Las mujeres del territorio sonorense tienen una larga historia de lucha por sus derechos. Así como en todo el mundo, conforme se ha logrado la entrada a espacios que antes eran reservados para los hombres, las demandas de los movimientos de mujeres en Sonora se han ido transformando de la mano con las experiencias de violencia a las que se ven expuestas en estos espacios dominados por el poder masculino. Esto ha tenido como consecuencia la creación de grupos y colectivas con diferentes propósitos; pero no pretendemos hablar de la historia del feminismo en la región, sino de un episodio particular de la lucha que se articuló alrededor del acoso sexual en las universidades.
La Universidad de Sonora (Unison) ha sido, en los últimos años, un lugar donde se libran batallas ya no por el acceso, sino por el trato igualitario y la eliminación de las violencias, como el acoso, que ha sido el foco de algunos de los reclamos más fuertes hechos por las feministas. En el campus central, ubicado en Hermosillo, las estudiantes organizaron acciones colectivas que tuvieron un fuerte impacto en la comunidad universitaria. Esto ocurrió, en parte, en respuesta a un cambio de conciencia general sobre la situación de las mujeres, como se puede observar por la multiplicidad de este tipo de protestas a lo largo del país y del mundo, pero también gracias a una constante organización de grupos feministas dentro y fuera de la institución.
A mediados de la década de 2010 esta militancia política ya era constante en Hermosillo, aunque no tan extendida como llegó a serlo después. Personas externas a la universidad organizaron actividades como manifestaciones, talleres sobre aborto y salud sexual, marchas, grupos de lectura y discusión, colectivas de artistas, lecturas de poesía, proyecciones de películas, actividades deportivas, reuniones sociales, etc. Las redes entre feministas formadas en estos espacios fueron parte importante de lo que permitió que más adelante se realizaran manifestaciones de gran alcance, y fueron ellas las primeras en apoyar el movimiento contra el acoso sexual en la Unison.
Las primeras protestas, que tuvieron lugar en 2017, fueron organizadas alrededor de una denuncia de acoso sexual en contra de un profesor del Departamento de Sociología y Administración Pública. Esta denuncia sirvió como plataforma para hablar de otros casos de acoso sexual de profesores y estudiantes y, gracias al uso de los tendederos del acoso, destapó una situación latente. A partir de estas manifestaciones se consolidaron grupos feministas que demandaban sanciones para los profesores, alumnos y trabajadores que incurrieran en actos de violencia machista y protección para las mujeres que los señalaran.
Las denuncias se hicieron visibles utilizando medidas institucionales y no institucionales, enviando quejas por escrito a la universidad, pero también haciéndolas públicas en redes sociales, instalando los tendederos del acoso, hablando con los medios y a través de otras formas de presionar para tomar acciones. Grupos feministas de estudiantes y no estudiantes trabajaron en exigir a la universidad sus propios protocolos para dar atención a los casos de violencia y acoso que salían a la luz, ya que hasta el momento no había procesos claros para resolver estos conflictos.
Entre las razones para exigir un protocolo institucional para atender las denuncias de acoso sexual y violencia machista en la universidad estuvieron las experiencias de negación y revictimización, además de la dificultad en general para presentar una queja contra un profesor; no estaban claras las instancias a las cuales acudir, lo que hacía que las denunciantes fueran rechazadas o ignoradas por diferentes departamentos; los tiempos de respuesta no estaban establecidos, por lo que podían tardar meses en atender una denuncia; no había sanciones establecidas; y ocurrieron careos entre las denunciantes y los profesores, además, se les permitió a estos últimos acceder a abogados del sindicato, mientras que las alumnas no tenían ninguna clase de defensa o asesoría.
La organización estudiantil de mujeres continuó en 2018, aunque con menos manifestaciones masivas, pues la universidad ya había cedido a algunas de las demandas y se había comprometido a elaborar el protocolo de género. Aun así, las actividades continuaron dentro y fuera de la institución con talleres, conferencias, encuentros de mujeres artistas, manifestaciones en favor del derecho al acceso al aborto, contra el feminicidio y otras causas. El tema del acoso seguía siendo importante, pero no único; ahora que las estudiantes estaban más unidas había mucho de qué hablar. Gracias a esta coordinación constante por parte de alumnas y colectivas fue que lograron concretarse manifestaciones valiosas en momentos clave.
