Opinión
Juan Carlos Páez
La pandemia provocada por COVID-19 ha traído consigo una gran crisis económica para todo el continente americano. Las consecuencias del neoliberalismo y de las crisis del siglo XXI ya habían generado un impacto en el crecimiento de la pobreza y la desigualdad en toda América; así fue como nos llegó la pandemia.
Un reporte reciente del Wall Street Journal alude al Banco Interamericano de Desarrollo en su informe mensual de marzo de 2021, y menciona que, tras 15 años de un crecimiento moderado y estable de la región latinoamericana, millones de personas están cayendo en la pobreza, dado que la economía se ha contraído 7.4 % en 2020. Esto representa la peor depresión económica desde 1821, cuando la región estaba inmersa en las guerras de independencia.
Ahora bien, las consecuencias sobre la pobreza las podemos enfocar en derechos humanos específicos, en los denominados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), que justamente han sido los más deteriorados con la pandemia. Estos derechos, cabe recordar, se encuentran inscritos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (PIDESC), firmado y ratificado por la mayor parte de los países del mundo, incluyendo Colombia.
Este pacto señala en su artículo 2 que todos los países han de garantizar “hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”, incluso -señala el propio pacto- por medio de la asistencia y la cooperación internacional, especialmente técnica y económica. En ese sentido el PIDESC representa una búsqueda histórica de una parte de las naciones de la comunidad internacional por garantizar los derechos sociales de la población (cabe destacar que diplomáticamente fueron la ex Unión Soviética, en conjunto con China y Cuba, y los aliados del Pacto de Varsovia, quienes procuraron la consecución de dicho pacto desde la década de 1960).
En este caso es evidente que el gobierno colombiano no movilizó el máximo de sus recursos para abatir las consecuencias en materia de pobreza, desigualdad, acceso a la salud y a la educación de la población colombiana, con lo cual está incurriendo en una violación directa al mismo pacto. Ese es el primer encuadre para poder comprender que, si bien todos los países del mundo se encuentran enfrentando a la crisis mundial provocada por la pandemia debido también a las desigualdades estructurales del modelo económico mundial, el manejo de la pandemia a nivel interno, garantizar los derechos sociales y atajar las consecuencias de la histórica desigualdad son responsabilidades del Estado. Considero que, como tal, la manera en que se ataja y hace frente a la crisis significa el grado de legitimidad que un gobierno tendrá frente a sus ciudadanos.
Esto llevó a un hartazgo total sobre todo de la juventud, estudiantes bien preparados que se ven sin oportunidades laborales al terminar sus estudios y que ahora mismo no ven un futuro cierto para ellos mismos, lo cual los condujo a tomar las calles, exigiendo acciones positivas del gobierno frente a esta grave crisis. Producto de estas protestas se ha observado una respuesta negativa por parte de las autoridades colombianas, de manera tal que se han violado diversos derechos civiles a los jóvenes durante el Paro Nacional. Se sabe de una actuación fuera de las normas internacionales de derechos humanos por parte del gobierno, lo que ha causado un sin número de detenciones, más de 130 desaparecidos, y hasta el momento 50 personas que han fallecido.[1] Además, se habla de la actuación de grupos para policiacos, que actúan al margen de la ley, lo que ha generado mayor incertidumbre y alarma, por supuesto ante mayores casos de violación a derechos humanos.
De manera tal consideramos que se está incurriendo en violaciones graves a los derechos humanos que desobedecen entre otros, a la Convención Americana de Derechos Humanos, misma que debe intervenir por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH tiene antecedentes de actuar de forma parcial ante violaciones graves a los derechos fundamentales según los países donde estas ocurren, por ende, considero que esta es una prueba de fuego para la CIDH para hacer una actuación rápida y certera. En tanto que es un órgano consultivo para determinar graves violaciones a derechos humanos de los Estados miembros de la OEA, se deberán establecer medidas cautelares inmediatas para proteger la vida y la integridad física de las y los participantes del Paro Nacional. Es importante considerar el derecho del pueblo a la resistencia y a buscar una mejor calidad de vida, así como el derecho a un nivel de vida adecuado y, finalmente, el derecho a un proyecto de vida; en síntesis, estos derechos representan el derecho a la esperanza. Ahora mismo la juventud colombiana carece de esa puerta al futuro.
Nota
[1]Documento redactado por la Comisión Eclesial de Justicia y Paz, y el Equipo Jurídico y Humanitario núm. 21, 23 de mayo de 2021.