Sobre el “buen” refugiadx en la Unión Europea y América del Sur:
reflexiones a partir del exilio ucraniano

A cinco semanas del 24 de febrero, cuando Rusia inició los ataques contra Ucrania, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha contabilizado 6.5 millones de desplazados internos y 4 millones de exiliados en Europa. Este conflicto se asienta sobre las cenizas de la Guerra Fría y nace a consecuencia de una nueva recomposición del orden global. La hegemonía de los Estados Unidos está a prueba de varias maneras. Se cuestiona la proximidad de la Unión Europea (UE) con la OTAN y sus capacidades de “hacer bloque” al lado de EE.UU. Este primer elemento pone a prueba el escenario internacional, para determinar si sigue dominado por el poder estadounidense o si estamos en una fase clave de la recomposición del multilateralismo global. De manera comparable al conflicto sirio frente al ucraniano, un segundo elemento que se vislumbra es que Rusia se moviliza para (re)afirmarse como un polo de poder independiente y fuerte según la lectura multilateral (está vez a lado de otros polos de poder, como China, por ejemplo). Así, EE.UU quiere salir militarmente de Europa, delegando la responsabilidad de cuidar la seguridad y la paz de la zona a la Unión Europea y la OTAN, para reposicionarse frente a su gran rival chino, sin llevar abiertamente un conflicto militar en contra de Rusia. 

Por otro lado, Putin tiene fuertes ambiciones para Rusia en el escenario global multipolar, e intenta reconstruir un sólido poder ruso. Entre lógicas de protección y de mantenimiento de la región soviética de influencia, busca conservar una zona tapón entre Rusia y la UE/OTAN. Entre dinámicas internacionales e internas, Putin pretende aumentar su legitimidad uniendo al pueblo ruso alrededor de su persona, utilizando una retórica nacionalista y conservadora para justificar la guerra, usando su fuerza autoritaria en contra de sus oponentes internos (periodistas, clase media atraída por la cultura occidental, etc.). Los que desafían su zona de influencia, como Ucrania, se ven atacados. Actualmente Rusia está bajo investigación por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra (edificios civiles destruidos, uso de bombas de racimo, sospecha de uso de armas químicas, asesinatos de civiles).

Frente a esta tragedia, la UE y otros países del Norte Global han abierto sus puertas, dejando claro que es posible acoger a las poblaciones desplazadas cuando existe voluntad política. La UE activó por primera vez la Directiva sobre protección temporal. Esta iniciativa busca evitar respuestas aisladas por parte de los Estados miembros, así como medidas ad hoc en tiempos complicados para el bloque, que busca reformar su política de asilo común. 

Desde diversos sectores de la sociedad se ha señalado lo inusual de esta política benevolente. Nunca antes frente a otras situaciones de guerras o conflictos armados internos, se vio una respuesta tan abierta a la llegada de miles de personas refugiadas. Por ejemplo, entre 2014-2015, con la guerra de Siria iniciada por Bashar al-Assad y alimentada por el Estado Islámico, 6.6 millones de personas huyeron de su país (4 millones se refugiaron en países vecinos y 1.05 millones huyeron a la UE). Esta movilización fue calificada de “crisis migratoria” por Europa, escondiendo con está denominación una crisis de la acogida y el refuerzo de la fortaleza europea (en derecho como en práctica), delegando la gestión de poblaciones migrantes y de seguridad a otros países, como la Turquía de Erdogan. 

