“Hacer lo correcto en virtud del derecho establecido es precisamente lo que debe suspenderse con el objetivo de disolver un corpus de derecho que se considera injusto”
Judith Butler
Un soldado asesinó a un padre de familia de 52 años y a su hijo de 15; hirió a la madre, a la hija y al yerno, y dejó ilesos a otros dos niños. Su nombre es Antonio y tenía sólo 21 años el 5 de septiembre de 2010. Esa noche él formaba parte de un convoy que realizaba un patrullaje de rutina, cuando una camioneta “sospechosa” los rebasó y no atendió la indicación que le hicieron de detenerse. Ante la situación, Antonio dio por sentado que se trataba de criminales y accionó el arma. ¿Qué fue lo que lo llevó a hacer eso?
Por un lado, una estructura absolutamente vertical y jerárquica que debilita la capacidad de decisión individual, la elección de límites morales propios y que supone una burocracia sobrepasada por la frecuencia de los casos y la precariedad material de oficinas y dependencias: “un soldado nos contó que matar a una persona era menos engorroso que dejarla herida” (55).
Por otro, está la narrativa de guerra que se instauró en los medios de comunicación desde el 2006, en la que no hay (contadas excepciones) reflexiones sobre la manera en que se nombran los “bandos” enemigos y tampoco espacio para matices. Pareciera que las muertes producidas por las fuerzas militares se dividen sencillamente en “delincuentes” y “daños colaterales”. Los civiles que mueren o son heridos en los enfrentamientos se encasillan en identidades que borran la posibilidad de humanizarlos (dar sus señas particulares, mostrar una historia previa) y lo mismo pasa con los militares. No suele tomarse en consideración que muchas veces unos y otros pertenecen a una misma clase social o a una misma comunidad. Que muchas veces tuvieron que elegir entre trabajar para el Narcotráfico o para el Ejército como única posibilidad de dar sustento a sus familias o de ascender en la escala social.
A pesar de la escasa información censual que existe sobre los integrantes de las Fuerzas Armadas, los testimonios de La Tropa. Por qué mata un soldado permiten suponer que la pobreza, la migración forzada al interior del país y la desigualdad económica son el origen de la Tropa, porque pertenecer al Ejército asegura alojamiento, comida y un sueldo mayor al salario mínimo (“en 2018 un soldado cobraba al mes 10,950 pesos” [81]). Esto explica también por qué los estados en donde más personas se enlistan son Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, que (junto con Chiapas) son lugares donde “siete de cada diez personas nacen, viven y morirán pobres” (108).
Tras presentar la base argumental de la investigación (“Un soldado mata”), se busca localizar dentro de la estructura social el origen de los integrantes de La Tropa mexicana (que, para el caso, son los soldados, los cabos y los sargentos; el último escalafón de una estructura paradigmáticamente vertical). Después, se analizan las formas en las que se fundamenta la dinámica primordial que delimita las funciones de un militar: qué significa ser soldado y quién es el enemigo. Un par de apartados más exponen las opciones (“Matar o morir”) que se presentan como las únicas vías posibles para La Tropa. El penúltimo capítulo ahonda en las “Formas de matar”, que explora las distintas muertes (física y simbólica) que padecen las víctimas de violencia letal y, yo agregaría, los propios soldados. Finalmente, la investigación cierra con una interpelación al lector: ¿comprender las condiciones que posibilitan que los militares cometan crímenes de Estado implica justificar sus acciones? ¿Logar cierto entendimiento de sus actos significa atenuar la atrocidad de los asesinatos a sangre fría, las desapariciones forzadas y el dolor de las víctimas?
A excepción de una conversación con un militar que participó en los enfrentamientos contra el EZLN en 1994, la investigación se centró en entrevistar a soldados que salieron de sus cuarteles para cumplir funciones de seguridad pública como parte del “combate contra el Narcotráfico”, decretado por el expresidente Felipe Calderón en 2006. ¿Qué tipo de palabras, de personajes, de motivos, de urdimbre narrativa son los más adecuados para abrir espacio para la paz y la justicia restaurativa? ¿Cuál es la historia que nos va a permitir encontrar un camino no punitivo y no revictimizante para reparar los daños que miles de enfrentamientos han dejado a lo largo de doce años (desde 2006 a 2018 hay registro de 4,272 enfrentamientos entre militares y agresores civiles)?
