Fragmento del capítulo 4 de The Tyranny of Common Sense: Mexico’s Postneoliberal Conversion, SUNY, 2021.
“Fifí” es un término que se usó para designar a los miembros de la élite opositora al presidente Francisco I. Madero. Con el régimen de Andrés Manuel López Obrador, “fifí” designa por igual a “la mafia en el poder” y a artistas, intelectuales, académicos y científicos. Pero también a los universitarios, los pequeños o medianos empresarios, los comerciantes. Los “fifís” son la clase media o el 9%. Una “minoría [supuestamente] rapaz” y que vive de prebendas del Estado. Se ha dicho que uno de los objetivos de democratizar y descentralizar la cultura es destronar a “los caciques culturales” que supuestamente se han hecho millonarios de subsidios del Estado. Esta afirmación desató valiosas discusiones sobre el papel del Estado en la cultura pero también y desafortunadamente, una campaña de desprestigio y vilipendio en contra de académicos y productores culturales. Algunas de las preguntas que surgieron (y no siempre de buena fe), fueron: ¿Es el dinero el motor para que la creación sea posible? ¿Deben continuar las becas o no? Uno de los argumentos en contra del subsidio del Estado a la cultura es que no siempre los que recibieron los apoyos fueron los mejores, que muchos de los que se quedaron fuera son “los grandes”, y que aún sin Fonca, un “verdadero artista” seguirá buscando la manera de crear y seguramente lo conseguirá.[1] También que el Estado subsidia un esquema de arte romántico de “artistas-genios” que “crean arte por el arte de la nada” cuyos productos creativos son sólo apreciados y validados por “sus compadres” y que cómodamente “viven de las prebendas del Estado”.[2] Esto implica que para el régimen actual, la cultura generada por la clase media en las enclaves urbanas (o como lo puso de manera prejuiciosa el escritor Fabrizio Mejía: concentrada en “tres barrios” de la CDMX),[3] al igual que la educación e investigación académica son un excedente superfluo, innecesario y dispensable, sobre todo ante el horror de la violencia, pobreza y desigualdad que vive el país.
El doble argumento para justificar la política cultural de eliminar los subsidios ya emplazados, es que por un lado, se sigue la lógica neoliberal que la cultura se puede subsidiar eventualmente sola, ya que se supone que el apoyo del Estado son los “flotis” que mantienen a la cultura hasta que ésta sea sostenible por sí sola. Por otro lado, en el México del régimen de Andrés Manuel López Obrador, se supone que el Estado amplía su mirada para valorizar y subsidiar a bienes simbólicos que se crean en “comunidades, sierras, desiertos, pantanos”, yendo más allá de un campo cultural establecido supuestamente por la “validación de los artistas entre ellos”. [4] Cabe mencionar que el sistema de becas del Fonca está diseñado con controles y mecanismos justamente para que el mundo del arte sea el equivalente del “capitalismo de amigotes”. Y esto aunque los concursos de becas son de jurados que ejercen las mismas disciplinas que las propuestas que revisan, el protocolo es muy estricto para funcionar de manera tal que es muy difícil que triunfe el nepotismo sobre el sano debate entre colegas entre quienes predominan admiración y el respeto. El actual régimen desdeña esta forma de producción de continuidad cultural para legitimizar la artesanía, el folclorismo, el indigenismo o lo “popular”. El Estado, según Fabrizio Mejía, ahora es el garante, distribuidor, juez y facilitador de “nuevas creaciones de arte” y de su reconocimiento en las universidades y a través de un sistema de becas. Mientras que parece ser que ahora instancias del Estado van a decidir qué es arte y quién es artista, es muy difícil estar en desacuerdo con la propuesta de “apertura de las formas, de los autores y de las maneras de producir la cultura”.[5] ¿Quién se opondría a que se subsidiara con dinero público un disco de rap en otomí o un premio nacional de diseño textil indígena? El problema con la nueva política cultural y educativa que se nos impone es que el Estado parece considerar como privilegios al talento, conocimiento y años de trabajo y dedicación en un clima anti-intelectual. Precisamente, según Mejía, el tema no es el dinero público sino la orientación de las labores educativas y formativas del Estado, a partir de un cuestionamiento sobre “quiénes” son los beneficiarios de los programas públicos de cultura, “quiénes” son los artistas y “quién” decide cómo distribuir los recursos. La política cultural del actual régimen se basa en una defensa feroz de la centralización autoritaria de la cultura subsidiada por el Estado justificada por una campaña de desprestigio a productores culturales, intelectuales e investigadores.
