La reciente renuncia del gobernador Rosselló debe entenderse dentro del marco más amplio de un estado democrático estadounidense defectuoso que continúa su dominio económico sobre Puerto Rico.
El 2 de agosto, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, del Partido Nuevo Progresista (PNP) – nominalmente afiliado a los demócratas, aunque una vez estuvo vinculado a los republicanos bajo el gobernador Luis Ferré Aguayo – finalmente renunció. La decisión se produjo después de semanas de protestas masivas por la inestabilidad fiscal de la isla, la presunta corrupción política y los chats escandalosos más recientes en la aplicación de mensajería Telegram.
Su renuncia pasará a ser una de las más importantes en la historia política de Puerto Rico porque representó una victoria para la variada y creativa comunidad de activistas de la isla (Reyes Franco Marina, 2019, “Puerto Rico’s Arts Community Reacts to Protests,”ArtNews, 12/08/2019). Incluso algunas celebridades puertorriqueñas, entre ellos Luis Fonsi, el cantante y compositor Ricky Martin y el actor Benicio Del Toro, se unieron a las protestas masivas contra Rosselló y su administración (“Critican a Luis Fonsi tras renuncia de Ricardo Rosselló,” Excelsior, 25/07/2019).
Sin embargo, los problemas de Puerto Rico están estrechamente vinculados a su relación colonial con un supuesto estado democrático estadounidense. En 1950-52, los Estados Unidos establecieron el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (legisworks.org). Desde este acuerdo político-constitucional, muchos ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico esperaban que les fuera mucho mejor que a sus vecinos caribeños, quienes luego experimentarían sus propias transiciones poscoloniales y político-económicas. Estas expectativas sobre una próspera vida social, política y económica se basaron en la relativa autonomía de Puerto Rico bajo un expansivo sistema constitucional federal estadounidense, o lo que otros pueden llamar imperialismo estadounidense, que data de 1898 (Fallon Joseph E., 1991, “Federal Policy and U.S. Territories: The Political Restructruing of the United States of America,” Pacific Affairs, Vol. 64, No.1, Spring 1991, pp. 23 – 41; NPR, “The Story of American Imperialism,” 18/2/2019)
Se suponía que Puerto Rico prosperaría bajo la protección de la Constitución estadounidense y su ethos democrático liberal subyacente. Sin embargo, la realidad ha sido que la autonomía de Puerto Rico está más que nunca capturada inextricablemente por los tentáculos coloniales de un sistema democrático estadounidense que recientemente se considera disfuncional o defectuoso.
En otras palabras, los problemas sociales y políticos de Puerto Rico están arraigados en la dependencia que tiene el gobierno de dicho territorio con las políticas económicas del gobierno federal estadounidense. Estos lazos económicos entre los Estados Unidos y Puerto Rico se reflejan en la política corrupta más reciente en la isla y en el gobernador Rosselló, así como en la subsecuente política de sucesión al poder que siguió a su renuncia.
Puerto Rico dependiente bajo una democracia estadounidense defectuosa
La mayoría de la gente olvida, o tal vez no sabe, que Puerto Rico no es un país independiente sino un territorio no incorporado bajo el poder plenario del Congreso de los Estados Unidos (Figueroa Carlos, 2015, “Quaker Political Interventions, and U.S. Puerto Rico Policy Development,” The Journal of Race & Policy, Vol. 11, No. 1, Spring/Summer 2015, pp. 36 – 55). Este hecho por sí solo debería hacer dudar a las mentes de quienes mantienen la posición de que Estados Unidos es un estado democrático. Sin embargo, todos los principales medios de comunicación, algunos sitios en línea e incluso funcionarios electos y activistas políticos y sociales bien intencionados a menudo tratan a Puerto Rico como una entidad soberana que es la única responsable de sus problemas sociales, políticos y económicos.
Puede haber algo de verdad en esta afirmación, teniendo en cuenta las recientes revelaciones hechas públicas por los chats filtrados de Telegram que rodean el régimen de Rosselló. Aun así, como un territorio no incorporado (aunque considerado «autónomo»), Puerto Rico está bajo el control soberano absoluto del gobierno federal estadounidense debido a su viabilidad financiera y económica, que afecta directamente su vida política y social (Denis Nelson A., 2017, “The Jones Act: The Law Strangling Puerto Rico,” New York Times, 25/09/2017).
