Fragmento del capítulo 4 de The Tyranny of Common Sense: Mexico’s Postneoliberal Conversion, SUNY, 2021.
Ser intelectual supone ser crítico y serlo representa una actitud moral ante el poder que se argumenta conforme a los problemas concretos. Esta conducta, sin la cual no sería posible entender quién es y quién no es intelectual, excluye la relación de las diversas especialidades: novelista, poeta, cuentista con el poder. ¿Qué podría entenderse por esto? El intelectual asociado al poder justifica los actos de gobierno.
Gastón García Cantú[1]
El advenimiento de las industrias culturales, que podemos marcar con la inauguración del Centre Georges Pompidou en 1977 en París, implicaron hacer accesible a las masas la producción y consumo de arte, literatura, cine, música con el objetivo de democratizar la cultura. Dicho proyecto de democratización –que llega a México con el neoliberalismo– plantea un dilema a las políticas culturales: ¿concebimos al arte como un campo de experimentación autónoma para una élite informada de expertos? O ¿queremos que los museos estén atiborrados de públicos haciendo accesible –o transformando en entretenimiento al arte o espectacularizando la cultura– en detrimento de la calidad y autonomía de la obra de arte? O ¿debe de ser la cultura un escaparate de las voces minoritarias, un sitio de congregación comunitaria, un bastión en el espacio público de la disidencia contra las formas de poder? El debate sigue vigente en tanto consideremos a la cultura como expresiones en música, danza, arquitectura, cine, literatura, artes visuales, teatro o la concibamos como las manifestaciones que describen a una comunidad. La respuesta del actual régimen al debate global sobre la democratización de la cultura es un Centro Cultural en el Bosque de Chapultepec, una política de repatriación y defensa del patrimonio expoliado, la coexistencia de la naturaleza con la cultura, el objetivo de ofrecer la experiencia de la diversidad mexicana, poner en primer plano las expresiones culturales de los pueblos indígenas, y darle un nuevo rol de los intelectuales ya no como críticos del poder, sino participando directamente en los procesos políticos. En fin, todo un programa del Estado que parece oponerse al espectáculo y al elitismo de las industrias culturales.
El 1 de diciembre de 2018 se abrieron al público general las puertas de “Los Pinos”, la antigua residencia presidencial y el siguiente abril se anunció que el espacio sería destinado a un centro cultural. El proyecto concibe al Bosque como “un espacio de integración de una sociedad compleja (donde se ofrecerá) el derecho humano a la cultura”[2]. Su objetivo es integrar las cuatro zonas del Bosque de Chapultepec en una sola y la dirección del proyecto fue concedida al artista visual Gabriel Orozco, quien “donó” su trabajo al Estado para redefinir las vocaciones culturales d el espacio y crear un “espacio de vida cultural permanente”. Según la secretaria de cultura Alejandra Frausto, el objetivo principal del Proyecto Cultural Chapultepec es “lograr una experiencia de manera de ver la cultura, más allá de la creación artística, la experiencia de un espacio que refleje lo que somos como país”. El Proyecto incluye un museo de sitio cuya sede será la Casa Lázaro Cárdenas, quien fue el primer presidente que tomó una postura de austeridad presidencial al rechazar vivir en el Castillo de Chapultepec, a quien el presidente López Obrador emula al rechazar vivir en “Los Pinos” y abrirlo al público. El resto del proyecto concebirá al espacio como un “laboratorio que nos de acceso a expresiones artísticas”, según declaró Frausto. El Bosque será también la sede de la Orquesta Carlos Chávez y de un espacio de exhibición de patrimonio recuperado, que se inaugura con una exposición de 594 exvotos que habían salido de México de manera ilegal y que por gestión de Frausto, fueron devueltos recientemente por el gobierno italiano[3].
