Coronavirus en Alemania: un reporte (parte I)

Manifestación el 5 de abril de 2020 en Frankfurt am Main en el marco de la acción #LeaveNoOneBehind para la evacuación de los campos de refugiados en Grecia (Foto de Christian Mang publicada en el Tageszeitung).

Bad Homburg, 15 de abril del 2020.

I.

No pretendo en modo alguno ofrecer en este texto una reflexión acabada sobre la pandemia que ahora azota al mundo. Ello requeriría de un plazo aún más amplio tanto para analizar con mayor precisión cómo se van desarrollando los acontecimientos como para madurar algunas ideas razonables al respecto. Lo que deseo ofrecer en este texto se encontraría por ello en un punto intermedio entre una reflexión en proceso de maduración y un reporte o una crónica, o quizá, mejor aún, lo que en alemán se denomina Bestandsaufnahme, esto es, una suerte de inventario de hechos, procesos, tendencias y posicionamientos en diversos ámbitos y a través de diversos registros sobre cómo se está viviendo en este momento la crisis del Coronavirus en Alemania, cómo se le está enfrentando, cuáles son los principales debates en torno a ella en el plano epidemiológico, social, político y económico, y cuáles son los posibles escenarios que se avizoran en diversos planos como resultado de esta crisis.

Como es sabido, ya desde diciembre del 2019 las autoridades de China registraron las primeras infecciones asociadas a una enfermedad pulmonar hasta entonces desconocida. Un gran mercado en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China con alrededor de nueve millones de habitantes, fue considerado el lugar de origen de esa dolencia a la que los científicos denominaron Coronavirus 2 del Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2). El 13 de enero de este año se dio a conocer en Tailandia el primer caso fuera de China de esta enfermedad. A partir de ese momento comenzaron a encontrarse rastros de ella en diversas partes del mundo, inicialmente en Asia, posteriormente en Europa y ahora en África y en todo el continente americano.

El primer caso de Coronavirus en Alemania, país en el que me encuentro desde hace ya cerca de ocho meses en el marco de un año sabático y al que siempre he estado íntimamente vinculado a lo largo de toda mi formación académica, se registró oficialmente el 28 de enero en el distrito de Starnberg, en el Estado de Bayern. A partir de ese momento comenzó a mostrarse cómo las diversas sociedades enfrentan de manera distinta un acontecimiento —en este caso una enfermedad o, más exactamente, una pandemia— en el que se entrelazan en forma indisoluble la naturaleza y la cultura. Así, como lo ha señalado el etnólogo berlinés Hansjörg Dilger, las preguntas acuciantes que se plantearon inicialmente los ciudadanos ante una pandemia son del tipo: “¿En qué consiste exactamente la enfermedad?” “¿Cuáles son los peligros que ella conlleva para la propia salud y cuál es su índice de letalidad?” y “¿Cómo es posible protegerse de ella?”. En ello, gobiernos y ciudadanos han recurrido a las evidencias científicas —especialmente a aquéllas suministradas por la epidemiología y la virología— para tomar decisiones y diseñar estrategias políticas de contención y combate a la pandemia. Así, por ejemplo, en el caso de China se recurrió al consejo de los científicos, pero desde el Estado se implementaron medidas verticales y de carácter autoritario para poder combatirla adecuadamente. Es en este sentido que subraya con razón el mismo Dilger en el periódico Die Zeit: “[E]n el trato con las enfermedades se muestra cómo las sociedades se perciben a sí mismas, cómo quieren vivir en común y cómo se localizan a sí mismas en el mundo globalizado”.

En este escrito quiero referirme especialmente a tres conjuntos de problemas que han marcado el debate público en Alemania tras el surgimiento de la pandemia.

