EUA redobla los esfuerzos para evitar perder el timón de la economía mundial, en medio de un escenario global marcado por una evidente carrera hacia la conquista de mercados, recursos naturales y fuerza de trabajo. Las tensiones económicas por el reparto del planeta no tienen precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, particularmente por el ascenso de China como la economía que tiene la posibilidad productiva y tecnológica para liderar la producción, desarrollo e innovación de tecnologías de la electroinformática y la electromovilidad.
En este escenario de disputa por el reparto del mundo y la carrera tecnológica, América Latina se convierte en un territorio estratégico para garantizar el tutelaje de EUA. Si alguien dudaba de la importancia de esta región como un enorme reservorio de recursos naturales para la ampliación de ganancias de las grandes corporaciones y el dominio estadounidense, basta haber escuchado a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, quien recordó el imparable ímpetu colonial con el que EUA se relaciona con la región latinoamericana. Sin titubeo se refirió a la importancia estratégica que tienen los recursos naturales de América Latina para la “seguridad nacional” de aquel país. Durante una conversación con el centro de estudios Atlantic Council se hacía la pregunta “¿Por qué es importante esta región?”, seguida de una respuesta sin eufemismo:
Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 % del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile (…) las reservas de petróleo más grandes, incluidas las de crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana hace más de un año (…) los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro (…) el 31 % del agua dulce del mundo.
Frente a esto, la generala concluyó sin reparo afirmando que “a EUA le queda mucho por hacer, esta región es importante” (2023, “Las críticas que recibió la Jefa del Comando Sur tras enumerar los intereses de Estados Unidos en América Latina”. Economía Sustentable, 23/01/2023). El nuevo impulso de esta nación por consolidar bloques comerciales que le garanticen el tutelaje del comercio en la región busca, de ser posible, limitar la creciente presencia que en la última década y media adquirió China en el territorio latinoamericano. Así se entiende la renovada búsqueda por actualizar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ahora a través de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (Americas Partnership for Economic Prosperity), en el que a la fecha participan 11 países del hemisferio, aunado al esfuerzo de Washington por incorporar a Brasil a dicho grupo. Esta “alianza comercial hemisférica” junto con el ya avanzado Marco Económico Indo-Pacífico (Indo-Pacific Economic Framework) se impulsan desde EUA para cercar la economía China y evitar su control sobre el comercio del Pacífico (esto se ha dado a conocer como Gran Strategy).
México, Sonora y el oro blanco para el gran capital minero
Si América Latina es un territorio concebido para la seguridad nacional por parte del interés estadounidense, México es la pieza más tensa en este eslabonamiento. Dentro del espectro de la dominación estadounidense, México es un territorio de interés primordial. Así lo ha sido desde que se firmó el TLCAN, lo cual resultó en la conversión del país en una enorme plataforma maquiladora, agroexportadora y minera dedicada enteramente a proveer al mercado estadounidense. En medio de la guerra comercial con China, hoy es el TMEC el que garantiza el absoluto control de las grandes corporaciones estadounidenses sobre la economía mexicana.
Uno de los proyectos que se inserta claramente en esta renovada subordinación de la economía mexicana es el Plan Sonora, el cual se ha anunciado con algarabía por parte de las cúpulas empresariales y la clase política de ambos países. Los ruidos del bombo y platillo con los que una y otra vez se presenta el Plan Sonora —desde la Cumbre de Líderes de América del Norte, pasando por la visita de 65 embajadores a Puerto Peñasco, hasta la reciente visita de AMLO al estado para anunciar la “nacionalizción” del litio como acto comparable a la nacionalización del petróleo mexicano en 1938— sólo esconden la renovada reconversión de esta entidad fronteriza en un enclave basado enteramente en la exportación de recursos minerales, energéticos y mano de obra barata.
Una de las actividades que justifica la denominación del Plan Sonora como “Plan Sonora de Energía Sostenible” es la centralidad que tendrá el litio en este escenario. El avance en el desarrollo de la electromovilidad ha convertido al litio en un bien estratégico para el control de la industria automotriz. EUA busca asegurar el control de este recurso a nivel latinoamericano con el fin de competir con la pujante industria china de automóviles eléctricos. En este terreno, las reservas de litio en Sonora, a pesar de que son pocas en comparación con otras regiones del cono sur, se convierten en estratégicas dentro de la disputa global por la apropiación del litio.