El anuncio del Proyecto Cultural Chapultepec no fue recibido sin controversia. Primero que nada, no hubo una licitación o concurso para decidir de forma democrática quién estaría a cargo del proyecto. Luego, salió a la luz que el arquitecto Alberto Kalach, junto con el Taller de Arquitectura X (TAX), habían hecho un proyecto para integrar el bosque de Chapultepec llamado “Plan Maestro del Bosque de Chapultepec” hace 15 años, muy similar al de Gabriel Orozco. En una entrevista con El Universal, Kalach enuncia las coincidencias de su Plan Maestro con el de Orozco, basado en la integración del Parque con la Ciudad y consigo mismo[4]. Otro factor problemático a considerar es que si bien el espacio está liberado del poder ejecutivo, no lo está del ejército, ya que en la Cuarta Sección del Bosque alberga una base militar con una unidad habitacional de la SEDENA, lo que hace muy extraña la coexistencia entre el ejército y un proyecto cultural concebido como un “espacio para la paz”.
Luego del anuncio del Proyecto Cultural Chapultepec, el gobierno comenzó a desmantelar lo que fuera el proyecto cultural neoliberal ejecutando recortes de presupuesto a la Secretaría de Cultura y eliminando subsidio al Festival de Cine de Morelia y de Guadalajara, a los premios Fénix. En una de sus conferencias mañaneras a finales de mayo, el presidente hizo una declaración que generó gran inquietud: “Los intelectuales y científicos se acostumbraron a vivir colmados de atenciones”. El Presidente planteó a la ciencia y a la cultura como algo superfluo y declaró que primero son los pobres y (sic) que se acabó el “turismo académico” [5]. Al mismo tiempo, con declaraciones de la Senadora Jesusa Rodríguez en contra del FONCA y del Subsecretario de Cultura Luciano Concheiro anunciando recortes en el Conacyt y la cancelación de las pensiones de los profesores de universidades públicas, se generó incertidumbre en general sobre el estatus a mediano y largo plazo de organismos estatales que por tres décadas han sostenido la cultura y la investigación científica y académica: CONACYT, FONCA y EFICINE. Se anunció de este modo, una nueva manera de concebir la cultura e investigación académica y científica, también de concebir a los intelectuales en relación al poder y el proyecto de redistribución del presupuesto coherente con los objetivos del Plan Nacional del Desarrollo del Presidente Andrés Manuel López Obrador que sigue la consigna: “primero los pobres”.
Con el neoliberalismo, la industrialización de la cultura implicó que las voces de los artistas, escritores y cineastas se consideraran como importantes para darle forma a la sociedad, y la cultura, por ende, como algo útil. Tanto el Estado como el sector privado le atribuyeron un papel político decisivo a la cultura e invirtieron cantidades de presupuesto sin precedentes para generar plusvalía política, económica y social, explotando el potencial diplomático del arte y de la cultura, ya que se concebía como una forma de capital social. Bajo este esquema, se dio al arte la tarea de mostrar, dar a ver o percibir situaciones o eventos de manera distinta, ofreciendo actos de observación crítica o exégesis. Exposiciones y bienales abordaron preguntas o cuestiones “políticas”: trabajo, pobreza, explotación, violencia, globalización, guerra, exclusión, violaciones a los derechos humanos, formas nuevas e insidiosas de poder. En paralelo y ante la gravedad de las urgencias sociales, surgió una forma de arte “semi-autónomo” activado directamente en el campo social, siguiendo una ética de acción y compromiso fuera del mundo del arte buscando intervenir en temas urgentes en la esfera pública y toda su complejidad (el caso del trabajo de Lorena Wolffer es ejemplar). Rastros de estas manifestaciones se exhiben ocasionalmente en museos o en el marco de otras instituciones culturales. Esta simbiosis del arte con la vida presenta nuevas formas de experiencia cívica colectiva y se basa en comunicación e intercambio. Se opone al “espectáculo” de las industrias de la cultura para proponer soluciones para mejoras y cambios a corto plazo, a diferencia del arte tradicionalmente politizado que se opone al status quo para revelar verdades sociales contradictorias. Otra vena de arte crítico buscó defender la autonomía de las instituciones culturales del mercado y de los patronos corporativos ejerciendo la crítica institucional como un deber cívico. Ello implicó exacerbar las tensiones entre las instituciones, la opinión pública y el mundo del arte en general. Esto en un contexto de consolidación de una alianza en el campo de la producción cultural entre estados, corporaciones, mercado del arte y sector privado.