Perspectivas
Francesco Somigli
Entre los países de la Europa golpeada por el COVID-19 pueden observarse enormes contrastes. Se trata evidentemente de diferencias vinculadas al número de contagios, víctimas y a los diversos enfoques que han sido adoptados para tratar de hacer frente a un nuevo enemigo que llegó de manera repentina y que, en poco más de un mes, ha cambiado nuestra forma de vivir y de comportarnos. Existen asimismo diferencias más sutiles, que no pueden contemplarse tan sólo con mirar los gráficos y estadísticas. Estas tienen que ver con la diversidad de posturas, ideas y preferencias nacionales con la que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) se sentaron a discutir cuáles serían las mejores respuestas y políticas comunitarias para afrontar la emergencia económica causada por el impacto del coronavirus.
Italia y Alemania –como ha sucedido a menudo en los últimos 15 años– se han encontrado en posiciones muy distantes. De la misma manera en la que están alejados geográficamente, lo están los métodos y procedimientos que estos países han llevado a cabo para intentar mitigar la propagación masiva del virus en su población. En este sentido, vale la pena dar un salto atrás y reflexionar sobre estas diferencias existentes tanto en términos de enfoques, como en la organización de los sistemas sanitarios de ambos países.
En Italia el servicio de salud, “Servizio Sanitario Nazionale” (SSN), es público. En su estatuto jurídico, redactado al momento de su institución en 1980 (aunque ya desde antes, el Estado italiano contaba con un sistema de sanidad pública), se hace referencia a la salud como un “bien de uso universal”. Incluso la propia Constitución Italiana de 1947 en su artículo 32, reconoce el derecho a la salud de todos los individuos y garantiza la atención gratuita. Desde ese entonces se han realizado por supuesto varias enmiendas, especialmente enfocadas a transformar las unidades sanitarias locales (la gestión territorial del SSN) con miras a optimizarlas desde el punto de vista económico (dentro de un sistema generalmente eficiente, pero que resultaba bastante costoso).
Actualmente el SSN es administrado a nivel nacional por el Ministerio de la Salud, sin embargo las autoridades locales tienen facultades propias para gestionar los sistemas sanitarios a nivel regional. Tomando en cuenta que Italia no es un Estado federal, resulta evidentemente un sistema complicado. Sorprendentemente casi nunca ha sufrido críticas sistémicas y a menudo ha sido elogiado a nivel internacional. En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al SSN como el segundo mejor del mundo «en términos de eficiencia del gasto y acceso a la atención pública«. No obstante, hay que enfatizar que en veinte años la sanidad italiana no se había puesto a prueba como lo ha hecho en estas últimas semanas.
Los primeros casos reportados de COVID-19 en Italia datan del 31 de enero de 2020: dos ciudadanos chinos que vacacionaban en la península fueron súbitamente puestos en aislamiento en un hospital de Roma. Sin embargo, al mismo tiempo en el que las autoridades sanitarias se preocupaban por impedir la llegada de personas provenientes de China, el virus se expandía ya en las regiones de la Italia septentrional, sobre todo en Lombardía y Véneto.
A partir de este momento, las medidas puestas en marcha por la autoridad sanitaria nacional y los gobiernos regionales se convierten en una carrera desesperada para intentar contener la propagación del virus sin siquiera saber que, desgraciadamente, el COVID-19 ya ha ganado varios kilómetros de ventaja. En pocos días llegaron primero las decisiones por las que se establecieron las llamadas “zone rosse” (zonas rojas de aislamiento vigilado) en diez municipios de las regiones de Lombardía y Véneto. Se restringió la movilidad e imposibilitó a los ciudadanos que no fueran residentes en estas regiones a salir o a entrar.
Llegamos al 23 de febrero: el virus ya ha salido de las zonas de aislamiento por lo menos desde hace una semana. Dos días después, la zona roja se extiende a seis regiones del norte de Italia, dividiendo al país en dos. A la luz de los hechos, ésta también resulta ser una decisión tardía, pues los contagios estaban ya presentes en todo el país. En los días posteriores se adoptaron por lo menos otras cinco medidas gubernamentales con miras a la ampliación de las zonas de cuarentena, pero ya sin ninguna posibilidad de contención.
Es el 11 de marzo. El gobierno establece el decreto «Io resto a casa» (“Me quedo en casa”), y extiende la zona de cuarentena a todo el territorio italiano: se cierran los comercios (con excepción de los que proveen bienes y productos de primera necesidad), restaurantes, bares y todas las actividades que impliquen agrupaciones de personas. El decreto también impide que los ciudadanos salgan de sus casas –a excepción de que existan causas inmediatas de salud, trabajo o emergencia fundamentadas–.