En este terreno podría parecer interesante que la administración federal haya creado la empresa estatal LitioMX e impulsado la reforma a la Ley Minera en la que se declaraba el litio “como patrimonio de la Nación, por lo que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservan en favor del pueblo de México” (2022, “Aprueba Senado reforma a Ley Minera que reconoce al litio como patrimonio de la Nación”. Comunicación Social del Senado, 19/04/2022). Este acontecimiento que tantos buenos suspiros generó, terminó rápidamente desinflando las expectativas progresistas con la subsecuente noticia de que el litio era un bien de la nación, pero que podía ser explotado por empresas privadas. Y si en algún momento había expectativas de que la creación de LitioMX era una política nacionalista y “antimperialista”, no bastaron más que algunos días para escuchar el anuncio de que el litio era “mexicano”, pero abierto a la explotación por parte de corporaciones estadounidenses, canadienses y los oligarcas mineros de origen mexicano. Esto sustentado en los cambios quirúrgicos que le hicieron a la Ley Minera que, como lo demuestra el reciente informe de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), lejos de “nacionalizar” el litio, abren la puerta para el impulso de un modelo extractivo público-privado que, amparado por el TMEC, beneficiará a las grandes corporaciones mineras canadienses, estadounidenses y mexicanas (empezando por el Grupo México de Larrea que ha sido apapachado como pocos en el estado de Sonora por el actual gobernador Alfonso Durazo). Vaya sentido elocuentemente engañoso de entender la nacionalización del “oro blanco”.
Tal parece ser que el litio terminará en manos de las grandes corporaciones mineras, realidad que obedecerá al interés estadounidenses por tomar el control sobre este recurso mineral en México, mientras que LitioMx funcionará como un holding intermedio encargado de administrar las concesiones y la participación privada, además de encabezar las negociaciones para expulsar a la empresa china Ganfeng Lithium Co. de la explotación del litio “supuestamente nacional”. Los planes de inversión, la tecnología y la ganancia quedarán en manos de grandes capitales mineros y la renta extraordinaria que generará su extracción se frenará fuera del país, mientras que los efectos devastadores para el medio ambiente (empezando por el intenso uso de agua) que generará esta actividad extractiva se quedarán como secuelas crónicas en Sonora y en el país.
En esta fiesta de discursos retóricos, se informa que el litio que se extraiga en Sonora será columna vertebral de una política industrial que produzca encadenamientos regionales donde se use esta minera para la producción de baterías y ensambladoras de vehículos eléctricos. Sin embargo, basta ampliar un poco la mirada en torno a la industria automotriz para observar que todas las nuevas plantas de baterías que se han anunciado recientemente para impulsar la producción de vehículos eléctricos en el mercado estadounidense se ubican en aquel país y son controladas por grandes corporaciones automotrices. Las recientes políticas industriales que buscan dinamizar de forma exponencial la producción de automóviles eléctricos harán que EUA retenga la producción del grueso de baterías y ensamblaje de carros eléctricos mientras que México se mantendrá como una economía maquiladora que provea autopartes para esos automóviles. Así ha sido durante los últimos 30 años y no hay señales ni voluntad política que permita pensar que este lugar subordinado de la economía mexicana vaya a cambiar.
Sonora en la exportación de gas por fracking de Texas
En medio de la algarabía por lo sustentable del Plan Sonora, se dice poco que la entidad se colocará como un gran receptor de las exportaciones de gas licuado proveniente del fracking en Texas y controlado por los grandes barones del gas de Houston para ser exportado a las costas de Asia. Desde 2008, EUA busca colocarse en el mercado mundial de energéticos como una pieza importante en la proveeduría de gas natural, lo cual explica la imparable guerra que utiliza a Ucrania como excusa para ocupar los nichos de mercado de gas natural que antes tenía Rusia, empezando por el de los países de Europa occidental (Rusia es el segundo mayor productor de gas natural en el mundo después de EUA). Además, proporciona un motivo claro que permite comprender la destrucción por parte de EUA de la importantísima línea de gas de Nord Stream de Rusia.
