Cuando la pandemia del COVID-19 comenzó a extenderse en Yucatán diferentes localidades optaron por instalar filtros sanitarios y controlar las vías de acceso a los pueblos como primera medida de contención. Muchos nos preguntamos si estas medidas obedecían al ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos mayas. ¿Sucedió algo parecido a lo que hemos visto en otras regiones de América Latina, donde diversas naciones indígenas se aislaron en sus territorios como estrategia para combatir la propagación de la pandemia? En Sudamérica, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tomó sus propias medidas frente a la “ausencia total del Estado ecuatoriano” para enfrentar la pandemia, entre ellas, la extensión de la cuarentena en sus territorios, amparándose en la legislación internacional (Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas) para ejercer su derecho a la autodeterminación. En México, pueblos indígenas como Cherán, tomaron medidas similares reforzando las barricadas cuidadas por la ronda comunitaria e instalando filtros sanitarios custodiados por pasantes de medicina de la propia comunidad; en Tepoztlán, Morelos, las autoridades tradicionales decidieron “cerrar” el pueblo para detener el flujo de diversos vacacionistas, lo que trajo no pocos cuestionamientos de empresarios turísticos y avecindados.
En Yucatán la situación ha sido diversa, aunque creo que ha estado bastante alejada de ser un ejercicio de autodeterminación. En Dzonot Carretero, Tizimín, en donde apicultores mayas mantienen desde hace tiempo una denuncia por los perjuicios de la agroindustria (deforestación y fumigaciones aéreas) en la zona, la instalación de filtros sanitarios fue un acuerdo que se tomó de forma comunitaria. No obstante, como ya muchos habían advertido con preocupación, la situación “excepcional” y las medidas “excepcionales” podían ser pasto de abusos y arbitrariedades de la más diversa índole. Así sucedió a principios de abril cuando los pobladores de Kanxoc, un pueblo del oriente de Yucatán, denunciaron que el presidente municipal de Valladolid, Enrique de Jesús Ayora Sosa, había cerrado el paso de la carretera que comunica a la localidad con la cabecera municipal sin consultarles. La situación pudo haber sido más grave ya que los pobladores denunciaron que el cerco impedía el traslado de una mujer embarazada, poniendo en riesgo su salud y la de su hijo. Esta forma unilateral de actuar por parte de las autoridades se reprodujo en todos los niveles, como dejó en evidencia lo sucedido en Chicán, una de las comisarías del municipio de Tixméuac, cuando a finales de abril el comisario municipal decidió colocar cercos para bloquear los accesos, sin previo aviso ni a pobladores ni a vecinos de otras localidades, lo que ocasionó que en el cercano pueblo de Kinil también cerraran el paso. Fueron los pobladores de Chicán quienes exigieron y lograron que la vía se reabriera.
Las medidas restrictivas tomadas en diversos municipios del interior del estado provocaron que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) emitiera medidas cautelares a cuatro alcaldes para que garantizaran el derecho a la seguridad jurídica, la legalidad y el libre tránsito de los habitantes. En ese mismo sentido, desde abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que las autoridades de los Estados nacionales deben de proporcionar información a los pueblos indígenas que sea culturalmente adecuada para que se pueda comprender a cabalidad las medidas tomadas ante la pandemia.
Si otros pueblos originarios de América Latina decidieron aislarse ejerciendo su derecho a la autodeterminación para contener la pandemia de COVID-19, la historia no parece ser la misma en uno de los estados del sureste mexicano con mayor población indígena. Al contrario, lo sucedido en diversas localidades de Yucatán en estos meses ha evidenciado la forma en que suelen tomarse las decisiones con respecto a los pueblos mayas: de forma unilateral y sin brindar la información necesaria, una actitud que oscila entre el tutelaje, el desdén y la insensibilidad ante la crisis que se enfrenta.