En enero de 2011, en una de sus entregas de la columna Plaza Pública de Reforma, Miguel Ángel Granados Chapa reveló un plan de fusión en materia de telefonía entre Televisa y TVAzteca para evadir las disposiciones antimonopólicas impuestas por el órgano regulador. El elemento central que marcó la trascendencia de su columna y con ésta las decisiones que se tomaron en fechas posteriores en materia de telecomunicaciones fue una filtración de información.
El episodio expuesto líneas atrás es una muestra de que desde el periodismo se pueden no tener reparos cuando se trata de escrutar el manejo de recursos públicos, la forma en que se toman decisiones en distintos niveles de gobierno y otras fuentes que sean objeto de interés público; incluso hemos visto la publicación de información que forma parte de distintos tipos de procesos judiciales o administrativos en curso (como lo hizo Granados Chapa en la columna mencionada). Sin embargo, en el caso de violaciones a derechos humanos no se debe perder el foco de que hay víctimas de por medio.
Lo anterior lleva a varias consideraciones que no siempre son atendidas en los criterios con los que los medios toman sus decisiones y en la forma en que consumimos esa información. En sentido estricto y formal, lo publicado el sábado en la columna Linotipia cumple con todo lo que un editor está obligado a exigir de un trabajo periodístico: es de interés público, es de actualidad y es novedoso.
Hoy, el tema en el que el gremio periodístico parece dividir opiniones está en la respuesta que se da ante el manejo de temas relacionados con el derecho de las víctimas. Ante episodios tan trascendentes como éste, del que se seguirá hablando durante mucho tiempo, reducir el análisis a peroratas de ronco pecho sobre ética periodística sin considerar las circunstancias que atraviesan la decisión de publicar y cómo publicar la información delicada en un periódico corre el riesgo de banalizar el tema.
Ahora bien, para abundar en algunas consideraciones que atraviesan el trabajo diario en una redacción, los profesionales del periodismo tampoco pueden autoengañarse. A la respuesta habitual de que al periodista no le deben importar las consecuencias que tendría la publicación de cierta información se le debe contrastar una realidad pocas veces reconocida en público: la existencia de intereses, acuerdos y relaciones extra periodísticas que pueden condicionar el manejo de cierta información. Esto pasa en todas las redacciones. En todas.
La publicación que la autora de la columna que hoy nos convoca hizo de su propio artículo es de atenderse, tanto por los datos adicionales que expone, hoy sujetos a escrutinio, como lo que revela de su manejo de información. El hilo que publicó en Twitter con referencia directa a un texto ya publicado en otra plataforma puede obedecer a la intención de glosarlo para darle mayor difusión o, como sucede en este caso particular, para hacer adendas que el espacio original no le permitía exponer. Se ganó en síntesis en el artículo, pero se perdieron detalles que, en cambio, sí se expusieron en Twitter.
Surgen varias preguntas: ¿por qué no confirmar varios de los datos con otras fuentes antes de su publicación?, ¿por qué no, una vez confirmados los datos, recurrir a la recreación por medio de infografías y otros recursos visuales y digitales que no expusieran directamente los documentos que integran el informe, como se hizo en la exposición Forensic Architecture (en cuya curaduría participó el CentroProdh) con recursos narrativos a los que el periodismo no es ajeno?, ¿por qué publicar la información en una sola entrega de su columna y no en un reportaje amplio o en varias entregas en las que se ampliara y contextualizara la información?
El punto más endeble del informe está en los mensajes expuestos. De ahí posiblemente viene el interés de los familiares de las víctimas para que el GIEI analice la veracidad de los mismos; veracidad que también ha sido cuestionada por la hija de José Luis Abarca, uno de los involucrados. Ya veremos si este jueves 29, en su conferencia de prensa, el mismo GIEI manifiesta algún posicionamiento sobre este tema.
Por lo pronto, la nota del sábado —que ha marcado la agenda hasta el día en que se publican estas líneas— agrega a la historia de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa las dudas de quién y para qué filtró el informe, una incógnita que si bien seguirá dando nota, no puede ni debe desviarnos del tema central: el reclamo de justicia de sus deudos.
Pocas veces los lectores tienen oportunidad de ver en espacios públicos —como las redes sociales— a los periodistas transparentar sus criterios y a su vez criticarlos o identificarse con ellos. Esta discusión que hoy vivimos en espacios públicos que nos da la virtualidad son más frecuentes en el interior de las redacciones, lo cual habla de la salud del periodismo en México, al menos en ciertas redacciones de la capital y algunas otras ciudades. Aquella redacción en la que no se dan espacios de discusión es una redacción enferma.
Estas son dos posturas que coexisten y que no dejarán de competir. Una es más tradicional y de una efectividad más inmediata. A ella le debemos como lectores revelaciones trascendentes en la historia reciente: el video de la masacre de Aguas Blancas y el más inmediato “Exhibe EU nexo de militares y narco previo a Noche de Iguala”; la otra postura se muestra más dispuesta a manejar otros ritmos fuera de la inmediatez.
De la misma manera, habría que preguntarnos si estamos dispuestos a exigir mayor rigor periodístico -con las mismas demandas de debido proceso y resguardo de las víctimas- cuando se revelen otros temas que contraponen nuestras certezas. Hace tres años, el noticiero de Ciro Gómez Leyva reveló que uno de los 43 estudiantes desaparecidos era infiltrado del ejército. En ese momento nadie, o muy pocos, demandó el cuidado de debido proceso. ¿No se reclamó porque la víctima se trataba de un militar? Qué incómodo, ¿verdad?
Finalmente, otra pregunta que quizá los profesionales del periodismo no se han hecho es si están dispuestos a considerar el sentir de los deudos con el mismo celo con el que guardan la identidad de las fuentes que les han filtrado información. Ese es un pendiente y una responsabilidad.