En esta competencia global por la hegemonía en la proveeduría de gas natural, México vuelve a aparecer en el mapa como una pieza plenamente subordinada a EUA. Detrás del “nacionalismo energético” que busca promover el primer mandatario se esconde la profunda y plena dependencia que tiene y sigue teniendo la economía mexicana del gas natural proveniente de EUA: 90 % del consumo nacional de gas proviene de aquel país, mientras que 60 % de la electricidad que se produce en México depende de la importación de gas natural proveniente de EUA.
Pero México no sólo se ha convertido en un importador neto de gas proveniente de Texas, sino que ahora se busca colocar al país como una plataforma de exportación de gas natural para Asia y Europa. En el discurso mágico e ideologizado de la clase política y los medios empresariales, se anuncia que México se encamina a convertirse en un gran exportador de gas, cuando realmente se debería estar anunciando que el país, por nulas restricciones arancelarias y por la salida rápida al océano Atlántico y Pacífico, se colocará como un territorio de tránsito para llevar el gas natural proveniente de Texas hacia los países asiáticos, particularmente a las economías industrializadas de Japón, Corea y Taiwán.
En este contexto, Sonora se coloca como entidad estratégica por la cercanía a Texas y la salida al Pacífico para la licuefacción de gas proveniente de EUA y su envió a las costas asiáticas. Por tal motivo es que dentro del Plan Sonora se considera la culminación de proyectos para la licuefacción y exportación de gas en esta entidad, entre los que destacan:
1. Complejo de Licuefacción de GNL en Puerto Peñasco a cargo de Mexico Pacific Limited en Puerto Libertad (empresa con sede en Houston, propiedad del opaco fondo de inversión neoyorquino AVAIO Capital, con sede en Puerto Libertad). Se trata de una terminal de tres etapas con 14.1 millones de toneladas anuales de capacidad que será abastecida a través del gasoducto Sásabe-Puerto Libertad, propiedad de Sempra (una corporación de Texas-San Diego de 14.4 mil millones de dólares).
2. Gran red de gasoductos de propiedad privada desde la frontera contigua al vasto campo de gas de esquisto en Eagle-Ford hasta las costas sonorenses cercanas a Guaymas. En lugar de los altos costos de transporte para mover Texas LNG desde el Golfo de México hacia el océano Pacífico a través de Panamá (5 mil millas náuticas adicionales), los magnates del gas con sede en Houston pueden enviar su gas de manera económica y rápida transportándolo por 700 millas a la costa de México, para luego enfriarlo-comprimirlo licuado y enviarlo. Los gasoductos a Guaymas son controlados por TC Energy, parcialmente propiedad del fondo de administración de dinero más grande del mundo, BlackRock. Mientras que la empresa LNG Alliance, con sede en Houston, construirá y operará la planta de Guaymas de 2.1 mil millones a través de su subsidiaria mexicana, Amigo LNG. LNG Alliance es el mayor productor de GNL en EUA.
Estos dos proyectos, entre otros que se desarrollan en diversas entidades del país, harán que México pase de ser un importador neto de gas natural proveniente de EUA a ser el cuarto mayor “exportador” mundial de gas natural, si es que a esto se le puede denominar exportación. Sería más acertado llamarle enclave exportador plenamente subordinado a los barones tejanos del gas.
La maquila de semiconductores
Tal es la determinación de la actual administración encabezada por AMLO —como las anteriores— de subsumir la economía mexicana al bloque norteamericano; en más de una oportunidad, se ha abogado por fortalecer la “integración económica norteamericana” ante la “amenaza” que representa el crecimiento de la economía china. De hecho, en noviembre de 2021 durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, el presidente mexicano insistió que “la integración económica es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de China” (2021, “AMLO pide fortalecer a América del Norte frente a la competencia china”. El Economista, 19/11/2021).