El primero de ellos tiene que ver con la relación entre la ciencia y la política. En efecto, desde la irrupción de la pandemia en Alemania, los epidemiólogos y virólogos de este país comenzaron a ocupar un papel prominente tanto como consejeros de las autoridades estatales y federales como en el debate público. Así, por ejemplo, el prestigiado  Robert Koch-Institut (RKI), creado en 1891 y presidido en sus inicios por el propio Robert Koch y actualmente por Lothar Wieler, ha asumido un rol protagónico como agencia federal encargada de la observación e investigación de enfermedades infecciosas al igual que del estudio de los peligros que ellas pueden conllevar para la población, suministrando la fundamentación científica necesaria para justificar las medidas que puedan ser tomadas desde la política con el objeto de brindar protección adecuada a la salud de la población. En ese rol han aparecido también reconocidos virólogos como Christian Drosten, antiguo profesor en la Universidad de Bonn y desde 2017 Director del Instituto de Virología del Hospital Universitario de la Charité en Berlín, uno de los mayores, mejores y más antiguos de Europa. A Wieler y Drosten se suma Alexander S. Kekulé, Director del Instituto de Microbiología Médica de la Clínica Universitaria de Halle y nieto de uno de los fundadores de la Química Orgánica, August Kekulé. A ellos se ha sumado, en una perspectiva ahora internacional, el prestigioso Coronavirus Resource Center de la Johns Hopkins University. La intervención de epidemiólogos y virólogos en este escenario ha conducido a uno de los primeros y más intensos debates en el marco de esta pandemia, a saber: el de las relaciones entre la ciencia, por un lado, y la política, por el otro. En efecto, el 18 de marzo del año en curso, la canciller alemana Angela Merkel dirigió una dramática alocución a lo(a)s ciudadano(a)s del país reconociendo la gravedad de la situación y señalando que desde la Segunda Guerra Mundial y la reunificación alemana el país no se había visto sometido a un desafío como el que ahora planteaba la pandemia, convocándolo(a)s así a una “acción solidaria común”. En este combate contra la pandemia el gobierno alemán decidió escuchar desde un inicio a sus epidemiólogos y virólogos más destacados dando así lugar a una discusión tanto académica entre los propios especialistas en torno a cómo combatir la pandemia, como política alrededor de hasta qué punto pueden los científicos tomar o no decisiones políticas relevantes en el escenario abierto por esta crisis sanitaria.

Respecto al primer punto el historiador de la economía alemán Albrecht Ritsch, catedrático de Historia de la Economía en la London School of Economics, ha señalado que históricamente parecen haberse distinguido entre los epidemiólogos alemanes dos escuelas para combatir una pandemia: por un lado, la que remite al químico e higienista alemán Max von Pettenkofer (1818-1901) cuya propuesta se coloca en el cruce de la medicina y la política social y puede ser resumida en el principio siguiente: el combate a una epidemia no debe ni puede paralizar totalmente la vida social. De acuerdo a ello, el avance y propagación de la pandemia no deben ser impedidos, pues, en la medida en que haya sido infectado un círculo cada vez más amplio de personas, la propia epidemia tenderá a detenerse y a neutralizarse. Así, una vez que se hubiera alcanzado esta “inmunidad colectiva (herd immunity)”, habría cada vez menos posibilidades de contagios adicionales. De este modo se garantiza, además, la continuidad de la actividad económica y de la vida social. Por otro lado, la segunda escuela plantea, por el contrario, una contención radical de la epidemia a través de medidas como las cuarentenas y el aislamiento social con el propósito de disminuir las tasas de contagio y detener así la propagación de la enfermedad mucho antes de que se haya alcanzado la “inmunidad colectiva” para, de ese modo, impedir muertes provocadas por su propagación incontrolada. En un caso ideal, de acuerdo a esta perspectiva, habría que aislar solamente a las personas infectadas por la enfermedad; no obstante, en un caso extremo, habría que proceder al aislamiento del conjunto de la población si es que no pudiera distinguirse entre los portadores y los no portadores y la enfermedad significara un riesgo de muerte prácticamente para cualquier persona. La primera escuela, como lo señala Ritschl, es la que parece haber inspirado inicialmente la posición de los gobiernos de Gran Bretaña y EE.UU. al igual que la de Holanda y Suecia frente a la pandemia del Coronavirus [1]; la segunda en cambio, es la que ha prevalecido en Asia, Europa central (Alemania incluida), Latinoamérica y ha terminado por imponerse en Gran Bretaña y EE. UU. Parece claro que el desarrollo mismo de la pandemia y las tragedias humanas vividas en China e Italia lo mismo que en España y Ecuador, por citar tan sólo algunos de los ejemplos más dramáticos, ha dado la razón a la segunda de estas escuelas. Persisten, sin embargo, las discusiones entre los científicos en torno a por cuánto tiempo más debe prolongarse la cuarentena y a si una cuarentena prolongada no tendría efectos altamente nocivos no solamente para la actividad económica de una sociedad, sino también para la vida y el contacto social indispensables para que todo ser humano pueda llevar una vida digna de ser vivida.

