El pasado 15 de febrero se congeló el gasoducto El Paso Natural Gas, que corre por la frontera entre México y Estados Unidos. El ducto —operado por Carso Energy, la subsidiaria de energía del Grupo Carso— había incrementado sus operaciones durante los últimos años y atraviesa la frontera en tres puntos. Es sólo una de las obras de infraestructura de la empresa, propiedad de Carlos Slim, la cual opera y participa en una larga red de gasoductos que vincula el consumo eléctrico de Estados Unidos y México. El congelamiento implicó dejar sin electricidad a gran parte de Nuevo León.
El episodio es relevante no sólo por su enorme efecto en miles de usuarios de energía en ambos lados de la frontera. También reveló la compenetración técnica entre las estructuras e infraestructuras de grandes corporaciones, el Estado mexicano y el gran capital extranjero en la planificación de servicios básicos. Esta soberanía conjunta, esta planificación compartida, se encuentra en medio de las relaciones políticas del gobierno federal con las corporaciones. En esta columna haremos un breve mapa de algunos actores relevantes.
1.
El poder privado en estructuras del Estado no es ninguna novedad. Poco después del movimiento de independencia, grandes empresarios —el conocido grupo de agiotistas— acapararon distintas funciones gubernamentales a través de la financiación del gasto público. La familia Escandón, por ejemplo, cobraba directamente los impuestos en las aduanas y del tabaco, construyó el primer ferrocarril y se llevó el 25% de los recursos obtenidos por la venta de la Mesilla. Su poder económico en comunicación, impuestos e industria determinó una gran estabilidad de la familia empresarial: Manuel Escandón fue un aliado de Santa Ana y Comonfort, mientras que su hermano, Pablo Escandón, formó parte de la comitiva que le ofreció el trono de México a Maximiliano. Este clan, junto con otras élites, se mantuvo como dominante el resto del siglo. Pablo Escandón Barrón, descendiente directo, era gobernador de Morelos en 1910.
La reestructuración de la burguesía mexicana comenzó con nuevos líderes después de la Revolución. En 1917 y 1918, algunos industriales y comerciantes en el centro del país se reorganizaron y fundaron la Concanaco y la Concamin. En el norte del país, el liderazgo fue de la familia Garza Sada, quien era dueña de la Cervecería Cuauhtémoc, Vidriera Mexicana y había participado en la fundación de Fundidora Monterrey. En torno a ellos se organizó, en 1929, la Coparmex. Más asociaciones patronales se sumaron en los próximos años, y en 1976 se consolidaron en el Consejo Coordinador Empresarial. Dos años más tarde, la Coparmex afianzó su alianza con el PAN en la asociación patronal, durante la presidencia de Manuel Couthier. Por su parte, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMN) y el CCE apoyaron al sector salinista dentro del PRI. Fue en esos años, también, que el grupo de empresarios alrededor de estas confederaciones lograron regresar a los negocios de infraestructura pública que les habían quedado vedados por casi 50 años: teléfonos, ferrocarriles, generación de electricidad y posteriormente gas y petróleo.
Esta organización política de los empresarios revelaba una creciente integración de los grupos empresariales mediante vínculos familiares y la inversión conjunta en conglomerados industriales. Normalmente, los dueños de empresas participan en los consejos de administración de otros grupos, en una red que dotó de cohesión al capitalismo mexicano en los próximos años. Es la razón por la cual lograron realizar en 2006 una exitosa campaña contra López Obrador. A pesar de la simpatía informal de Bernardo Gómez, de Televisa, y una relación ambigua con Carlos Slim, las confederaciones mantuvieron una postura unitaria en la elección. Los siguientes años, los empresarios ingresaron en una estructura más directa de operación política, lo que provocó algunas defecciones de empresarios menores. Entre ellos, un miembro indirecto del clan Garza Sada, aunque relativamente con poca importancia, se acercó a AMLO y se convirtió en su empresario favorito: Alfonso Romo.
2.
En 2015 Pablo Escandón Cusi, descendiente directo del Pablo de Maximiliano y del de Díaz, se vio envuelto en un escándalo revelado por los Panama Papers de Wiki Leaks. El dueño de la farmacéutica Nadro, y también presidente del Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad Iberoamericana, había adquirido de manera ilegal participación mayoritaria en su principal competidor, Mazdram. El movimiento había otorgado a la familia del empresario control sobre más del 50% de la distribución de medicinas privadas en el país. El mercado ya estaba concentrado de por sí, pues las tres empresas operando, Nadro, Mazdram y Fármacos Nacionales, se dividían las cadenas de distribución. A pesar de una amonestación de la Comisión Federal de Competencia, y una multa risible de 30 millones de pesos, 5 años después Nadro y Mazram se mantienen con la misma estructura de propiedad. No obstante, sus relaciones con AMLO han sido de confrontación directa, incluso a pesar de las relaciones de Escandón con Romo. En abril de 2019, Pablo Escandón creó una tercera corporación, BT1, con el fin de sortear la inhabilitación de sus compañías para vender fármacos en las compras consolidadas del gobierno federal.