Como parte de la ocupación de espectro completo emprendida por EUA para enfrentar la competencia de China y para la apropiación de recursos, mercados y fuerza de trabajo, el estado de Sonora se coloca también como una entidad estratégica para la cadena de suministros de la producción de microprocesadores. El calambre que ha sufrido el comercio de microprocesadores por la guerra comercial que emprende EUA con China (mayor productor de microchips del mundo) ha sido enfrentado por el gobierno estadounidense a través de una política industrial que no se veía desde mediados del siglo XX, cuyo fin último es el de garantizar el funcionamiento del proceso de producción de esta importante actividad manufacturera en la región norteamericana. Para ello, la administración de Biden puso en funcionamiento el denominado CHIPS act (Ley de CHIPS y ciencia) a finales de 2022, en el que se le asignan poco mas de 52 mil millones de dólares de inversión pública (esto incluye 39 mil millones en incentivos de fabricación, 13 mil millones en I + D y desarrollo de la fuerza laboral y crédito fiscal de inversión del 25 % para gastos de capital en la fabricación de semiconductores y equipos relacionados). Vale la pena mencionar que, en la presentación de la ley, la Casa Blanca anunció explícitamente que se trata de una iniciativa para contrarrestar China (“counter China”).
El resultado de este enorme incentivo a la producción de semiconductores ha traído el interés en cascada de enormes inversiones de grandes corporaciones dedicadas a la fabricación de circuitos integrados que instalarán nuevas operaciones para la producción de semiconductores a lo largo del territorio estadounidense, particularmente en los estados de Texas y Arizona: la corporación de fabricación y diseño de semiconductores originaria de Taiwán, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMCL), anunció la construcción de una planta con una inversión inicial de 40 mil millones de dólares en Phoenix, Arizona, mientras que la empresa estadounidense Intel, dos plantas de semiconductores en el mismo estado de Arizona, con un costo de 20 mil millones. Por su parte, Samsung informó sobre una nueva planta en el estado de Texas por un valor de 17 mil millones de dólares y la empresa Texas Instruments, sobre una inversión que pueda alcanzar los 30 mil millones de dólares para una planta de semiconductores en Sherman, Texas. (Estas plantas en la frontera sur de EUA se suman a las plantas que Micron e Intel construirán en los estados de Idaho, Ohio y Nueva York).
Las operaciones de diseño y fabricación de semiconductores en la frontera con EUA, con este crecimiento exponencial de inversiones, contarán con operaciones maquiladoras de ensamble en esta rama. A pesar de que organismos internacionales y medios empresariales afirman una y otra vez que esta reconversión productiva beneficiará la capacidad de producción y productividad de la economía mexicana, décadas de historia como país maquilador debe enseñarnos que la apertura indiscriminada a las inversiones extranjeras ha convertido a este país en un enclave atractivo para las corporaciones trasnacionales por la excepcionalidad arancelaria y los raquíticos salarios. La precariedad laboral que caracteriza al mercado de trabajo en el país ha generado un escenario productivo en el que predominan los eslabones menos automatizados y más manualizados de las cadenas de valor, aquéllos que se caracterizan por los bajos salarios y la intensidad laboral. Esto es lo que ocurre en la industria automotriz, y esto es lo que ocurrirá en la industria de microprocesadores.
La cadena de valor de los microprocesadores se divide en tres etapas fundamentales. La primera es la etapa de diseño de circuitos que se distingue por la intensidad en el uso de conocimientos científico-tecnológicos. La segunda es la etapa de fabricación —también conocida como frontend—, la cual se caracteriza por ser intensiva en el uso de capital y conocimiento, ya que se trata de la fase de producción en la que se imprime el diseño de los circuitos. Finalmente, la tercera etapa es la de ensamble —también conocida como backend—, donde los chips son probados y empacados. Esta última es intensa en el uso de mano de obra y es precisamente la que se ubicará en México con el fin de que las corporaciones puedan ahorrar en costos laborales. Es decir que mientras las etapas de diseño y fabricación (altamente automatizadas) se concentrarán en EUA, la etapa de ensamble se colocará en México en forma de industria maquiladora para proveer al aparato productivo estadounidense, como de por sí es la función de la maquila en el país.
