Opinión
Ara Galán
La conformación de la Guardia Nacional resultó polémica en algunos sectores de la sociedad, en particular, en aquellos donde las relaciones con los cuerpos militares no son cordiales ni representan orden o seguridad. Además, los movimientos sociales que han sido víctimas de la represión estructural del Estado no han mirado con beneplácito la presencia de soldados en las calles. La paradoja de resolver problemas de seguridad nacional con cuerpos militares y policiales ha estado presente en la sociedad mexicana a lo largo de décadas, la mayoría de las veces con resultados adversos. La percepción social de las figuras militares en nuestro país ha cambiado con el paso de las décadas; después de la represión a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, los soldados simbolizaron una amenaza, porque significaron la muestra del poder represivo del Estado. Más recientemente, en el combate al narcotráfico de los gobiernos anteriores al actual, se exhibió de nueva cuenta frente a la población civil el sustento político-militar en la relación Estado-Ejército.
Ahora bien, idealmente, la responsabilidad ética de dirigir a las fuerzas militares de un país debería pasar por la revisión de las políticas públicas empleadas para salvaguardar el orden nacional, lo cual se debe cumplir de acuerdo con los principios constitucionales, de derecho internacional y respeto a los derechos humanos. Sin embargo, las fuerzas militares en varios países, con el respaldo de la decisión de sus gobernantes, se capacitan en materia de tecnología y adiestramiento en cursos especializados impartidos por empresas dedicadas al desarrollo de sistemas de seguridad y combate al crimen organizado, a quienes poco interesa la responsabilidad ética antes descrita.
En este contexto, el cumplimiento de acuerdos y tratados de paz, así como el respeto a la autodeterminación de los pueblos pronunciado por el gobierno de la llamada Cuarta Transformación tiene un foco rojo: la relación que mantiene con el gobierno de Israel y con empresas militares de ese país, con quienes tiene vínculos comerciales para proveer de armas, vehículos, capacitación y tecnología policial y militar a la Guardia Nacional.
No es desconocido para quien lea estas líneas las condiciones de vida que el pueblo palestino ha tenido durante 74 años, desde la ocupación israelí en su territorio hasta la enorme lista de crímenes cometidos en su contra, clasificados como genocidio por distintos actores sociales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), Corte Internacional de Justicia (CIJ), Amnistía Internacional (AI) y decenas de periodistas, observadores de derechos humanos y activistas. ¿Qué relación tiene esto con la Guardia Nacional y el gobierno de México? Algunas de las empresas capacitadoras de la Guardia Nacional son dirigidas por ex militares de las Fuerzas de Defensa Israelí responsables de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en territorio palestino, lo cual ha provocado el incremento de la compra de armamento de guerra y tecnología de vigilancia digital (espionaje). México invierte millones de dólares en comprar armas, capacitación y tecnología a estas empresas. No es poca cosa.
El incremento de compra de armas y equipo bélico de México a Israel se intensificó desde 1994 con la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como ejemplo podemos ver los documentos clasificados del Pentágono donde se muestra el uso de aviones Arava de fabricación israelí en las intervenciones en Chiapas.
En materia de vigilancia, México ha invertido millones de dólares en drones de alta tecnología para vigilar las fronteras. También encontramos empresas de seguridad cuyos métodos han sido severamente cuestionados por su alto nivel de violencia y por incitar a quienes entrenan a usar fuerza letal. Tal es el caso de la empresa de seguridad israelí ISDS Ltd en su intromisión en el genocidio en Guatemala por vender, entre otras cosas, cursos de “terrorismo selectivo” (Bahbah, 1996, pp. 160-166).
Un rubro importante en el que la industria israelí ha influenciado en México es el tema del espionaje. Desde la década de 1990 se ha denunciado de manera sistemática el uso de tecnología que interviene en las comunicaciones privadas de distintos actores sociales. Las recientes investigaciones muestran que el malware Pegasus de la empresa NSO GROUP y el software Cellebrite, todos de manufactura israelí, son los que se han usado para tales fines. La compra de esa tecnología se ha hecho por parte del gobierno y del ejército mexicano. Este software, que infecta los teléfonos celulares y los convierte en dispositivos sujetos de espionaje, fue detectado por lo menos en 45 países y usado en varios casos de violación de Derechos Humanos. La empresa NSO Group no vendió directamente el malware a las autoridades mexicanas, se comercializó a través de intermediarios locales. En esta ocasión la compra, que según la PGR tuvo un costo de más de 32 millones de dólares, fue a través de Techbull, una subsidiaria de la empresa mexicana Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V., misma que en 2017 vendió a México al menos dos TUAS (Tactical Unmanned Aerial System) modelo Aerostar, de la empresa israelí Aeronautics, con un valor estimado de $15 000 000.00 USD.