Más recientemente, la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU), en su análisis anual de los países que se adhieren a los valores democráticos en todo el mundo, encontró que la democracia estadounidense es defectuosa, incluso sin considerar sus vastas posesiones territoriales en el extranjero (Immerwahr Daniel, 2019, “How the US has hidden its empire,” The Guardian, 15/02/2019). El análisis muestra que la mayoría de los estadounidenses (yo incluiría a los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico), han perdido «la confianza en el funcionamiento de las instituciones públicas» (Agerholm Harriet, 2018, “America falls short of being a full democracy for second year running,” Independent, 05/02/2018). La desconfianza en las instituciones políticas estadounidenses se extiende no solo al Congreso y al presidente Donald Trump, sino también a las agencias federales responsables de los esfuerzos de recuperación posteriores al huracán.
Por ejemplo, entre mediados de septiembre y principios de octubre del 2017, el huracán María (de categoría 4 cuando tocó tierra) devastó a Puerto Rico, que en ese momento se estaba recuperando del huracán Irma (Scott Michon, 2018, “Hurricane Maria’s devastation of Puerto Rico,” Climate, 01/08/2018). Como argumenté anteriormente, la respuesta política de la administración de Trump después de que María impactara la zona, fue errónea, y los esfuerzos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fueron ineficaces en ese momento (Figueroa Carlos, 2017, “Trump’s Wrongheaded Choices on Puerto Rico’s Humanitarian Crisis,” Fair Observer, 01/10/2017). Sin embargo, estas dos tormentas mayores revelaron mucho sobre la naturaleza desorganizada y corrupta de la política puertorriqueña, junto con el defectuoso sistema federal estadounidense, ya que ambos abordaron inapropiadamente estos desastres nacionales.
Después del huracán María y la Política de echarse la culpa
Lo que siguió al huracán María sacó lo mejor y lo peor de los Estados Unidos y Puerto Rico. La política de echarse la culpa tomó el centro del escenario, especialmente en Twitter. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el gobierno del gobernador Rosselló era el único culpable de la falta de liderazgo al administrar, ineptamente, la ayuda humanitaria provista tanto por FEMA como, más tarde, por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), entre otros, después de los huracanes Irma y María (Dugyala Rishika, 2019, “Trump slams ‘corrupt’ Puerto Rican officials as protestors call for governor’s resignation,” Politico, 18/07/2019). Más recientemente, Trump tuiteó que «el Congreso dio tontamente 92 mil millones de dólares en asistencia, muchos de los cuales fueron desperdiciados, para nunca ser vistos otra vez… ¡gran parte de su liderazgo es corrupto y le roba todo lo que puede al gobierno estadounidense!»
Rosselló, a su vez, afirmó que el gobierno federal bajo Trump falló al no ratificar sus responsabilidades constitucionales y éticas con los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico. El gobernador esperaba que el gobierno estadounidense asignara recursos comparables similares a los que ya había proporcionado a Texas y Florida después de sus propios desastres por huracanes, y que no permitiera la entrega de contratos sospechosos a empresas constructoras inexpertas (Hall Kevin G., Ben Wieder and Caitlin Ostroff, 2017, “Why did FEMA give big Hurricane Maria contracts to such ineperienced bidders?” Miami Herald, 2017 ).
Sin embargo, tanto Trump como Rosselló fueron cómplices al permitir que miles de conciudadanos estadounidenses en Puerto Rico perecieran, como he dicho anteriormente, en medio de escándalos sociales, corrupción política e incompetencia general (Woolf Nicky, 2018, “Hurricane Maria may have been the US’s deadliest natural disaster ever. Trump doesn’t care,” Newstatesmen, 15/09/2018). Este echarse la culpa públicamente entre dos administraciones políticas igualmente ineficaces muestra los profundos lazos coloniales entre Puerto Rico y el supuesto gobierno democrático estadounidense.