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se había instituido un sistema de becas y subsidio para las artes y la cultura. En el momento de la “transición democrática” una de las prioridades de los gobiernos del PAN fue “el desarrollo y democratización de la cultura”, y aprovechando las estructuras de subsidios ya emplazadas, el gobierno invirtió – siempre a regañadientes – presupuesto en producir, diseminar y administrar la cultura, facilitando la participación de patrocinadores corporativos y privados, colaborando e invirtiendo en el mercado del arte e implementando un programa oficial: no para guiar los contenidos y simbología del arte como lo habían hecho los régimenes PRIístas hasta Manuel López Portillo, sino para satisfacer la demanda nacional y global de bienes culturales y creativos – en aras de la democratización de la cultura y libertad de expresión. La idea de “democratizar la cultura” se inspira en la definición de cultura de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural de la UNESCO. De acuerdo con la declaración, la cultura juega un papel crucial en el desarrollo social y económico, ya que las industrias culturales y creativas generan trabajos e ingresos y atraen la inversión[6]. Las directivas del consenso global de la funcionalidad de la cultura como entidad democratizadora, establecen un lazo entre libertad cultural, promoción cultural y democracia, con la meta de expandir elección individual, promover la participación activa de los ciudadanos, incitar al respeto a otras culturas, promover la libertad de elegir la propia identidad (y respetar la de otros), etc. Sin embargo, aparte de las altas expectativas que podamos tener sobre el valor de la cultura, sus efectos y beneficios son impredecibles, difíciles de medir pero garantizan la libertad de expresión y promueven la riqueza cultural.
La estrecha relación entre esfera cultural y política o la instrumentalización de la cultura en nombre de la política no es nada nueva. Sin embargo, de acuerdo con George Yúdice, los proyectos culturales de la UNESCO, la sociedad civil globalizada, gobiernos, ONGs, el mercado, administradores culturales y todos los que trabajan en las industrias culturales y creativas han logrado una transformación sin precedentes en nuestra comprensión de la cultura y lo que hacemos en su nombre[7]. Por un lado, “cultura” se define como el proceso social a través del cual comunicamos significado para entender al mundo, construir identidades y definir nuestros valores y creencias. A finales de los 1990s, el teórico Frederic Jameson declaró que el espacio social estaba completamente saturado con la imagen de cultura. Esto se debe a que en nuestras actividades profesionales y cotidianas, al igual que en las varias formas de entretenimiento que disfrutamos, la sociedad consume productos culturales todo el tiempo[8]. George Yúdice describió esta situación: el “giro cultural” del postmodernismo, que implicó la expansión de la cultura al mercado en los aspectos sociales, políticos y económicos de las sociedades. Esta transformación puso sobre la mesa una conocida contradicción entre la trivialización de los productos culturales para servir al mercado de consumo de masas (lo que se ve como negativo) y la democratización cultural, que se considera como positivo. El arte y la cultura quedaron entonces sujetos a las demandas de las industrias culturales y creativas, subsidiado por el Estado, mercado y corporaciones, en un esquema en el que el arte adquiere el papel de ser un bastión crítico y antagónico para fortalecer la democracia, permitiendo a los creadores ejercer el derecho a la libertad de expresión garantizada por el poder tolerante que se legitimaba con la producción cultural como escaparate del antagonismo.
