- La cena
“No vamos a aumentar los impuestos”, afirmó López Obrador el pasado 10 de junio después de su reunión con diversos empresarios del país. Los empresarios asistentes eran el grupo con mayor antagonismo al presidente: Claudio X. González Laporte, de Kimberly Clark; Emilio Azcárraga Jean de Televisa; Daniel Servitje de Bimbo; Rogelio Zambrano de Cemex; Joaquín Vargas de MVS; Carlos Slim; y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN); entre otros. El almuerzo en el Museo Kaluz era un acto simbólico entre los dos bandos enfrentados en la elección, y replicó el encuentro sostenido hace tres años entre los mismos actores después de las elecciones de 2018. Esta vez los empresarios alrededor del CMN organizaron mejor su participación electoral, y sentaron a negociar al PRI, PAN y PRD una alianza electoral a nivel nacional, literalmente en el patio de su representante: Claudio X. González Guajardo.
La reforma tributaria se encontraba al centro de la discusión durante el almuerzo, en tanto que hay presiones a izquierda y derecha para incrementar los ingresos del Estado. En particular, dicha reunión fue de interés para Larry Fink, quien organizó los últimos dos encuentros de alto perfil entre López Obrador y los empresarios. En abril de 2019 Fink coordinó el US-Mexico CEO Dialogue en Mérida Yucatán, con la plana mayor del gobierno federal, el Consejo Coordinador Empresarial, el Secretario de Comercio de Estados Unidos y la U.S. Chamber of Commerce. Ahí se acordó la reunión de AMLO y Trump para el año siguiente, y Alfonso Romo se reportó con Larry Fink en Nueva York después de dicho encuentro. Fue también a Fink, en abril de 2020, y no a Trump o a Biden, a quien Obrador expresó la necesidad de un plan de apoyo económico similar al Plan Marshall. ¿Por qué este personaje recibe trato de mandatario?
- Administrar la abundancia
Larry Fink fundó en 1988 BlackRock, una firma especializada en la administración de activos institucionales (Asset Management Firm). Este tipo de instituciones financieras reúnen fondos de empresas, individuos y organizaciones y los invierten en distintos portafolios con diversos niveles de riesgo. Aunque la administración de activos puede rastrearse a los inicios del sistema financiero, compañías como BlackRock han incrementado su importancia en las últimas décadas. A finales de 2020, las cinco compañías de administración de activos más grandes en Estados Unidos tuvieron una riqueza mayor al producto estadounidense ese año.
BlackRock, dentro de ellas, es el jugador más grande, concentrando tantos activos como sus dos más cercanos competidores juntos (The Vanguard Group y UBS Group), un total de más de 9 billones de dólares (en español). Como referencia, dicha cifra es mayor al valor combinado de las seis compañías estadounidenses más grandes (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook y Tesla); casi tres veces lo recaudado por el gobierno federal estadounidense en 2020; el doble de la suma del Producto Interno Bruto de América Latina el año pasado; o cuatro veces el producto total en África. Más aún, sólo entre junio 2020 y marzo 2021, el valor de los activos administrados por la firma se incrementó en casi un 50%, mientras que el cuartil más grande de las empresas que administran activos incrementó sus ingresos en un 9% el último año. Se espera que en los próximos cuatro años, las cinco firmas más grandes concentren hasta un 68% del total de activos bajo administración.
¿Cómo pudo incrementar su valor en la peor crisis desde la Gran Depresión? La empresa se benefició de una gran liquidez en el mercados estadounidense. Solamente en marzo de 2020 la Reserva Federal de Estados Unidos liberó más de un billón de dólares al mercado (con la compra de bonos del Estado y de corporaciones), mientras que la CARES Act de Trump inyectó a finales del mes medio billón extra que, se esperaba, se multiplicara en el mercado financiero a 4 billones. Más que reactivar la economía, la liquidez extra restauró el valor de diversos activos en los mercados de valores. El fondo de bonos corporativos de BlackRock LQD se había desplomado en los días previos, pero recuperó prácticamente todo su valor a mediados de mes. Para finales de abril los directivos de JP Morgan estimaban que el índice de valor bursátil S&P alcanzaría un máximo histórico a final de año.
Además de beneficiarse de estas medidas, las firmas de administración de activos invirtieron en un mercado emergente en la pandemia: la deuda soberana de diversos países.
