Hace apenas un mes y algunos días, miles de mujeres desbordaban las calles de distintas ciudades de México exigiendo al Estado que se hiciera cargo, con medidas reales y efectivas, de combatir estructuralmente la desigualdad y la violencia de género. Aunque el fantasma del COVID-19 ya flotaba en el ambiente (tan sólo 9 días antes se había diagnosticado el primer caso en México), éste no estaba ni remotamente presente en la mente de quienes marchábamos, en ese histórico domingo del 8 de marzo, por una vida digna y libre de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres en este país. No imaginábamos que tan sólo un mes después la cotidianidad de millones de mexicanas y mexicanos cambiaría radicalmente.
Las medidas del distanciamiento social iniciado oficialmente en México el 23 de marzo, mediatizadas a través de la campaña “Susana Distancia”, han sido fundamentales para buscar reducir el número de contagios y poder así gestionar los recursos de salud pública para las y los enfermos graves. Sin embargo, han traído, al mismo tiempo, efectos colaterales graves que afectan directamente la vida de miles mujeres, niñas y niños, para quienes el hogar está lejos de ser un lugar seguro. Esta realidad, que el Presidente sigue negando en sus discursos sobre la familia mexicana, se ve agravada por dos factores directamente relacionados con la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Como bien lo señala Equis.org, la crisis económica derivada de la suspensión de actividades no esenciales puede generar frustración, miedo al desempleo y angustia de no poder cubrir las necesidades básicas del hogar, y con ello agravar la violencia intrafamiliar. Asimismo, el resguardo mandatado por las autoridades implica un aislamiento que trae como consecuencia directa la reducción o la supresión del acceso a las redes de apoyo con las que, por lo general, cuentan las mujeres que viven situaciones de violencia.
Frente a este panorama, es tarea central y urgente del Estado proponer acciones claras y efectivas para la atención y protección de todas las mujeres, disidencias, niñas y niños que se han visto obligadas a convivir con sus agresores las 24 horas del día.
Diversos organismos internacionales como ONU-Mujeres o la CEPAL han exhortado a las y los jefes de Estado a tomar medidas que garanticen la seguridad económica, física y mental de las mujeres e implementar políticas públicas que tomen en cuenta la perspectiva de género para mitigar los efectos adversos de las distintas crisis que producirá la pandemia. En el caso específico de la atención y protección para mujeres que sufren violencias intrafamiliares o ejercidas por sus parejas, estas mediadas implican, en primer lugar, garantizar que las líneas de atención telefónica y todos los servicios de atención a víctimas de violencia sean considerados como “servicios esenciales” y no dejen de funcionar durante la contingencia. En México, InMujeres firmó en 2016 un convenio con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que la línea 911 atendiera los casos de violencia de género. Este es el número que aparece en la campaña informativa elaborada por esta institución a raíz de la contingencia sanitaria bajo la frase “No estás sola, seguimos contigo”. Junto con el 911, de cobertura nacional, existen también servicios telefónicos por estado que atienden específicamente los casos de violencia de género, los cuales, en principio, no han interrumpido sus funciones.
Algunos medios han reportado el aumento, durante el mes de marzo, tanto de las llamadas al 911 como a la “Línea Mujeres” del Locatel de la Ciudad de México (Animal político). Si bien es todavía prematuro afirmar que este tipo de llamadas ha incrementado durante la contingencia (recordemos que las medidas de distanciamiento social iniciaron el 23 de marzo, por lo que también pudieron haber intervenido otros factores en el mayor número de llamadas reportado durante este mes), no es de extrañarse que las situaciones de violencia en el hogar se agudicen y, en ese sentido, es fundamental garantizar esta primera línea de contacto a todo momento y en todo lugar.
En situación de resguardo domiciliario las llamadas telefónicas (y los chats tipo WhatsApp) son el medio más accesible para que las mujeres puedan entrar en contacto con las instancias que atienden los casos de violencia de género. Sin embargo, es importante también considerar que no todas las mujeres, y pienso principalmente en aquellas que viven en comunidades aisladas o en situación de extrema pobreza, tiene acceso a un teléfono en sus domicilios. ¿Cómo garantizar que estos grupos, doblemente vulnerables, puedan establecer este primer contacto?
Pero además este es sólo el inicio de todo un proceso de atención y protección para las víctimas. De nada sirve tener un número telefónico si el llamado no va a ser debidamente atendido. Una de las principales demandas de la marcha del 8 de marzo (y que ha sido una constante en los movimientos feministas y de protesta de mujeres mexicanas en los últimos años) es la nula capacidad del sistema judicial para atender, investigar, dar seguimiento y protección a las denunciantes y, finalmente, sancionar debidamente los actos de violencia de género en el país. Es en este sistema de (in)justicia constante donde debe de reforzarse el trabajo del Estado en esta contingencia. Como lo señalan la Alianza Feminista por los Derechos (FAR por sus siglas en inglés), la pandemia traerá, además de lo ya señalado, una concentración de los recursos públicos en la atención sanitaria. Si bien la reasignación presupuestal es necesaria, esto no debe ser motivo de descuido o disminución del presupuesto asignado a otras políticas e instituciones del Estado, como aquellas que intervienen en la atención a las víctimas de violencia, incluidos los tribunales, la policía, los refugios para víctimas y los centros de justicia para las mujeres. En este sentido, es fundamental la asignación de recursos del presupuesto anual para los refugios, albergues y casas de tránsito que operan en este país y que todavía siguen operando con reservas de dinero y donativos, como lo expresa el comunicado emitido el 7 de abril por Equis Justicia para las Mujeres, Amnistía Internacional y la Red Nacional de Refugios. Si bien hubo una respuesta inmediata del Indesol, quien ha agilizado el proceso de selección y revisión de proyectos, el último paso está en la Secretaría de Hacienda para que libere la primera ministración este mes de abril.
A principios de marzo el tema central en la agenda pública mexicana era la exigencia al Estado de medidas efectivas para combatir la situación de profunda vulnerabilidad que sufren muchas mujeres frente a la violencia. Aunque el tema central se ha desplazado radicalmente a la genuina preocupación por la emergencia sanitaria en la que estamos metidos y que seguramente se agravará en las próximas semanas, es fundamental que sigamos buscando las maneras de exigirle al Estado que las acciones contra la violencia de género sean verdaderamente efectivas. Hay muchos frentes que debemos impulsar, el primero es preguntarse cómo garantizar los fondos suficientes dentro del plan económico anunciado por AMLO hace unos días, el cual no propone cambios sustanciales para afrontar las diversas crisis que se agudizarán con la pandemia. ¿Cómo seguir exigiendo a los gobiernos federal, estatal y local que fortalezcan las redes de atención a la violencia de género, consideradas como tareas esenciales ante la emergencia del COVID, sin un aumento del gasto público? Es momento de repensar las formas en las que seguiremos luchando, de imaginar las maneras de extender las redes de apoyo a las mujeres víctimas de violencias para que realmente no estén solas. Solo así podremos lograr espacios seguros para todas las mexicanas, solo así podremos alentar el respeto a Susana Distancia sin que ésta se convierta en la pesadilla de muchas que, obligadas a permanecer en casa, arriesgan su integridad y su vida sin la posibilidad de sanar.