Respecto al segundo punto —esto es, el que se refiere a las relaciones entre la ciencia y la política—, las autoridades estatales y federales alemanas han optado desde el inicio, como ya se ha dicho, por recurrir a las informaciones y orientaciones suministradas por científicos. Así, como ya se ha señalado, Lothar Wiele del Robert Koch Institut y el virólogo ya citado Christian Drosten han asumido un rol protagónico como consejeros del gobierno alemán en el estudio y seguimiento de la pandemia y en las medidas a ser tomadas desde la política por el gobierno alemán. Sin embargo, tanto Wiele como Drosten han insistido una y otra vez en que su papel como virólogos y epidemiólogos y, en general, el papel de los científicos, no es ni debe ser más que el de suministrar informaciones basadas en estudios sobre hechos y evidencias empíricas y no el de plantear políticas determinadas y, menos aún, el de tomar decisiones en el ámbito de la política. Drosten lo ha dicho de esta manera. “Un científico no es un político. Él no tiene un mandato para decisiones políticas. En la medida en que sea serio, no especula”. En forma similar se ha expresado también Ulrike Protzer de la Technische Universität München y consejera del Minisitro Presidente de Bayern, Markus Soder. También para ella se debe  trazar una línea clara de demarcación entre la información y consejo de una especialista, por un lado, y la toma de decisiones y medidas políticas adecuadas, por el otro. Sin embargo, es posible encontrar también a especialistas como Hendrik Streeck, virólogo de la Universidad de Bonn y consejero del Ministro Presidente Armin Laschet en Nordrhein-Westfalen, quien es de la idea de que un científico sí puede ofrecer medidas políticas para la lucha contra la pandemia. Es así que Streeck se ha expresado abiertamente en contra de la política de confinamiento, insistiendo en que los riesgos de contagio en bares y restaurantes son en realidad mínimos. Con ello se pone sobre la mesa de discusión el tema de en qué sentido puede la ciencia ofrecer información relevante para la toma de decisiones políticas y para el diseño de políticas específicas —en este caso de políticas de salud— y de si la intervención de la ciencia podría o debería ir más allá de ese límite. De este modo se abre la vía para una suerte de poder científico-tecnocrático que podría socavar las estructuras democráticas de una sociedad, olvidando, por ejemplo, el hecho de que los científicos y los grupos de investigadores poseen también intereses y compromisos académicos y extraacadémicos, valores y presupuestos éticos y políticos no tematizados que pueden orientar también de hecho sus decisiones políticas al participar en debates académicos en los que se juegan intereses que son también de carácter extraacadémico y que van desde la competencia por obtener recursos financieros para investigaciones determinadas hasta el abierto oportunismo que les conduce a establecer alianzas con regímenes autoritarios como ocurrió de hecho en Alemania durante el Nacionalsocialismo. Se trata entonces, por un lado, de mantener desde la política un puente hacia la ciencia en virtud del cual ésta pueda suministrar a aquélla informaciones, hechos, evidencia, análisis y explicaciones empírica y teóricamente fundamentadas para poder tomar las decisiones adecuadas. Cerrar esta vía conduciría directamente al dogmatismo y al fanatismo políticos. Por otro lado, al mismo tiempo, este puente no debe conducir a una alternativa científico-tecnocrática en la que los especialistas serían los encargados de tomar las decisiones relevantes que deben ser concebidas por y desde una política de carácter democrático. Es en esta dirección que podría ser comprendida la posición del Deutscher Ethikrat, un consejo formado por personas provenientes de distintos ámbitos y disciplinas que tiene por objetivo analizar las cuestiones éticas, jurídicas, médicas y sociales de la investigación científica y del desarrollo tecnológico, al igual que sus consecuencias tanto para los ciudadanos como para la sociedad en su conjunto. En efecto, este Consejo ha reconocido la necesidad de que el Gobierno alemán atienda y tome en cuenta las informaciones y recomendaciones planteadas por epidemiólogos y virólogos, subrayando a la vez en forma inequívoca que las decisiones y medidas políticas en el combate a la pandemia deben ser tomadas no por los científicos, sino por los políticos elegidos democráticamente por los ciudadanos [2]. Ello, sin embargo, no exime en modo alguno a los políticos de fundamentar y argumentar razonadamente las decisiones tomadas ante los ciudadanos en el espacio público, sometiéndolas eventualmente a revisión si se han encontrado buenas razones para ello. La idea es, pues, que el recurso de la política a la ciencia no socave la vida ni la discusión democráticas de la sociedad. Es en este sentido que este Consejo ha exhortado al gobierno federal alemán a iniciar un amplio debate público sobre las repercusiones de las medidas tomadas en el combate al Coronavirus, a discutir sus repercusiones sociales, evaluando la relación entre la protección de la salud de la población y las consecuencias no solamente económicas, sino también sociales y aún psicológicas —entre ellas especialmente la enorme presión psíquica al igual que las explosiones de violencia intra- y extradoméstica generadas por el confinamiento— y a mantener e intensificar la comunicación transparente con lo(a)s ciudadano(a)s.

