En su gira por Centroamérica y el Caribe, el presidente López Obrador recibió críticas por incluir en su itinerario a gobiernos con dudosas credenciales democráticas y abismales historiales de derechos humanos como son los de Guatemala y El Salvador.
El caso salvadoreño es especialmente preocupante. El gobierno del joven presidente Nayib Bukele ha sido denunciado a nivel internacional por su carácter autoritario. El presidente es notorio por su persecución de periodistas, defensores de derechos humanos y la oposición política; los atentados contra la constitución, la separación de poderes y el acceso a información pública; así como su flagrante corrupción y vinculación con el crimen organizado. Esto, por no decir nada del saqueo de fondos públicos para impulsar el proyecto suicida de la “bitcoinización” de la sufrida economía dependiente dolarizada salvadoreña.
Para la visita de López Obrador, el país se encontraba bajo estado de excepción por segunda vez en apenas tres años. El primer régimen de excepción, decretado en el contexto de la pandemia de COVID-19, provocó una prolongada crisis constitucional que terminó con un golpe legislativo contra el poder judicial: el 1 de mayo de 2021, la mayoría legislativa del partido del presidente destituyó a todos los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal, sustituyéndolos posteriormente con funcionarios afines al presidente. A finales de marzo, el país vivió una masacre nacional terrorífica, en la cual más de ochenta personas, elegidas al azar, fueron asesinadas en un período de tres días. El acto fue una represalia de la pandilla Mara Salvatrucha frente a la fractura del acuerdo secreto negociado con el gobierno de Bukele. Como respuesta, el 26 de marzo se aprobó un estado de excepción de 30 días, elaborado con tanta prisa que a los legisladores se les olvidó eliminar las referencias a la contingencia sanitaria en el texto. El decreto fue renovado en abril, y todo indica que será extendido de nuevo.
Con la suspensión de derechos constitucionales como la libertad de asociación y el habeus corpus, más de 25,000 personas han sido tragados por un sistema judicial impenetrable e impune. Se trata de una tercera iteración de las viejas y fracasadas campañas de mano dura que sólo han radicalizado las estructuras criminales en el país, criminalizando a la juventud y la pobreza. Mientras el presidente se halaga en redes sociales del maltrato y tortura de las personas encarceladas, organizaciones sociales han documentado cientos de detenciones arbitrarias. Por lo menos once personas capturadas han muerto en detención, algunos asesinados a golpes adentro de la prisión, otros por falta de acceso a sus medicamentos. Las afueras de los penales y bartolinas se han inundado de madres, hermanas y esposas angustiadas y desesperadas por encontrar alguna noticia de sus familiares detenidos.
En este contexto, el polémico senador del bloque opositor (PAN-PRD-MC) Emilio Álvarez Icaza solicitó que el presidente mexicano reconsiderara su viaje: “sentará un muy grave precedente que la primera vez que un presidente mexicano esté en El Salvador sea justo en el marco de un estado de excepción”. Su advertencia no fue atendida.
En sus breves comentarios en El Salvador, López Obrador destacó la historia de cooperación entre los dos países, señalando como ejemplos a la Declaración franco-mexicana de 1981, que reconoció a al ejército guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como legítima fuerza representativa política, y a los Acuerdos de Chapultepec de 1992, que pusieron un fin negociado a la guerra civil. Estas palabras hicieron ruido en el país, pues aunque forman parte del discurso diplomático estándar para México, Bukele se ha esforzado para descalificar a la lucha revolucionaria salvadoreña y las negociaciones que pusieron un fin a la dictadura militar como un “pacto entre corruptos” y “una farsa”.
Cualquier disonancia, empero, fue opacada por el mensaje positivo que aparentó su convivio con el presidente salvadoreño. Los noticieros reprodujeron su felicitación a Bukele por tener “el apoyo de su pueblo” y por el supuesto avance en la implementación de los programas Sembrado Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores insisten que el viaje no representaba un respaldo al gobierno salvadoreño. Pero en su visita, AMLO anunció que duplicaría los recursos para los proyectos con El Salvador.
Hay razones para dudar de los logros atribuidos a los programas mexicanos. Firmado en junio 2019, el convenio de Sembrando Vida plantea la siembre de 50,000 hectáreas en El Salvador. Tras su suspensión en el marco de la pandemia de COVID-19, los primeros desembolsos desde México se reportaron en octubre de 2020. En enero de 2022, el Ministerio de Agricultura (MAG) de El Salvador anunció que se había sembrado 10 000 manzanas, o aproximadamente 7 000 hectáreas, lo cual representaría un 14% de los 50 000 hectáreas meta. En marzo, empero, el MAG declaró que el programa llevaba un avance del 95%.
Pero no sólo es cuestión de cifras. La implementación de Jóvenes Construyendo el Futuro, por su parte, está a cargo de la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social, cuyo Director, Carlos Marroquín, ha sido mediador del pacto secreto entre el gobierno de Bukele y la MS-13. Audios publicados el 17 de mayo revelan que Marroquín personalmente sacó del país a un pandillero cuya extradición es solicitada por Estados Unidos. En las conversaciones filtradas, Marroquín declara que ese acto fue una demostración de su “lealtad y confianza.”
El gobierno de Bukele no es un socio confiable ni digno para la cooperación mexicana. Al contrario, está fomentando las condiciones de violencia, desigualdad y miseria que contribuyen a la migración masiva, la cual ha alcanzado niveles sin precedentes bajo su gobierno. En ese contexto, programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro parecen ejercicios fantásticos. Como denuncia la organización juvenil Kolectivo San Jacinto, el futuro que les espera a la juventud en El Salvador es la prisión.
Dejamos a un lado la crítica al gobierno mexicano que, accediendo a las presiones de Estados Unidos, se ha dedicado a reprimir y violentar a la población migrante que transita por su territorio. Dejamos a un lado, también, el dudoso impacto que podrían tener los programas propuestos para limitar a una migración que se ha convertido en el eje principal de economías como la salvadoreña, donde las remesas representan casi la cuarta parte del PIB. A ningún gobierno le conviene asociarse con personajes siniestros como Nayib Bukele, menos uno que profesa preocuparse por los pobres.