El episodio de la compra de medicamentos y la crisis derivada de desabasto ha revelado, en una medida diferente a la crisis energética, la complicada estructura de gobernanza compartida entre las empresas nacionales y el Estado. También reveló las consecuencias materiales de la confrontación política empresarial y sus capacidades de gobierno. Para bien o para mal, el grupo farmacéutico no es el único abiertamente enfrentado al obradorismo. El más visible es, naturalmente, el que ha escogido como líderes a los Claudio X. González.
Claudio X. González Laporte era ya un baluarte de la tecnocracia dentro de los negocios en México antes de los oficios de su hijo, Caludio X. González Guajardo. Claudio padre es ingeniero por Stanford y parte de la Junta de Asesores del Instituto Baker en la Universidad de Rice, un consejo que componen ejecutivos de corporaciones como J.P. Morgan, BBVA, Mackinsey, entre otras. La centralidad de la figura de Laporte en el sector empresarial mexicano se basa en su conexión internacional, pero también en su múltiple participación en organismos corporativos y patronales. Fue presidente del CMN, y forma parte de los consejos de administración de Kimberly Clark, Grupo México, Grupo Carso, y Grupo Alfa.
Grupo Carso ha tenido una posición ambigua con López Obrador y sus relaciones escaparán a los objetivos de esta columna. Grupo México y Grupo Alfa, no obstante, son corporaciones líderes de dos sectores enfrentados al obradorismo. Alberto Bailleres de Peñoles y Grupo BAL, y Germán Larrea de Grupo México, llamaron a sus empleados a no votar por Obrador en 2018; Alonso Ancira, el expresidente de AHMSA, la mayor subsidiaria de Grupo Acerero del Norte, se encuentra hoy en proceso judicial. Por su parte, Grupo Alfa es una de las mayores representantes del capital regiomontano de gran escala, en el que también se encuentran Cemex y Femsa. Alfa y Femsa son también creación del clan Garza Sada, mientras que Cemex, de los Zambrano, cuenta entre sus directivos a Armando Garza Sada (además de que las familias están emparentadas). Este último grupo es, además, el principal financiador de México Libre del clan Zavala-Calderón. Las tensiones con ambos grupos, a pesar de la intermediación de Romo y Tatiana Clouthier, sólo se han incrementado en los último meses, en particular porque todas sus empresas participan en el mercado de generación eléctrica.
¿Qué implican estas alianzas personales en la estructura de gobernanza en México? Las empresas nombradas en el párrafo anterior no sólo son gigantes y variadas, sino que tienen relevancia hemisférica. Grupo Alfa es propietario de Axtel y Sigma Alimentos, además de tener empresas en los sectores de gas natural, petroquímica y autopartes en Estados Unidos y América Latina; Femsa es el embotellador más grande del mundo de Coca-Cola; y Cemex es la segunda cementera más grande del mundo. Además de surgidas del capital nacional y jugando en la esfera política de México, estas firmas son parte de una élite de corporaciones a nivel global que participan en modelos de planificación privada. Sólo estas tres empresas tienen inversiones en 58 países del mundo.
3.
El pasado 23 de febrero Alberto Fernández, presidente de Argentina, arribó a la Ciudad de México. Después de una breve entrevista con Marcelo Ebrard, y un día antes de reunirse con su homólogo mexicano, Fernández mantuvo una junta con ejecutivos de América Móvil, Arcan Continental, Grupo Alfa, Ternium, Coppel, Mabe, Rotoplas, Cinépolis, Bimbo y Femsa. Al día siguiente, después de su asistencia a la mañanera, se reunió con Carlos Slim. La visita a México, así, implicaba un acercamiento de Fernández no sólo con su aliado más importante en el continente, sino con algunas de las corporaciones que planifican la vida material en Argentina: América Móvil, la empresa de telefonía más grande en América Latina, controla al menos el 30% de su mercado; Bimbo, la panificadora más grande del mundo, no sólo vende pan sino que produce energía eólica en Chubut, Rio Negro y Buenos Aires; Nemak, subsidiaria de Grupo Alfa, es la principal productora de autopartes en el mismo país; y un corto pero significativo etc.
