Ecuador es un país de situaciones límite. Todo el escenario de las elecciones del domingo, 15 de octubre, era extraordinario y los antecedentes nos hacían prever una resolución de carácter reservado. Al llegar la noche, ya sabíamos que la derecha iba a continuar en el poder, aunque ahora con un representante de otra fracción partidaria y con intereses productivos agroindustriales y no financieros como lo fue Guillermo Lasso.

Para comenzar, hay que recordar que éstas son las primeras elecciones que se activan luego de la aplicación de una “muerte cruzada”. Esta figura fue utilizada por Lasso para disolver la Asamblea Legislativa, llamar a elecciones anticipadas y así evitar su destitución en medio de un juicio político, en el que se le acusaba de peculado.

El país fue a elecciones en la peor crisis de seguridad de su historia. De manera acelerada, se convirtió en el más violento de la región: se estima que este año cerrará en 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. El territorio ecuatoriano pasó de ser un país de tránsito a un centro estratégico de operaciones para el narcotráfico. Candidatos y políticos en funciones han sido amenazados o directamente asesinados, como el candidato presidencial Fernando Villavicencio y el alcalde de Manta, Agustín Intriago. En medio de la campaña electoral, en un hecho jamás previsto, explotaron dos coches bomba en la capital, Quito.

El gobierno en funciones ha generado contextos de precariedad y abandono que dejan a algunos cuerpos a merced de la muerte. Esta situación se retrata en las terribles imágenes de masacres carcelarias —al menos 500 personas privadas de la libertad han sido asesinadas—, violencia generalizada y asesinatos a lo largo del país, especialmente en provincias como Esmeraldas y Guayas. Ahí donde el Estado retrocede en su rol de garante de derechos, gana terreno la gobernanza criminal.

A la sensación de inseguridad y miedo se suma la incertidumbre de la crisis económica, pobreza, desempleo, sistemas de salud deficitarios y falta de garantías para acceder a los derechos sociales básicos, que empujan a un nuevo éxodo migratorio como a inicios del 2000. En términos macroeconómicos, tampoco hay muchas expectativas: el Banco Central del Ecuador prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2024 será de tan solo 0.8 %. Además, se advierte que este año el fenómeno de El Niño causará un enorme impacto.

Con la victoria del hijo de uno de los principales magnates del Ecuador, Daniel Noboa, al país le espera año y medio de profundización del modelo neoliberal, lo cual habilita, aún más, la radicalización de la derecha. Su vicepresidenta Verónica Abad ha dicho públicamente que comulga con las ideas de Javier Milei, Donald Trump, Jair Bolsonaro y el partido español VOX. Está en contra de la agenda feminista y ha prometido eliminar la salud y la educación públicas como buena integrante del Foro Liberal de América Latina.

Daniel Noboa no sólo significa la continuidad del régimen desplegado por Lasso, encarna su profundización. Dado que sus intereses representan al capital productivo agroindustrial, habrá, por ejemplo, mayor énfasis en conseguir la flexibilización y desregulación del trabajo. Y lo podría conseguir si sumamos las diferentes tendencias de derecha que llegaron al órgano legislativo, capaces de darle los votos necesarios para ello.

A pesar de que los números podrían funcionarle, hay que dejar sentado que su gobierno no representa un proyecto político consolidado, ya que no cuenta con un partido propio: Acción Democrática Nacional (ADN) es una coalición coyuntural, hecho que repercutirá en la conformación del gabinete y de los programas que puedan ejecutarse; se ve que está siendo difícil dar nombres para ocupar ministerios claves. Además, se trata de una figura nueva con escasa trayectoria política, lo que podría dejarlo a merced de la derecha tradicional, el Partido Social Cristiano.

Por más que el gobierno en funciones se empeñe en negar o borrar los vínculos del Estado con el narcotráfico, hay demasiados casos que ilustran esta relación: narcogenerales, control de las cárceles, traslados carcelarios a petición del crimen organizado, vínculos de familiares del presidente con la mafia albanesa (León de Troya), etc. La narcopolítica ya es parte del campo de las instituciones públicas y, al parecer, el presidente apenas electo también tiene lazos con ella. Este escenario no es nada prometedor en un país con una emergencia en seguridad.

En lo que respecta al correísmo, es evidente que tiene un voto duro, pero éste tiene un techo que no ha podido superar en las dos últimas elecciones presidenciales. Era casi vox populi que si el correísmo no ganaba en la primera vuelta, perdería en la segunda. Esto se debe en gran medida al clivaje del campo político ecuatoriano que funciona en una diferenciación correísmo/anticorreísmo, iniciado por la Revolución Ciudadana y disputado por la derecha que supo fomentar y lucrar con el anticorreísmo. Alrededor de este último se han agrupado diferentes sectores que cubren el amplio arco que va de izquierda a derecha.

La derecha también ha sabido disputar los conceptos de democracia y libertad en la batalla de ideas y ha logrado presentar a sus candidatos como figuras “nuevas y frescas”. En el caso específico de Daniel Noboa, vemos que se repite la fórmula usada en otros países: presentarse como un candidato sin mancha original, es decir, sin vínculos con un sistema y un pasado políticos a todas luces desprestigiados, en suma, como apolítico.

El correísmo tendrá que enfrentar su segunda derrota en balotaje con una necesaria autocrítica si persiste en la idea de ser gobierno. Está claro que para sobrepasar el techo electoral debe establecer alianzas y construir un programa de unidad que incluya a otros sectores políticos. No puede seguir obviando las profundas distancias entre el correísmo y el movimiento social, especialmente indígena, debido a los conflictos extractivos.

La votación histórica que recibió la iniciativa que busca dejar bajo tierra el petróleo del bloque 43 —ubicado en el parque nacional Yasuní— con 59 % de aprobación y la que busca detener el avance minero en el Chocó Andino con 67 % son un claro indicador de las preocupaciones ambientales presentes en las y los votantes, además de la necesidad de encontrar salidas posdesarrollistas al modelo económico ecuatoriano.

Las izquierdas han mostrado una enorme debilidad al ser incapaces de establecer alianzas para frenar el avance de la derecha. Tienen debates políticos pendientes y mucho trabajo para resolver todo aquello que las fracciona y no las deja avanzar. Mientras las izquierdas sigan jugando en una cancha marcada por la derecha —esto es el correísmo/anticorreísmo— serán incapaces de establecer alianzas programáticas y trabajar por los intereses comunes. Este clivaje sólo ha sido funcional a las derechas, quienes han logado imponer una agenda de seguridad y militarización de la sociedad, dejando de lado la justicia social.

Dado que el gobierno de Daniel Noboa durará sólo un año y medio, las siguientes elecciones están literalmente al girar la esquina (2025) y, como se sabe, en política ninguna derrota es definitiva.