Mientras las parejas salían a festejar el viernes pasado, 14 de febrero, el día del amor y la amistad y las estaciones del radio aprovechaban la ocasión para presentar una programación repleta de canciones de amor y desamor, mientras los comercios explotaban la posibilidad de incrementar sus ganancias decorando con globos rojos sus locales y los moteles ofrecían paquetes con champagne y pétalos de rosas en las camas, un grupo amplio de mujeres, colectivas y activistas marchó hasta las puertas del Palacio Nacional para protestar contra el brutal asesinato de Ingrid Escamilla y su abominable revictimización después de la filtración de fotos a la prensa donde se mostraba su cadáver.
Se ha dicho hasta el cansancio: México es un país feminicida. La violencia contra las mujeres es una constante que atraviesa todas las clases sociales, las regiones, los estratos, las profesiones y, sobre todo, que se produce y reproduce en el centro de la vida familiar: A Ingrid la asesinó brutalmente su pareja, a Abril Pérez Saagon la mandó ejecutar su marido a un mes de interponer una demanda por intento de asesinato (desestimada por un juez), a Raquel Padilla Ramos la asesinó su pareja a puñaladas, a Lesvy Rivera Osorio la estranguló su novio (las autoridades universitarias y la fiscalía de la Ciudad de México, luego de un proceso lleno de irregularidades habían declarado que Lesvy se había suicidado), a Victoria Pamela Salas la degolló su novio en un motel, a Mariana Lima Buendía la asesinó su marido (policía ministerial, quien intervino en la investigación del caso para imputarle a la víctima un suicidio), a María Elena Ríos le desfiguró la cara y le produjo severos daños a la salud el ataque de ácido ordenado por su expareja (a quien no se le han imputado cargos). La lista es larga y dolorosa, en todos los casos el victimario era o había sido el compañero sentimental de la víctima.
La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en 2016 muestra que dos terceras partes (66.1%) de las mujeres mayores de 15 años han sufrido por lo menos un incidente de violencia en su vida. Esta encuesta también reporta que el 43.9% de las mujeres entrevistadas habían sido víctimas de violencia por parte de sus parejas (humillación, menosprecio, privación de libertad, destrucción de pertenencias de la víctima o de cosas del hogar, vigilancia, amenazas de irse, correr a la víctima de la casa o quitarle a sus hijos, amenazas con algún arma o con matarla o matarse; revisión de su celular o correo electrónico; llamadas para saber dónde, con quién y qué estaban haciendo). En términos de población, esto quiere decir que más de 20 millones de mexicanas han sido víctimas de violencia por parte de su compañero sentimental. No cabe duda que, en estos casos, lo privado es un problema público.
El actual gobierno tiene un reto inmenso y debe comprometerse a la implementación de políticas para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género en el país. El número de feminicidios no ha disminuido, por lo que es urgente la impartición de una justicia que sea verdaderamente eficaz y justa (valga la redundancia). Es insostenible más impunidad. Las reformas y las políticas deben ser estructurales y desarrollarse en distintos niveles y con distintas miras. En primer lugar, urge una verdadera reestructuración de los ministerios públicos y los tribunales para la impartición de justicia, que tome en cuenta los protocolos y las leyes nacionales e internacionales en materia de violencia de género.
El plan de Persecución Penal, presentado por Alejandro Gertz Manero al senado de la República, ampliamente criticado, también causó polémica con respecto de las modificaciones (y la propuesta de homologación) del feminicidio, el cual, por cierto, no se incluye en los 10 delitos que la Fiscalía considera como prioritarios. La revisión del Código Penal en materia de feminicidios debe hacerse con perspectiva de género. Si hay dificultad en determinar cuándo una mujer ha sido asesinada por el hecho de ser mujer, el problema está en la carencia de dicha perspectiva y no en la tipificación del delito. Lo que se debe analizar son las formas de hacer más expedito y eficiente el procedimiento de investigación y la judicialización de los casos, sin invisibilizar el tipo de violencia específico ejercido sobre las mujeres. La policía, los Ministerios Públicos, los juzgados no han incorporado la perspectiva de género (a pesar de que esto sea un mandato respaldado por leyes nacionales e internacionales) y esto hace que en los procedimientos que implican violencia contra las mujeres no se sigan los protocolos o no se les de la importancia que merecen. Cuando una lee los casos que ha recogido la prensa sobre los feminicidios ocurridos en México en los últimos 15 años, las denuncias de irregularidades son la regla (y no la excepción). En las ocasiones en que se ha logrado una resolución que impute al victimario el delito de feminicidio, ha sido porque los familiares de las víctimas (sobre todo las madres) han perseverado en exigir la verdad y la justicia. Su lucha en muchas ocasiones ha durado años, como sucedió con el combate de Araceli Osorio, madre de Lesvy, para que se reconociera como feminicidio el asesinato de su hija, o el largo recorrido por diversos tribunales hasta llegar a la suprema corte de justicia realizado por Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía (quien sigue recibiendo amenazas por no haber claudicado en denunciar las irregularidades en el caso del feminicidio de Mariana).
