Opinión
Luis Emilio Téllez Contreras
Este 2022 terminó con una inusual serie de victorias sociales en la Ciudad de México en relación con la defensa del territorio y el agua; en este proceso, las colonias populares y los pueblos originarios de la capital fueron los protagonistas. Desde el acotamiento del Proyecto del Estadio Azteca (Jimenez, 2022) hasta los bloqueos en Milpa Alta y Xochimilco (Jardínez, 2022), esta coyuntural conjunción de respuestas populares ganó cancelaciones de proyectos (la anulación del entubamiento en La Joya y en San Gregorio, y de la sectorización en San Pedro Mártir), posposición de consultas (Carpentier, 2022) y reconocimiento de su organización y asambleas.
Estas luchas se inscriben en un crisol más amplio de pequeñas resistencias que se dispersan por toda el área metropolitana y los estados aledaños de Morelos y Estado de México, provocado por factores complejos que interactúan en el territorio, y que podríamos resumir en tres puntos: el modelo de ciudad que se construye en torno a la expansión inmobiliaria, la gentrificación y el transporte individual; la incursión de la delincuencia organizada en la tala clandestina (principalmente en Topilejo y el Ajusco) como alternativa económica para estos grupos, sobre todo a partir de su desplazamiento del robo de combustible (Tourliere, 2022); y la profundización de la crisis del agua en la urbe expresada en una desigual e injusta distribución.
En este marco, podemos ver que la cancelación de las obras en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, en San Pedro Mártir y La Joya, en la Alcaldía Tlalpan, así como el aplazamiento de la consulta de la Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), gracias a las movilizaciones en Milpa Alta, en cierto sentido, son la continuación de la resistencia en el pueblo de Xoco contra la expansión inmobiliaria, así como de la lucha de San Miguel Topilejo contra los talamontes armados que han acabado ya con una tercera parte de su bosque. Así nació la iniciativa de la Defensa del Bosque de Agua, un importante esfuerzo para agrupar a la mayoría de las representaciones que puedan apuntar a cuestionar todo el proceso de devastación acelerada que existe en el centro del país. Sin embargo, el reto de la articulación compleja de la diversidad de demandas territoriales se enfrenta a la ausencia de una propuesta coherente y a la debilidad numérica y dispersión de aquellos que resisten.
La renovación del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT)
El PGOT es un instrumento de planeación de la ciudad y el territorio que está mandatado desde la Constitución de la Ciudad de México. Entre otras funciones, el PGOT establece los usos de suelo y los pronósticos de crecimiento con el fin de atender diversas problemáticas sociales. El gobierno actual presentó la actualización del Programa con el objeto de llevarlo a consulta abierta este año: éste debe regir los próximos 15 años del desarrollo territorial en la capital. Las innovaciones y prioridades propuestas en este programa han generado un debate entre académicos, organizaciones sociales y actores políticos, que discuten sobre su verdadero alcance. Por el momento, el texto de más de 500 cuartillas ha sido puesto en suspenso hasta una nueva consulta agendada para octubre de 2023. Este aplazamiento ha sido un logro de las movilizaciones.
Algunos han resaltado como positiva la nueva propuesta del PGOT, ya que se integra en un mismo instrumento al Programa de Ordenamiento Ecológico y el Programa General de Desarrollo Urbano para “eficientar” la protección del suelo de conservación con un solo texto que sirve de marco legal. Sin embargo, son profundas las sospechas ante la alteración de los mapas presentados, así como las intenciones de la nueva clasificación de “zonas rurales” que había sido propuesta desde la Constitución y la desconfianza a los polos de desarrollo económico. Esta aversión aumentó, ya que durante el proceso, antes que con los pueblos y comunidades, las reuniones públicas del Gobierno de la CDMX han sido con los inversores inmobiliarios.