Retomo esta reflexión sobre la política cultural en los sexenios de “la transición democrática” en México, para contextualizar los recientes debates, controversias y ataques públicos contra los productores culturales generados por declaraciones de funcionarios del actual gobierno y la subsecuente “reorientación” del presupuesto. El fruto de casi tres décadas de florecimiento cultural que colocó a México como enclave principal de producción cultural a nivel global, fue vilipendiado, atacado y al parecer comienza a ser lentamente desmantelado. En el Plan Nacional de Desarrollo del régimen actual, el debate sobre lo que sería la “democratización de la cultura” y el papel del Estado en dicha democratización, deja de tomarse en cuenta a favor de una ambigua política de subsidio cultural enfocado en categoría abstracta de “las poblaciones”. No hay ni una sola página en el PND en la que se hable de política cultural, más que: “La Secretaría de Cultura promoverá la difusión, el enriquecimiento y la consolidación de una vasta diversidad cultural que posee el país y trabajará en estrecho contacto con las poblaciones para conocer de primera mano sus necesidades y aspiraciones en materia cultural”. Aparte de las declaraciones de Frausto sobre el Proyecto Cultural Chapultepec, y las del Presidente sobre dar la prioridad a la cultura de “los pobres”, es flagrante tanto en el PND como en el Primer Informe Presidencial la carencia de propuestas de programas, estrategias, presupuestos y objetivos a alcanzar en lo que respecta al ámbito cultural.
Como lo vimos en la introducción, el Plan Nacional de Desarrollo está orientado a políticas sociales (no excentas de problemáticas) que tienen como meta subsanar la brecha de desigualdad que existe en el país. Si bien es verdad que la desigualdad en México es más apabullante si se considera lo que el Estado invertía producción cultural, a sabiendas que la cultura se produce desde, por y para el privilegio y que los productores culturales vienen por lo general de estratos sociales privilegiados, en realidad, lo obsceno de la inversión oficial en cultura (que en realidad es muy por debajo del 1% del presupuesto nacional recomendado por la UNESCO) reside en la desinversión oficial en la educación pública. Es decir, en paralelo al boom neoliberal en inversión en cultura, se comenzó a desmantelar el sistema de educación pública a través de recortes en el presupuesto. A llegar a una situación en la que la mayoría de los docentes en la UNAM ganan 80 pesos por hora de curso impartido en las aulas, firmando contratos de semestre en semestre, porque las medidas de austeridad están desapareciendo las plazas de tiempo completo, además de que el 80% de los solicitantes de plazas para estudiar se quedan fuera. Ello, aunado a la campaña de desprestigio de la educación pública y de los maestros del SNTE en los medios masivos de comunicación desde el sexenio de Felipe Calderón plantéandolos como enemigos del ciudadano por sus constantes protestas contra el empeoramiento de sus condiciones de trabajo. A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de frenar la reforma educativa puesta en marcha por los gobiernos anteriores, la situación en las instituciones públicas no mejora. Por ejemplo, desde agosto en la Escuela Normal Rural de Mactumazá en Chiapas, los estudiantes entraron en huelga demandando la reapertura de su sistema de internado y los recursos económicos que permitan funcionar de manera óptima a la institución. Desde antes de comenzar el año escolar, el gobierno de Chiapas suspendió la entrega de recursos para mantener el centro educativo. Los estudiantes han hecho protestas en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, han tomado la caseta que comunica a la capital del estado con Los Altos de Chiapas, incendiaron un autobús y han librado batallas con policías estatales. La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas reveló que en 2019 sí se destinaron más de 20 millones de pesos a la escuela, pero la escuela no ha recibido los recursos[9]. ¿Corrupción o desmantelamiento paulatino de las normales rurales para transferir los recursos a las Universidades para el Bienestar Benito Juárez envisionadas en el Plan Nacional de Desarrollo? El proyecto de las Universidades para el Bienestar del actual régimen, consiste en erigir 100 planteles con trabajo comunitario en 31 estados con 32 mil plazas para estudiantes con una beca de 2 mil 400 pesos mensuales. Sin embargo, se reporta que las 87 Universidades para el Bienestar que ya están operando en el país, carecen de recursos para comprar material, hacer limpieza y pagar a los maestros[10]. Surge aquí la pregunta si el actual régimen está basado en legitimarse y a su discurso con nuevos proyectos en varios sectores estatales rompiendo con los de los gobiernos anteriores como una manera de demarcarse de ellos. Si es el caso, regresamos a la vieja práctica presidencialista “revolucionaria”, cara e inefectiva a corto y largo plazo de destruir el legado de los gobiernos anteriores y erigir uno nuevo a partir de tabula rasa.
