Democracia autoritaria o democracia ciudadana. El estallido social en Chile en perspectiva histórica

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“No es por 30 pesos, es por 30 años”. La consigna que circula en las calles y en las redes de Chile sintetiza el espíritu de las protestas sociales iniciadas por estudiantes secundarios cuando comenzaron a evadir molinetes como reacción al aumento del boleto del Metro de Santiago, a principios de octubre. En esos días el presidente Sebastián Piñera había afirmado que Chile era “un verdadero oasis con una democracia estable” en una “América Latina convulsionada”. Desde el viernes pasado las protestas se expandieron por todo el país y se transformaron en una rebelión cívica inédita, por su virulencia y magnitud, que desestabilizó un tipo de democracia iniciada hace tres décadas con la finalización concertada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Ante las movilizaciones, el último sábado Piñera anuló, por un lado, el aumento del subterráneo: había pasado de 800 a 830 pesos chilenos, equivalentes a 1,15 USD, el más caro de América Latina. En una sociedad donde la mitad de los trabajadores gana 540 USD, el transporte puede llegar a representar el 30% de los gastos mensuales familiares. Por otro lado, el presidente decretó por primera vez desde la dictadura el estado de emergencia por razones políticas. Este estado de excepción limitó los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos en Santiago, Valparaíso y Concepción, entre otras ciudades de Chile. El motivo invocado fue la “conmoción interior”, una de las causas previstas por la Constitución chilena de 1980, la única de América Latina concebida y promulgada en dictadura y vigente, con reformas, en democracia. Las imágenes de carabineros —la policía nacional chilena—, militares y tanques en las calles de Santiago, y el toque de queda vigente desde aquel sábado, remitieron a la dictadura que, iniciada en 1973 con el derrocamiento y muerte de Salvador Allende, gobernó durante 17 años y organizó el modelo económico neoliberal de la actual democracia. Pero Chile ya no es una dictadura. Lo que explica la explosión social generada por las reacciones ante el aumento del boleto es la propia forma de su democracia, que se vuelve inteligible desde una historia atravesada por la dictadura en sus discursos, institucionalidad, economía y en la relación con la ciudadanía.

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable que no respeta a nada ni a nadie”, afirmó el domingo Piñera quien desde que comenzaron las protestas tuvo una notable capacidad para convertir un conflicto del juego democrático en un campo de batalla. El jugador de la selección chilena de fútbol Gary Medel contestó al día siguiente en Twitter: “Una guerra necesita dos bandos y acá somos un solo pueblo que quiere igualdad. No queremos más violencia”. El discurso bélico del gobierno legitimó una medida que parecía desproporcionada frente a las escenas de la calle.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), hasta el martes 23 de octubre a las 22 horas, hubo 1894 detenciones (entre ellos, 215 menores), 269 heridos (137 por armas de fuego) y abusos sexuales y torturas denunciados contra las fuerzas de seguridad. Hasta el momento el gobierno confirmó quince muertos, entre ellos un peruano, un ecuatoriano, y dos colombianos. El INDH informó que tres murieron por disparos de militares, uno atropellado por un camión militar y otro por golpes en el cráneo y tórax de un carabinero. El gobierno señaló que el resto falleció en “quemas y saqueos” sin dar precisiones sobre estas muertes. El periódico digital Interferencia afirmó hoy miércoles que los muertos son al menos 19, y representan la mayor cantidad de fallecidos por movilizaciones sociales desde la dictadura (en agosto de 1983 murieron 29 personas en dos días tras la represión durante la cuarta jornada nacional de protestas).

Piñera designó al general Javier Iturriaga del Campo Jefe de la Defensa Nacional, un cargo excepcional que reúne el control de carabineros y militares en las zonas afectadas por el estado de emergencia. Desde el sábado pasado y durante una semana Iturriaga dispuso el toque de queda en la noche, es decir, la anulación de las libertades individuales de reunión y circulación. La última vez que se había impuesto esta medida por razones políticas fue en dictadura, entre septiembre de 1986 y enero de 1987, tras el fallido atentado contra Pinochet a 40 kilómetros de Santiago, realizado por el aparato militar del Partido Comunista Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Mientras que el gobierno y los principales medios de comunicación del país se centran en la gravedad de los delitos a la propiedad en el que inscriben la respuesta represiva a la protesta masiva, fue una novedad la reacción espontánea de gran parte de los ciudadanos al toque de queda con cacerolazos, protestas pacíficas y violentas. Desde hace cinco días miles de manifestantes se autoconvocan en las calles, en su mayoría jóvenes impulsados por su rechazo a un gobierno que repite la necesidad del restablecimiento del “orden” y de la “normalidad” sin percibir que en ese orden y en esa normalidad residen las principales causas del descontento.

