En este escenario de altos ingresos buscó financiamiento de otras fuentes distintas al Banco Mundial o el FMI, como ya había acontecido en los noventas, esta vez con China.
Este ciclo de dependencia, extractivismo desaforado y sobreendeudamiento ya había sido experimentado en el Ecuador durante la década de 1970. El llamado “boom petrolero” y posterior sobreendeudamiento, condujeron al país a una crisis de la deuda externa a lo largo de la década de 1980. Como los hechos de la historia suelen acontecer primero como tragedia y luego como farsa, una vez que volvieron a caer los precios del petróleo a partir del 2014, la economía ecuatoriana entró en crisis. Correa (un economista que se autodefine como “keynesiano”), no pudo mantener los ritmos de gasto que habían convertido al Estado en el principal motor de la economía durante los siete años previos y estimulado un alto nivel de consumo, sobre todo en las clases medias. La situación obligó a Correa a acentuar algunas medidas de ajuste que anunciaron el retorno a la hoja de la ruta neoliberal y que llegaron inclusive hasta la firma de tratados de libre comercio, como por ejemplo con la Unión Europea. Este contexto de crisis económica, sumado a una creciente deriva autoritario-represiva y al aumento de escándalos de corrupción, condujo finalmente a una fuerte erosión política de su gobierno.
Para las elecciones del 2017 el país enfrentaba una encrucijada: en una orilla, un gobierno que había renunciado al programa transformador que le llevó al poder; autoritario, desgastado y asediado por escándalos de corrupción. En la otra, el retorno al neoliberalismo por vía expedita, opción representada por un banquero del Opus Dei, Guillermo Lasso. Dado que Correa no podía reelegirse inmediatamente, dentro de las filas gobiernistas se buscó una figura moderada y sin desgaste. Moreno, que por su ausencia del país conservaba aún una buena imagen, fue el elegido. Se requirieron dos vueltas electorales; fue una victoria apretada. Al cabo de pocos meses, las contradicciones internas dentro del movimiento gobernante (Alianza País) comenzaron a volverse explícitas, y terminaron por estallar cuando se implicó judicialmente al vicepresidente Jorge Glas en la trama de sobornos de la empresa brasileña Oderbrecht y otros escándalos de corrupción. Esto, sumado a las críticas cada vez más fuertes del ala leal a Correa, condujo a Moreno a romper con sus antiguos compañeros de partido y a trabajar en un esquema de diálogo tendiente a un acuerdo político con aquellos sectores que habían sido confrontados por Correa.
A razón de que la Corte Constitucional, la Función Judicial, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría Pública, la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y el resto de instituciones públicas y de control estaban bajo control de Correa, el primer año y medio de gobierno de Moreno se concentró en la recuperación, por decirlo de alguna manera, de la institucionalidad del país. Para ello llamó a un referéndum en el cual la población aceptó que el Consejo de Participación Ciudadana (una de las innovaciones de la Constitución del 2008) evalúe a dichas instituciones y —de encontrar responsabilidades u omisiones—, cese en sus funciones a sus integrantes. Dado que algunas de estas instituciones habían sido utilizadas para criminalizar y perseguir a la izquierda y a movimientos sociales, dicho proceso contó con su apoyo hasta finales de mayo del 2019. Aparte de este proceso político, Moreno también buscó estabilizar una economía que mostraba signos de crisis desde al menos el 2015. Varios ministros pasaron por el gabinete, desde moderados hasta ortodoxos, hasta que a inicios del 2018 terminó por decantarse por un ministro de finanzas proveniente directamente de las cámaras de industrias y producción, como forma de granjearse su respaldo político.
El resquebrajamiento del movimiento Alianza País en dos facciones, la leal a un Correa exiliado en Bélgica y aquella que apoya Moreno, produjo un fuerte debilitamiento del régimen. Ello obligó a Moreno a buscar otros aliados. Y aunque en un inicio la izquierda formal y los movimientos sociales vieron con buenos ojos algunas medidas que reparaban de alguna manera la persecución y oprobios a los que fueron sometidos durante el periodo de Correa, poco a poco Moreno también fue enfilándose hacia la derecha. Dicho tránsito, desde la moderación social demócrata al neoliberalismo más craso, llegó a su cénit con el retiro de Ecuador del tratado constitutivo de UNASUR y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el mes de marzo, la expulsión de Julián Assange de la embajada de Ecuador en Londres en el mes de abril, así como el creciente despido de miles de trabajadores públicos e inicio de procesos de privatización de bienes y servicios públicos. Todos estos acontecimientos eran evidencia de que, una vez más, el país había entregado la soberanía de sus decisiones políticas y económicas, al tiempo que las organizaciones de izquierda, los movimientos sociales (especialmente el movimiento feminista), los estudiantes y demás sectores del campo popular empezaban también a organizar las primeras acciones de resistencia y lucha. Pero nadie en Ecuador hubiera podido imaginar en aquel entonces lo que estaba a punto de acontecer después.