Es así  que mientras se acoge a la población ucrania, también se mantienen feroces y racistas políticas de control hacia otras poblaciones, mediante la externalización de las fronteras, las expulsiones masivas o las detenciones de migrantes. Esta doble moral ejemplifica la convivencia entre políticas de hostilidad y políticas de hospitalidad selectiva. Pero en lugar de verlas como opuestas, es necesario observar la imbricación entre, por un lado, las políticas de acogida que con criterios y limitaciones definen al “buen refugiadx”, el que merece protección; y por otro lado, las políticas que rechazan otras poblaciones por no cumplir con ciertos criterios, como de raza y género. Como ejemplos tenemos  la negación de la salida del territorio y de la acogida en distintos países europeos a estudiantes de África y de la India que se encontraban en Ucrania. Además, mujeres trans ucranianas también se han visto impedidas de buscar protección en otros países, por problemas documentarios, pero también por miedo a las políticas hostiles contra su comunidad en países como Hungría o Polonia. Otro ejemplo fue el desalojo de menores no acompañados africanos de una vivienda para dar espacio a familias ucranianas en Francia. Así la acogida de la población ucraniana exiliada contrasta en países de la UE con la gestión de migrantes y de exiliados provenientes de otras zonas del mundo, una gestión racializada discriminante.

Otro punto importante de contradicción en esta política de acogida es que a pesar de identificar y designar a la población ucraniana como refugiada, las respuestas dadas se limitan a protección temporal. Con ello, observamos una vez más la fragmentación y el debilitamiento de la etiqueta de refugiado y la necesidad de debatir sobre las categorías en relación con la movilidad humana y su supuesta neutralidad. Optar por la protección temporal es una solución a medias que permite a los Estados guardar un cierto control sobre estas poblaciones. En muchos discursos, se observa también la visión económica y utilitarista de la migración, dejando de lado una verdadera política de apertura de fronteras, más allá del estatus socioeconómico o la raza.

En América del Sur, si bien el reto migratorio fue durante muchas décadas la emigración, poco a poco ciertos países cambiaron su perfil migratorio por el de países de tránsito y de destino de nuevas poblaciones, principalmente de la región. Esto se explica por un reforzamiento de los controles en el Norte Global que extiende sus políticas de externalización al sur de sus fronteras y también por el emerger de destinos relativamente atractivos en el Sur del continente. Las movilidades haitianas, cubanas, dominicanas, colombianas,  senegalesas y más recientemente las venezolanas, dan cuenta de una región atravesada por la movilidad en todos sus sentidos.

Las respuestas frente a estas movilidades han sido también caracterizadas por la oscilación entre la acogida y el control. El caso de la migración venezolana ilustra muy bien esta contradicción. Los debates sobre si son o no refugiados y si hay necesidades “humanitarias” de acogida siguen siendo centrales en muchas esferas. Con ello, es necesario seguir cuestionando el crecimiento exponencial de los estatutos próximos al refugiado que ponen en jaque la universalidad del refugio promoviendo una gestión de la excepción y, con ello, una gestión sumamente arbitraria que afecta profundamente a la población más estigmatizada. Si bien se reconoce en numerosas instancias las múltiples crisis que vive Venezuela debido a un régimen autoritario y un Estado en vía de colapso, las posturas tanto a nivel internacional como nacional dan cuenta de los retos detrás de una terminología. Por ejemplo, la plataforma R4V coordinada por la ACNUR y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) opta por hablar de refugiados y de migrantes cuando en sus dos últimos informes anuales Tendencias Globales la ACNUR adopta una clasificación especial para esta población, designada como personas venezolanas desplazadas. 

A pesar de los intentos de respuestas coordinadas en diversas plataformas gubernamentales ad hoc y la fuerte presencia de las organizaciones internacionales, los Estados han optado por respuestas distintas y hasta contradictorias. Colombia no cerró sus fronteras con Venezuela (hasta la pandemia) y optó por desarrollar múltiples y engorrosos programas de regularización. El año pasado fue aplaudida a nivel mundial por desarrollar ​​el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que otorga residencia por 10 años para ciertos grupos, entre ellos, a personas en situación irregular que hayan llegado al territorio colombiano hasta el 31 de enero de 2021. Sin embargo, la naturaleza jurídica del Estatuto y su relación con otras figuras de protección son confusas. Asimismo, se ha subrayado la excepcionalidad del mecanismo y su posible desmantelamiento por parte de gobiernos posteriores, así como sus limitaciones temporales. Adicionalmente, la adopción de un mecanismo para una nacionalidad dada, deja fuera a otras personas migrantes que no tienen acceso a ningún tipo de regularización.