Ello nos conduce al segundo conjunto de problemas que ha permeado el debate público y al que deseo referirme en el marco de este escrito, a saber: el relacionado con las medidas tomadas por el gobierno alemán en el combate a la pandemia. En efecto, el 16 de marzo la canciller alemana pronunció un discurso a la nación en el que presentó las líneas rectoras del acuerdo federal que orientarían en lo sucesivo al país en la contención de la pandemia. En conformidad con ellas, se ordenó el cierre al público ya no solamente de escuelas y universidades, sino también de bares, clubes, discotecas, teatros, salas de conciertos, museos, cines, ferias, exposiciones, zoológicos, casinos, centros deportivos, parques y “lugares de prostitución y burdeles” [3], prohibiendo también, además, las reuniones en iglesias, mezquitas y sinagogas y, en general, en cualquier centro de culto religioso. Solamente podían permanecer abiertos en lo sucesivo supermercados, bancos, oficinas de correos, farmacias, hospitales y sanatorios y estaciones de gasolina. Seis días después, los lineamientos se hicieron aún más estrictos. Así, el 22 de marzo, señalando que debíamos aprender tanto de los expertos como de la observación de la realidad y apelando a la vez tanto a la razón como al corazón de los alemanes, Merkel hizo pública la decisión de prohibir los encuentros de más de dos personas en el espacio público (exceptuando de ello a las familias que contaran con más de dos miembros), de mantener una distancia mínima de 1.5 metros con respecto a otras personas, etcétera.  Desde un inicio estas medidas fueron objeto de intensas controversias porque implicaban una limitación para el desarrollo de la vida pública y de las libertades de movimiento y reunión que ahora se veían restringidas por el derecho a la protección de la vida propia y la de los otros. Así, algunos han caracterizado estas medidas como las más graves limitaciones a la libertad que ha tenido Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, pues inciden directamente en la libertad de movimiento, reunión y asociación. Con ellas, se ha dicho, se restringen los derechos fundamentales, especialmente el de libertad, garantizados por la Constitución en el orden jurídico-político vigente en Alemania. El fundamento para una intervención de esta clase que le permite  al Estado limitar derechos fundamentales de los ciudadanos lo ofrece la “Ley de Protección de Infecciones (Infektionsschutzgesetz)“ vigente en Alemania desde el 1 de enero del 2001 cuyo propósito es el de prevenir enfermedades transmisibles en los seres humanos, reconocer infecciones e impedir su propagación, involucrando en ello la intervención y colaboración de autoridades federales, estatales y comunales, médicos, veterinarios e instituciones científicas que deben ser apoyadas por la ciencia y la técnica médicas y epidemiológicas. La idea es, pues, que las medidas implementadas por el Estado en el combate a la pandemia implican una limitación a