La política mexicana en agosto se pobló de imágenes. En la cuenta apócrifa atribuida a Juan Jesús Lozoya Austin, un video muestra a dos personeros panistas empaquetando fajos de billetes para corromper presumiblemente a cuanto legislador tuvieran enfrente. En paralelo, el hermano Emilio, adereza el escándalo mediático incriminando a miembros de las administraciones federales y congresistas de los últimos treinta años en diversos ilícitos, vinculados fundamentalmente con desfalcos ruinosos para PEMEX y cabildeos de expresidentes en favor de empresarios corruptos, para beneficiarse irregularmente de la reforma energética peñista. Emilio Lozoya Austin promete casi veinte horas de videos y múltiples pruebas contra los responsables del daño al erario, pero sólo entrega una parte ínfima de los materiales ofrecidos para negociar la impunidad. A cambio, el único delincuente confeso de recibir los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, no pisa la cárcel. Se aduce, primero, una anemia aguda; posteriormente, le operan de una hernia hiatal en un hospital privado; al final, lo “recluyen” en un departamento familiar en Polanco. Esta cadena de hechos evidencia para muchos un cambio genuino en la política nacional, también que la lucha gubernamental contra la corrupción “ahora sí va en serio” y que, una vez en la vida, las sanguijuelas políticas morderán el polvo. Desplegado este mensaje alentador, el presidente convoca al pueblo —porque para él la sociedad civil no existe— a denunciar penalmente a sus predecesores y pone la fecha de la Independencia como límite para recibir la patriótica demanda; de no ser de esta manera, sugiere, él procederá por su cuenta.
Infortunadamente, el presidente no tiene el monopolio de los videos. Carlos Ahumada, a pesar de no disponer de un vocabulario superior a las cincuenta palabras, sedujo a la crème de la izquierda nacionalista, cuando perredistas y morenistas eran uno y el mismo. El empresario argentino tuvo la astucia de grabar a los operadores del PRD mientras recibían donaciones “desinteresadas” para la causa del cambio que todavía no se adjetivaba verdadero. La práctica persistió. El meteórico ascenso del chico maravilla de Querétaro, Ricardo Anaya, fue acompañado de videos en los cuales varios legisladores panistas de la vieja guardia departían alegremente con unas damas de compañía contratadas para agasajarlos en el receso de una convención partidaria. La corrupta administración de Peña Nieto tomó sus precauciones y grabó a sus opositores y, posiblemente, también a los suyos, no fuera que huyeran del partidazo por el deseo irrefrenable de conseguir un hueso. Cual copia del affaire Ahumada, en el único video dado a conocer hasta el momento, aparece el hermano del presidente, Pío López Obrador, recibiendo dinero “para el movimiento” de manos del operador político del gobierno de Chiapas, encabezado en 2015, año del debut electoral de MORENA, por Manuel Velasco Coello. El militante del PVEM que avitualla a Pío, David León, sería nombrado por el presidente López Obrador coordinador nacional de Protección Civil y, previo al escándalo, zar de la distribuidora estatal de medicinas. Idéntico al quid pro quo de la negociación con Ahumada. “No somos iguales”, machacaría AMLO seguido de la glosa de los comentaristas afines al régimen, quienes —en análisis exprés— advierten diferencias inobjetables entre los implicados, en la magnitud de los montos, además del sutil detalle de emplear bolsas de papel y no los portafolios de los delincuentes de cuello blanco. Alguien añadió analogías históricas absurdas. Sin duda, la 4T posee también su propia semiótica.
Tienen razón quienes observan la dependencia de los partidos hacia el dinero ilegal para robustecer las campañas electorales, incluido MORENA, que, participando de éste, pretende reducir el financiamiento público a los partidos ahora que es gobierno, conocida la ventaja de las fuerzas políticas en el poder por la débil fiscalización de los fondos públicos disponibles en los comicios. López Obrador ha dicho que no lucrará políticamente con la necesidad de los electores, pero todavía no hay evidencia sólida que lo acredite, aunque sí la preocupante atribución que se autoconcedió como guardián de los comicios. De otro lado, la exhibición de los videos puede verse como indicio del uso electoral de la demanda de justicia de una población secularmente agraviada por su ausencia. El lopezobradorismo no da visos de resolver la crisis nacional de la que debe de hacerse cargo como gobierno, profundizándola incluso en algunos aspectos (seguridad, economía, salud, profesionalización de la administración, etcétera). Un gobierno inoperante y una oposición desacreditada copan el vacío político con imágenes, lo único que pueden ofrecer como sucedáneo de una política sustantiva que dé viabilidad a un país desgarrado. Estamos muy lejos de la “purificación de la vida pública” pregonada por el otrora candidato López Obrador. Más bien corremos en sentido opuesto: avanza la putrefacción de un sistema caduco que la tecnocracia gobernante adaptó a las necesidades del capitalismo desregulado, y que la 4T, a falta de imaginación política, pretende recuperar como el paraíso que nos arrebataron los neoliberales. Entre tanto, ciudadanos ávidos de silbar, aplaudir y mentar madres contemplan a los esperpentos de la política nacional, esa oquedad tapada con imágenes.