Ecuador, por su lado, fue considerado el país que reconoció a más refugiados (71.550, cifra oficial de diciembre de 2021), esa política de acogida inició frente al flujo de exiliados del conflicto colombiano al inicio del 2000. La nueva Constitución de 2008 se apoyó sobre un amplio frente asociativo a favor de la población migrante en su diversidad, incluyendo a la población ecuatoriana fuera, como a las personas extranjeras dentro de Ecuador. Esto permitió a Correa desarrollar políticas inéditas con un enfoque de derechos y una visión desarrollista renovada. Sin embargo, el ataque en Angostura por parte de Colombia en marzo 2008, extendiendo su lógica de guerra en territorio ecuatoriano, alimentó el recrudecimiento de un enfoque de seguridad en la gestión de las fronteras, reafirmando la “no deseabilidad” de ciertos migrantes, y así la sospecha hacia todos.  Otra consecuencia fue la diversificación de los estatutos migratorios (a partir de 2014, con la ley de movilidad humana de 2017 y su reforma de febrero de 2021) con pocas opciones de residencia para estas personas a largo plazo y el aumento de las expulsiones.

En cuanto a la migración venezolana, Perú tuvo en un primer momento una política utilitarista, adoptando mecanismos de regularización con una duración de un año y una costosa renovación. Luego, este país cerró sus fronteras y desarrolló un discurso hostil hacia la población venezolana. Además, Perú reúne el mayor número de solicitantes de la condición de refugiado: más de 531 mil, con una tasa bajísima de solamente 4 mil reconocimientos. Recientemente, este país optó por desarrollar una protección subsidiaria para la población solicitante de refugio. Esta categoría, que existe y ha sido consolidada en Europa, busca ofrecer algún tipo de protección sin reconocer formalmente el estatuto de refugiado. 

La pandemia tuvo también repercusiones sobre las movilidades en la región y la adopción de políticas hostiles. El cierre de fronteras fue generalizado, sin embargo, países como Perú y Ecuador optaron por la militarización de las fronteras, con un despliegue nunca antes visto en tiempos de paz. Esta operó en las fronteras de Rumichaca (entre Colombia y Ecuador), de Tumbes-Huaquillas (entre Ecuador y Perú) y también de Madre de Dios (entre Perú y Brasil). Muchos grupos de distintas nacionalidades fueron impactados directamente por estas medidas, como la población haitiana que buscaba tomar la ruta hacia el Norte desde Brasil, pasando por Perú y Ecuador; también la población venezolana, que se quedó varada entre Colombia, Ecuador y Perú.

Frente al nuevo discurso europeo de “crisis migratoria”, asociada con la retórica “humanitaria” a raíz de la guerra de Rusia en contra de Ucrania, es importante recordar que las migraciones Sur-Sur superan las movilidades Sur-Norte, las cuales sólo representan un cuarto del total de las migraciones. Influenciadas por las ayudas internacionales, que en su mayoría provienen del Norte Global, se desarrollan políticas comparables de gestión de los flujos migratorios por controles y clasificación de migrantes en Europa y América del Sur.

La acogida siempre fue considerada más difícil en tiempos de crisis económica, por el principio de preferencia nacional, que ya sea establecido normativamente o como principio moral,  parece irrelevante cuando el dinamismo económico se sustenta sobre la explotación de migrantes precarizados. Así, las tensiones económicas llamadas “crisis”, endémicas al capitalismo neoliberal y exacerbados por la pandemia, son elementos que alimentan políticas de rechazo a flujos migratorios y prácticas de discriminaciones xenófobas, escondiendo las responsabilidades de los Estados de acuerdo al derecho internacional. El respeto de los derechos de las personas extranjeras, y además de las más precarizadas son indicadores interesantes que resuenan sobre el estado de los derechos de los ciudadanos en su país. El rápido desarrollo de permisos temporales permite una gestión a geometría variable de los flujos, creando irregularidades y desprotección, alejándonos de la condición universal del asilo.

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Referencias:

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