El proceso de organización
En la primera parte de este texto, presenté la historia de Israel Cervantes en GM-Silao. Esta continuó con una batalla que iba más allá de lo legal, combinando las demandas por despido injustificado, con búsqueda y distribución de información sobre los derechos de los trabajadores, así como la conexión con el plano organizativo. Junto a los otros despedidos conformaron el colectivo de trabajadores y despedidos “Generando Movimiento”, el cual inició un proceso organizativo a la vez que visibilizaban lo que sucedía en la planta.
A Generando Movimiento le llegaron toda clase de ofertas organizativas: desde los rivales de Tereso Medina al interior de la CTM, hasta las versiones más infantiles del radicalismo pequeño burgués que, derivado de la comodidad del discurso, están incapacitados para entender la realidad de los trabajadores; pasando por las versiones más modernas de la antidemocracia y verticalidad sindical vinculados a la 4T. Afortunadamente, el colectivo mantuvo un trabajo constante al interior de la planta y una cohesión entre sus miembros a pesar de la diversidad de posiciones, lo difícil de las reuniones y la intimidación creciente en la planta hacia los trabajadores.
Gracias a la búsqueda de información y asesoría, los trabajadores contactaron al movimiento por la libertad sindical más reciente en la industria automotriz:los compañeros del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México, quienes en 2015 habían protagonizado una heroica lucha en pro de la libertad sindical, los derechos humanos laborales y en contra del sindicalismo pro-patronal de la CTM. A su vez, los compañeros de Honda los contactan con el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
Entre el CILAS y Generando Movimiento se marca una línea muy clara de organización y acción, la cual consistía en cinco puntos principales:
- No realizar acciones que expongan a las personas que se estaban organizando.
- Actuar bajo una lógica de evitar más despidos, ya que estos fortalecían a la empresa e intimidaban aún más a los trabajadores.
- Desarrollar una línea de organización sigilosa con los trabajadores al interior de la planta, por medio de la difusión de información, con miras a la aglutinación de un número mayor.
- Desarrollar una política de formación a través de talleres y el estudio del impacto del cambio institucional en materia laboral derivado de la reforma a la LFT 2019 y el capítulo laboral del T-MEC en vigor desde 2020.
- Iniciar una política de difusión del conflicto con las organizaciones gremiales tanto en el plano nacional como internacional (FESIIAAAN, IndustriAll Global Unión, Unifor, UAW, CNM-CUT).
Esta línea organizativa contrastaría con la lógica de muchas organizaciones políticas, las cuales observan en los grupos de despedidos el vehículo perfecto para darse difusión. Sin embargo, al acrecentar el número de despedidos crece el miedo a perder el empleo por parte de los trabajadores y la perspectiva de organización se nulifica. En la mayoría de los casos observamos cómo estos grupos de despedidos atraen fuertemente la atención de los medios de comunicación, opinión pública y las ONG, creciendo en términos de impacto mediático, pero se vuelven cada vez más distantes de los sujetos sociales que son los únicos que se pueden organizar para dar un cambio en las relaciones laborales dentro de los centros de trabajo.
Otro elemento para destacar fue la disciplina del colectivo Generando Movimiento, ya que designaron los domingos para reunirse y organizarse (día de descanso para los trabajadores de la planta). De igual forma es destacable la actuación de los asesores Patricia Juan Pineda y Héctor de la Cueva, quienes acudían a la mayoría de estas reuniones, manteniendo un bajo perfil y centrando los esfuerzos en el proceso de organización de los trabajadores, a diferencia de otras organizaciones que buscaban a partir de la estridencia una forma de ganar protagonismo y catapultar sus figuras por encima de los trabajadores. Así, con pasos lentos pero seguros, la organización de los trabajadores se mantenía a flote.
La crisis del COVID-19
Al igual que la economía y el resto de las actividades productivas, la pandemia derivada del COVID-19 golpeó fuertemente a la industria automotriz y las familias de los trabajadores; la paralización de las actividades, la posterior ola de contagios y las muertes de personas cercanas a la planta fue otro de los temas que desató el enojo obrero.