Desde el viernes se multiplicaron saqueos a supermercados (incluidos de los mismos carabineros), robos e incendios a estaciones del metro de Santiago. El metro representa el símbolo del crecimiento y la modernización de Chile: inaugurado en 1975, la red subterránea de Santiago tiene una longitud de 96 kilómetros y casi duplica a la de Buenos Aires, que alcanza 57 kilómetros y fue la primera establecida en América Latina, en 1913. Los vagones y estaciones quemados en estos últimos días, la mayoría en la periferia popular de la capital, reflejan los límites del crecimiento chileno: desde 1986 la economía creció basada en la exportación de materias primeras —la mitad de ellas representadas por el cobre—, pero excluyó a la mayoría de la población de sus beneficios, según revela un estudio de 2018 de la OCDE.

De acuerdo a un informe de la Cepal de 2017, el 1% más rico de la población chilena concentra el 26,5% de la riqueza del país mientras que el 50% más pobre accede al 2,1% de esa riqueza. En su estudio económico sobre Chile la OCDE informa altos niveles de pobreza en jóvenes, la existencia de desigualdades consolidadas intergeneracionalmente y por género (las mujeres ganan menos que los hombres y les cuesta más acceder a un empleo) y un sistema de pensiones privado, las AFP (creado en 1980 por José Piñera, el hermano del presidente) que perjudica a los jubilados chilenos: la mitad de ellos reciben una pensión mensual por vejez de 206 USD, por debajo de la línea de pobreza, indica un reporte de la Fundación Sol de julio de este año. Sólo los carabineros y los militares están exceptuados de estas administradoras privadas de pensiones y mantienen un sistema previsional de reparto en el Estado, con pensiones más altas que el resto de los trabajadores. La OCDE también señala que el sistema universitario chileno es caro y deficiente: las familias lo financian (a través del endeudamiento con los bancos) en más de un 60%, el doble de lo que aportan en promedio las familias del resto de los países de la organización. Además, indica que su programa de becas y préstamos es complejo. A este escenario se suma una situación crítica en la salud pública (Fonasa) por falta de financiamiento. Allí se atienden el 80% de los chilenos.

El martes, cuatro días después del inicio de las protestas en las calles, Piñera pidió “perdón” a los chilenos por la “inequidad”, el “abuso” y “la falta de visión”, y anunció una agenda política para la reforma del sistema de pensiones —adelantó que el Estado aumentaría al menos un 20% sus aportes para las pensiones mínimas—, salud, medicamentos, salarios mínimos y tarifas de servicios eléctricos. El mismo día se viralizó un audio —circulaba desde el domingo— que la esposa de Piñera, y primera dama, Cecilia Montel le había enviado a una amiga donde afirmaba: “estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena (…) no tenemos las herramientas para combatirlas (…), vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás”.

El modelo económico chileno de crecimiento sin inclusión fue ideado en el período de intento de institucionalización de la dictadura inaugurado en 1977 con el acto de Chacarillas, en el cerro San Cristóbal de Santiago, tras cuatro años de represión, torturas y desapariciones sistemáticas. Allí Pinochet estableció en su discurso un plan político “gradual” de largo plazo para Chile integrado por una primera etapa de “recuperación”, una segunda de “transición” y una última de “normalidad o consolidación”. Las tres estaban atravesadas por una planificación de las relaciones entre las “Fuerzas Armadas y de Orden” y la “civilidad”. En Chacarillas el dictador presentó su idea de “democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”, formalizada en la Constitución de 1980.