En cuanto a la política cultural, se ha argumentado que el objetivo del actual régimen de des-subsidiar las estructuras culturales ya emplazadas es un esfuerzo por democratizar y descentralizar la producción cultural expandiendo recursos a la cultura y a la educación donde no han todavía llegado. Se ha hablado de ofrecer apoyos a artesanos en zonas rurales, de crear orquestas con niños y adolescentes en zonas marginales para impedir que no sean cooptados por el crimen organizado, de desterritorializar la inversión cultural a comunidades remotas donde no ha llegado la cultura. Aquí cabe mencionar también el laudable esfuerzo por descentralizar a la Secretaría de Cultura a Tlaxcala[11]. Sin embargo, con la des-inversión en cultura y educación, parece que el actual gobierno está en efecto desmantelando las estructuras culturales y educativas de los gobiernos neoliberales para sustituirlos por unas nuevas estableciendo un programa cultural centralizado afin con la ideología del régimen. Paradójicamente, las políticas culturales del régimen de eliminar los subsidios a la cultura parecen darle continuidad al proyecto de Guillermo de Tovar y de Teresa de quitar paulatinamente el subsidio de Estado a la cultura para que eventualmente los públicos sean los que la subsidien implementando un modelo de “autosuficiencia” de producción cultural. Sin embargo, desde Tovar y de Teresa nunca tuvimos noticias de cómo se implementaría un esquema así sin precarizar aún más la producción cultural. Todo apunta a que se reestablecerá y normalizará la relación proto-neoliberal de sadismo del Estado, con los productores culturales a través de prácticas como la eliminación repentina de apoyos, o darlos a cuentagotas, de burócratas de la cultura poco comprometidos con su función, artistas, músicos, escritores trabajando gratis con tal de tener un contexto que le de visibilidad a su trabajo, que además no lo valore. Los productores culturales llevamos años luchando por condiciones de trabajo dignas, por ¡sueldos! y contra el mal gusto oficialista que caracterizó a la producción cultural proto-neoliberal, y dos de los logros de la neoliberalización de la cultura fueron la libertad de expresión y la relativa autonomía con la que logramos despojar a la cultura subsidiada por el Estado del tufo y mal gusto oficialista. Al mismo tiempo, el objetivo de democratizar a la cultura se cumplió al registrarse asistencia masiva en museos públicos y en el boom editorial de los últimos 20 años, entre otros ejemplos.