A finales de marzo y todo el mes de abril la empresa suspendió operaciones, sin embargo, a fines de mayo de 2020, en medio de los niveles más altos de contagios en México, la empresa obligó a los trabajadores a regresar a laborar a la planta, arriesgando la salud de quienes eran obligados a trabajar incluso con síntomas evidentes por el virus SARS-Cov-2. Aquellos que optaban por quedarse en sus casas eran despedidos argumentando faltas injustificadas. De acuerdo con testimonios de los trabajadores los contagios no se hicieron esperar y cerca de 20 compañeros murieron a causa del COVID-19, lo que resultó aún más insultante e indignante fue que el apoyo por defunción era otorgar a la familia $750 pesos (monto establecido en la cláusula 63 del CCT). Frente a esta tragedia el sindicato se limitaba a avalar los despidos, sanciones monetarias o “apoyos por defunción” que tardaban en llegar o simplemente no llegaban. El despotismo y autoritarismo con el que se conducía el sindicato en temas que impactaban en la forma de vida del trabajador (salud y remuneración) fue un detonante para la irritación y disgusto de los trabajadores. Frente a esta tragedia social, el “Miguel López Trujillo” permanecía inmutable en su trato despótico y autoritario al interior de la planta.
En pandemia y con el control sindical incrementaron el número de trabajadores que daban por cancelada la posibilidad de que el sindicato y la empresa cambiaran, “si no lo hacían cuando la vida de un trabajador está en juego, menos lo harán por cualquier otra cosa”, comentó María Guadalupe Ibarra, trabajadora despedida en 2019 después de tener un accidente de trabajo que le lesionó la cadera, y le incapacitó por varios meses. A su regreso, cuando el IMSS ya había autorizado la pensión por invalidez, fue despedida por GM.
Así, en medio de la pandemia, la organización de los trabajadores Generando Movimiento creció, aglutinando a compañeros que hacían visibles sus actividades (los despedidos) y aquellos que apoyaban y sumaban desde adentro (los activos). Este hecho hizo que empresa y sindicato pensaran que el movimiento eran solamente los despedidos, lanzando una campaña abierta en medios impresos y electrónicos en contra de los compañeros, atentando nuevamente contra sus derechos humanos, sin embargo, el proceso organizativo ya había iniciado mientras las condiciones de inseguridad laboral en medio de la segunda ola aumentaban. La negligencia de empresa y sindicato daban “más combustible” para que se acercaran nuevos trabajadores. Así transcurrió la segunda mitad de 2020, entre contagios y pesares para las familias de los trabajadores.
El cambio institucional en materia laboral
El modelo laboral mexicano que predominó por varias décadas, en donde el trabajador no contaba con los elementales derechos ciudadanos dentro de su ámbito laboral y cuyas dirigencias sindicales se aliaban con los empresarios y la clase política en función de sus propios intereses, estaba enmarcado en una legislación y un entorno institucional que, en los hechos, colocaban al trabajador en situación de indefensión (González, 2020). Actualmente el mundo del trabajo en México enfrenta un nuevo reto derivado del cambio institucional que apunta a redistribuir el poder hacia los trabajadores, lo que conlleva una transformación de las relaciones entre Estado, empresas, sindicatos y trabajadores.
La Reforma Laboral implementada en 2019 y el capítulo laboral incluido en el T-MEC en 2020 modificaron el estatus en materia laboral en México, buscando una mejor y más democrática representación que se desarrollen en entornos institucionales más neutrales. Esta reforma es el resultado de una serie de demandas, propuestas legislativas y presiones nacionales e internacionales. Los principales cambios que incorpora son:
- Sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por Centros de Conciliación federal, estatal y Tribunales laborales (Capítulo IX Ter).
- Creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) (Capítulo IX Bis).
- Derecho a la votación libre, directa y secreta de los líderes sindicales. Junto al establecimiento de las condiciones necesarias para el procedimiento electoral de dirigencias (Artículo 358 inciso 2; Artículo 371).
- Libertad de negociación colectiva que garantice la bilateralidad y supere los mínimos legales en salarios y prestaciones.
- Cancelación del registro del sindicato si sus representantes incurren en actos de extorsión (Artículo 378).
Esta reforma está en línea con lo requerido en el T-MEC. Sin embargo, hay que reconocer que la mera promulgación o entrada en vigor no son suficientes para que las leyes operen. Como ha sucedido históricamente, las prácticas pueden no ser congruentes con el marco normativo, por lo que Estados Unidos y Canadá insisten en que, además de este marco, deben existir mecanismos que aseguren la implementación adecuada de la ley y su cumplimiento irrestricto. Esta es una de las razones por la cual el Anexo 23-A del TMEC se hizo exclusivamente con miras a vigilar el respeto a los derechos laborales. Con la intención de replantear un acuerdo comercial que, en esta ocasión, sí asegure evitar el dumping social originado por las diferencias salariales entre países. Los puntos que plantea como prioritarios en cuanto a vigilancia el Anexo 23-A son:
- La libre afiliación
- La negociación colectiva
- La representatividad
- La transparencia sindical
- El cese a los contratos de protección patronal
- Salarios en planta para poder circular sin gravámenes
- Reglas de origen
Inclusive, se realizó una negociación adicional contenida en el Protocolo Modificatorio al T-MEC, en el cual se diseñó un mecanismo de respuesta rápida contemplando que, a diferencia del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), en este se implementarán sanciones arancelarias y de importación de bienes de la empresa que está violando los derechos laborales. Esto quiere decir que un país puede decidir dejar de importar el producto o servicio de una planta que tenga activa una queja por violación de derechos bajo ciertas circunstancias. Para hacer más efectivas las sanciones, este protocolo incluye crear organismos de monitoreo a nivel de planta.
