Se le llama militarización verde al empleo de las fuerzas armadas en tareas vinculadas con la conservación o restauración del medio ambiente; esto puede implicar desde tareas relativamente sencillas como la reforestación de un prado hasta actividades mucho más demandantes como la vigilancia de áreas naturales protegidas o parques nacionales. En América Latina, pero sobre todo en África, la militarización verde ha ido volviéndose una estrategia cada vez más común por parte de diversos Estados que encuentran en ella una forma de hacerle frente a los diversos desafíos que plantea la crisis ecológica contemporánea.
Hay dos razones fundamentales que han propiciado esto último. Por un lado, como han señalado autoras como Joane Nagel, las consecuencias del cambio climático han generado una serie de afectaciones de entre las que cabría señalar la desertificación de ciertos territorios y el aumento en la intensidad y frecuencia de varios tipos de desastres naturales –incendios, huracanes, inundaciones– que, en conjunción con una explotación inmoderada de los ecosistemas, ha dado lugar al desplazamiento de multitudes de seres humanos que huyen así de ambientes degradados en los cuales su supervivencia misma está en riesgo.
Esta movilidad humana, causada por lo que Rob Nixon ha denominado violencia lenta, muchas veces implica el cruce de fronteras internacionales pero, incluso si esto no ocurre, puede dar lugar tanto a la ocupación de áreas protegidas como a la llegada de una enorme cantidad de personas a un territorio que puede no ser capaz de acomodar dignamente a las personas recién llegadas. Para muchos Estados estas situaciones han sido consideradas amenazas a la seguridad nacional de los mismos, lo cual ha implicado justamente el involucramiento de las fuerzas armadas como parte del aparato de seguridad del Estado. Esto es particularmente claro en lo que respecta a la migración entre países, sobre todo aquella que ocurre entre países del Sur Global y sus contrapartes del Norte.
Por otro lado, la explotación ilegal de los recursos naturales, ya sea por parte de pequeñas comunidades rurales o por parte de redes clandestinas vinculadas al crimen organizado, suele ser considerada como una amenaza para la soberanía territorial de los Estados y, con ello, a su prerrogativa de elegir las formas en las cuales van a emplearse los recursos naturales allí contenidos. Asimismo, la explotación ilegal pone en jaque la capacidad de los ecosistemas para llevar a cabo los servicios ecosistémicos que hacen posible la funcionalidad de estos entornos y de la vida que allí habita.
En el caso de Colombia, por ejemplo, tras los acuerdos de paz con las FARC hubo numerosos territorios cuyas tasas de deforestación se incrementaron ya que la retirada de este grupo armado hizo mucho más seguro y rentable el extraer ilegalmente enormes cantidades de madera. De nuevo, esto podía ocurrir básicamente en dos modalidades pues en algunas ocasiones eran pequeñas comunidades rurales las que llevaban a cabo tales actividades, mientras que en otros casos eran redes clandestinas vinculadas al crimen organizado. La respuesta que el Estado colombiano dio a esta situación fue justamente apostar por la militarización verde como una forma de disuadir la tala clandestina.
En cualquier caso, la construcción de las problemáticas ambientales como un tema de seguridad nacional suele dar lugar al uso de las fuerzas armadas como una herramienta cuyo principal objetivo es asegurar la soberanía territorial y el estado de derecho. En principio, las intervenciones que lleven a cabo las fuerzas armadas no debieran ser violentas pues suele distinguirse entre aquellas operaciones calificadas como cinéticas –y en las que se puede emplear la fuerza– y aquellas otras que se describen como no cinéticas y que debieran ser pacíficas y centrarse en la colaboración con autoridades locales, organizaciones no gubernamentales o población local. Como podríamos suponer, el empleo del ejército en tareas relacionadas con el medio ambiente califica como una operación de tipo no cinético que, por ende, no debería dar lugar a ninguna situación violenta.
De hecho, suele recalcarse que el empleo de las fuerzas armadas en operaciones no cinéticas relacionadas con el medio ambiente obedece a cinco elementos concretos. Primero, la comunidad militar tiene amplia experiencia en planificación operativa efectiva. Segundo, tiene acceso a tecnologías de información y manejo de datos así como a la llamada percepción remota que permite vigilar grandes áreas. Tercero, tiene una capacidad para llevar a cabo tareas de inteligencia con el fin de recopilar y sistematizar información sobre delitos ambientales varios. Cuarto, puede prestar apoyo logístico terrestre y aéreo si esto fuese necesario. Quinto y último, se le considera capaz de desarrollar planes de contingencia para tareas de mitigación relacionadas con los efectos del cambio climático [1].
Empero, si bien la militarización verde ha tenido algunos importantes éxitos de entre los que cabrían mencionarse algunos casos en los cuales la tarea principal de las fuerzas armadas consistió en reforestar, hay otros tantos ejemplos tanto en América Latina como en África en los que la militarización verde ha dado lugar a la criminalización de la pobreza y el campesinado e, incluso, de la población local que habita cierto territorio.
Por ejemplo, para el caso africano académicos como Maano Ramutsindela y Frank Matose señalan que la militarización verde suele venir de la mano con una concepción preservacionista del medio ambiente. Este punto no es menor porque implica que las áreas protegidas buscan mantenerse libres de toda injerencia humana al punto de obviar la compleja historia ecológica de muchos grupos que no solamente han habitado estos territorios por siglos sino que lo han hecho sin que ello dé lugar a procesos de pérdida de biodiversidad.
Antropólogas como Anna Tsing o biólogos como Víctor Toledo han señalado en este mismo sentido que las apuestas preservacionistas ignoran que la historia ecológica de los últimos diez mil años hace imposible hablar de una biodiversidad a secas y que quizás resultaría más correctamente pensar en una agrobiodiversidad que muchas veces encuentra en la ocupación humana de ciertos hábitats un motor que impulsa la creación de microambientes y de procesos de sucesión que promueven la existencia de una amplia variedad de especies en una región.