Italia decide entonces hacer uso de la artillería pesada para vencer al COVID-19. Como ha sido continuamente explicado en la prensa, el objetivo no es eliminar el virus, sino reducir, a través del lockdown, el número de contagios de modo que la presión sobre los hospitales disminuya y el SSN tenga una mayor capacidad de gestionar la emergencia por un periodo de tiempo más largo.
Actualmente no podemos saber con exactitud si este enfoque ha funcionado en su totalidad. Las cifras de contagio están disminuyendo, pero de una forma mucho más lenta a la de cualquier proyección estadística pesimista. La presión sobre los hospitales comenzó a reducirse aproximadamente durante la segunda semana de abril, y ésta quizás sea la señal más importante del declive de la curva dada la imposibilidad de conocer con exactitud cuántos individuos en Italia han contraído el COVID-19. Miles de personas, probablemente positivos al virus y con síntomas graves, fueron invitados a quedarse en casa o en los asilos de ancianos (sin antes haber realizado una prueba que confirmara su condición), con la esperanza de que en caso de tener el virus, este tuviera un curso positivo. Desafortunadamente, esto no ocurrió en la mayoría de los casos, en particular en algunas provincias de la Lombardía como Bérgamo, Brescia y Milán. Por ello, es importante enfatizar en el hecho de que las estadísticas que se presentan diariamente no son del todo precisas, ya que resulta imposible conocer la totalidad del número de personas positivas al COVID-19.
Si por un lado la situación sanitaria está mejorando, por otro, Italia se encuentra a pocos pasos de un profundo abismo causado por la crisis económica derivada de los más de 40 días de cierre total de la actividad productiva y los paros impuestos a miles de profesionistas, trabajadores autónomos, prestadores de servicios y otras categorías de trabajadores.
En este sentido, la opinión pública ha estado dividida entre los que temen reanudar –aunque sea de forma paulatina– las actividades, y los que, en cambio, consideran que las medidas restrictivas impuestas hasta ahora por el Primer Ministro, Giuseppe Conte, son excesivas (o incluso económicamente perjudiciales). Los italianos, al igual que muchos otros, se encuentran frente a una balanza en la que deben sopesar los riesgos de salud y los costos económicos causados por un bloqueo sistémico.
Italia desafortunadamente ha representado un rol bastante “incómodo” y difícil en esta pandemia: fue el primer país del continente europeo en el que el coronavirus se propagó de manera rápida y masiva, y, por lo tanto, tuvo relativamente poco tiempo para reflexionar sobre las medidas más adecuadas para afrontarlo. Puede decirse, haciendo uso de un triste ejemplo, que Italia fue el “conejillo de indias” de Europa, y que, gracias a ello, la mayor parte de los estados del continente fueron reaccionando y adoptando medidas teniendo en consideración lo que sucedía en el país mediterráneo.
Es posible afirmar con certeza que el sistema sanitario italiano ha colapsado parcialmente. Los hospitales de las regiones del norte de Italia –cuyas estructuras son teóricamente mejores que las del resto del país– no han resistido ante el número de hospitalizaciones ordinarias y, sobre todo, de terapia intensiva. Algunas de las causas de esta situación probablemente tengan que buscarse en los años de recortes al SSN y en las decisiones políticas superficiales –y probablemente erróneas– que se han tomado durante estos dos últimos meses de emergencia. Habrá tiempo y forma de evaluar todo cuidadosamente cuando la situación haya mejorado; sin embargo las 13,325 muertes (al 26 de abril de 2020) en Lombardía requieren una respuesta más precisa, pues estas representan la mitad del total de las defunciones en Italia de los casos que resultaron positivos al COVID-19.
A poco más de 300 km de Milán –el epicentro del coronavirus en Italia– se encuentra la frontera alemana. La distancia geográfica no es en realidad enorme, pero como se ha dicho, las divergencias en relación al enfoque de contención del virus han sido sustanciales. En este sentido, resulta pertinente precisar una diferencia que podría ser fundamental para entender el resultado que Alemania está logrando en la lucha contra el COVID-19: el sistema sanitario alemán es privado. Para tener acceso a atención médica y poder beneficiarse de los servicios clínicos es necesario contar con un Krankenverischerung (seguro médico), el cual es obligatorio para quien reside en Alemania.