Desde una perspectiva increíblemente ingenua, hemos observado posiciones contrarias cuando se analiza este cambio institucional. Para algunos sectores, el cambio institucional por sí mismo cambiará radicalmente las relaciones laborales tendiendo a convertirlas en democráticas y beneficiosas para el trabajador. En el otro extremo, aparecen aquellos que consideran que todo cambio es inservible en la medida que no existan modificaciones sustanciales al proceso de acumulación por lo cual, los cambios institucionales son un simple “maquillaje al sistema”. El proceso organizativo y resultados que han tenido los trabajadores de GM-SILAO en los últimos dos años muestran que las dos interpretaciones (y sus variantes) son erradas y que la realidad laboral mexicana es mucho más compleja que la pedantería discursiva de escritorio.
El fallido proceso de legitimación del Contrato colectivo de trabajo (CCT)
A principios del 2021, la mayor parte de las empresas con sindicatos corporativos se dio a la tarea de cumplir con uno de los requisitos de la Reforma laboral de 2019, la legitimación de CCT, el cual a pesar de tener el espíritu democratizador de las relaciones laborales carecía de una base amplia de difusión y comprensión de su significado.
Para los asesores del CILAS, el espacio de legitimación del CCT abría una puerta para romper la inercia que el charrismo sindical en acuerdo con la empresa había impuesto en GM-SILAO. Como era de esperarse, al seno del colectivo Generando Movimiento se abrieron varias posturas, algunas desde un radicalismo ingenuo, llamaban por hacer acciones de protesta que iban desde las movilizaciones hasta los paros, estos últimos que sin duda alguna hubieran incrementado el número de despedidos; otros llamaban a conducirse únicamente por la vía de los juicios por despido injustificado. Afortunadamente el sector mayoritario vio en el proceso de legitimación del CCT una posibilidad de cambiar el entorno inmediato.
El 5 de abril de 2021 el sindicato “Miguel López Trujillo” hizo pública la convocatoria para legitimar el CCT 2020-2022 en las instalaciones de la empresa los días 20, 21 y 22 de abril en horarios de 10:00 a 14:00 h y de 22:00 a 03:00 h. Desde el inicio diversas voces cuestionaron el proceso. De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, varias anomalías sucedieron a partir de la publicación de dicha convocatoria; las más evidentes fueron:
- Personal de recursos humanos de la empresa organizó sesiones de información previo a la votación en las cuales presentaban información falsa que decía que si votaban por la opción “NO” en la legitimación perderían todos los derechos como trabajadores.
- El contrato colectivo se entregó a los trabajadores el fin de semana previo los días 16 y 17 de abril, obligando a los trabajadores a firmar de recibido en un registro en blanco.
- El lugar de votación se instaló en las inmediaciones de GM, con la presencia y presión de personal de recursos humanos de la empresa y del sindicato.
- El tiempo de votación entre los distintos periodos sumaban 15 horas para la participación de los cerca de 7,000 trabajadores, ya que se estipuló que las jornadas iniciaran entre las 10:00 am y las 15:00 horas del 20 de abril, las 22:00 y las 3:00 horas del 20 de abril y 21 de abril, respectivamente. Es decir, tres lapsos de 5 horas cada uno.
- Las dos convocatorias sólo fueron fijadas en el local sindical.
- La convocatoria para la consulta el día 20 de abril de las 10:00 a las 3:00 horas se publicó el 12 de abril de 2021, lo que incumplía el protocolo que establece como mínimo 10 días de anticipación.
- En ningún momento se publicó el padrón de trabajadores y trabajadoras con derecho a voto, por lo que se desconoce cuántos y quiénes podrían ejercer ese derecho.
- Representantes sindicales y de la empresa ejercieron acciones de intimidación y coacción para que las y los trabajadores aprobaran el CCT.
- Representantes sindicales y de la empresa realizaron reuniones de inducción al voto por el “SÍ” durante la jornada electoral. Presentando información falsa y engañosa amenazaban que perderían todas las prestaciones previstas en el contrato colectivo de trabajo en caso de ganar el “NO”.
- Representantes del Miguel Trujillo López y de la empresa ejercieron acciones de coacción al exigir que en las reuniones de información se marcara en una supuesta boleta de votación “de ejemplo” el recuadro del “SÍ”.