En otras palabras, las reuniones de Fernández revelaban lo imbricado de las relaciones de gobierno entre empresas y Estados nacionales en la región. La concentración de su poder de mercado las hace tener una escala eficiente, mientras que su eficiencia refuerza su capacidad de concentración del mercado no sólo en México sino en el exterior. De las 15 empresas multilatinas más importantes, es decir empresas latinas con expansión regional, 8 son mexicanas. Muchas de ellas tienen proyección también hacia Estados Unidos de manera importante: Bimbo controla el mercado estadounidense y es el segundo competidor más grande en el mercado chino; Carlos Slim es el accionista más importante del New York Times; Grupo México es el cuarto mayor productor a nivel mundial de cobre y el principal exportador al vecino del norte; y de nuevo etcétera.
Si la presencia de directivos de corporaciones muestra el poder continental de planificación de estas empresas, dos ausencias también son reveladoras: las de Ricardo Salinas Pliego y Carlos Hank González.
La extraña alianza de Salinas Pliego con López Obrador está fuera de las ambiciones de este artículo, pero es claro que ha establecido un pacto en torno a la estructura de sus inversiones. Grupo Elektra y Grupo Salinas tienen presencia en Centroamérica y son el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en Estados Unidos, pero se han visto obligados a dejar mercados latinos de manera más o menos bochornosa en los últimos años. Lo relevante en términos nacionales, sin embargo, es su sector de mercado en las clases populares. Elektra concentra, por ejemplo, el 70% del mercado de motocicletas con Italika, y es el tercer banco con más sucursales en el país. Su red, que integra Elektra con Banco Azteca, se ha especializado en lo que llaman “la base de la pirámide socioeconómica de América Latina”.
Es esa misma estructura la que ha ligado al obradorismo con un grupo alrededor de Banorte y su presidente, Carlos Hank González. Banorte, el único banco mexicano del mercado nacional, apostó por la presidencia de Obrador en 2013, al mantener una cuenta para donaciones del emergente partido. Con larga tradición gobernista, es el único grupo empresarial que ha apoyado abiertamente la 4T, y su grupo de cercanos son de los empresarios más visiblemente obradoristas: Carlos Bremer, propietario de Grupo Value, y Patricia Armendáriz, antigua vicepresidente de la Bolsa Mexicana de Valores, exdirectora de Banorte y dueña de la microfinanciera Financiera Sustentable. Esta estructura financiera enfocada en los sectores bajos de la población también tiene amplio peso en la élite, pues Banorte es la séptima empresa mexicana más valiosa del país. Esta potencia ha sido crucial en una suavización de las relaciones con Antonio del Valle, dueño del gigante químico Orbia y presidente del CMN.
El pasado 13 de febrero se reveló uno de los rasgos más relevantes de la alianza de Hank González con AMLO. La asociación de tortillerías agremiadas a la Canacintra anunció que el lunes se presentaría un incremento del precio de la tortilla a nivel nacional. Esa semana GRUMA, el holding que distribuye la harina de maíz Maseca, había anunciado un incremento del precio de la tonelada de su producto. La empresa concentra más del 70% del mercado de la harina de maíz en México, mientras que su principal “competidor”, Minsa, tiene el 22% de participación. Ante un incremento sostenido de los precios de la tortilla en el último mes, Obrador anunció que retomaría negociaciones con los dos gigantes del maíz, para controlar el efecto en espiral en los precios. Hank González funge como vicepresidente de GRUMA, lo que le ha permitido que en los últimos seis meses AMLO haya negociado tres veces con GRUMA y MINSA el costo de los tacos.
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En 1931, Curzio Malaparte escribió el libro Técnica del golpe de Estado. En él, el autor analizaba los cambios políticos en la Europa de su época, desde la revolución bolchevique hasta el ascenso del fascismo, no como un fenómeno político de representación, sino como un problema de ingeniería. El mapa mínimo que hemos realizado en esta columna pretende revelar algunos rasgos de las agencias de planificación privadas, sus relaciones con el gobierno y los efectos en los elementos de reproducción en México.
La mayor parte de nuestra vida social y privada pasa por, al menos, una agencia de poder corporativo. Los internets y twitters que consumimos, los tacos y panecitos que comemos, los medicamentos que requerimos, la electricidad y el cablerío de nuestra casa: todos ellos se encuentran controlados por un número limitado de organizaciones. Por definición, su política es material, aunque no únicamente. La mayoría de estas organizaciones, incluso las que consideramos más locales, operan de manera globalizada. Su materialidad técnica limita las capacidades de participación política democrática. Mientras dichas estructuras se mantengan en manos privadas, los grupos empresariales mantendrán no sólo sus fortunas sino su poder político, y los gobiernos tendrán que depender de rupturas coyunturales en las élites. La alianza de la 4T con algunos grupos, para confrontarse con otros, revela las raíces profundas y las imposibilidades de cambio estructural a corto plazo.
Como les decía, muerte a la propiedad privada.