Para Pinochet, la “democracia autoritaria” implicaba un reemplazo del “Estado liberal” por uno “nuevo” basado en el orden, “los valores esenciales de la nacionalidad”, la “unidad de la gran familia chilena” (que creía amenazada por “una lucha de clases que no existe y no debe existir”), la reducción del “debate ideológico a sus justas proporciones”, el aprovechamiento del “aporte de los más capaces” y la “estabilidad” del “sistema”. El nuevo Estado debía garantizar la “libertad económica” y evitar la “asfixia de las personas”. El dictador consideraba que así se evitarían dos males: el “estancamiento” económico y el “caos”, representado por el “gobierno marxista” de Allende. Este modelo político-económico de Estado mínimo, ícono del neoliberalismo, había sido teorizado por el economista de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, quien en 1975 realizaría su primer viaje “técnico” a Chile, y luego sería secundado por varios de sus estudiantes, los “Chicago Boys”.

Entre el público que escuchaba a Pinochet en Chacarillas se encontraba el actual ministro del Interior Andrés Chadwick, primo de Piñera. Había asistido al acto como integrante del Movimiento Gremial de la Universidad Católica de Chile (UC), principal grupo universitario opositor a Allende y una suerte de think tank de la dictadura. En noviembre del año pasado Chadwick, que ante el estado de emergencia trasladó el control de carabineros en las zonas afectadas a Iturriaga, fue identificado por miles de manifestantes en Santiago como el responsable político del asesinato del dirigente mapuche Camilo Catrillanca por un carabinero que le disparó por la espalda. Esas protestas donde participaron masivamente militantes feministas, estudiantiles y ecologistas —integrantes de la actual reacción ciudadana— sirvieron para la generalización a otros sectores de la sociedad de las reivindicaciones por restitución de tierras y fin de la explotación de recursos naturales en la Araucanía de los Mapuches. Integrantes de esta nación discriminada durante siglos por el Estado, comenzaron a principios de los noventa a cuestionar el orden posdictatorial. Sobre ellos el gobierno continúa aplicando la ley antiterrorista de la dictadura, dictada en 1984. Junto con la bandera chilena, en las actuales protestas se ve la bandera de las comunidades mapuche, desconocidas legalmente por la Constitución, a diferencia de las primeras constituciones de principios del siglo XIX promulgadas en Chile, cuando la república aún no estaba constituida como nación.

Otro integrante del Movimiento Gremial de la UC fue el abogado y profesor de la Universidad Católica Jaime Guzmán, uno de los principales ideólogos de la dictadura, asesinado en 1991. Guzmán fundó la Unión Democrática Independiente (UDI), el partido de derecha que apoyó a Piñera en su primera gestión presidencial (2010-2014) y en su actual gobierno. El otro partido de derecha integrante de la coalición de gobierno es Renovación Nacional, que se presenta con una imagen distanciada de la dictadura, aunque su fundador Sergio Onofre Jarpa fue ministro del Interior de Pinochet entre 1983 y 1985.

Al igual que Chadwick, otros ministros del gobierno de Piñera integran la UDI. Uno de ellos es el ministro de Justicia y Derechos Humanos Hernán Larraín, quien defendió públicamente a Paul Schaeffer, el líder nazi que dirigió Colonia Dignidad, un centro donde se cometieron secuestros, torturas y abusos sexuales de niños y niñas durante la dictadura. Otra es la ministra de Educación Marcela Cubillos, militante por la campaña a favor del SÍ a la continuidad de Pinochet en el plebiscito organizado en octubre de 1988 en el que triunfó el NO y que habilitó, en 1990, el fin de la dictadura y el comienzo de la democracia con el presidente Patricio Aylwin, de la Concertación de Partidos por la Democracia. En su gobierno (1990-1994) y en el de su sucesor Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1998), Pinochet continuó como Comandante en Jefe del Ejército. En 1998 asumió como senador vitalicio, cargo al que renunció cuatro años después tras haber sido detenido en Londres por el juez español Baltazar Garzón acusado de violaciones a los derechos humanos.