- Los buenos samaritanos
Entre marzo y abril de 2020, el FMI extendió líneas de crédito flexibles a Perú, Chile y Colombia por un valor total de 45 mil millones de dólares, mientras que el Banco Mundial (BM) durante todo el año otorgó instrumentos por un valor total de 4.3 mil millones de dólares a la región. Los recursos se concentraron en los déficits fiscales, y poca presión se hizo en medidas sanitarias como el acceso a vacunas (el apoyo para compra de inmunizaciones en la región por parte del BM es de tan sólo 220 millones de dólares). Más aún, ambas instituciones presionaron porque los países emergentes hicieran uso de deuda en manos de privados. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda del G20 (DSSI) que inició el año pasado permitió a los tenedores privados incrementar los préstamos a los países en desarrollo y mantener los ingresos por sus servicios de deuda a altas tasas de interés. En suma, las medidas financieras de “mitigación” del COVID-19 por organismos internacionales concentraron las ganancias en un pequeño grupo de bancos e inversores institucionales, sin combatir efectivamente la pandemia: Perú, receptor de un cuarto de las líneas de crédito flexibles en América Latina del FMI y del 41% de los fondos del BM ha tenido el mayor exceso de mortalidad en la región.
La emisión de deuda soberana es una cadena de negocios y poder político que empieza desde la emisión hasta la especulación contra los bonos. Los países emisores, en primera instancia, requieren de los servicios de “suscriptores” (underwriters), quienes se encargan de ejecutar, comercializar, distribuir y fijar los precios de los bonos de deuda, a cambio de una comisión que típicamente va de 0.05% al 0.225% del valor nominal del bono. Dichos suscriptores se encuentran altamente concentrados y sólo cinco bancos (Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan y BNP Paribas) reúnen las suscripciones del 81% de los bonos de deuda soberana en América Latina.
Los tenedores, sin embargo, son los beneficiarios directos de la deuda y, de igual modo, se encuentran altamente concentrados. En un cálculo realizado por Eurodad, BlackRock posee el 10% de toda la deuda soberana en América Latina y, junto con sus cuatro más cercanos competidores (PIMCO, Fidelity, Alliance y Vanguard), controlan más de un tercio de los pasivos de las soberanías latinoamericanas. La concentración de los tenedores de deuda soberana les otorga un gran poder de negociación con los estados nacionales en particular porque, de acuerdo con las Claúsulas de Acción Colectiva (CACs) de la mayoría de los bonos, los tenedores mayoritarios pueden tomar decisiones por el resto de los inversores individuales.
- Los millonarios patriotas
Mientras el público se horrorizaba con las imágenes del desastre en India y la represión al paro nacional en Colombia, los mercados de bonos soberanos y derivados mantuvieron altas ganancias. Los bonos de deuda de la India mantuvieron un rendimiento de 6% —casi cuatro veces lo pagado por los bonos de la tesorería estadounidense—, mientras que las tasas para los bonos de Argentina alcanzaban el 13.7% y los de Colombia el 7.3%. Estos costos de financiamiento sólo se incrementarán en el futuro. De acuerdo a estimaciones de Eurodad, tan sólo entre 2021 y 2025 el pago de servicios de deuda en América Latina se quintuplicará y alcanzará casi el 30% de todo el pago de deuda soberana a nivel mundial.
En este panorama de niveles de deuda soberana a nivel mundial no visto desde la Segunda Guerra Mundial es fácil imaginar por qué los grandes tenedores de deuda estatal están interesados en incrementar los ingresos de los gobiernos. Larry Fink y Warren Buffet se opusieron a los recortes en los impuestos corporativos en Estados Unidos en 2017, y Morris Pearl, un antiguo ejecutivo de BlackRock, es la figura central en los “Patriotic Millionaires”, una organización que en los últimos años ha promovido la elevación de los impuestos a las grandes corporaciones.