Otra constante en los casos de feminicidio que ha salido a la luz es la total carencia o ineficacia de protección a las víctimas. Las denuncias en los ministerios públicos son escasas porque el Estado no garantiza la protección de las mujeres agredidas, y no lo hace ni a nivel judicial (el caso de Abril Pérez Saagón es ejemplar al respecto) ni tampoco proporcionando una estructura eficiente y amplia de espacios de protección para aquellas mujeres que deciden dejar sus hogares para evitar seguir siendo violentadas. El Estado debe garantizar centros de atención a víctimas en todos los municipios del país, así como refugios accesibles para todas las mujeres que lo requieran. No se puede dejar a los familiares y amigos el acompañamiento y protección de la víctima, porque estos no tienen las herramientas para defenderlas de posibles ataques de sus victimarios (maridos, novios, amantes), en el caso de que puedan o quieran intervenir. Los tropiezos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al respecto dicen mucho de la falta de un verdadero plan nacional para la creación y gestión de estos centros de apoyo. En marzo del año pasado hubo severas críticas a su proyecto de retirar los subsidios a los centros de atención a víctimas gestionados por las organizaciones de la sociedad civil (actualmente hay 72 espacios en 22 estados del país). La presión pública obligó al gobierno a echarse para atrás y publicar la convocatoria en abril. A fines de diciembre Animal Político dio seguimiento a lo sucedido con los refugios, resaltando la reducción de presupuesto de varios de ellos (“¿Qué pasó con los refugios para mujeres que recibieron dinero del gobierno?, diciembre 2019)”.
La estrategia propuesta por el gobierno, llamada Puerta Violeta (a cargo de la Secretaría de Gobernación) y que busca ir sustituyendo los centros y refugios gestionados por organizaciones de la sociedad civil, sólo ha abierto un recinto en el Estado de México. Según reporta este mismo medio digital en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 no se creó ninguna partida específica para la implementación de esta estrategia ni programas nuevos para combatir la violencia de género (“Puerta Violeta, la estrategia el gobierno de AMLO para mujeres víctimas de violencia”, diciembre 2019.
En la página de la Secretaría de Gobernación hay una breve información al respecto, publicada en marzo del 2019, en la cual se describe el programa y se señala que actualmente existen 11 Puertas Violeta en el país ubicadas en Monterrey, Ciudad Juárez; Puruándiro, Michoacán, y Nicolás Romero, Estado de México, y están en proceso de apertura otras en San Luis Potosí, Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Lo que se infiere de esta nota es que estos centros son administrados también por la sociedad civil. Si bien la iniciativa es bienvenida y fundamental, sin una estrategia clara de implementación de estos centros y, sobre todo, sin un presupuesto suficiente asignado, su creación será otra iniciativa que se quede en el discurso de la clase política, sin que esta se traduzca en medidas verdaderamente eficaces para combatir y erradicar la violencia de género. Por el momento, el subsidio a los establecimientos gestionados por la sociedad civil se mantiene, pero no se sabe aún cómo será el proceso de asignación de los recursos.
Lo sucedido ayer lunes 17 con el descubrimiento del cadáver de Fátima Cecilia muestra, una vez más, la urgencia de elaborar estrategias integrales para crear espacios libres de violencia para las niñas, adolescentes y mujeres en este país. Esta debería ser prioridad nacional. Se necesitan acciones reales y concretas. Basta ya de tanta indolencia y tanta impunidad.