El debate en torno a la regulación de las empresas de plataforma y el reconocimiento de sus trabajadores repartidores ya es una constante a nivel mundial. En México, la discusión comienza a concentrarse en la Ciudad de México. Hace unos días se presentó, como parte del paquete económico de la ciudad para el 2022, la adición del artículo 307 TER al código fiscal (Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de México, 30 de noviembre del 2021). En él se estableció que las empresas en cuestión deben contribuir con un aprovechamiento del 2% a la Ciudad de México por el uso de infraestructura vial. No tardaron en saltar las alarmas de diversos colectivos y sindicatos de trabajadores por aplicación. Las confusiones no esperaron. La campaña mediática se centró en hacer creer a las y los trabajadores que este aprovechamiento sería directamente aplicado a ellos. [1]
La primera impresión que las personas repartidoras tuvieron, ante la dudosa redacción presentada por las autoridades, fue de extrañeza e indignación dado que, bajo tecnicismos jurídicos, no dejaba claro que los trabajadores por aplicación no serían quienes pagaran el aprovechamiento del 2%, ni que no sería trasladado a ellos.[2] Ello fue aprovechado por empresas, sindicatos patronales, partidos políticos y medios de comunicación para oponerse a la adición del artículo en cuestión y generar una atmósfera mediática donde se señaló que restaurantes, clientes y trabajadores serían los afectados. Dado lo anterior, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, declaró que el aprovechamiento estaba pensado exclusivamente para las empresas de plataforma.
Ante este panorama, las posturas de los colectivos y sindicatos que conforman el movimiento de trabajadores por aplicación comenzaron a definirse. El colectivo NiUnRepartidorMenos fijó una postura discursivamente afín a las cámaras empresariales [3] y a los partidos políticos del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (conferencia de prensa del 9 de diciembre en el Congreso de la CDMX y del 14 de diciembre de 2021). Su rechazo al aprovechamiento del 2% fue absoluto. Por otro lado, la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación, conformado por Unión de Repartidores, Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTAl), SIRA Apps, DeliverLibres, Safe Way Home y YOVOY, coincidieron en desmarcarse de la postura empresarial. Tras un análisis más detallado, consideraron que estas empresas trasnacionales deben de contribuir a la ciudad por la explotación de un bien público. Sin embargo, la postura de rechazo radicó en las muy probables acciones que tomarán las empresas de transferir sus costos por la vía de la reducción de las tarifas por pedidos, ya que, bajo la mentira de ser socios, pueden impunemente reducir los ingresos salariales de sus trabajadores no reconocidos.
Un hecho digno de considerar fue la participación de NiUnRepartidorMenos y otro sindicato en una conferencia con el PAN y Movimiento Ciudadano el 9 de diciembre. Ello muestra las coordenadas en que se comienza a definir el abanico de posturas políticas del movimiento de repartidores por aplicación. Tal como fue comentado en la conferencia de prensa, la postura de este colectivo está en la sintonía expresada por la COPARMEX, y otras cámaras empresariales.
Por otro lado, la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación se reunieron el 13 de diciembre con autoridades locales, entre ellas, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la Agencia Digital de Innovación Pública, y algunos diputados de MORENA, entre ellos, la diputada Marcela Fuente. En dicha reunión, las autoridades precisaron la intención del aprovechamiento del 2% a las empresas de plataformas digitales y mostraron la decisión de cambiar la redacción del artículo 307 TER, de forma que no existieran dudas de que las empresas en cuestión son quienes están sujetas al pago de este aprovechamiento, además de que las y los trabajadores repartidores por aplicación están exentos de esta medida recaudatoria. Si bien el aprovechamiento no es trasladable, las y los trabajadores por aplicación expresaron que el modelo de las empresas de plataformas les permite transferir indirectamente estos costos a las personas repartidoras, ya que no existe regulación ni reconocimiento de la relación laboral. Las autoridades expresaron estar de acuerdo en que el siguiente paso para frenar la precarización del gremio de reparto es el reconocimiento laboral y la regulación de las empresas de plataforma. Asumieron el compromiso de trabajar de forma conjunta con la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación para que su iniciativa de ley cumpla con las exigencias de la clase trabajadora. A partir de dicha reunión, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México ha comenzado mesas de trabajo con diversos colectivos y sindicatos de trabajadores por aplicación.
Por otra parte, el pasado 14 de diciembre, previo a la aprobación del paquete económico de la ciudad para el 2022, la Unión de Colectivos y Sindicatos de Repartidores por Aplicación se concentró y cerró el Eje Central a la altura de la calle 5 de mayo para hacer escuchar su posición respecto al aprovechamiento: el 2% para las apps, no para el repartidor. A pesar de ello, como es costumbre de la derecha, decidieron manipular la verdad. La derecha argumentó que dicha concentración de repartidores se oponía al “derecho de piso” de Claudia Sheinbaum. El comunicado conjunto que hizo público la Unión de Colectivos y Sindicatos fue claro y preciso: rechazo contundente a la postura empresarial.
Si bien existe una diversidad de posiciones políticas en el movimiento de trabajadores por aplicación, es de vital importancia tener claridad en cómo se definen distintas posiciones ideológicas, desde la derecha hasta la izquierda. Llama la atención la existencia de posiciones proempresariales desde el lado de los trabajadores por aplicación e, incluso, de posturas neoliberales como es el caso de youtubers que se dicen estar del lado del repartidor. Por otro lado, es importante que las y los trabajadores por aplicación no sean ajenos a la realidad política del país. No deben engañarse ante una supuesta neutralidad política-ideológica. La lucha de clases está presente, es momento de definir posiciones.
[1] Entre muchos artículos destaca uno del periódico El Financiero: “Claudia Sheinbaum presentó una propuesta ante el Congreso para cobrar un impuesto de 2 por ciento del monto total de ventas a repartidores de aplicaciones.” Por otro lado, se compara a Claudia Sheinbaum con Antonio López de Santa Anna, ello en el contexto de la probable candidatura de la Jefa de Gobierno para la presidencia del 2024.
[2] El aprovechamiento es definido en el Código Fiscal como “los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos a las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal” (Art. 3). Por otra parte, Salvador Juárez Galicia, Procurador fiscal de la CDMX, comentó que el aprovechamiento no es tributable, es decir, no es un impuesto en cuanto tal; además que no trasladable a clientes o repartidores. Véase la entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez.
[3] Es interesante como comienzan a configurarse las posiciones políticas. En el caso de este colectivo, llama la atención el uso de videos de Chumel Torres para defender su postura, o bien, las cuentas que citan en Twitter, como, por ejemplo, la de @vampipe. Ambos personajes claramente opositores de derecha al gobierno actual. Sobre los posicionamientos de las cámaras empresariales ante el aprovechamiento a plataformas digitales, ver aquí.