El movimiento #metoo, que tuvo un gran impacto en el país y en todo el mundo, se convirtió en un medio a través del cual se pudo hacer pública la situación del acoso. Si bien muchas estudiantes de la Universidad de Sonora, antes de este punto, no habían interpuesto denuncias formales o abiertas, gracias al anonimato ofrecido por las redes sociales, lo hicieron, y se pudo tener conocimiento de la extensión y gravedad de las prácticas de violencia machista dentro de las aulas, tanto por parte de profesores como de trabajadores y compañeros.
En este contexto, se dio el caso de profesores que recibieron múltiples señalamientos, algunos de los cuales se formalizaron en denuncias por escrito ante las instancias correspondientes. En aquel momento, la Unison ya se había comprometido a la elaboración de un protocolo, sin embargo, seguía sin presentarlo. Es importante mencionar que durante los meses de mayor fuerza del movimiento #metoo, la falta de vías institucionales para atender la problemática del acoso sexual obstruyó que más estudiantes llevaran sus denuncias ante la institución.
El “Protocolo para la prevención y atención de casos de violencia de género de la Universidad de Sonora” se publicó hasta noviembre del 2019 con múltiples deficiencias, ya que no resolvía las demandas mencionadas anteriormente. Ese mismo mes, las agrupaciones feministas se convocaron frente a rectoría y realizaron la toma simbólica del inmueble; a su vez, durante la manifestación se señalaba que el protocolo revictimiza a las denunciantes y mantiene protegidos a los profesores.
Para este momento, las manifestaciones por acoso sexual, tendederos, escraches y tomas de instalaciones de instituciones se habían convertido en un fenómeno extendido en las universidades del país. Algunas elaboraron protocolos de atención a este tipo de situaciones de violencia de género. Sin embargo, las inconsistencias, deficiencias y problemáticas alrededor de las instancias encargadas de implementarlos han sido recurrentes: como la falta de claridad en la selección de sus integrantes, los conflictos de interés cuando son los mismos miembros del cuerpo académico quienes deben atender las denuncias contra sus compañeros, la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se atiende la situación y el ocultamiento de información pertinente al manejo de los casos o las sanciones establecidas. Estamos hablando entonces de una serie de deficiencias sistemáticas que no sólo han ocurrido en la Unison.
Una evidencia de la falta de protección a las estudiantes es que los profesores acusados han encontrado distintas formas de amedrentar a quienes señalan los abusos ejercidos, incluso por las vías institucionales. Se les intenta desanimar, ya sea con amenazas, como perjudicar sus calificaciones o afectar su desarrollo académico, o bien denunciándolas ante la universidad por difamación o cuestiones similares. Este último caso fue una táctica intimidatoria empleada por uno de los profesores de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, dirigida a varias alumnas del mismo departamento. Cabe mencionar que, en el documento mediante el cual se interponía la denuncia hacia las estudiantes, se encontraban varías fotografías de ellas, que habían sido tomadas sin su consentimiento por el profesor dentro de las instalaciones universitarias.
A la par de la lucha que relatamos aquí, continuaban las exigencias por la legalización del aborto, el combate a los feminicidios y a la violencia machista familiar; a raíz de esto las manifestaciones en el estado fueron haciéndose cada vez más grandes y contundentes. Sumándose a la oleada de violencia contra las mujeres que se vivió en 2019, el feminicidio de la antropóloga Raquel Padilla Ramos, a principios del mes de noviembre, conmocionó a la sociedad sonorense. La comunidad académica convergió junto al movimiento feminista en una movilización donde se manifestaba la indignación y el dolor ante el feminicidio de la también defensora del territorio Yaqui.
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Los feminicidios y distintas expresiones de violencia hacia las mujeres siguieron manifestándose en el estado. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en los meses de enero y febrero de 2020, se registraron cuatro feminicidios en Sonora, además de otros casos de homicidios dolosos y homicidios culposos que no fueron tipificados como feminicidios por parte de las autoridades. La organización Colectiva Juvenil Feministas del Desierto convocó, la tarde del 23 de febrero, a las mujeres de Hermosillo en las escalinatas del Museo Biblioteca de la Unison para marchar juntas hacia el Congreso del Estado para expresar así la rabia colectiva ante la indiferencia gubernamental respecto a los múltiples casos de violencia acontecidos en Hermosillo y Sonora.
Durante la marcha se congregaron miles de mujeres que exigían justicia por las víctimas de feminicidio, además de condiciones de vida más seguras. Al culminar el andar de la protesta, los contingentes se aglutinaron en la explanada del edificio del Poder Judicial del estado, donde se realizó un performance y un pase de lista de las víctimas de feminicidio en el año, para quienes se pidió un minuto de silencio. Momentos después, una facción de las manifestantes, furiosas, comenzaron a sacudir la reja que protege la entrada al edificio, mientras las demás entonaban consignas como “No estamos todas” y “Sí se puede”. Poco a poco más mujeres se fueron sumando e incluso alternando hasta que lograron derribarla. Compañeras entraron entonces al Poder Judicial; tiraron muebles y quemaron documentos.
