El pasado 25 de septiembre se llevó a cabo una huelga general de campesinos en India en protesta contra un paquete de reformas impulsado por el gobierno de Narendra Modi y el partido de la Derecha Hindú, el Bharatiya Janata Party (BJP). Millones de campesinos y trabajadores salieron a las calles, bloquearon carreteras, vías de tren y avenidas en rechazo de lo que perciben como una “sentencia de muerte” para el ya de por sí empobrecido y endeudado campesinado indio. A pesar de que las protestas más fuertes tuvieron lugar en los estados norteños de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh —los principales productores agrícolas del país—, numerosas organizaciones y sindicatos de campesinos se movilizaron en 10 estados, paralizando gran parte de la actividad de la quinta economía del mundo.
Tribals protest at Sansad March por Sun Pictures / Lakshman. Se reproduce con la licencia CC BY-NC-SA 2.0.
La huelga general, que culmina una serie de protestas gestadas desde principios del mes de septiembre, fue convocada en rechazo a una serie de reformas, propuestas el 5 de junio por el partido en el gobierno y aprobadas por la Rajya Sabha —la cámara alta o senado— el pasado domingo. A grandes rasgos, las reformas ponen fin a la red de mercados regulados por el gobierno para la compra y venta de productos a precios fijos y protegidos, e introducen un nuevo marco legal que permite a los productores establecer contratos de venta con empresas y distribuidores privados, liberalizando de golpe, y sin tomar en cuenta la postura del campesinado organizado, el sector del que dependen cientos de millones de familias: en los pueblos y zonas rurales de India viven 900 millones de personas, y la mitad de los casi 1 400 millones personas en el país subsisten gracias a la agricultura.
Para entender el impacto de estas reformas, es necesario tener claro la historia y el funcionamiento de los Comités de Mercados de Producción Agrícola (APMC) que desde hace décadas han regulado el sector. Establecidos durante la época colonial con la finalidad de proteger los precios de bienes como el algodón, los APMC fueron reforzados durante las primeras décadas de vida independiente. Tienen como finalidad evitar el acaparamiento de los productos agrícolas por parte de intermediarios, y mantener bajos y estables los precios de estos productos para el público en general. Cada estado de la República India opera distintos mandi —mercados— en los que se concentra la totalidad de la producción de los pequeños productores agrícolas para ser vendida a través de subastas públicas estrictamente reguladas. Los compradores en estos mandi necesitan contar con un permiso oficial, el cual no puede ser otorgado a grandes compañías procesadoras de alimentos o empresas de venta en grandes superficies, como los supermercados. Además de mantener los precios bajos, estos mecanismos protegen a los pequeños productores —el 85% de los productores agrícolas en India tienen menos de dos hectáreas de tierra— al asegurar la venta de su producto a un precio protegido y evitar el acaparamiento por parte de intermediarios.
Las reformas del gobierno de Narendra Modi permitirán que los productos del campo sean vendidos directamente a compradores privados. Hace una semana el Primer Ministro twitteó afirmando que esto “liberará a los campesinos” de los “constreñimientos” de las viejas leyes e impulsará un nuevo periodo de “mayor prosperidad” para el campo en India. Sin embargo, los sindicatos de campesinos señalan que detrás de este optimismo se esconde la amenaza de la creciente vulnerabilidad de los campesinos frente al poder del sector corporativo y las empresas transnacionales. El mayor miedo de las organizaciones campesinas reside en que estas medidas acabarán con el Precio Mínimo Asegurado (Minimum Support Price) que, durante décadas, ha sido fijado por el gobierno federal como el mecanismo central para prevenir el empobrecimiento de los campesinos y evitar los abusos de los intermediarios. Con la desaparición de los mandi y la liberalización de las ventas, los campesinos estarán sujetos a los precios dictados por el mercado y perderán la única herramienta de negociación que tienen para ejercer presión y hacer frente al poder de las grandes compañías de transporte y distribución. Esto se vuelve aún más preocupante dado que, bajo la lógica neoliberal defendida por el gobierno de Modi, no existen regulaciones de ningún tipo para la venta de productos agrícolas fuera de la estructura de los mandi.
