Los días 8 y 9 de marzo del 2020 fueron históricos para México: el domingo 8 las calles se pintaron de morado en varias ciudades del país. En la Ciudad de México, miles de mujeres salieron a manifestarse contra la violencia de género y los feminicidios provocando una marea morada (las autoridades dieron una magra estimación del número de manifestantes, pero colectivas y asociaciones calculan alrededor de 300 000). En contraste con esta ocupación masiva del espacio público, el lunes siguiente, 9 de marzo, las calles, dependencia, negocios, bancos, oficinas, escuelas, universidades y empresas se encontraron, en su mayoría, sin mujeres. Mucho se discutió en los días previos sobre la importancia o sentido del paro, así como del oportunista (y muchas veces hipócrita) respaldo institucional a éste. Independientemente de los distintos puntos de vista, fue importante la inmensa participación de mujeres en esta acción, el impacto económico y social que provocó, así como el debate público que generó.
Ambas acciones fueron trascendentes porque permitieron poner colectivamente de manifiesto el hartazgo de las mexicanas por la falta de atención de los gobiernos (locales, estatales y federal) al problema de la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres en materia de género en México. Esta ola morada que inundó las calles, así como la ausencia de niñas y mujeres en los espacios laborales, comunitarios y públicos es, sin duda, una fuerza potente que demuestra la capacidad de agencia de las mujeres en el espacio público y el eco que las demandas por una vida libre de violencia tienen en amplios sectores de la población. Es importante que logremos que el impulso, la unidad y capacidad de agencia puedan traducirse además en la construcción de una agenda común. Las mujeres mexicanas necesitamos seguir presionando al Estado para que cumpla sus obligaciones traducidas en políticas públicas y un mayor presupuesto, estipuladas en los convenios y leyes nacionales e internacionales que ha firmado para que las niñas, adolescentes y mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y sin discriminación.
Lo ocurrido en agosto del 2019 es un buen ejemplo de cómo un movimiento de protesta en las calles puede traducirse en acciones concretas. El 18 de agosto de 2019, algunos días después de la última marcha, Claudia Sheinbaum se reunió con varias colectivas y organizaciones feministas para escuchar las demandas y puntualizar algunas acciones y políticas encaminadas al combate de la violencia de género. A partir de esta reunión se concretaron varias acciones: una disculpa pública de la jefa de gobierno por criminalizar la protesta; la emisión de la Alerta de Violencia contra las Mujeres en la Ciudad; una iniciativa de ley para crear el banco de ADN relacionado con agresiones sexuales; la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios; la campaña “Paremos la violencia hacia las mujeres”; la implementación de nuevos señalamientos en los espacios exclusivos del transporte público; el programa “senderos camina libre, camina segura” que implica la instalación de luminarias en zonas de potencial peligro; la capacitación, con perspectiva de género, de los y las policías de la Ciudad y la creación de una unidad especial en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender la violencia ejercida hacia las mujeres policías dentro de la propia corporación, entre otras.
Sin duda, falta mucho por hacer para lograr el objetivo de erradicar la violencia de género: las noticias nos recuerdan a diario la realidad devastadora en la que vivimos. Sin embargo, resulta esperanzador ver cómo la suma de las protestas en las calles con el activismo de las diversas organizaciones y colectivas feministas ha logrado presionar a las autoridades para que empiece a haber cambios en materia de combate a la violencia de género, la discriminación y la desigualdad que sufrimos las mujeres en este país. A lo largo de estos años han surgido múltiples iniciativas que pueden alimentar la agenda común, la cual podemos impulsar las mujeres que protestamos y paramos el 8 y 9 de marzo. Menciono sólo algunas:
1. Exigencia de planeación y asignación de presupuesto con perspectiva de género a nivel federal, estatal y local. Para que las políticas públicas puedan instrumentalizarse, es indispensable que existan recursos suficientes. Sin ellos, cualquier iniciativa quedará en el discurso o en el papel. Es necesario incorporar la perspectiva de género en todos los procesos de planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de los programas públicos para impulsar la igualdad y combatir la violencia hacia las mujeres. Existen ya documentos que se han elaborado en esta materia como el propuesto por ONU-Mujeres que pueden servir de orientación.
2. Demandar una transformación estructural de los Ministerios Públicos en la que se incluya una verdadera capacitación con perspectiva de género de los funcionarios y policías, cuyo incumplimiento tenga consecuencias y no quede impune. Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan las víctimas de violencia de género es la manera en la que los funcionarios de los Ministerios Públicos atienden a las víctimas, no es raro que las denunciantes sean re victimizadas por las propias autoridades que están encargadas de recibir las denuncias e iniciar la investigación. Asimismo, se debe echar a andar inmediatamente las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad física de quien denuncia, ya que la mayoría de las veces la violencia es ejercida por la pareja, por un familiar o un conocido. Esto implica, entre otras medidas, que existan refugios accesibles a todas las víctimas y denunciantes de violencia de género en todos los municipios del país. Asimismo, el proceso de investigación y la sentencia deben de hacerse con perspectiva de género, lo que implica trabajar con protocolos específicos que es necesario seguir y, en algunas ocasiones, incluso crear. Las asociaciones Impunidad Cero y Tojil, Estrategias contra la Impunidad, publicaron en 2019 una Guía contra la violencia de género en Ministerios Públicos que puede servir como referente para identificar todos los problemas en la recepción de denuncias, proceso de investigación y sentencia, así como la legislación que obliga a los funcionarios públicos a seguir el debido proceso.
3. Apoyar las iniciativas de creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios y Violencia de Género a nivel federal, dependiente de la Fiscalía Federal de la República. Actualmente en México sólo existen cinco Fiscalías Especializadas en el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Tabasco y la Ciudad de México. Dada la magnitud de la violencia (en México son asesinadas 10 mujeres al día) y el problema estructural que existe en términos de impartición de justicia, la creación de una Fiscalía Especializada permitiría implementar la perspectiva de género en los procesos de investigación y sentencia de casos de violencia ejercida contra las mujeres y otros grupos en materia de género.
4. Exigir a la Secretaría de Educación Pública que los planes de estudio, desde la educación básica, sean elaborados con perspectiva de género. Esto implica no sólo la inclusión de la historia del feminismo en los programas, como lo plantea el #DecálogoConcreto propuesto por Mujeres Ibero, sino la inclusión transversal, en todas las materias, de acciones educativas encaminadas a promover la igualdad y la eliminación de la violencia de género en la población infantil y juvenil. Esto implica la erradicación del lenguaje sexista, el cuestionamiento de los estereotipos y roles de género, el manejo de la frustración, la reflexión y el trabajo sobre las violencia específicas ejercidas hacia las mujeres o las disidencias, entre otros. Igualmente, se debe incluir en la formación y la capacitación permanente de los y las profesoras la perspectiva de género.
En los últimos años las mujeres hemos mostrado nuestra capacidad política y de agencia colectiva. Estamos frente a una revolución cultural y social que seguramente cambiará las formas en las que nos relacionaremos en las próximas décadas. Es un hecho: la marea morada no va a parar ya.