Uno de los pasajes más ilustrativos de LT narra un rito de paso por el que los soldados atraviesan para pertenecer a “grupos de élite”. La actividad tiene como fin “prepararlos para sobrevivir en el monte”, pero también extender los límites del juicio y la empatía, “de lo aceptable en la conducta humana” (121). Consiste en lo siguiente: cargar a una perra recién parida y dos pollos durante ocho días hacia la sierra. Matar a la perra a palos, desgarrar su carne sin otro instrumento que las uñas y los dientes, cocinarla y comérsela. Hacer lo mismo con los pollos. Durante el procedimiento está prohibido dejar caer la sangre al suelo, por lo que, mientras desuellan y desmiembran a los animales, deben beberse los líquidos que salgan de sus cuerpos.
Un soldado mata, parece sugerir este pasaje, porque algo ha muerto dentro de sí. Porque su identidad (mermada ya por los discursos de pertenencia a un grupo que ahora es su familia, su casa y su sustento) se fractura por medio de ejercicios como éste. Hay, diría Rita Segato, una pedagogía de la crueldad: se enseña y se aprende cómo dejar atrás las barreras que limitan las acciones permitidas en la vida civil. A esta desintegración de la conciencia propia, se suman la pertenencia a la institución (a la que se le debe lealtad por siempre), la obediencia debida, la disciplina y la amenaza de recibir un castigo, como reglas inquebrantables del ejercicio castrense. Incluso la débil formación en derechos humanos que pueden llegar a la Tropa se ve mermada por instrucciones que resultan contradictorias cuando se llevan a la acción: “Por ejemplo, tienes que acabar con los Zetas, pero tienes que respetar los derechos humanos” (138). Este compromiso con una obediencia ciega suele desapegar a las personas de sus acciones: ya no se perciben como responsables de sus actos, sino como meros instrumentos al servicio de una voluntad superior.
A pesar de que la violencia ejercida por el Ejército contra la población civil (bajo el argumento de que se trataba de criminales o de daños colaterales) sigue en muchos sentidos la lógica de otros conflictos bélicos ―el exterminio nazi, la guerra de Vietnam, el régimen de Pol Pot o el genocidio de Guatemala, por mencionar algunos de los referentes usados en LT―, lo que sucede en México es una situación más ambigua y difícil de delimitar.
Los soldados mexicanos no combaten a un enemigo extranjero en un territorio desconocido, enfrentan a compatriotas que ni siquiera manejan una idea de nación distinta a la suya. Defienden, eso sí, una estrategia de enriquecimiento distinta —y lo hacen a lo bestia— […]. Hay grupos delictivos, sí, pero que carecen de una conciencia colectiva permanente que los hermane (229).
Aun así, el Ejército es la institución estatal que actúa con más saña entre las fuerzas federales: la Comisión Nacional para los Derechos Humanos ha elaborado 148 informes sobre tortura cometida por soldados y ha documentado cerca de 300 víctimas directas.
Ante el supuesto de que las razones por las que un soldado mata son imputables a su desempeño como miembro de las fuerzas armadas (su entrenamiento [muchas veces violento], el imperativo a seguir las órdenes, la inercia del grupo, la deshumanización del “enemigo” y el papeleo que implica dejar sobrevivientes); al estrés propio del enfrentamiento armado (el error, el miedo a morir, el impulso de salvar la vida propia); o a una decisión personal (porque se cree que así se hace la justicia o por venganza), la pregunta final que plantea LT es ¿puede un soldado negarse a matar? ¿Existen las condiciones para que diga “no”?
Los ataques brutales del Ejército federal contra la población campesina e indígena chiapaneca en los primeros días de 1994 dejaron una huella tan profunda que orilló a los zapatistas a bajar las armas tras doce días de conflicto armado. En un comunicado publicado en 2014, el EZLN explicó su cambio de dirección: “Y elegimos. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo” (313).
Cuando un ejército se compromete a preservar un estado de derecho dentro de una nación obtiene legitimidad para cometer actos violentos. Se trata del ejercicio de una violencia legal. Sin embargo, cuando la conservación del derecho implica violar sus acuerdos básicos, es necesario colapsar el fundamento legal del Estado. Quizás una posible vía de pacificación en el México de hoy consista precisamente en crear las condiciones para una desobediencia necesaria.
