La implementación del proyecto del Tren Maya en la Península de Yucatán ha despertado el interés acerca de los derechos de los pueblos indígenas en cuyo territorio se asentarán las vías de este tren. Sin embargo, la atención a este tema ha silenciado otras problemáticas que durante los últimos años diferentes pueblos mayas han estado enfrentando. En la discusión en torno al calor “infernal” meridano pocos han profundizado en qué es lo que ha sucedido con muchos de los montes que hasta hace unas décadas rodeaban a la metrópoli del sureste; más bien las opiniones se han centrado en torno a la urgencia y las formas de un plan de reforestación para la ciudad.
En el Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos de México presentado en 2018, Jorge Fernández, Gabriela Torres Mazuera y Claudia Gómez Godoy documentaron el proceso de enajenación de la propiedad social de los ejidos y comunidades agrarias en México. En el caso de Yucatán, los autores de este informe pusieron en evidencia la complicidad entre empresarios inmobiliarios, funcionarios de la Procuraduría Agraria y grupos de ejidatarios para enajenar tierras de uso común de los ejidos yucatecos, un proceso que se aceleró en el área cercana a Mérida a partir de los años 90’s cuando estos grupos de ejidatarios, cooptados por actores externos al ejido, decidieron ejercer el privilegio que la ley agraria les otorgaba para quedarse con la decisión de qué hacer con las tierras ejidales. Los testimonios que revelan un sentimiento colectivo de pérdida de los pobladores son los mismos en Caucel, en Chablekal o en Copó, pueblos ubicados al poniente y norte de la ciudad de Mérida. En el camino no sólo quedó la devastación de sus montes convertidos en fraccionamientos, también se destruyó una forma de concebir el espacio que había logrado salir avante a la época de las plantaciones henequeneras, un modo que excede los márgenes del ejido posrevolucionario. Allá donde muchos ven únicamente antiguos planteles “abandonados” los mayas de esos pueblos ven un territorio necesario para seguir existiendo; lo que ahora es el Country Club era uno de los montes que albergaba varios de los sujuy ch’e’eno’ob (pozos vírgenes) de Chablekal, de donde se extraía el agua necesaria para los rituales agrícolas. En Caucel (Pueblo) el lugar que hoy ocupan miles de casas de los fraccionamientos de Ciudad Caucel eran hace apenas un par de años montes en donde los pobladores sembraban lo necesario para preparar los alimentos de la fiesta de los Finados (Día de Muertos) y conseguían materiales para elaborar la casa maya tradicional, según ha documentado César Quintal.
En el centro de la cuestión se encuentra el hecho de que los pueblos mayas del municipio de Mérida no han podido ejercer el derecho a la libre determinación como lo establece la misma Constitución yucateca en el artículo 7 bis. Los reglamentos meridanos tampoco los han reconocido como pueblos siendo que muchos tienen una presencia ininterrumpida desde la época prehispánica como Chablekal o Caucel.
El panorama para el futuro es bastante oscuro; la expansión de la mancha urbana se encuentra en marcha ya que mucho de lo que aún podemos ver como montes se encuentra fraccionado y vendido esperando la maquinaria pesada que acabará con flora y fauna por igual. A pesar de ello existen pueblos que exigen su derecho a seguir existiendo. Los mayas de Chablekal, organizados en la “Unión de Pobladores y Pobladoras en defensa de la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales”, se encuentran defendiendo Misnebalam, uno de los pocos montes del pueblo que aún no ha sido vendido por el comisariado ejidal. A poco más de diez kilómetros al sur de Chablekal, en la ex hacienda henequenera Copó, pobladores originarios y avecindados se han organizado para evitar que las inmobiliarias sigan construyendo sin siquiera informar la manera en que la vida del pueblo será afectada. Han presentado una propuesta participativa que han titulado “Paseo Copó” para desarrollar un amplio corredor con áreas verdes que conecte el centro histórico del pueblo con otras áreas comunes.
¿Cómo sería Mérida si los pueblos mayas del municipio hubieran podido ejercer el derecho a la libre determinación que les corresponde para decidir sobre sus montes y su territorio? ¿Cómo construir un pueblo o una ciudad que pueda garantizar el respeto a los derechos de los pueblos mayas y el acceso a la vivienda digna de los miles de habitantes de Mérida? ¿Vendrá la implementación del proyecto del Tren Maya a acentuar estos procesos de despojo en las estaciones que se prevén?