            Para muchos integrantes de los gobiernos de Piñera, la llamada “transición a la democracia” no significó un cambio de discurso político respecto a la dictadura. Ante las protestas de los estudiantes de secundaria, defendieron el incremento del boleto del metro explicando que había sido una decisión de un “panel de expertos”. Este discurso político que busca presentarse como apolítico, técnico y neutral es omnipresente en el actual escenario chileno que se revela menos como una excepción latinoamericana que como parte común de un continente atravesado por una desigualdad que jaquea a las democracias. El mismo argumento “técnico” dio el gobierno cuando en septiembre pasado se opuso a la propuesta de los legisladores del Partido Comunista de reducir la semana laboral de 45 a 40 horas. Afirmaron que se trataba de una medida “inviable” e “irresponsable” y luego propusieron la convocatoria de una “mesa técnica” para analizar la reforma excluyendo a los partidos de izquierda en el parlamento.

Desde principios de 1980 hubo protestas en Chile contra la dictadura y a partir de 1990 demandas de ampliación de derechos en la democracia y de juicios a los militares por crímenes de lesa humanidad. La Constitución fue reformada por el ex presidente Ricardo Lagos (2000-2006). Michelle Bachellet (2006-2010; 2014-2018) —al igual que Lagos de la Concertación— implementó cambios al sistema: tras las movilizaciones estudiantiles que comenzaron con los estudiantes secundarios en 2006 y continuaron con los universitarios a partir de 2011, se estableció la gratuidad en la educación para aquellos jóvenes de los siete deciles más pobres que lograsen ingresar a la universidad. En rigor esta política educativa consiste en un programa de becas que cubre las matrículas en universidades públicas y privadas bajo ciertas condiciones.

A pesar de las reformas, la democracia chilena continúa articulándose a partir de los parámetros establecidos en la dictadura: los derechos como educación, salud y jubilación son regulados con criterios mercantilistas; los recursos naturales continúan privatizados y —según la misma OCDE— son sobreexplotados, generan escasez de agua (este año Chile atraviesa la peor sequía de su historia), pérdida de hábitat y contaminación del suelo. La reacción contra la suba del boleto del 18 de octubre mostró que en el oasis chileno sólo beben unos pocos y que la mayoría de la población está excluida de los beneficios del crecimiento económico.

“Ooooooooh…Chile despertóoooo”, es uno de los cánticos más fuertes que se escuchan en las calles. La mayoría de los manifestantes, chicos y chicas de entre 16 y 30 años, parecieran haber perdido el miedo ante un pasado que no vivieron pero que forma parte de su presente. Lo nuevo no está en la dureza de la represión de los carabineros con sus camiones hidrantes, sus gases lacrimógenos y sus balas. Lo nuevo está en que esa represión no disipa la manifestación. Desde los saltos a los molinetes en el metro tras la viralización del hashtag #EvasionMasiva por los estudiantes secundarios, hasta la reunión de diferentes generaciones en las esquinas para cacerolear, pasando por los limones o el bicarbonato de sodio que los jóvenes comparten para limitar los efectos de los gases lacrimógenos, las protestas muestran solidaridades espontáneas y desorganizadas del siglo XXI que desconciertan a un régimen del siglo pasado acostumbrado a lidiar con demandas individuales y no sociales en un orden de cambios lentos y dirimidos puertas adentro.

A mediados del siglo XIX, un exiliado argentino en Santiago, Juan Bautista Alberdi, padre de la Constitución argentina de 1853, describía a Chile como “la paz de los cementerios”. Un compatriota suyo, el historiador Vicente Fidel López, también exiliado allí lo contradecía. Para López, Chile representaba un volcán dormido y el día en que el pueblo se diera cuenta de cuán oprimido era por “los mayorazgos y señoritos”, ese día la erupción sería más violenta que el Vesubio cuando destruyó a Pompeya. Ni paz de los cementerios, ni un volcán más violento que el Vesubio, las protestas de estos últimos días revelan una reacción democrática en las calles que exige con carteles y con fuego otros mecanismos deliberativos además de las urnas para transformar la democracia heredada de la que mucha gente no se sienten parte. Una de esas exigencias es inmediata: el fin del estado de emergencia y la apertura de canales de negociación con la ciudadanía. Otra pareciera implicar un horizonte más lejano y necesario: el cambio de un gobierno de “expertos” y de una Constitución ideada por el dictador, por un gobierno más cercano a la gente que pueda y sepa lidiar con nuevas formas políticas a través de una Constitución instituida en democracia.

 

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