La Ley Jones de 1920
Otro ejemplo de una democracia estadounidense defectuosa es la ley que todavía persiste llamada Ley Jones (o Ley de la Marina Mercante) de 1920. Esta es una ley federal que regula el comercio marítimo en los Estados Unidos, incluidos sus territorios no contiguos y no incorporados, como Puerto Rico. Esta medida dice que cualquier mercancía enviada entre puertos estadounidenses se supone que debe ser transportada por barcos construidos y operados por los Estados Unidos, además de ser de propiedad estadounidense. Aunque el presidente Trump suspendió temporalmente estos requisitos varias semanas después del huracán María para una supuesta ayuda a corto plazo, retener y volver a aplicar esta ley a los puertos de la isla impone una carga a largo plazo sobre la economía de Puerto Rico (Carey Teresa, 2017, “The Jones Act, explained,” PBS News Hour, 29/09/2017).
Hasta el Cato Institute, un instituto conservador, reconoce la naturaleza anticuada y antidemocrática de la Ley Jones y su impacto negativo en la economía de Puerto Rico:
“La recuperación de Puerto Rico después del huracán María ha revitalizado el debate sobre una ley relativamente desconocida que ha obstaculizado sus esfuerzos de recuperación y ha estancado su economía. Desde 1920, el comercio marítimo entre Puerto Rico y el resto de los Estados Unidos se ha regido por la Ley Jones, una ley que exige que los buques que transporten mercancías a nivel nacional sean tripulados por estadounidenses, tengan bandera estadounidense, sean de propiedad estadounidense y estén construidos por estadounidenses. Si bien los defensores de la ley han argumentado que la Ley Jones brinda servicios de envío confiables desde el continente hasta Puerto Rico, los críticos han señalado que tales restricciones aumentan significativamente el costo de las importaciones nacionales, lo que supone una carga adicional para la isla que ya tiene dificultades económicas” (“Unnatural Disaster: Assessing the Jones Act’s Impact on Puerto Rico,” Cato Institute, 30/04/2019).
Esta ley actúa fundamentalmente como un yugo sobre la economía de Puerto Rico a largo (y corto plazo), lo que conduce a otros enfoques alternativos antidemocráticos para hacer frente a las inestabilidades financieras presentes y futuras en la isla. Como Nelson A. Denis reportó recientemente, dos “economistas de la Universidad de Puerto Rico hallaron que la Ley Jones causó una pérdida de 17 mil millones a la economía de la isla desde 1990 hasta 2010. Otros estudios han estimado que el daño de la Ley Jones a Puerto Rico, Hawái y Alaska sea de entre 2.8 mil millones a 9.8 mil millones por año” (Denis Nelson A., 2017, “The Jones Act: The Law Strangling Puerto Rico,” New York Times, 25/09/2017).
El Congreso controla la crisis de la deuda de Puerto Rico
En 2016, el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, promulgó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), una medida responsable de “reestructurar la deuda [de la isla] y [acelerar] los procedimientos para aprobar proyectos de infraestructura crítica” en Puerto Rico (114th Congress, “S.2328,” Congress.org, 2016). Irónicamente, o quizás eufemísticamente, las siglas se refieren a la palabra “promesa” en español. En este caso, el gobierno federal estadounidense esperaba que Puerto Rico cumpliera su promesa de pagar sus préstamos “atrasados” a tiempo y con intereses. Desafortunadamente, el gobierno de Rosselló incumplió con unos 2 millones, exacerbando aún más la espiral de inestabilidad fiscal de la isla (Molina Eduardo, 2016, “Puerto Rico: Debt, Crisis and Colonialism,” Left Voice, 06/09/2016).
Antes de estos desastres de los huracanes inducidos por el cambio climático, Puerto Rico había estado en medio de una crisis financiera de larga data (ver el “Informe Krueger” previo al régimen de Rosselló). Esto llevó al muy difamado gobernador Rosselló a anunciar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEEPR), propiedad del Estado Libre Asociado, que es uno de los mayores proveedores de energía pública en los Estados Unidos (Newkirk II Vann R., 2018, “The Peril of Privatizing Prepa,” The Atlantic, 24/01/2018).