El debate en curso sobre el nuevo PGOT tiene de fondo un problema democrático, responsable de la crisis social que se desató al sur de la CDMX, pues las vías tradicionales de vinculación con los pueblos son ya insuficientes: no basta con convocar a las representaciones cuando se pondrá a consideración algún nuevo proyecto o cuando los montos de los presupuestos deben ser negociados. En el proceso de consulta del PGOT las estructuras de las comunidades agrarias y de los pueblos fueron ignoradas, además de que hubo un gran déficit de información sobre los cambios propuestos, y no se les escuchó. Los comuneros de Milpa Alta afirmaron que es la primera vez que no se les consulta en sus propias instancias de representación (Desinformémonos, 2022), violando no sólo la Constitución de la CDMX, sino compromisos internacionales como el convenio 169 de la OIT.
El PGOT es un marco que establece las reglas del juego a partir de las cuales se tendrán que definir muchos puntos operativos y delimitaciones territoriales a nivel local. En este sentido, es válida la preocupación de la existencia de una relación de fuerzas desfavorable para la población trabajadora y agrícola frente al poder de las constructoras y el capital inmobiliario que promueven una ciudad a la medida de sus negocios y no de las necesidades sociales.
El movimiento social, aún desarticulado, resiste y está trabajando a contrarreloj para construir una fuerza suficiente para negociar en beneficio de sus localidades, por ello se ha lanzado una convocatoria a una reunión general de los pueblos el 12 de febrero de 2023. La pregunta es si será posible fundar un sujeto político metropolitano que permita luchar por un conjunto de intereses populares, empezando por el agua, la vivienda social y el territorio de conservación ecológica.
Una transición ecosocial
El discurso hegemónico de las Cumbres del Clima y de prácticamente todos los gobiernos, ya habla de transitar a una estructuración social y económica diferente sin salir del capitalismo. Este es el caso del PGOT, el cual está lleno de propuestas sobre transición energética, economía circular y estrategias de resiliencia.
Estamos frente a la adecuación del discurso dominante ante una perspectiva de escasez, precariedad e inestabilidad social que demuestra el reconocimiento de los gobiernos sobre la imposibilidad de resolver los problemas socioambientales presentes y futuros con las herramientas e instancias actuales. El ejemplo más palpable es la crisis del agua, que ha mantenido en vilo a diferentes ciudades del país. En la CDMX este es, de forma más recurrente, un punto de conflicto entre pobladores, privados y gobierno, y se ha convertido en un objetivo central en este ciclo de luchas.
Los conflictos hasta ahora mencionados muestran que la transición en ciernes es una transición forzada que intenta construirse ante un hecho que se da por consumado, es decir, cuando el despojo y la desigualdad ya son ley. Es urgente ante ello construir una transición planificada y delineada a partir de una propuesta alternativa postcapitalista y de las experiencias de resistencia y organización en los pueblos y colonias de la ciudad.
La abrumadora mayoría de los espacios de tensión con la planificación de la ciudad mercantilizada se da en los puntos periféricos de la misma, donde los espacios comunitarios aún conectan la vida rural con la naturaleza. El procedimiento que se ha empleado en estos lugares para tratar de dar cobertura a los intereses locales ha sido la reivindicación identitaria de los pueblos y colonias, lo que periódicamente genera una cohesión simbólica local, que, sin embargo, es cada vez menos real en términos materiales, pues la integración al modelo de ciudad dominante avanza de manera silenciosa.
En este sentido, propuestas como la autonomía local o los intentos de autogestión en la ciudad se vuelven sublimaciones radicales de la impotencia. Es prioritario ensayar la posibilidad de una propuesta política de las periferias que interpele a sectores de la población trabajadora de las zonas centrales a partir de problemas comunes. Los próximos encuentros de los pueblos en febrero 2023 se darán a partir de una experiencia acumulada de resistencias, pero también de un mayor conocimiento del funcionamiento de la ciudad (agua, polígonos de actuación, administración, leyes) y de las perspectivas globales que dan las discusiones sobre el PGOT, por ello, será importante formar un consenso de las luchas sobre una propuesta de ciudad que apunte a una transición ecosocial en la cual las personas estén en el centro.