El 2020 arrancó con un incremento al salario mínimo diario del 20%, sumando así el segundo año consecutivo en que los trabajadores tasados con el sueldo legal más bajo (Salario Mínimo General) tendrán un incremento significativo. Éste pasó de 102.68 a 123.22 pesos. ¿Qué implicaciones tiene la medida y cuán extendidos serán sus beneficios? Esta primera columna del año expone algunas consideraciones sobre la política salarial del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) así como su posible sostenibilidad.
La caída del poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias ha sido un rasgo distintivo del neoliberalismo. Algunos investigadores fijaron el fenómeno a partir de la década de los setenta, como estrategia de descentralización de las actividades productivas y aumento de la inflación, ambas fueron vías para obtener mayores réditos extra y de paso fragmentar a las organizaciones de los trabajadores (Calderón, 1988, pp. 257-297); otros estudiaron cómo la pérdida del poder adquisitivo estuvo vinculada a las transformaciones del Estado, la venta de la mayoría de sus industrias y el crecimiento de la desigualdad (De la Garza, 1992, pp. 59-72). Los efectos permisivos de estas políticas para el bolsillo de los trabajadores se demuestran si tomamos en cuenta que 1976 fue el año en el cual los salarios alcanzaron una mayor proporción dentro del PIB con un 40. 3% (Calderón, Op. cit. p. 260). Actualmente, el salario mínimo en México ocupa la última posición entre los 36 países miembros de la OCDE, el país que le sigue en la lista es Chile, el cual aumentó su SMG cinco veces más en el mismo periodo de tiempo (diferencia neta del 254%).
Ante los rezagos de las últimas cuatro décadas, el segundo aumento del Salario Mínimo General con cifras de dos dígitos es una medida progresista por parte del gobierno federal. Este viraje en la política salarial desmiente el credo neoliberal que atemorizaba con una crecida de la inflación ante un aumento sostenido de los salarios. En los últimos 14 meses, los salarios aumentaron por arriba de la inflación, en contraste con los anteriores 24 (2017-2018), en los cuales el poder de compra descendió en parte por la desregulación en el precio de los combustibles.
El avance inicial de los incrementos salariales reales invita a escudriñar su contexto y viabilidad. Un primer aspecto tiene que ver con los alcances, es decir el impacto dentro del mercado de trabajo mexicano. Según los cálculos del gobierno federal, el aumento del SMG alcanzará a 3.44 millones de trabajadores de un total de 21 millones empleados en el sector formal. Sin embargo, este universo deja fuera a la mayoría de la Población Económicamente Activa que trabaja dentro de la informalidad (56. 4% según la cifras más actualizadas). A estos se suman los desempleados, subocupados y trabajadores que no se les reconoce un vínculo laboral, como muchos que operan en negocios por aplicaciones electrónicas, becarios o “beneficiarios” de programas estatales. Para esta vasta mayoría, los incrementos de precios que realizaron empresas con alto poder de mercado en artículos de primera necesidad —como pan de caja, leche y productos lácteos— afectarán sin contrapesos a sus economías.
Otro elemento por considerar es que el mercado laboral mexicano está permeado por un distintivo de precariedad, trasvase entre los trabajadores con contratos y los que trabajan en la informalidad. Como botón de muestra están la cantidad de empleos bajo terciarización u outsourcing, es decir sin una relación contractual directa con el patrón. Tan sólo en la conferencia matutina del 15 de enero, se reveló que hasta 2019 existían 5 millones de trabajadores bajo este esquema y más de 6 mil empresas subcontratistas ejerciendo prácticas ilegales o abusivas. El outsourcing fue ampliamente incentivado en las reformas laborales de 2012 y 2017; en febrero los senadores volverán a discutir su reglamentación con lo cual tendremos elementos adicionales para juzgar las perspectivas en materia laboral de la 4T.
Si bien resulta poco realista exigir medidas generales ante el fragmentado y complejo mercado laboral mexicano, preocupa que los incrementos puedan ser revertidos en el futuro inmediato. La recuperación del poder adquisitivo tiene que estar impulsado por políticas laborales a mediano plazo, producto de un fortalecimiento real de la economía. Frente al estancamiento de la economía nacional en 2019 y las expectativas reservadas para este año, ¿los incrementos reales al Salario Mínimo General podrán ser una política sostenida durante todo el sexenio? El pronóstico es reservado si tomamos en cuenta las cuantiosas inversiones en programas sociales, megaproyectos de infraestructura y reorganización del sistema de salud nacional como temas prioritarios para la 4T, los cuales no generarán ingresos en el corto plazo.
El problema de fondo, como bien han resumido algunos de los críticos más meticulosos del primer año del nuevo gobierno, es que la 4T redistribuye los ingresos dados —mediante el combate a la corrupción y la denominada “austeridad republicana” (que en otras circunstancias se apreciarían como recortes laborales) — pero no genera nuevos para no afectar el equilibrio de intereses. Los compromisos son muchos y las cuentas no cuadran.
El complicado juego de equilibrismo requiere tener paz laboral como un factor importante para los planes del gobierno de AMLO. “Por el bien de todos, primero los pobres” aunque esto implique una disciplina y sumisión piadosa por parte del mundo del trabajo o tal como lo expresa el presidente en su último libro: “Nuestra propuesta consiste en establecer un Estado de bienestar, igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores” (López Obrador, 2019, p. 142). Los cálculos laborales de la 4T, sin embargo, presentan una carencia importante: no contemplan el papel activo de los trabajadores, por el contrario, los conceptualizan pasivos con la mejora módica de sus salarios. Cabe recordar que, frente a los aumentos del 2019 y los intentos de evasión por parte de los consorcios maquiladores, sobrevino la histórica ola de huelgas en Matamoros. Las próximas luchas de los trabajadores no tienen por qué limitarse a la cuestión salarial, también pueden incluir demandas democráticas dentro de los centros de trabajo o de mayor control sobre los procesos productivos. En ese marco, que tengan mejores condiciones materiales siempre ayudará a que se planteen otros retos y necesidades. Ante el aumento del salario mínimo del 2020, ojalá que aquellos que producen la riqueza luchen por ir más allá.