Un par de semanas después, el 8 de marzo, se convocó a la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Con los ánimos encendidos, cientos de mujeres volvieron a reunirse en el centro de Hermosillo para marchar, cantar consignas, leer textos y recordar a las mujeres víctimas de violencia machista; en esta ocasión, múltiples activistas se organizaron para protestar contra el abuso sexual hacia menores, lo que ocasionó que al final la movilización se trasladara a la catedral de la ciudad, donde se repitieron las consignas, se quemaron documentos religiosos, se intervinieron las paredes del edificio con pintas y se rompieron algunos de los cristales como reclamo en contra de los abusos cometidos por la Iglesia.
Estas manifestaciones ocasionaron una fuerte respuesta por parte de grupos conservadores de la ciudad. En la marcha del 8 de marzo se presentaron personas con intenciones de golpear a las compañeras; al menos dos mujeres salieron lesionadas. También hubo campañas de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación locales que cubrieron los eventos simulando relatos reaccionarios, como que las manifestantes habían sido enviadas por un partido político opositor, e intentando utilizar el movimiento feminista con fines políticos.
Las dos marchas ocurridas a principios de 2020 fueron las más masivas que se han convocado en Hermosillo. Con años de trabajo y esfuerzo detrás, múltiples colectivas y activistas vieron cómo cada vez más mujeres y jóvenes se sumaban a la lucha, al mismo tiempo que comenzaban a llegar las noticias sobre el virus que se esparcía por todo el mundo. Fue el 30 de marzo cuando se declaró la contingencia sanitaria en el estado y tuvimos que enfrentarnos a la incertidumbre del confinamiento.
El encierro representó un abrupto cese a los eventos presenciales de todo tipo, incluyendo manifestaciones, marchas, círculos de lectura, etc. Las actividades de la universidad también pararon, y tuvo que transcurrir mucho tiempo para que los procesos más urgentes se digitalizaran. Se pausaron también las denuncias a los profesores, quienes no tuvieron temor a que las alumnas protestaran, puesto que todas nos encontrábamos dentro de la dinámica del encierro causada por la contingencia y con una serie de nuevas preocupaciones que trajo consigo el COVID-19.
Las relaciones y redes formadas por las feministas que nos conocimos en persona en diferentes contextos se vieron afectadas, lo que provocó que las nuevas generaciones de estudiantes que ingresaron a la universidad se quedaran sin espacios en donde coincidir fuera de las clases. Las discusiones que alguna vez se tuvieron en jardines y aulas pasaron a redes sociales. Esto no quiere decir que no haya sucedido nada importante en este tiempo, sino que se tuvo que adoptar una modalidad diferente. Se montaron tendederos virtuales y poco a poco nos acostumbramos a realizar actividades vía plataformas digitales como Zoom, las cuales siguieron sumando al movimiento. Sin embargo, mantenían la condición de la incapacidad de irrumpir en el espacio público; estas acciones pasaron desapercibidas para muchos.
Si bien es relevante continuar con estas discusiones y que las redes sociales como Tiktok, Twitter y YouTube han probado tener un gran alcance, existen limitaciones al movimiento feminista cuando sólo nos comunicamos por estas vías; primero, porque los algoritmos tienden a generar cámaras de eco y dinámicas de grupo que hacen difícil el disentimiento; y segundo, porque la toma de los espacios públicos es un acontecimiento importante en cualquier momento social, sin la cual el mensaje difícilmente llega a la población y los medios de comunicación; si las feministas nos limitamos a los debates internos, el impacto del discurso disminuye y se vuelve fácil para las instituciones ignorar las demandas.
El movimiento feminista en la Universidad de Sonora tiene un amplio trayecto recorrido, no obstante, es fundamental externar el diálogo hacia las otras que pudieran sentirse espejadas con las demandas del movimiento y continuar con las discusiones; es crucial seguir creando alianzas entre compañeras que permitan la permanencia del movimiento feminista de la Unison en lucha. Los abusos de poder por parte de las autoridades universitarias hacia el alumnado no han cesado, la universidad no cuenta con las herramientas para garantizar la seguridad de las estudiantes y hasta el momento no parece existir un compromiso real para lograrlo; por el contrario, cómodamente se jactan de la creación de un documento que debería detener la violencia de género, pero carece de las atribuciones para lograrlo.