los derechos de libertad de la persona consagrados en el artículo 2, al derecho de reunión estipulado en el artículo 8, al derecho al cambio de residencia expresado en el artículo 11, todos de la Constitución alemana, que es la ley fundamental. Así, ello tiene como consecuencia no solamente una limitación drástica de la vida cotidiana de los ciudadanos sino, al mismo tiempo, una limitación de los principios rectores del Estado de derecho. De este modo, por ejemplo, la limitación de la libertad de reunión y asociación y la prohibición del contacto social convierte en prácticamente imposible una protesta o una demostración políticas a no ser que ella tenga lugar en el espacio virtual. Ello conlleva así tendencialmente un socavamiento de la vida democrática de una sociedad. Una medida aún más drástica que ha flotado en el debate y que hasta el momento no ha sido impuesta más que en Tirschenreuth el 18 de marzo apelando a los parágrafos §§ 28 a 32 de la  Infektionsschutzgesetz antes mencionada y, un día después, también en  Neuhaus en Hohenberg an der Eger y en Fischern von Markt Schirnding, todas ellas localidades del estado de Bayern que, al lado de Baden-Württemberg y Nordrhein-Westfalen, son los tres Estados que han sido más afectados por el Coronavirus, es la de la declaración del toque de queda (Ausgangssperre). Sin embargo, aunque una medida de esta clase no ha sido impuesta hasta ahora en el resto de Alemania, la Ley de Protección de Infecciones ya mencionada de hecho sí la contempla. En virtud de ella se limitaría radicalmente la vida pública y, con ella, derechos fundamentales al prohibir a los ciudadanos, por ejemplo, abandonar su domicilio y moverse y reunirse libremente con otras personas, admitiendo como excepciones solamente el desplazamiento hacia el lugar del trabajo, al supermercado para las compras necesarias, a visitas médicas y también a entierros, siempre y cuando se cuente con los permisos especiales correspondientes. Es así que se ha señalado que ésta y otras medidas empleadas en la lucha contra el Coronavirus son jurídicamente poco precisas e incluso podrían ser consideradas hasta ilegales en el marco del Estado de derecho. En efecto, podría aceptarse que, conforme a lo que señala la Infektionsschutzgesetz, el Estado podría eventualmente limitar derechos fundamentales. Sin embargo, la justificación para una limitación semejante tendría que ser proporcional a las dimensiones reales del peligro que se enfrenta y estar masiva y sólidamente fundamentada, en este caso tanto sobre pruebas científicas incontrovertibles y basadas sobre un amplio consenso científico como  normativamente. Es en este sentido que el politólogo alemán Herfried Münkler ha señalado que en una situación como la actual se podría argumentar muy bien con una fórmula kantiana de acuerdo a la cual la afirmación, ejercicio y despliegue de la libertad de cada cual no puede conllevar una limitación —menos aún una amenaza— para la libertad de los otros.