Los organismos financieros internacionales, en contraste, han empujado por reformas fiscales basadas en impuestos indirectos en los países en desarrollo. En Brasil, los tenedores de bonos empujaron una reforma tributaria que bajara los impuestos corporativos mientras que incrementara los impuestos indirectos: el gobierno de Bolsonaro sólo pudo otorgar la primera a finales de mayo. Por su parte, en mayo de 2020, Alejandro Werner —un antiguo funcionario de Calderón y Jefe de Departamento del Hemisferio Occidental del FMI— comenzó a presionar por un incremento sustancial de la deuda pública en México y “una reforma tributaria a mediano plazo”, que contemplara fundamentalmente “mejorar el desempeño del IVA”. Los enviados técnicos del organismo en octubre pasado reafirmaron dicha recomendación, estimando que el impuesto corporativo era “relativamente alto”, e incrementar la progresividad del ISR era una medida “muy limitada”. “La mejor opción es ampliar la base del IVA en México, incluyendo eliminar todos los productos de tasa cero y reducir exenciones”, reza el documento.
El caso colombiano es ejemplar de la conjunción de diversas presiones que los tenedores de deuda ejercieron sobre la política. Colombia recibió dos incrementos en su línea de crédito flexible del FMI el año pasado, y el informe de los enviados del organismo recomendaba un incremento en los impuestos indirectos (o “investment friendly”). La reforma provocó una crisis de gobernabilidad que afectó aún más su posición de pago de deuda. El rendimiento de la deuda colombiana, y su costo para el Estado, subió del 6 al 7.3%, S&P bajó la calificación del bono y los grandes capitales del Wall Street apostaron a una mayor caída a final del año. Más aún, sin acceso a las vacunas, y después de más de un mes de enfrentamientos, Colombia enfrenta su peor oleada de muertes por COVID-19.
- Todo mundo quiere a Larry
Es fácil quedar bien cuando todo mundo te debe dinero. Fink formó parte del consejo de asesoría empresarial de Trump e incrementó la inversión de BlackRock en Petrobrás durante la presidencia de Bolsonaro. En los últimos años, sin parpadear, ha enarbolado un discurso para alcanzar un “capitalismo sostenible e incluyente” y acomodó a Brian Deese, antigua cabeza de Inversiones sustentables de BlackRock, como director del Consejo Económico Nacional de Biden.
El financiero neoyorkino también es solicitado de este lado de la frontera. BlackRock es el mayor inversor en la Bolsa Mexicana de Valores, con alrededor de mil millones de acciones de 69 empresas, duplicando las inversiones del segundo tenedor más importante: su competidor Vanguard Group. Sus activos corporativos más importantes están invertidos en unos antiguos conocidos: América Movil, Femsa, Cemex, Banorte, Televisa, Grupo México y Bimbo. Asimismo, Fink fue invitado de honor de EPN en varias ocasiones, y BlackRock invirtió alrededor de 600 millones de dólares en bonos del aeropuerto en Texcoco, adquirió de Pemex el 45% del gasoducto Los Ramones y obtuvo un contrato importante en los proyectos petroleros de la ronda uno. En 2013, BlackRock empleó a un antiguo funcionario de Calderón cercano a Werner y Meade, Gerardo Rodríguez Regordosa, como jefe de mercados emergentes. Fue éste último el encargado de renegociar la deuda argentina el año pasado, en una puja que sólo se destrabó con la llamada de Obrador a Fink.
Este papel de tenedor de deuda de todo mundo ha producido su lugar como mediador entre el gobierno federal y sus adversarios más rabiosos. La multiplicidad de sus inversiones ha blindado a grandes capitales como BlackRock de los cambios políticos en la región, beneficiándose tanto del gasto público como de los bajos impuestos corporativos. No ha tenido el nivel de acceso a proyectos públicos que tuvo con EPN, puesto que Obrador ya rechazó dos financiamientos de BlackRock para el Tren Maya, pero la nueva miscelánea fiscal no debería presentarle ningún problema. El SAT anunció que se enfocará sólo en los grandes contribuyentes, por lo que aún contará con la oposición del gran capital nacional, pero no de la magnitud que tendría una reforma tributaria más progresiva. Las empresas enfrentadas al gobierno, la 4T y sus financiadores parecen tener la confianza de que el crecimiento esperado de la economía y los crecientes precios del petróleo serán suficientes para mantener el statu quo.
Si tales predicciones no se cumplen, es de esperarse que la presión por un incremento al IVA crezca. En las recientes elecciones no sólo perdió en su distrito el legislador que más había presionado por una reforma fiscal progresiva, Alfonso Ramírez Cuéllar, sino que el nuevo papel del PVEM inclinó al capital la balanza en el Congreso. La mayoría en el Congreso está, más que hace tres años, a la venta, y los tenedores de bonos, del estado y de empresas, ya comenzaron a recolectar las ganancias.