En sintonía con la diatriba de Mejía contra los productores culturales, la periodista Blanca González Rosas en un artículo para Proceso denuncia que el mundo del arte opera de hecho igual que el capitalismo de amigotes. Para ella, el nombramiento de la curadora Magalí Arriola como directora del Museo Tamayo Arte Contemporáneo es prueba contundente de ello.[6] Para justificar su acusación, González Rosas enuncia los lazos que existen entre el director anterior, Juan Gaitán, sus políticas de adquisición y exposición de obra y Arriola misma. La historia va a sí: Gaitán adquirió con el presupuesto del museo 348 piezas nuevas. El problema para González Rosas es que una abrumadora mayoría de las piezas vienen de la galería Kurimanzutto, y ella cuestiona los criterios artísticos e institucionales para haber tomado dicha decisión. La red de poder se cierra en bucle con el hecho de que Gaitán hizo una exposición de Mario García Torres, que fue pareja de la actual directora del Museo Tamayo. Para ella, todos estos hechos son señales de los supuestos estrechos vínculos entre el poder económico y el político en el contexto del arte contemporáneo.
Al hilo de las declaraciones de periodistas y funcionarios del Estado vilipendiando a los productores culturales “no originarios”, el subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro declaró, en plena continuidad con las políticas neoliberales anteriores al régimen, que las pensiones universitarias están comprometidas por la crisis de endeudamiento en la que están las universidades públicas, las cuales entraron en déficit por el pago a pensiones que dejó de ser provisto por el Estado. La cancelación de las pensiones se debe a que supuestamente el Estado mantiene gratis a una clase superflua y privilegiada, ya que hay unas “pensiones que son insostenibles” en un esquema de “combate a los privilegios” que ahora son imposibles de mantener.[7] En una conferencia en la Universidad Autónoma de Tlaxcala en mayo, Concheiro afirmó también que el sistema de fondos invidivuales para los investigadores ha creado una hiperélite académica que recibe estímulos y becas que marcan desigualdades, que no tienen “suficiente impacto en las comunidades”. Según Concheiro, ello justifica que en el Conacyt, en la Universidad Pedagógica Nacional y en FLACSO se hubieran hecho recortes en el presupuesto.[8] En un artículo en respuesta a la justificación de las medidas de austeridad en educación e investigación a través de la campaña de desprestigio contra académicos y productores culturales, Antonio Lazcano,[9] biólogo de la UNAM y miembro de El Colegio Nacional, cuestionó el rumbo de la ciencia mexicana en la lógica de los recortes en cultura y ciencia bajo las falsas acusaciones de corrupción dentro de la comunidad científica, y de presentar a los investigadores y científicos como una casta que se dedica al “turismo académico” y que engorda a costa del recurso público. Lazcano argumenta que mientras que la ciencia sí es elitista, la mayoría de los investigadores viven en situaciones precarias y que además es sumamente preocupante si en México se deja de apoyar a los científicos para que estudien la diversidad de México y se permite que otros lo vengan a hacer por nosotros.[10]
Lo que es sumamente alarmante son los prejuicios de clase detrás de la campaña de desprestigio contra académicos y productores culturales. ¿Qué hay del odio de clase a la oligarquía? Parece que ésta es invisible para el régimen, excepto en reuniones de negocios con el Presidente y su gabinete. Tal parece que ahora los servidores públicos están modificando las instituciones de acuerdo no a una línea democrática y participatoria sino a partir de ideas y concepciones pre-establecidas por el programa ideológico del presidente y sus allegados. Instituciones y programas culturales se están poniendo a su servicio, el cual es excluyente.[11] También que con la retórica de izquierda, la legitimación democrática y la ideología de “primeros los pobres”, se está implementando, en realidad, una política anti-intelectualista de derecha, al tiempo que se vislumbra el nuevo guión cultural afin con la filosofía de la Cuarta Transformación, basado en dicha cultura “otra”, “no-fifí” y esencialmente “mexicana”. Y aunque al parecer después del escándalo que suscitaron los anuncios de la cancelación de subsidios y la campaña de desprestigio contra productores culturales y académicos, el Estado haya mantenido los subsidios a regañadientes, es probable que día no muy lejano dejen de existir los espacios de debate, discusión, creatividad, reflexión para imaginar alternativas al actual sistema, expresar la disidencia, plantear formas distintas y progresivas de ver la realidad. El oscurantiso que se viene se refleja en una nota de Avelina Lésper en la que descarta la exposición en la Fundación Jumex de Marcel Duchamp y Jeff Koons por ser “arte VIP” banal, que explota el mal gusto, curado por curadores “VIP” que inventan conceptos irrelevantes, arte que está sobrevalorado en el mercado.[12]