Manifestación el 5 de abril de 2020 en Frankfurt am Main en el marco de la acción #LeaveNoOneBehind para la evacuación de los campos de refugiados en Grecia (Foto de Christian Mang publicada en el Tageszeitung).

 

Las medidas asumidas por el gobierno alemán en el combate contra la pandemia podrían entonces justificarse si se demuestra que con ellas es posible controlar efectivamente la propagación de la enfermedad y salvar con ello vidas humanas garantizando a la vez la libertad de todos los ciudadanos. Es en este sentido que algunos de sus críticos han sostenido que ellas deberían aplicarse solamente a los portadores de la enfermedad y a las personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, se ha respondido a esta crítica señalando que ello implicaría un trato desigual y discriminatorio con respecto a ciertos grupos de ciudadanos en comparación con otros, violentando con ello el principio de igualdad de todos frente la ley, un pilar fundamental del Estado de derecho. Sin embargo, al mismo tiempo, parece difícil de justificar en el marco del propio Estado de derecho la imposición de medidas como las que se han implementado en Berlín, según las cuales toda persona deberá portar consigo una identificación con foto que puede ser eventualmente requerida por un funcionario de la policía, aún si la persona requerida se encuentra descansando en una banca sobre un parque público otorgando de este modo a la policía funciones para las que no hay fundamento en el orden del derecho y extendiendo así peligrosamente las funciones de control y vigilancia del Estado hacia los ciudadanos más allá de los límites establecidos por la ley. Los problemas que conlleva el confinamiento podrían ser de un alcance aún mayor si se atiende también, además, a las consecuencias ya no sólo estrictamente económico-financieras, sino también a las de carácter social y aún psicológico vinculadas al aumento de la violencia doméstica y de los estados de estrés, angustia, soledad y depresión que acompañan a los confinamientos forzosos. Así, por ejemplo, ya Marija Pejčinović Burić, la secretaria General del Consejo Europeo, llamó la atención desde fines de marzo del preocupante aumento de la violencia doméstica desde el inicio del confinamiento forzoso en varios países de Europa que exponían a mujeres y niño(a)s a un elevado riesgo de violencia, convirtiéndose, además, en una amenaza tanto para la integridad moral y física de las mujeres como para un ambiente emocionalmente idóneo para el desarrollo de los infantes.

  Lo anterior conduce también, desde luego, a discusiones relacionadas con el “estado de emergencia (Notstand)” o con el “estado de excepción (Ausnahmezustand)” en el cual se le otorgan al gobierno una variedad de poderes e instrumentos establecidos previamente por la propia ley para poder actuar e intervenir en la sociedad y en la economía en tiempos de crisis.  Sin embargo, la idea es que las medidas tomadas durante ese estado de emergencia o de excepción estén orientadas justamente a posibilitar lo más rápido posible el retorno a la “normalidad”. Es claro que, en un país como Alemania, este problema se halla indisolublemente vinculado a la experiencia de la República de Weimar y de la Constitución que la regía en el momento en que Friedrich Ebert, apoyándose en el artículo 48, decretó medidas de emergencia para hacer frente a la crisis a la que se enfrentaba Alemania en aquel momento, crisis que desembocó finalmente en el ascenso del Nacionalsocialismo al poder. Es en este sentido que el ya citado Herfried Münkler ha recordado el modo que, en la fase final de la República de Weimar, la Cancillería gobernaba con decretos de emergencia (Notverordnungen) por encima del Parlamento; más tarde, Hitler estableció con la “Ley de Poderes plenos (Ermächtigunggesetz)” del 24 de marzo de 1933 una regulación de emergencia para, investido con poderes extraordinarios, poder acabar finalmente con la democracia parlamentaria. Sin embargo, señala Münkler con razón, en el momento actual en Alemania no se han elaborado nuevas leyes ni tampoco ha habido hasta ahora una intervención para modificar la Constitución.