Lo que es preocupante, además de los ataques deslegitimadores contra académicos y productores culturales desde la voz oficial, es el clima anti-intelectualista y oscurantista de desdén a la cultura y desarrollo de la ciencia[12], es que se vislumbra que detrás de las medidas de austeridad en cultura y educación, se está escribiendo un nuevo guion de sensibilidad nacional bajo el aegis del gusto del presidente y de sus colaboradores. En la mañanera del 18 de junio, el presidente declaró que lo que su gobierno estaba apoyando en materia de cultura es: “mi concepción de la cultura”, que para él “tiene que ver con los pueblos (originarios)”[13]. Esta declaración fue hecha con el mismo tono con el que el presidente le contestó a Jorge Ramos cuando el periodista lo confrontó con la cifra de homicidios en los cuatro meses que llevaba su administración. Según, Ramos, los homicidios aumentaron en el país, pero el presidente lo negó y le pidió comparar sus cifras con las de un gráfico que presentó en Palacio Nacional, haciendo una distinción entre “mis” cifras y las “tuyas”[14]. ¿Será el suyo un programa cultural centrado en la utilidad del electoralismo populista justificando la apuesta a un nuevo esencialismo mexicano basado en “la cultura de los pobres” y “de los pueblos”? Si es así, la postura en política cultural del régimen se encuentra en plena continuidad con el utilitarismo e instrumentalización de la cultura en los gobiernos neoliberales, pero ahora con censura a la libertad de expresión a modo de recorte presupuestal en los apoyos e implantando una nueva sensibilidad estética oficial, impuesta desde arriba de facto eliminando el aparato democrático de producción cultural. Al mismo tiempo que padecemos la destrucción gradual de la esfera pública no sólo por la situación de “pos-verdad” que describí en la introducción en la que el Presidente se permite deslegitmizar la investigación periodística enunciando “su” verdad como suprema, sino también por el uso de lenguaje vulgar y misógino, la falta de formas o protocolos y la ofensa a los ciudadanos y ciudadanas (“Se las metimos doblada…”, “A huevo…”, etc.). Vemos en el horizonte de la ideología cultural por venir las historias del Siglo XIX (Patria, tomos 1-3) de Paco Ignacio Taibo II, la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, los lazos e intereses académicos de la Doctora Beatriz Gutiérrez (quien tiene bajo su dirección la Coordinación de la Historia y la Memoria), el entronamiento de una nueva figura oficial cultural que sigue el linaje de Diego Rivera, José Luis Cuevas, Octavio Paz: Gabriel Orozco, es el artista (hombre) con más visibilidad y credibilidad intelectual y comercial fuera de México dirigiendo el proyecto del Centro Cultural Los Pinos (se rumora que parte del proyecto es un museo personal del artista). Está también la sospechosa simbiosis entre performance experimental de cabaret y Senado de la República con Jesusa Rodríguez bajo la consigna: dejar de criticar con arte y poner manos en acción pasando de la “mafia en el poder” a la “magia en el poder” .
En paralelo al desmantelamiento de las estructuras culturales democrático-neoliberales, se empieza a perfilar un programa de cultura que promueve una identidad nacional simplista bajo el adjetivo homogeneizador “indígena” u “originario” basado en una idea centenaria de folklor y mexicaneidad. Por ejemplo, con la “Guelaguetza Nacional” el 15 de septiembre con representantes culturales de todos los Estados, aunque paradójicamente, en la Guelaguetza en Oaxaca comunidades no participaron este año porque el gobierno no les ofreció apoyo ni digno ni suficiente. Está también la feroz misión de la Secretaría de Cultura de repatriar el patrimonio y defender la artesanía y los diseños mexicanos de expolio y plagio. Desde el punto de vista de los llamados “pueblos indígenas”, sin embargo, las políticas culturales del Estado se están apropiando una vez más de su cultura para sus fines ideológicos y estéticos. Según la pensadora mixe Yásnaya Aguilar, nunca hay que olvidar que “indígena” es una categoría política derivada de las relaciones coloniales de Europa con los pueblos originarios de América que fueron primero denominados “indios”, y al instituirse la República, pasaron a ser “indígenas”. El problema es que esta categoría, aunque se cambie por la denominación políticamente correcta de “pueblos originarios”, y en el contexto de un programa cultural impuesto por el Estado, tiende a homogenizar, negar la diversidad, borrar las lenguas de las naciones que se consideran fuera del Estado mexicano. El supuesto “reconocimiento” a los pueblos originarios a través de una política cultural avocada a sus necesidades, conlleva además, el borramiento de la violencia sobre la cual se sigue eigiendo el Estado-nación: la de la destrucción directa de sus modos de vida por los megaproyectos que perpetúan las relaciones coloniales de opresión y despojo continuo. Por eso, para los llamados “pueblos originarios” los programas culturales del actual gobierno instrumentalizan su cultura en aras del beneficio estatista de la imagen nacional, opacando la destrucción y despojo de sus tierras con los proyectos de “desarrollo” económico del régimen[15]. Esto implica la intensificación de las políticas neoliberales en regiones donde el aspecto desarrollista del neolibrealismo no había llegado aún.