El programa cultural orientado desde el poder implica políticas para servir objetivos ideológicos y propagandísticos, la legitimación del régimen con la imposición autoritaria de su línea discursiva y por lo tanto, un grave retroceso democrático. Al parecer, las obras subvencionadas por el Estado deberán de cumplir una “función social” predeterminada por el poder político, privilegiando “un arte útil y con conciencia social” producido por agentes antes excluidos del circuito tradicional del arte en plena continuidad con el “utilitarismo” del arte neoliberal, pero ahora bajo una línea demagógica, no crítica, ni participatoria y menos democrática. Todos los cambios en política cultural implican un reacomodo fuerte en cuanto al papel que han tenido intelectuales, artistas y académicos en relación al poder estatal en el México moderno. Según el actual régimen, los intelectuales son una oligarquía análoga a la “mafia en el poder” establecida por Carlos Salinas de Gortari. Fabrizio Mejía explica que éste presidente buscó a intelectuales y opinionistas para legitimarse, y como ellos respondieron de manera positiva, los apoyos del Estado fueron su premio o prebenda: “como pago a tanta creatividad retórica, el Estado armó un sistema de reconocimientos, consagraciones, becas y publicidad oficial para ciertos creadores”.[13] El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuestiona por primera vez este “premio” estatal a los creadores, lo cual no implica que el gobierno esté “contra” la cultura, sino que busca descentralizarla y eliminar prácticas corruptas de gobiernos anteriores como dar “cientos de millones” de pesos a publicidad, apoyos para producción e investigación, becas millonarias a fundaciones privadas, la duplicación en algunos casos de becas otorgadas durante 18-20 años.[14] Al parecer el papel histórico de los intelectuales como “faros morales” de la sociedad manteniendo en jaque al poder, ahora es ejercido por el presidente: “la magia” en el poder. Después de la controversia desatada por las declaraciones de funcionarios públicos, al parecer, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo a regañadientes los apoyos ya emplazados en materia cultural al tiempo que comenzó a implementar su propio programa cultural: Guelaguetza Nacional, el Día Internacional de Muertos, Evangelistas en Bellas Artes. Sin embargo, la amenaza de refundar y refuncionalizar al Fonca a partir de “Comisiones de Selección” de proyectos aprobados por burócratas del gobierno en vez de representantes de la comunidad artística, entre otras “líneas de operación” orientadas al control político de la producción cultural, sigue estando presente. Nos toca luchar por la autonomía estética y política de la creación y de la cultura, resistir la estigmatización y el linchamiento mediático. También cuestionar toda política sospechosa y fascista del actual régimen.
[1] Susan Crowley, “Fonca, o el problema de nadar con flotis” Sin embargo 28 de junio 2019.
[2] Idem.
[3] Idem.
[4] Idem.
[5] Idem.
[6] Blanca González Rojas, “El arte contemporáneo: El sector neoliberal de la 4T” Proceso, 17 de septiembre de 2019.
[7] Gustavo Leal F., “4T: pensiones universitarias en vilo” La Jornada, 13 de julio de 2019.
[8] Anabel Clemente, “SEP cancela estímulos para investigadores; ‘hay una hiperélite que marca desigualdades’” El Financiero, junio 11, 2019.
[9] “La titular del Conacyt ha tenido expresiones lamentables: Antonio Lazcano” Aristegui Noticias, 11 de agosto de 2019.
[10] Idem.
[11] Ver: María Rivera, “No somos vasallos”, El Universal, 22 de junio de 2019.
[12] Avelina Lésper, “Esa obscura baratija del deseo”, Milenio, 19 de junio de 2019.
[13] Fabrizio Mejía Madrid, “AMLO y las formas de la cultura” Washington Post, 19 de septiembre de 2019.
[14] Idem.