- Ordenar entregar copia de la credencial de elector, así como exigir un listado donde aparecían nombre, firma y datos correspondientes a la relación laboral sin informar el uso que se daría a los mismos.
- Representantes sindicales ofrecieron el pago de $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/10 MN) a quienes votaran por el “SÍ”.
- Representantes sindicales y de la empresa intimidaron con despidos a trabajadores y trabajadoras para que votaran por el “SÍ”.
El primer día de la votación, el 20 de abril aproximadamente a las 10:00 horas nos presentamos, en la Puerta 02 de acceso a la planta de General Motors de la empresa, tres compañeros que habíamos sido acreditados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) como observadores de la consulta: Israel Cervantes miembro de Generando Movimiento, Jaime Flores Durán colaborador del CILAS y yo, Willibaldo Gómez Zuppa en calidad de docente de la Facultad de Economía-UNAM, además de dos periodistas del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Al momento de terminar el registro en la lista de observadores de la seguridad de la planta, personal de la empresa identificó y señaló a uno de nosotros (Israel Cervantes), pocos minutos después se presentó la Supervisora de Relaciones Laborales de la empresa quien ordenó al personal de seguridad que nos desalojaran. A las 10:25 horas, los guardias de seguridad cumplieron la orden haciendo gala de prepotencia, violencia e ignorando las acreditaciones que había emitido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En medio de los gritos y jaloneos con el personal de seguridad y ante la mirada atónita de los trabajadores que se encontraban en el lugar designado para efectuar el proceso de legitimación, no ubicamos a ningún representante de las autoridades laborales ni del ámbito estatal ni federal. Las votaciones iniciaron 15 minutos después que nos retiraron del lugar. El proceso solamente lo supervisó personal de recursos humanos y del sindicato Miguel Trujillo López, información que fue confirmada por los trabajadores que participaron durante el primer turno de votación. De acuerdo sus testimonios, el tiempo para votar era de 5 minutos y el encargado de mandarlos era el Líder de Grupo de Trabajo (LGT). Este lapso no era suficiente, provocando enojo e inconformidad de muchos trabajadores. Al finalizar el proceso las urnas fueron selladas y resguardadas por el sindicato.
Nosotros al ser retirados con empujones, golpes y palabras altisonantes, iniciamos la denuncia y permanecimos afuera de la puerta 2, difundiendo por medio de redes sociales y fotografías la forma en que nos sacaron de la empresa. Así nos mantuvimos en señal de protesta hasta las 18:00 horas cuando culminó el turno de los trabajadores, para después visitar a varios compañeros de Generando Movimiento quienes documentaron la forma en que nos sacaron.
Al siguiente día intentamos junto con la Lic. Patricia Juan Pineda volver a ingresar, previamente nos habíamos encontrado con personal de inspección de la STyPS, quien en voz de Diego Gatica nos aseguró poder ingresar dada la validez de nuestras acreditaciones; desafortunadamente, al llegar a la planta nuevamente nos fue negado el acceso. Se solicitó la presencia en la puerta número 2 de los representantes de la STyPS y fueron ellos los que confirmaron la negativa de la empresa para permitirnos el acceso. Los funcionarios estaban imposibilitados de realizar alguna acción para permitirnos el acceso, sin embargo, procedieron a levantar un acta de hechos dejando claro la negativa de la empresa a permitir la entrada a observadores acreditados por la STyPS.
Durante este periodo que permanecimos en la entrada en la puerta 2, cerca de las 22:45 hrs, se acercó un automóvil Cruze Chevrolet verde con vidrios polarizados a muy baja velocidad, para después iniciar marcha acelerada en reversa y colocarse frente a los observadores que no nos habían permitido el acceso y lanzar tres ráfagas de flash de cámara fotografiando el vehículo en el que nos transportamos y a nosotros mismos. Era un acto visible de intimidación.
Además de no permitir la entrada de observadores acreditados y de resguardar las urnas que contenían los votos de la primera jornada de votaciones, el proceso no pudo concluir porque las urnas estaban violadas y una parte de los votos emitidos en las jornadas previas se encontraban destruidos. Frente a esta situación la decisión fue suspender el proceso. Los inspectores del trabajo solicitaron a los representantes del Sindicato la entrega de la documentación de las votaciones ya realizadas para salvaguardar los votos emitidos a lo que el Sindicato se opuso. Ante esto, los representantes de la Secretaría del Trabajo levantaron otra denuncia de hechos la cual fue publicada en una nota informativa el 22 de abril de 2021. A su vez, la STyPS presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público, siendo atendidos por la fiscal Laura Denisse Gutiérrez Flores cuya denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación 40780/2021.