Sin embargo, La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico establecida por PROMESA ideó su propio plan fiscal para enfrentar la crisis. El gobernador se opuso vehementemente al plan de la junta porque recomendaba “fuertes recortes en el gasto público y las pensiones” (Wilhelm Colin, 2018, “Puerto Rico board backs fiscal plan over government’s protest,” Politico, 19/04/2018). Esta ha sido una disputa de larga data entre el gobierno del territorio de Puerto Rico y la Junta Fiscal controlada por los Estados Unidos. Por ejemplo, en mayo de 2017, Rosselló solicitó lo que equivale a la protección federal de bancarrota para “reestructurar alrededor de 120 mil millones de deuda y obligaciones de pensión”, a pesar de la oposición dentro y fuera de su propio partido (Valentin Ortiz Luis, 2019, “Bankrupt Puerto Rico hit with new spending curbs by oversight board,” Reuters, 01/07/2019).
En abril de 2018, el grupo Profesorxs Autoconvocadxs en Resistencia Solidaria (PAReS), emitió una declaración clara en contra de este tipo de planes unidireccionales, de arriba abajo, para enfrentar la crisis fiscal que afecta la vida política y social de la isla. La declaración decía: “La imposición de una Junta de Control Fiscal para pagarles a los bonistas una deuda de $73 mil millones – que a todas luces es impagable, ilegal e ilegítima – mediante la privatización de la electricidad y las escuelas, el aumento de los costos de servicios básicos, los recortes masivos a la educación pública, a las pensiones, a los días de vacaciones, y a otros derechos, incrementaba esta vulnerabilidad, dejando a la gran mayoría de la gente en Puerto Rico sin un futuro esperanzador; y todo esto fue antes de que el huracán María llegara a nuestras costas” (Klein Naomi, 2018, The Battle for Paradise: Puerto Rico takes on the Disaster Capitalists, 05/06/2018).
Hubo otras protestas relacionadas después de los huracanes Irma y María, así como luchas de gestión de crisis de deuda que han sido ignoradas por los principales medios de comunicación estadounidenses. Por ejemplo, la Federación de Maestros de Puerto Rico había estado luchando contra el cierre de cientos de escuelas públicas y la privatización de la educación durante años (Brophy Meghan and Jonah Furman, 2018, “Puerto Rico: The Teacher Uprising the Media Is Ignoring, LaborNotes, 14/05/2018).
Chats del gobernador Rosselló en Telegram
Lo que cambió las cosas – cuando el gobernador asediado se vio obligado a renunciar – fueron los chats ofensivos de Telegram que hizo públicos el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en Puerto Rico, una organización que debería ser reconocida con mayor frecuencia por sus reportes de investigación magníficos e independientes. CPI reveló casi 900 páginas de intercambios vulgares de correos electrónicos entre miembros de alto rango del PNP, incluido el propio Rosselló, mostrando declaraciones misóginas, homofóbicas e inmorales sobre opositores políticos, la comunidad LGBTQ + puertorriqueña y sobre las víctimas de los huracanes Irma y María (Valentin Ortiz Luis J. and Carla Minet, 2019, “Las 889 páginas de Telegram entre Rosselló Nevares Y sus allegados,” Centro de Periodismo Investigativo, 13/07/2019).
Los chats de Telegram en su mayoría, si no exclusivamente, dominados por hombres también revelan cuán fuera de contacto la administración de Rosselló y el PNP en general están con los diversos movimientos sociales y políticos, como el colectivo antiacoso #MeToo. Las acciones de Rosselló son similares a los tipos de burlas insalubres y llenas de odio en las que el presidente Trump se ha involucrado durante años en las redes sociales (Klein Betsy, Allie Malloy and Kate Sullivan, 2018, “Trump mocks the #MeToo movement at a rally, again,” CNN Politics, 10/10/2018).
Cuando Rosselló renunció, nombró a Pedro Pierluisi como Secretario de Estado y, por lo tanto, el siguiente en la línea de sucesión a la gubernatura. Pierluisi se había desempeñado anteriormente como comisionado residente sin derecho a voto de Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos, entre otros cargos para el PNP. Su toma de juramento como nuevo gobernador también fue criticada por sus posibles conflictos de intereses: estaba empleado en el bufete de abogados O’Neill & Borges (San Juan), que representa a la Junta de Supervisión Fiscal.