En este terreno, la franja fronteriza de Sonora será un área atractiva para la instalación de maquilas de ensamblado de microprocesadores para proveer a las plantas de Intel y TSMCL que se ubicarán en Arizona. A pesar de los augurios empresariales que anuncian el potencial que tiene Sonora para la producción de semiconductores, lejos estará esta entidad de producir diseño y fabricación. Eso le quedará a las grandes corporaciones trasnacionales que, apoyadas por la política industrial del estado estadounidense, localizan sus operaciones en el país del norte. En México, especialmente en Sonora, se seguirán los pasos de enclave maquilador atractivo para el gran capital por los raquítios salarios y las precarias condiciones de trabajo con las que se permite la contratación de la fuerza laboral.
Despojo y exportación de agua
El río Colorado, que provee de agua para beber a siete estados del oeste de EUA, se está secando. Al menos dos décadas de sequía han producido que las reservas en la cuenca de este río se encuentren en su nivel más bajo, amenazando el consumo de este líquido en toda esta región estadounidense. Frente a este escenario crítico, se han anunciado políticas de recortes al acceso de agua de este río para Arizona y Nevada. Sin embargo, la situación a largo plazo es de emergencia y la solución que se impulsa desde Arizona es la de aprovechar la posición subordinada de México como proveedor de recursos para EUA. Como resultado, se anuncia que la crisis de agua se enfrentará aprovechando la salida que tiene Sonora al mar de Cortés a través de Puerto Peñasco para adquirir agua desalinizada para consumo humano que permita resarcir esta tensión hídrica en el sur-occidente estadounidense.
Se trata de una inversión de 5 500 millones de dólares para la construcción de la planta desaladora más grande del mundo a cargo de la empresa israelí IDE Technologies. La planta eliminaría la sal del agua de mar y la bombearía al canal hacia el norte, donde se transportarían 1 300 millones de metros cúbicos de agua potable por 320 kilómetros desde la zona alta del mar de Cortés hasta un reservorio localizado al oeste de Phoenix, lo cual equivale a una cantidad 34 veces mayor de la que transporta el Acueducto Independencia para Hermosillo. Se pretende que esta planta comience a funcionar en 2027. De esta manera, México se convertirá en un importante exportador de agua para satisfacer las necesidades de EUA en este “Corredor de Silicio” binacional que está emergiendo rápidamente.
Resulta sorprendente que se planee un proyecto de estas magnitudes en el cual Sonora se coloca desde un lugar subordinado frente al requerimiento de agua en EUA, dando la espalda a las necesidades históricas que tiene su población en torno a este líquido esencial. Han sido décadas en las cuales el pueblo yaqui se ha enfrentado al asedio por el uso industrial y privatizante que se quiere hacer de las aguas del río Yaqui a través del Acueducto Independencia. También han sido décadas en las cuales la política en torno al agua en esta entidad prioriza la producción cervecera y maquiladora que consume enormes cantidades de agua concesionada. Ahora se suma este nuevo megaproyecto que acelera la entrega del agua a privados a través de la anunciada enorme planta desaladora de agua que se pretende instalar en Puerto Peñasco. En lugar de fomentar una política dedicada a resolver los problemas de agua que vive el estado de Sonora (y en general, el norte del país), se impulsa la exportación del líquido en detrimento de las necesidades de la población local y regional.
Conclusión
Los elementos antes expuestos demuestran que el discurso con el que se ha promovido y celebrado el Plan Sonora esconde la condición subordinada de la economía mexicana al interés de las grandes corporaciones (particularmente las de origen estadounidense) por tener el control económico pleno del territorio mexicano en un escenario de creciente disputa por el reparto mundial. En este teatro, Sonora se vislumbra como una entidad estratégica que operará en forma de enclave exportador, cuyo potencial en recursos minerales, mano de obra barata y ubicación estratégica para el comercio mundial sirven para garantizar a EUA un lugar competitivo en la economía global. Por lo tanto, a pesar de que se anuncie como un proyecto de vanguardia en la sustentabilidad ambiental, parece ser que el cuidado y respecto a la naturaleza, así como el derecho humano, son sólo una narrativa encubridora que esconde el proceso ampliado de despojo y explotación sobre el cual se pretende articular este megaproyecto de infraestructura en el estado noroccidental del territorio nacional.