Sin embargo, muchas veces los modelos preservacionistas simplemente ignoran estas dinámicas y apuestan por un manejo de los ecosistemas que recapitula la historia racista de la silvicultura americana o del sureste asiático. Esto lo narra el antropólogo Jake Kosek en su libro Understories en el cual describe justamente cómo los primeros proyectos preservacionistas en los Estados Unidos imaginaban un estado de naturaleza prístino –wilderness– que se encontraba amenazado por personas de color que eran, en su mayoría, hispanos que habían habitado dichos bosques desde los tiempos de la Nueva España. Curiosamente, inspirados en una óptica eugenésica, los primeros proyectos que buscaron crear parques naturales en aquel país cayeron presa de una mirada racista que imaginaba los espacios naturales como un privilegio que sólo la población blanca sabría valorar.
Algo similar ocurre hoy en día, pues el combate a la caza ilegal de gorilas o rinocerontes en algunas partes de África ha dado lugar a la creación de áreas protegidas que son producto de la presión de los países del Norte Global sobre sus pares del Sur; en general, las políticas que acompañan a la creación de tales áreas protegidas buscan preservar para la posteridad –y para el disfrute de los turistas del Norte– a esta mega fauna incluso si ello implica el desplazamiento forzado y la criminalización de los habitantes de estos territorios. Hay, por ende, una dimensión colonial y racista que se ha hecho presente en la militarización verde asociada a proyectos preservacionistas en el continente africano.
El riesgo, por tanto, es claro ya que la movilización de las fuerzas armadas acarrea desde luego la posibilidad de que se cometan numerosas violaciones a los derechos humanos. Más todavía, el discurso mismo de la seguridad nacional puede fomentar una visión en la cual aquellas personas que hacen un uso de los recursos de un territorio al que se ha declarado un área protegida sean consideradas criminales e inclusive una amenaza para el Estado. En Colombia, por ejemplo, el cuadernillo Fuerzas Militares y la Protección del Ambiente que publicó en 2020 la Fundación Ideas para la Paz describe como un riesgo muy real es que no se distingan los casos en los que los habitantes de un territorio extraen los recursos naturales allí contenidos de escenarios muy distintos en los cuales hay una explotación sistemática y masiva de esos mismos recursos pero por parte de grupos vinculados directamente con el crimen organizado. Esto último suele resultar especialmente común en la minería ilegal que ocurre en estas áreas protegidas. Hay que señalar, sin embargo, que en ese mismo texto se ofrece una lectura optimista en lo que respecta al uso de los militares en tareas relacionadas con el medio ambiente.
Sea como fuere, cabría señalar que si bien tanto la explotación por parte de la población local como aquella vinculada a redes de crimen organizado se consideran delitos ecológicos, hay una suerte de espejismo hermenéutico en la homologación de ambos tipos de actividades. Por espejismo hermenéutico entiendo lo que los teóricos Moira Pérez y Blas Radi describen como un recuento ilusorio en el cual una política pública falla al distinguir entre fenómenos heterogéneos con causas diversas ofreciendo en cambio una descripción que no solamente oculta dicha diversidad sino que entorpece el comprenderla y abordarla adecuadamente. Sostengo, en este sentido, que la militarización verde que acompaña a proyectos preservacionistas comete simultáneamente dos tipos de espejismos hermenéuticos ya que, por un lado, imagina una naturaleza prístina y ajena a la presencia humana –con lo cual se busca preservarle al expulsar a los habitantes que allí moran– y, por otro lado, coloca como amenazas a la seguridad nacional y la soberanía territorial a aquellos habitantes cuyo uso de los ya mencionados recursos puede ser ilegal pero no resulta comparable al extractivismo legal o ilegal que en estos mismos territorios pueda ocurrir.
Ahora bien, para concluir este pequeño ensayo, la razón por la cual considero relevante comenzar a pensar la militarización verde en nuestro país obedece al papel cada vez mayor que nuestros militares tienen en diversas actividades vinculadas con la política ambiental. Hasta ahora, dichas actividades han consistido fundamentalmente en la operación de viveros forestales que proporcionan árboles frutales y maderables al programa Sembrando Vida. De igual modo han participado en actividades de reforestación y creación y operación de plantas de producción de composta y tratamiento de aguas residuales.
Desafortunadamente, ya desde el sexenio anterior la noción de seguridad nacional se vio ampliada con la publicación el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación del programa 2014-2018, en el cual explícitamente se considera a la protección del medio ambiente como un elemento incluido en esta agenda. No sorprenderá, por tanto, que en 2019 se discutiera en el senado un dictamen que buscaba involucrar activamente a la Sedena en el cuidado del medio ambiente.
Finalmente, estos son quizás algunos de los casos más incipientes de militarización verde en México aunque, como ha descrito el investigador José Ignacio Montero Vieira en su ensayo Las Fuerzas Armadas mexicanas y su implicación en la defensa ambiental, en el caso concreto de la conservación de la vaquita marina y la pesca ilegal de totoaba hay ya un claro ejemplo del uso de los militares en el combate a redes que clandestinamente extraen a dichos peces del Golfo de California fomentando en el proceso la extinción de este cetáceo.
Dicho esto, quizás estamos en el momento adecuado para discutir públicamente si queremos apostar por un modelo militarizado en el cuidado del medio ambiente o si, como en otros ámbitos de la política de nuestro país, deseamos encontrar soluciones de otro tipo.
Notas
Información retomada del documento Fuerzas Militares y la Protección del Ambiente (2020) publicado por la Fundación Ideas para la Paz.