El nombramiento de Pierluisi fue inmediatamente cuestionado por el senado de Puerto Rico, aunque la Cámara había aprobado la decisión del gobernador saliente (“Puerto Rico’s Senate files lawsuit to oust newly sworn-in governor,” CBS News, 05/08/2019). Al frente de ese movimiento estaba el rival de Rosselló, Thomas Rivera Schatz, presidente del senado, presidente interino del PNP y operador político del partido desde que Pedro Rosselló González, el padre de Ricardo, había sido gobernador. Rivera Schatz, quien en el pasado había expresado interés en la gubernatura, solicitó a la Corte Suprema de Puerto Rico que intercediera en esta crisis constitucional: la corte anuló el nombramiento el 7 de agosto con un voto unánime de 9–0. La Corte Suprema declaró la toma de juramento inconstitucional ya que Pierluisi no había sido confirmado por ambas cámaras de la legislatura de Puerto Rico, como lo exige la constitución de la isla.
Posteriormente, la Secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, también del Partido Nuevo Progresista (que está a favor de la estadidad de Puerto Rico), tomó juramento el 7 de agosto como reemplazo de Rosselló y Pierluisi, convirtiéndose en la segunda mujer en servir como gobernadora en la historia de la isla (Sanchez Ray, 2019, “Puerto Rico swears in third governor in less tan a week,” CNN US, 07/08/2019).
Sin embargo, Vázquez también se encuentra bajo una nube de sospechas debido a sus desacuerdos sobre los derechos de las mujeres con varios grupos feministas, su propia historia de supuestas actividades corruptas, numerosos malos manejos de fondos después del huracán María y su tensa relación con Rivera Schatz desde hace mucho tiempo (Fernandez Campbell Alexia, 2019, “5 things to know about Wanda Vazquez, Puerto Rico’s latest governor,” Vox, 09/08/2019). Estas rápidas transiciones son una consecuencia de la relación colonial de más de un siglo entre un supuesto estado democrático estadounidense y su territorio pseudoautónomo en la que el Congreso de Estados Unidos mantiene la soberanía económica, provocando un ciclo interminable de corrupción e inestabilidad política en Puerto Rico.
Para ser claros, yo no estoy sugiriendo que Rosselló y los de su clase no sean corruptos e incompetentes, algo que han demostrado repetidamente durante varios años. Más bien sugiero que los problemas más grandes y estructurales (especialmente los políticos y sociales) en Puerto Rico provienen del arreglo constitucional problemático y de la dependencia económica profundamente arraigada que la isla tiene con los Estados Unidos a pesar del aumento de su autonomía desde 1952.
El control absoluto sobre Puerto Rico debe terminar
Hay al menos dos razones por las cuales los problemas políticos de Puerto Rico persisten. Primero, la llamada Ley PROMESA de 2016 (la medida de austeridad antidemocrática firmada por el presidente demócrata Barack Obama para supervisar la crisis de la deuda de Puerto Rico), básicamente dicta lo que el gobierno del territorio de Puerto Rico puede y no puede hacer. Segundo, los esfuerzos deslucidos de recuperación de la devastación que dejó el huracán María en 2017, bajo la presidencia republicana de Donald Trump, y el igualmente cómplice gobernador Rosselló, eventualmente resultaron en al menos 2950 víctimas, según un estudio de la Universidad George Washington, o más, según otros informes (“Ascertainment of the Estimated Excess Mortality From Hurricane Maria in Puerto Rico,” The George Washington University, 2018; Kishore Nishant, Domingo Marques, and et al, 2018, “Mortality in Puerto Rico after Hurricane Maria,” The New England Journal of Medicine, 12/07/2018).
Por lo tanto, la reciente renuncia del gobernador Rosselló basada en su comportamiento corrupto y degenerado, como lo demuestran los chats filtrados de Telegram, debe entenderse dentro del marco más amplio de un estado democrático estadounidense defectuoso que continúa su control absoluto económico sobre Puerto Rico. Esta doble dependencia debe terminar en aras de lograr cualquier tipo de futuro democrático real en Puerto Rico o en los Estados Unidos.
Artículo publicado originalmente en inglés el jueves 29 de agosto del 2019 en Fair Observer