Las reformas apuntan hacia la eliminación de los mecanismos mediante los cuales el gobierno había protegido al sector agrícola del dominio del capital agroindustrial transnacional. Asimismo, abren la puerta para que grandes compañías internacionales —como Walmart, que desde hace años está intentando introducirse en el enorme mercado indio— monopolicen la compra de la producción agrícola, lo que en el resto del mundo ha contribuido a la erosión de redes de pequeños distribuidores y transportistas, la escasez de bienes de primera necesidad y al empobrecimiento creciente de comunidades enteras. Un desplegado del Bharatiya Kisan Union (Sindicato Campesino de la India) señala que lejos de “liberar” a los campesinos, estas reformas acabarán por “hacerlos esclavos de las grandes compañías”.
Con el pretexto ya conocido de empoderar a los campesinos y “liberar” a los mercados, estas reformas eliminan la inferencia del Estado en el sector agrícola, dejando todo en manos del capital privado. Este suceso, descrito como “el tiro de gracia” para el campesinado indio, representa la culminación de un largo proceso de privatización de la agricultura en India iniciado con la implantación de las medidas asociadas con la Revolución Verde en la década de 1960, a través de las cuales los campesinos fueron sujetos a mecanismos de compra de semillas, fertilizantes, agua y energía que erosionaron su autonomía, llevando a una trágica epidemia de suicidios entre la población rural que ha acabado con la vida de más de 300,000 campesinos desde de la década de 1990.
Sin embargo, la organización a nivel nacional de los campesinos ha demostrado que, a pesar de los designios del gobierno de Modi, en India aún existe la posibilidad de impulsar luchas que contrarresten los efectos nocivos de la liberalización económica. La huelga nacional del pasado 25 de septiembre reunió a más de una docena de organizaciones campesinas y recibió el apoyo de 18 partidos políticos, incluyendo el tradicional Partido del Congreso encabezado por Rahul Gandhi. Solamente en el estado de Punjab, conocido como “el granero de India”, se llevaron a cabo más de 200 manifestaciones multitudinarias, mientras que las grandes ciudades del país como Delhi y Bangalore se vieron paralizadas por la huelga y las protestas.
Esta huelga nacional no es un evento aislado. Durante los últimos años las organizaciones campesinas —guiadas en gran parte del país por la All India Kisan Sabha, una amplia confederación campesina ligada al Partido Comunista Indio (marxista)— han encabezado importantes y poderosos movimientos de protesta a las políticas del gobierno de Narendra Modi. La más importante de las cuales tuvo lugar en el 2018, año en el que 50,000 campesinos de la rica y desigual región de Maharashtra marcharon más de 200 kilómetros hasta Mumbai, el corazón financiero del país, y obligaron al gobierno estatal, también del derechista BJP, a aceptar y firmar un pliego petitorio.
Aún está por verse si las multitudinarias protestas y huelgas generales serán capaces de frenar la destructiva agenda liberalizadora y rapaz del gobierno de Modi, un régimen que desde hace años ha venido consistentemente impulsando un proyecto de reingeniería social que pretende transformar profundamente las estructuras económicas y sociales de la República India en detrimento de sectores populares. Sin embargo, la potencia de la All India Kisan Sabha, el Bharatiya Kisan Union y el resto de las organizaciones campesinas que se unieron a la huelga el pasado 25 de septiembre demuestra que, si bien el fascismo y la desposesión neoliberal han hecho mancuerna al interior del gobierno de Modi y determinan su agenda, en India aún existen organizaciones populares capaces de hacerles frente y servir de ejemplo para la movilización en otros países del mundo.