El programa cultural del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está además en perfecta sintonía con la obsesión identitaria de la especificidad o singularidad étnica de los pueblos originarios, que es también afin a las políticas autoritarias surgidas del caos global (como los fundamentalismos islámicos). La política de “izquierda” del régimen está basada no en el anti-capitalismo sino en un moralismo de identidad esencialista que se usa para velar al capitalismo absolutista y extractivista que está operando el Estado en colaboración con corporaciones y trasnacionales. Estas políticas y los discursos que las sustentan evidencian el actual momento de pérdida en la orientación que resultó en formas de política estetizada (la “magia” en el poder) justificadas por una moralina (“primero los pobres”) que hace visible el conflicto permanente que le da forma a la modernidad: el principio cristiano de la compasión y el principio darwinista de la sobrevivencia del más fuerte[16]. En otras palabras, la moral del poder hace visible la coexistencia sin contradicciones aparentes del populismo con el capitalismo neoliberal. Los espacios de posible solidaridad son acaparados por el Estado, y la efectividad y el pragmatismo de la política cultural que busca “reconocer” la cultura de los “pueblos originarios” son los principios de poder. Si la democracia “de los pobres” de la Cuarta Transformación es un intento de proteger la vida humana de las leyes de Darwin, al ser sometida al capitalismo financiero y desarrollista, la solidaridad es superada por la competitividad, reafirmando y legitimando la división del mundo de la selección natural entre poblaciones privilegiadas y poblaciones redundantes.
[1] Gastón García Cantú, en Gabriel Careaga, Los intelectuales y el poder (conversaciones con Gastón García Cantú) (México D.F.: Planeta, 1993), p. 192.
[2] Alejandra Frausto, “Transición en Los Pinos: Hay bienes que no estaban en inventarios ni en bodegas: Frausto” (Video) Aristegui Noticias 9 de abril de 2019.
[3] Alejandra Frausto, “Transición en Los Pinos…”.
[4] Sonia Sierra, “Gabriel Orozco hizo suyo el plan maestro de Chapultepec” El Universal 1 de julio de 2019.
[5] Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia, “Intelectuales y científicos, entre los inconformes por austeridad: AMLO”, La Jornada, 29 de mayo 2019.
[6] Ver el “Plan Nacional de Desarrollo” del gobierno de Felipe Calderón, 2007–2011, 3.8, Objetivo 21
[7] George Yúdice, The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era (Durham: Duke University Press Books, 2004).
[8] Fredric Jameson, The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983–1998 (Brooklyn: Verso, 1998), p. 111.
[9] Ángeles Mariscal, “Desalojan por tercera ocasión a estudiantes normalistas en Chiapas” Arístegui Noticias octubre 31, 2019.
[10] Eduardo Ruiz-Healy, “Las Universidades para el Bienestar, Réplicas de la UACM”, El Economista, 5 de septiembre de 2019.
[11] Aunque fuentes tlaxcaltecas me informan que Alejandra Frausto y ocho de los altos mandos de la Secretaría llegan los lunes a “checar tarjeta” pero que en realidad viven en la CDMX porque la ciudad no tiene infraestructura (vivienda, escuelas) para albergar una secretaría completa.
[12] “La titular del Conacyt ha tenido expresiones lamentables: Antonio Lazcano”, Aristegui Noticias, agosto 11, 2019.
[13] Mañanera del 18 de junio de 2019.
[14] Jannet López Ponce, Milenio, 12 de abril de 2019.
[15] Yásnaya Aguilar, “Construir Naciones sin Estado, parece algo radical pero no lo es” Radio UdeG Guadalajara, 30 de octubre 2019.
[16] Franco (Bifo) Berardi, “(Sensitive) Consciousness and Time: Against the Transhumanist Utopia” e-flux jounal #98, febrero 2019.
Fragmento del capítulo 4 de The Tyranny of Common Sense: Mexico’s Postneoliberal Conversion, SUNY, 2021.