Por su parte, Israel ha establecido el SIBAT, el Departamento de Cooperación para la Defensa Internacional del Ministerio de Defensa de Israel, que actúa esencialmente como agencia de promoción de la industria militar israelí y de los intereses y paradigmas ideológicos del Estado de Israel. Sus tareas son “la identificación de oportunidades, la localización de soluciones tecnológicas relevantes para requisitos específicos, el establecimiento de empresas conjuntas, el inicio de visitas de delegaciones oficiales y la generación de acuerdos de gobierno a gobierno”. Uno de los cuatro representantes de SIBAT en América Latina está en México. En abril de 2019, a los pocos meses de haber tomado posesión del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador se reunió con el entonces embajador de Israel en México, Jonathan Peled, quien describió así el encuentro, en una entrevista con el diario El Sol de México.
Hemos ofrecido a la nueva administración nuestra cooperación y aporte en todos los temas estratégicos que tienen que ver con el gobierno, con la seguridad pública. Lamentablemente tenemos una experiencia más que cualquier otra nación en la lucha contra el terrorismo. […] Y con pocos recursos humanos y financieros, a través de la tecnología hemos logrado mejorar la seguridad pública, algo que por supuesto tenemos presente también aquí en México. Son experiencias que Israel ha acumulado y ofrece al nuevo gobierno de México, a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La relación político, comercial, militar entre el actual gobierno y el Ministerio de Defensa Israelí continúa. De acuerdo con el Comunicado de Prensa 844 del Gobierno Mexicano firmado el 27 de octubre de 2020, se sostuvo una reunión entre los representantes de las fuerzas militares de Israel y México, Amil Shalom y Alfredo Ortega Reyes. Los acuerdos emanados del encuentro fueron, entre otros, el intercambio de información de inteligencia sobre organizaciones criminales e implementar tecnología contra la ciberdelincuencia.
En el caso de México el gasto público en armamento, capacitación y tecnología a empresas israelíes ha servido para violentar a los movimientos sociales. Algunos ejemplos de ello:
- Los responsables policiacos y militares de los hechos en Atenco en el año 2006 fueron la Policía Federal Preventiva (PFP), Grupos Antiterroristas (GAT) y los todavía vigentes Grupos de Operación Especial (Gopes) entrenados en Israel y otros países.
- El vehículo blindado Sandcat que se usó durante la llamada Noche de Iguala por el ejército mexicano es de manufactura israelí. Es parte de una de las 250 unidades que México compró a través de su filial Oshkosh. El responsable del proyecto fue el general en retiro Audomaro Martínez Zapata, entonces director de Transportes Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quien fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN) y una figura muy cercana al gobierno de la 4T.
- Algunas armas, vehículos y sistemas de seguridad y vigilancia usadas por el Estado Mexicano para vigilar y castigar al movimiento social se compran a empresas israelíes, incluso aquellas, como Elbit System que promueven sus productos como “probados en combate” y “con capacidades sobresalientes”, haciendo referencia a los daños causados a la población civil palestina.
- La policía de la Ciudad de México se entrena de manera directa con las Fuerzas de Defensa Israelí.
En conclusión, la experiencia de los pueblos y la lucha social nos ha enseñado que los cuerpos militares son el vehículo de represión social de los Estados y que el discurso de salvaguardar el orden público es falaz. Las relaciones de México con empresas que fabrican venden y lucran con tecnología de guerra y con representantes de un Ministerio de Defensa cuyas prácticas son ilegales y violatorias de las leyes internacionales y los derechos humanos no sólo es un problema ético, también es un asunto legal porque contraviene los establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reglamentada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México y los encargados de la política militar interna, comercio exterior, defensa nacional y relaciones internacionales deben atender el tema con prontitud.
Referencias
Bahbah, Bishara, Israel and Latin America, McMillan, Estados Unidos, 1996, pp. 160-166