En El consejo de Egipto, Leonardo Sciascia nos cuenta la historia de fray Giuseppe Vella, un pícaro de manual que se aprovecha de la inocencia y ambiciones de la nobleza siciliana del siglo XVIII para conseguir todo tipo de favores. Su método no es muy distinto al de los estafadores, plagiarios y trepadores que abundan en la historia. A sus manos ha caído un antiguo texto en dialecto maltés al que bautiza como “Códice San Martino”, en el que, asegura Vella, se hallan registradas las genealogías de mayor abolengo de la nobleza de la isla.
Aterrados ante la posibilidad de no aparecer en la traducción al siciliano que dice hacer de este almanaque (pues muchas de ellas han entrado a la nobleza como un logro del pillaje), numerosas familias comienzan a llenarlo de favores; así, a lo largo de una década, el fraile pasa de echar volados con los carniceros de Palermo a ser uno de los sabios más respetados del reino. Va el primer spoiler. El libro con el que engaña a toda la sociedad siciliana es en realidad una copia del Corán de la que nadie en su entorno, por desconocer el maltés antiguo, tiene modo de descifrar.
Este fraude que derivó en una serie de actos de cohecho alrededor de una efectiva artimaña de ficción tiene en común con el plagio académico la explotación de las lagunas legales, pero también una serie de códigos propios de cada sociedad en los que se mueven con peculiar habilidad toda una serie de advenedizos, trepadores y vendedores de crecepelo.
La historia reciente de la academia mexicana cuenta con un valioso muestrario de plagiarios. Sus historias, cada una poseedora de un genio y figura particular, exhiben los usos y mañas a los que han recurrido para entrar a un doctorado, ingresar y ascender dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y llegar, como sucede con la ministra Yazmín Esquivel, a una de las máximas magistraturas del Estado mexicano. Son de sobra conocidos los casos de Boris Berenzon, Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Pascual Gay, además del lamentable precedente de impunidad del ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien el equipo de investigación de Carmen Aristegui le documentó el plagio de párrafos completos en su tesis de licenciatura.
Tanto Boris Berenzon como Rodrigo Núñez Arancibia y Juan Pascual Gay recibieron medidas correctivas de las instituciones a las que estaban adscritos. El primero, después de comprobarse el plagio de varios fragmentos de la obra del también historiador Juan Manuel Aurrecoechea, fue despedido por la UNAM. A Rodrigo Núñez, además de ser expulsado de la Universidad Michoacana, el Centro de Estudios Sociológicos de El Colmex le retiró el grado de doctor por haber plagiado para su tesis de doctorado capítulos enteros del libro La revolución empresarial chilena de la socióloga Cecilia Montero Saavedra.
Por su parte, Juan Pascual Gay fue dos veces defenestrado; la primera de la Universidad Autónoma de Morelos; la segunda de El Colegio de San Luis luego de que Guillermo Sheridan denunciara en su columna que se había fusilado un artículo suyo, publicado originalmente en la revista Sur, para publicarlo en la revista Arrabal de la Universidad de Lérida. Pascual Gay y Núñez Arancibia fueron también expulsados del SNI en una acción que causó un precedente dentro en esta institución. En ambos casos se habían documentado repetidos plagios en trabajos anteriores.
Es de llamar la atención la recurrencia con que estos personajes acudieron una y otra vez a esta práctica, totalmente deshonesta dentro de los códigos académicos. Sin embargo, no podemos hablar aquí de una norma para definir a quienes incurren en el plagio pero sí de un patrón de comportamiento. De este modo, si la ministra Esquivel plagió su tesis de licenciatura y se supo impune en lo inmediato es muy posible que lo haya hecho más veces, antes y después de su tesis de licenciatura. No hay misterios. Quizá más de un medio ya está rastreando otros trabajos firmados por la ministra Esquivel.
Luego del señalamiento que Guillermo Sheridan hizo en su artículo “Una ministra pasante” hemos presenciado desde hace más de un mes el espectáculo más acabado de encubrimiento e impunidad en la historia reciente de las instituciones públicas. En el caso de Peña Nieto, la Universidad Panamericana se hizo la occisa hasta que el tema se diluyó en la agenda pública. “Piadoso olvido”, diría el poeta. Hoy somos espectadores de una noveleta por entregas en la que participan todas las instituciones de las que es competencia resolver este lío y un par de metiches que se prestaron a la simulación para lavarle la cara a la ministra. Esto fue lo que sucedió con el notario que dio fe de la declaración de Edgar Ulises Báez, autor original (como indican todas las evidencias) de la tesis plagiada por la ministra. En un acto de autocuidado, Báez firmó todo lo que le pidieron (movido por no sabemos qué temores, presiones o promesas) para que lo saquen de este lío, aunque poco después se desdijo en la que quizá ha sido la entrevista más leída en todo 2022. Excelente final de temporada de la que podemos considerar la mayor crisis de legitimidad del actual gobierno y de las instituciones del Estado.
Pero veamos otro ángulo de la materia. Por un lado, tenemos una Fiscalía de la Ciudad de México que ipso facto resolvió que la ministra era la autora original la tesis; por otro, a la UNAM y la SEP, que se lanzan la «papa caliente» con el pretexto de que carecen de un marco legal que les permita justificar la cancelación del título (la universidad) y de la cédula profesional (la secretaría), requisitos ambos para ser ministro de la Corte.
Por ahora hemos presenciado por parte de la UNAM posicionamientos (aquí el primero; aquí el segundo) en los que sólo se ha confirmado la existencia de un plagio sin que se defina quién de los dos fue el autor original. Sin embargo, la Rectoría no ha secundado de manera explícita la resolución de la FES Aragón en la que se confirma la existencia del plagio en que incurrió la hoy ministra. Es entendible que la UNAM esté actuando con el mayor sigilo, pues se le va su prestigio en este asunto y cualquier decisión puede generar un enfrentamiento con el gobierno federal en un momento que exige la mayor prudencia: la cercana sucesión de la Rectoría.
Ahora, la UNAM cuenta con los recursos humanos y materiales para detectar en poco tiempo, y con los mayores grados de certeza, la originalidad de un texto y su posible clonación. Su principal laboratorio se halla en el Instituto de Ingeniería, más específicamente en el Grupo de Ingeniería Lingüística.
Este grupo, creado en 1999, cuenta con las herramientas suficientes que si se aplican al procesamiento de textos arrojan patrones de estilo con una infinidad de variantes. Algunas de ellas son la frecuencia en el uso de grafemas seleccionados, palabras recurrentes, longitud de oraciones, longitud de párrafos y un surtido rico de variables que permiten tener resultados robustos al analizar, por ejemplo, la autoría original y la copia entre dos tesis en disputa. Quien someta ambos textos a la prueba de ácido de la inteligencia artificial podrá respaldar con datos duros la resolución a la que el comité de la FES Aragón ha llegado por el cotejo de “los elementos de construcción, desarrollo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis”.
Ante la evidencia de los números y los datos duros, si la UNAM y la SEP no quieren dejar un mal precedente y crear en los hechos un patente de corso, ya saben la dirección del Instituto de Ingeniería. Aquí sólo queda el camino de la congruencia ética, o como dijo ya sabes quién: no mentir, no robar, no traicionar.