De este modo, aunque es claro que hoy —a pesar del aumento de los movimientos de ultraderecha en este país— las condiciones son muy distintas, la sola idea de una limitación no debidamente justificada de los derechos fundamentales de los ciudadanos es vista con razón como una amenaza al Estado de derecho y a la democracia. Es en este sentido que el propio Münkler apunta con razón que en Estados encabezados por jefes de gobierno con tendencias autoritarias, como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan o Viktor Orbán, la pandemia puede ofrecer la oportunidad ideal para transformaciones de gran alcance en el orden político y jurídico que atenten contra los principios del Estado de derecho y de la vida. De este modo, continúa con intensidad el debate en torno a las medidas implementadas por el gobierno alemán para contener la pandemia. Es en este sentido que el 9 de abril fue presentado el documento Thesenpapier zur Pandemie durch SARS-CoV-2/Covid-19. Datenbasis verbessern. Prävention gezielt weiterentwickeln. Bürgerrechte wahren elaborado por un grupo de juristas, médicos economistas y politólogos en el que se exponen tres tesis críticas en contra de la política seguida hasta ahora por el gobierno alemán [4]. La primera de estas tesis señala que los datos epidemiólógicos hasta ahora disponibles (infecciones y letalidad registradas) no son del todo suficientes para describir y analizar los modelos de propagación de la enfermedad y no ofrecen por ello un apoyo confiable para tomar decisiones políticas adecuadas. En su segunda tesis, los autores del documento afirman que las medidas de prevención implementadas hasta ahora como la distancia social no se encuentran fundamentadas teóricamente en forma suficiente y su efectividad es limitada para prevenir la irrupción de una segunda ola de contagios. Así, se propone más bien orientarse por el tratamiento que se ha hecho en otros casos similares (se menciona específicamente la epidemia del VIH) y determinar medidas que vayan orientadas más bien en forma específica a los grupos de riesgo determinados previamente por grupos etarios, distribución geográfica, enfermedades previas, etc. Finalmente, en su tercera tesis los autores se refieren a la significación que tienen para la sociedad en su conjunto las medidas asumidas, específicamente la medida relacionada con el shutdown que, aunque inicialmente pueda ser un recurso justificado, conlleva el peligro potencial de fortalecer e intensificar la desigualdad y otros conflictos sociales, poniendo al mismo tiempo en riesgo los principios democráticos y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estos problemas vuelven con insistencia ahora que se escuchan voces en favor de implementar en Alemania un modelo similar al de Corea del Sur para la contención de la pandemia: el rastreo de los movimientos de las personas infectadas y de los posibles contagiados a través de sus dispositivos móviles, invadiendo su privacidad y estableciendo desde el Estado un cerco de vigilancia prácticamente inescapable para los ciudadanos.


Notas

[1] Gran Bretaña, cuyo Primer Ministro estuvo en terapia intensiva debido justamente al Coronavirus, ha modificado entretanto su posición y Suecia ha realizado ya una autocrítica con respecto a la suya (véase sobre Suecia: https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-schweden-notstand-1.4868753)

[2] Véase a este respecto la posición de Thomas Grundmann en: https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/corona-experten-wer-verdient-vertrauen-16708941.html (Consultado el 7 de abril del 2020).

[3] No debe olvidarse que unos y otros son permitidos por la ley en Alemania en el marco de la Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten de diciembre del 2001 en la Bundesgesetz en virtud del cual se regula la prostitución como un servicio con el propósito de mejorar y proteger la situación legal y social de las prostitutas.

[4] El texto completo puede ser consultado aquí: https://www.socium.uni-bremen.de/uploads/News/2020/thesenpapier_endfassung_200405.pdf . Este texto ha encontrado un amplio eco en la discusión pública, por ejemplo a través del prestigiado Frankfurter Allgemeine Zeitung: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/warum-corona-fachleute-die-bundesregierung-kritisieren-16717937.html (Consultado el 11 de abril del 2020).

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