Esta particularidad, si bien implica una gestión casi «corporativa» del sistema sanitario alemán, al mismo tiempo le otorga una mayor disponibilidad de fondos, lo cual permite a Alemania contar con una importante cantidad de laboratorios de diagnóstico que pueden realizar rápidamente un gran número de pruebas (como ha declarado el Dr. Christian Drosten, virólogo del hospital berlinés Charitè). Es probable que esto haya desempeñado un papel clave durante las dos primeras semanas de la expansión del virus en Europa. Mientras que en Italia se discutían los criterios para la realización de pruebas, en Alemania se hacían tests a los pacientes que presentaban incluso síntomas leves y, en caso de ser positivos, eran aislados. Al mismo tiempo, se rastreaban las personas con las que éstos tuvieron contacto con el objetivo de mapear la extensión de la epidemia en el país. Además de la rápida identificación de los infectados, el sistema sanitario alemán llegó preparado para una posible ola de admisiones hospitalarias: 28 mil plazas en cuidados intensivos (que aumentaron a 40 mil en pocas semanas) y un número suficiente de equipos de respiración asistida que impedirían que los hospitales entraran en crisis incluso ante un gran número de pacientes.
Existen también otros elementos que han favorecido la capacidad de “contención” alemana (entre comillas, ya que todavía nos encontramos ante una situación en constante evolución). Por ejemplo, el número de casos confirmados durante las dos primeras semanas de expansión del COVID-19 en Europa fue bastante bajo, lo cual probablemente dio un mayor margen de tiempo para tomar las acciones y medidas necesarias teniendo en consideración lo que sucedía en ese momento en Italia y España.
El hecho de lograr mantener el número de personas infectadas a un nivel manejable para el sistema de salud (al igual que a los pacientes hospitalizados con síntomas más graves), le ha permitido a varios Länder alemanes establecer medidas más ligeras relativas al distanciamiento social: a diferencia de Italia, no se ha prohibido a las personas salir de casa para poder dar un paseo o hacer ejercicio. Solo se han restringido totalmente los contactos con individuos fuera del núcleo familiar o de la vivienda, así como las agrupaciones masivas. Obviamente, al igual que en muchos lugares, se han cerrado bares, restaurantes, centros comerciales y negocios, pero las limitaciones individuales se han dejado un poco al sentido común.
A pesar de las dudas y varias críticas por parte de otros países como Italia y España, el enfoque alemán parece haber funcionado. El número de infecciones en el país más poblado de la UE se ha mantenido relativamente bajo y ha comenzado a disminuir gradualmente. Además, en Alemania, el número de víctimas de COVID-19 no es tan alto si se compara con otros países europeos. Actualmente el lockdown comienza a relajarse, permitiendo una lenta y cuidadosa reanudación de las actividades cotidianas, incluida la reapertura gradual de las escuelas y de algunos negocios.
No obstante, un aspecto que Alemania e Italia tienen en común en estos días difíciles es el apoyo que la gran mayoría de la opinión pública le está dando a sus respectivos gobiernos. El Primer Ministro italiano Giuseppe Conte, a pesar de haber decidido llevar a cabo un cierre bastante severo, registra un apoyo del 71% por parte de los ciudadanos. La firmeza mostrada en momentos dramáticos, el sentido de responsabilidad, la transparencia y la clara comunicación del Presidente del Consiglio parecen haber convencido a la mayoría de los italianos, dado que tal índice de aprobación no se había registrado en los últimos siete años.
Del otro lado de los Alpes, la canciller Angela Merkel vio también crecer el consenso electoral de su partido (CDU) 13 puntos porcentuales desde el inicio de marzo. Considerando que los últimos meses habían sido políticamente complicados y estuvieron marcados por la dificultad de encontrar un(a) candidato(a) adecuado para “suceder” a la canciller al término de su mandato, Merkel ha visto reforzado su liderazgo de manera decisiva gracias a la gestión de la emergencia del COVID-19.
La puesta a prueba de este apoyo popular se ha trasladado al ámbito europeo, donde los dos líderes se han encontrado en posiciones opuestas en relación a la búsqueda de una respuesta europea a la crisis del coronavirus. Tras varias semanas de discusiones sobre cuáles serían las medidas e instrumentos económicos adecuados para gestionar el impacto económico de la crisis sanitaria, las decisiones finales siguen siendo un tanto inciertas. El debate a nivel europeo ha mostrado las grandes diferencias entre los estados económicamente «más fuertes» (por ejemplo, Alemania, Austria y los Países Bajos) y los «más débiles» que también han sido los más afectados por la pandemia (Italia y España, entre otros). Estos contrastes pueden observarse sobre todo en términos de su capacidad para incidir en la definición de acciones y políticas comunitarias. La falta de elasticidad y solidaridad ante lo que es claramente una emergencia común a todos los países (más allá de las cifras) ha abierto una nueva brecha dentro de una Unión Europea que ya estaba recientemente debilitada por el Brexit.
Es el turno de todos los actores involucrados para mostrar un sentido de responsabilidad compartida, solidaridad y apoyo, para denotar la existencia de una verdadera “Unión” no sólo en el nombre, sino también en la capacidad de resolver problemas de forma cooperativa en un momento de crisis sin precedentes que está afectando a todos los ciudadanos europeos.