El 7 de febrero, lxs ciudadanxs de Ecuador ejercerán su derecho constitucional a la soberanía popular, eligiendo un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional para sacar al país de la crisis más grave de la última generación. Entre la represión violenta de las protestas contra el FMI en 2019 y las amenazas persistentes de cancelar las elecciones del próximo mes, la democracia en Ecuador está al borde del abismo. La vigilancia del mundo será fundamental para preservarla — y ayudar a restaurar la democracia en una región en medio de un retroceso autoritario.
Ecuador se ha visto más afectado por la pandemia del Covid-19 que casi cualquier otro país del mundo. El país ha registrado un número excesivo de 40.000 muertes en 2020, un récord per cápita que casi duplica en magnitud al de los Estados Unidos.
Las trágicas consecuencias del Covid-19 ya han dañado las instituciones democráticas de Ecuador: el acuerdo del gobierno con el FMI provocó el despido de 3.680 trabajadorxs de la sanidad pública, erosionando el derecho constitucional de lxs ciudadanxs a la asistencia sanitaria.
La preocupación ahora es que la pandemia sirva de cobertura para una mayor erosión. Siguen circulando rumores de que las elecciones de Ecuador podrían ser pospuestas, y el Consejo Nacional Electoral (CNE) propone ahora que todos lxs representantes de los partidos políticos presenten pruebas de PCR negativas para estar presentes en las votaciones, una condición que supondría una carga insuperable para la logística de los esfuerzos de observación y las finanzas personales de lxs observadorxs.
Las tensiones entre las autoridades electorales de Ecuador también hacen temer una nueva injerencia en la expresión de la soberanía popular. El CNE — encargado de administrar las elecciones en todos los recintos — ha sido atacado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ha intentado destituir a cuatro de los cinco miembros principales del Consejo a pocos días de las elecciones.
Pero el conflicto entre el CNE y el TCE no es sólo una cuestión de personal. También se ha extendido al funcionamiento de las propias elecciones. Ambos organismos se han disputado el derecho a tomar decisiones definitivas sobre el contenido de las papeletas de votación, una disputa que exige una resolución inmediata ahora que decenas de papeletas han tenido que ser reimpresas tras un error en el logotipo del partido Movimiento AMIGO. La destrucción de estas papeletas erróneas para evitar la manipulación de papeletas será una tarea urgente para el CNE con el fin de preservar la integridad de la contienda.
Las urnas son, por supuesto, el medio de la democracia. El transporte seguro de las papeletas de Ecuador y la transmisión transparente de sus resultados serán la prueba definitiva de sus instituciones democráticas. En Bolivia, las denuncias infundadas de fraude en las urnas por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) sentaron las bases del derrocamiento ilegal del gobierno de MAS en noviembre de 2019, lo que condujo a masacres callejeras y represión política durante meses. La comunidad internacional — la OEA y el gobierno de Estados Unidos, en particular — no puede fallar al pueblo de Ecuador como lo hizo con el pueblo de Bolivia.
El escrutinio será aún más crítico en el contexto de los recientes cambios en el proceso de recuento de votos en Ecuador. En las elecciones de 2017, cada recinto escaneó sus resultados y los subió directamente al CNE. El 7 de febrero, sin embargo, serán escaneados y enviados a un centro de recepción de papeletas, que procesará los resultados y luego los enviará al CNE. El seguimiento y la observación exhaustivos en cada paso de este delicado proceso serán fundamentales para proporcionar confianza en el resultado final.
Por ello, la Internacional Progresista envía una delegación de observadorxs a Ecuador: para garantizar la integridad de sus elecciones y ayudar a fortalecer el derecho a la soberanía popular. En estrecha colaboración con las autoridades electorales de Ecuador, la delegación de la IP recorrerá decenas de recintos electorales el día de las elecciones y supervisará el proceso de recuento de votos en las horas posteriores al cierre de los mismos.
La delegación de la Internacional Progresista incluye a parlamentarixs de cinco países diferentes, que serán los ojos del mundo como testigxs de las elecciones en Ecuador. La delegación también incluye a expertxs técnicxs y abogadxs internacionales, que analizarán los datos de las contiendas electorales para evitar los trágicos errores de la OEA en Bolivia.
La misión no sólo se centra en el ámbito nacional. Las elecciones de Ecuador son un punto de inflexión para la democracia en toda América Latina. En la primera misión de la Internacional Progresista a La Paz, fuimos testigxs de la movilización pacífica y valiente del pueblo boliviano para restaurar la democracia en su país. Tras años de guerra legal y devastación económica, el pueblo de Ecuador exige ahora la recuperación de sus propios derechos democráticos.
Por nuestra parte, la delegación de la Internacional Progresista espera ser testigo de cómo ejercen estos derechos de forma libre y justa, y enviar una poderosa señal en defensa de la democracia en todo el mundo.